La organización sindical y la empresa alcanzaron un entendimiento para la paritaria 2026 que contempla una recomposición salarial acumulativa del 16,86%, distribuida en tres etapas. El convenio refleja el avance de las negociaciones en un sector estratégico para la economía y reafirma el papel de la negociación colectiva como herramienta para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La negociación paritaria en el sector minero alcanzó una instancia decisiva con el acuerdo entre la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y la empresa Gualcamayo. Tras las reuniones desarrolladas en el ámbito de la negociación colectiva, ambas partes consensuaron una actualización salarial acumulativa del 16,86% para el período 2026, distribuida en tres tramos y destinada al personal comprendido en el convenio.

En representación del sindicato participaron el secretario general, Marcelo Mena Muñoz, y el director regional Centro, Humberto Coria, mientras que por la compañía intervino el gerente de Recursos Humanos, Fernando Moncho. El entendimiento alcanzado es el resultado de un proceso de diálogo entre las partes, orientado a establecer una recomposición de los ingresos acorde con la evolución de la actividad.

El esquema acordado contempla un incremento del 6% a partir del 1.º de junio, un 5% desde el 1.º de agosto y otro 5% desde el 1.º de octubre. Aplicados de manera acumulativa, estos porcentajes conforman una mejora total del 16,86% sobre las remuneraciones de los trabajadores comprendidos en la negociación.

La firma de este convenio adquiere relevancia en un panorama donde las discusiones por salarios continúan ocupando un lugar central en la agenda laboral argentina. La minería, uno de los sectores con mayores perspectivas de expansión e inversión, mantiene una dinámica de negociación permanente para compatibilizar la evolución de los sueldos con las condiciones económicas de la rubro y la necesidad de sostener relaciones laborales estables.

Desde ASIJEMIN señalaron que lo convenido también expresa el compromiso de los trabajadores y el acompañamiento del cuerpo de delegados de base durante todo el proceso paritario. La organización sindical destacó que la participación activa de la representación sindical resulta determinante para consolidar negociaciones que permitan fortalecer las condiciones laborales del personal jerárquico, profesional y técnico de la actividad minera.

Con este entendimiento, Gualcamayo incorpora una nueva referencia dentro del calendario paritario del sector, ratificando el valor del diálogo entre empresa y sindicato como mecanismo para alcanzar consensos y brindar previsibilidad tanto a los trabajadores como a la actividad productiva.

El principal gremio docente de San Juan rechazó por unanimidad la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo al considerar que resulta insuficiente. La negociación continuará este viernes, en una jornada clave para definir si el Gobierno modifica su oferta y logra encaminar un acuerdo para el segundo semestre.

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes sumó su primer obstáculo formal. El Plenario de Delegados Escolares de UDAP resolvió rechazar por unanimidad la propuesta presentada por el Ejecutivo durante la reunión paritaria del 30 de junio, al entender que el incremento ofrecido no responde a las expectativas del sector.

La decisión fue comunicada oficialmente por la organización sindical y deja abierta una nueva instancia de negociación prevista para este viernes, cuando volverán a reunirse los representantes del Gobierno con UDAP, UDA y AMET en busca de una salida consensuada.

La propuesta oficial contempla aumentos del 2% sobre el salario básico en agosto, octubre y diciembre, además de una cláusula de revisión destinada a monitorear la evolución de la inflación durante el segundo semestre.

Al presentar la oferta, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sostuvo que la administración de Marcelo Orrego mantiene el compromiso de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, aunque remarcó que la provincia enfrenta un escenario financiero condicionado por la caída de la coparticipación federal, principal fuente de ingresos del Estado sanjuanino.

Mientras UDAP formalizó su rechazo, la definición de UDA también apunta en la misma dirección. Su secretaria general, Karina Navarro, adelantó que los primeros relevamientos entre los afiliados reflejan una valoración negativa de la propuesta oficial, aunque la consulta interna concluirá este viernes antes de la reanudación de la mesa paritaria.

