La reciente decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó una oleada de críticas y preocupaciones en la comunidad sanitaria y la sociedad en general. La medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso, fue calificada de «criminal» por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).

Un retroceso en la cooperación internacional

La OMS es una institución fundamental para la cooperación internacional en materia de salud. La salida de Argentina de esta organización significaría la pérdida de acceso a recursos y tecnologías médicas avanzadas, así como la interrupción de la colaboración con expertos de otros países para abordar problemas de salud globales. Esto podría tener graves consecuencias para la salud pública en el país, especialmente en momentos de emergencias sanitarias.

La destrucción del Estado desde adentro

La decisión del gobierno argentino de retirarse de la OMS se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y despidos en el sector salud. Fesprosa denunció que esta medida es parte de una estrategia más amplia para debilitar el sistema de salud pública en Argentina. La organización exigió al gobierno que revierta esta medida y que priorice la inversión en salud pública.

En un movimiento que busca profundizar el ajuste del Estado, el gobierno nacional prepara un nuevo decreto de necesidad y urgencia que eliminará varias entidades estatales y fusionará otras. La medida, que se enmarca en la estrategia de desregulación y transformación del Estado liderada por el ministro Sturzenegger, busca agilizar el funcionamiento y reducir la burocracia.

La reestructuración administrativa: ¿qué cambia?

El nuevo decreto afectará a la estructura de la presidencia, la Jefatura de Gabinete y la mayoría de los ministerios. Se eliminarán entidades que se consideran innecesarias o que duplican funciones con otros organismos, y se fusionarán otras para reducir la redundancia y mejorar la eficiencia. La medida también incluirá la derogación de diversas normas y procedimientos burocráticos que datan de diferentes períodos.

El impacto en los empleados públicos: ¿qué pasará con ellos?

Aunque el gobierno no ha proporcionado detalles sobre el futuro de los trabajadores de las entidades que se eliminarán o fusionarán, se sabe que hay un programa que busca adaptar a los empleados que se quedan sin lugar de trabajo para que puedan salir al sector privado en un plazo de un año. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro laboral de estos empleados es palpable.

La estrategia del gobierno: ¿qué busca lograr?

El gobierno busca replicar el impacto que tuvo el DNU 70 de diciembre de 2023, que desreguló múltiples áreas de la economía. La medida es una señal clara de que la gestión de Javier Milei continuará avanzando en su plan de ajuste estatal durante 2025. Además, el presidente ha anunciado que buscará eliminar leyes vigentes y derogar distintas resoluciones y circulares, con el objetivo de simplificar el marco normativo y reducir la burocracia.

La recaudación estatal crece, pero a qué costo. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en enero la recaudación estatal creció un 151,5% debido al aumento en la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Un millón más de trabajadores se sumó a la lista de contribuyentes, lo que se tradujo en un aumento de 2.570.020 millones de pesos en la recaudación.

Pero detrás de esta cifra se esconde una realidad más sombría. La eliminación del mínimo no imponible que regía desde octubre de 2023 fue el golpe de gracia para los trabajadores. Anteriormente, solo pagaban el tributo quienes superaban un salario bruto de $1.980.000. Sin embargo, con la entrada en vigencia de un nuevo esquema en la primera quincena de 2024, el mínimo no imponible se fijó en 15 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, $2.340.000.

La política fiscal del gobierno es un ataque frontal al poder adquisitivo de los trabajadores. La suba del impuesto a las Ganancias se combina con un aumento en los aportes y contribuciones, lo que puede afectar aún más la capacidad adquisitiva de los asalariados. Esto es especialmente grave en un contexto donde los salarios aún buscan recuperar el poder de compra tras la inflación del año pasado.

La pregunta es: ¿qué pasará con los trabajadores que ya están al límite? ¿Cómo podrán hacer frente a este aumento en la carga impositiva? La respuesta es simple: no podrán. La política fiscal del gobierno es un golpe mortal al bolsillo de los trabajadores, y es hora de que alguien se haga cargo de esta situación.