El precio de un mismo producto puede variar hasta un 9,2% según el supermercado en el que se compre, con las mayores diferencias concentradas en frutas y verduras. La dispersión promedio entre cadenas fue del 3,6% durante septiembre, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés.

El estudio fue elaborado a partir de información del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), dependiente de la Secretaría de Comercio, y permite comparar los valores publicados por distintas cadenas para productos idénticos.

La categoría Frutas y verduras encabezó el ranking de septiembre, con una diferencia del 9,2%, más de dos veces y media por encima del promedio general. La elevada dispersión no constituye un fenómeno aislado: este rubro ocupó el primer lugar en 51 de los 64 meses analizados desde junio de 2021 y quedó segundo en otros diez períodos.

Le siguieron Comidas preparadas, con una brecha del 5,8%; Carnes, con 3,9%; y Almacén, con 3,7%. En el extremo de mayor homogeneidad se ubicaron Farmacia, con 1,8%; Electro, con 2,1%; y Panadería, con 2,4%.

La Patagonia, con los precios más altos

Las diferencias también aparecen al comparar regiones. El indicador Pulso Regional de Precios ubicó nuevamente a la Patagonia como la zona más cara del país, con valores promedio 3,4% superiores a la media nacional.

La región registró los mayores precios en seis de las 18 categorías relevadas. Las diferencias fueron particularmente marcadas en Golosinas, con un sobrecosto del 16,1%; Frescos, con 9,7%; y Bebidas, con 7,9%.

La Patagonia fue además la región más costosa en 61 de los últimos 64 meses considerados por el estudio. En el extremo contrario quedaron el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con precios promedio 5,5% y 5,2% inferiores, respectivamente, a la media nacional.

El presupuesto para la misma canasta varía un 11,3% promedio según la región, confirmando que el lugar donde se vive es un factor determinante para el bolsillo.

Estos resultados demuestran, una vez más, que es clave comparar precios antes de comprar. Aunque la diferencia promedio entre cadenas es moderada, esta brecha crece notablemente en ciertos productos y se vuelve aún mayor al sumar las variaciones por zona, impactando de lleno en el bolsillo familiar.

Un estudio de Management & Fit realizado en septiembre ubicó al desempleo y las dificultades para llegar a fin de mes entre los principales problemas del país y de los hogares. El 57,5% de los consultados dijo que quiere un cambio total de políticas y equipo de gestión, mientras la desaprobación del Gobierno llegó al 58,1%.

El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo aparecen entre las principales preocupaciones de los argentinos. El 19,8% identificó a la desocupación como el principal problema del país, mientras que el 22% señaló las dificultades para llegar a fin de mes como su principal preocupación personal.

El relevamiento fue realizado entre el 14 y el 28 de septiembre, sobre 2.600 casos efectivos y 2.200 ponderados, entre personas de 16 a 75 años. El estudio informó un margen de error de ±2,1%.

La percepción económica también muestra un deterioro. El 52,4% afirmó tener dificultades para cubrir sus gastos, mientras que el 39,3% calificó negativamente su situación económica personal. A nivel nacional, el 38,9% consideró que la situación económica y social es “muy mala” y otro 17,8% la definió como “mala”.

Entre los problemas del país, detrás del desempleo aparecen los aumentos de precios y tarifas, con 18,9%, seguidos por la corrupción y, posteriormente, la inseguridad. En el plano individual, después de las dificultades para llegar a fin de mes se ubican los bajos ingresos, con 17,2%, y la inseguridad al salir a la calle, con 14%. El endeudamiento personal o familiar alcanza al 10,4%.

El estudio también registró un aumento del pesimismo sobre el futuro. Quienes creen que su situación estará “mucho peor” pasaron del 17,9% en julio al 22,3% en septiembre. En tanto, el 24% anticipó que estará “peor”, mientras apenas el 2% respondió que estará “mucho mejor”.

Caída en la aprobación del Gobierno

La evaluación de la gestión de Javier Milei mostró una aprobación del 36,6%, medio punto menos que en julio, frente a una desaprobación del 58,1%. Según Management & Fit, el respaldo aumenta entre los varones y la desaprobación es mayor entre las mujeres y los mayores de 40 años.

La percepción sobre el Presidente también refleja ese resultado: Milei obtuvo 31,2% de imagen positiva y 52,7% de negativa, con un diferencial de -21,5 puntos. Además, el 49,4% manifestó sentir “mucha desconfianza” hacia el Gobierno, frente a un 19,7% que expresó “mucha confianza”.

Dentro del oficialismo, Patricia Bullrich aparece como la dirigente mejor posicionada: registró 33% de imagen positiva y 49,7% de negativa, con un diferencial de -16,7 puntos.
En el peronismo, Cristina Kirchner obtuvo 31% de imagen positiva y 51,3% de negativa. Axel Kicillof, en tanto, alcanzó 28,1% de positiva y 50,6% de negativa, con un diferencial de -22,5 puntos.

El Ejecutivo recurrió la resolución del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios docentes y nodocentes celebraron el fallo y ratificaron la movilización del 15 de octubre.

La sentencia había hecho lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenado al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para ejecutar la legislación. El pronunciamiento alcanza a las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y a la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

El gobierno nacional sostiene que la aplicación integral de la norma tendría un impacto sobre las cuentas públicas y, además de la apelación, analiza alternativas jurídicas para evitar que la sentencia derive en una ejecución inmediata del gasto. La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que el costo fiscal cuantificable de la ley equivaldría a 0,23% del PBI.

El fallo de Cormick cuestionó específicamente el mecanismo utilizado por el Gobierno para condicionar la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. El magistrado sostuvo que el Decreto 759/2025 no superaba un estándar mínimo de razonabilidad porque permitía suspender la aplicación de una norma aprobada con las mayorías legislativas requeridas.

La apelación vuelve a trasladar la disputa a la instancia superior de la Justicia Federal, mientras el financiamiento universitario continúa vinculado a la discusión salarial y presupuestaria de las casas de estudio. El Gobierno, en tanto, procura sostener su política de equilibrio fiscal y evitar que la aplicación de la ley genere una erogación inmediata.

La reacción de los gremios

Las organizaciones docentes y nodocentes celebraron la decisión judicial. Desde FATUN, que representa a los trabajadores nodocentes, señalaron que el fallo reconoce la voluntad expresada por el Congreso y lo consideraron un paso en defensa de las universidades nacionales y de sus trabajadores.

En FEDUBA, su secretario general, Pablo Perazzi, calificó la resolución como una victoria para la comunidad universitaria y sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede suspender por decreto la aplicación de una ley ratificada por el Congreso.

En la misma línea, el dirigente de CONADU Federico Montero afirmó que el fallo constituye una herramienta para reclamar el cumplimiento de la normativa y convocó a participar de la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, movilización que también cuenta con el respaldo de otras organizaciones del sistema universitario.