Con ese panorama, el Ejecutivo afrontará una negociación compleja. La posibilidad de alcanzar un acuerdo dependerá de que presente una alternativa capaz de reducir la distancia con las demandas sindicales, en un contexto donde la presión inflacionaria convive con las restricciones presupuestarias que plantea la administración provincial.

La reunión prevista para este viernes será determinante para establecer si las partes logran acercar posiciones o si la discusión salarial ingresa en una etapa de mayor tirantez.

En medio de la inminente llegada de inversiones multimillonarias para el desarrollo del cobre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, una norma destinada a consolidar la participación de proveedores, trabajadores y empresas sanjuaninas en la cadena de valor. La iniciativa incorpora obligaciones para las compañías, crea mecanismos de control e incentivos fiscales y expone una discusión de fondo sobre cómo distribuir el impacto económico que generará la minería durante las próximas décadas.

La Cámara de Diputados de San Juan convirtió en ley uno de los proyectos económicos más relevantes de la actual gestión provincial. Con una holgada mayoría legislativa, el cuerpo aprobó el Régimen de Desarrollo Local Minero, una herramienta concebida para que la expansión de la actividad extractiva se traduzca en empleo genuino, fortalecimiento empresarial y mayor integración de la producción sanjuanina con los grandes emprendimientos metalíferos.

La iniciativa obtuvo 32 votos afirmativos, dos rechazos y dos abstenciones, aunque posteriormente la diputada Cristina López solicitó dejar registrado su voto favorable en la versión taquigráfica al no encontrarse en el recinto al momento de la votación.

La sanción llega cuando San Juan comienza a posicionarse como uno de los principales polos cupríferos de América Latina. El avance de proyectos de gran escala, varios de ellos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), abrió una nueva etapa para la provincia, donde el desafío ya no pasa únicamente por atraer capitales sino por garantizar que esa expansión derrame sobre el entramado productivo local.

Ese objetivo constituye el eje central de la nueva legislación.
La norma obliga a las compañías mineras a presentar programas de desarrollo local con metas verificables para incorporar trabajadores sanjuaninos, contratar bienes y servicios provinciales y promover la capacitación permanente del recurso humano. El propósito es consolidar una cadena de abastecimiento con mayor participación de pequeñas y medianas empresas, favoreciendo la generación de empleo calificado y el crecimiento del tejido industrial asociado a la minería.

Entre las metas establecidas figura que las empresas procuren alcanzar una participación mayoritaria de mano de obra sanjuanina, priorizando además a los habitantes de los departamentos donde se ejecutan los proyectos extractivos.

El régimen incorpora, además, un registro oficial de proveedores, sistemas de monitoreo para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos y un esquema de incentivos fiscales destinado a aquellas compañías que superen los objetivos previstos por la legislación.

La construcción del proyecto demandó más de un año de negociaciones entre el Poder Ejecutivo, cámaras empresarias, representantes del sector minero y proveedores locales. Ese consenso volvió a reflejarse durante el debate parlamentario, cuando el oficialismo aceptó modificaciones impulsadas por el bloque justicialista.

Entre los cambios incorporados se resolvió que los planes de desarrollo local formen parte de las Declaraciones de Impacto Ambiental; se incorporó la planificación del cierre de mina dentro de esos programas; se amplió la participación de los municipios y se estableció que las exenciones fiscales deberán contar con intervención de la Legislatura.

Las modificaciones terminaron ampliando el respaldo político de la iniciativa, aunque no evitaron un intenso intercambio respecto de la verdadera capacidad de la provincia para incidir sobre las decisiones de las grandes compañías mineras.

Uno de los planteos más severos correspondió al diputado Jorge Castañeda, quien, pese a votar favorablemente, cuestionó la escasa participación que —a su criterio— tuvieron los gobiernos municipales para impulsar asociaciones capaces de fortalecer a los proveedores regionales. Incluso llegó a sostener que «la ley nace muerta», una afirmación que motivó respuestas inmediatas desde distintos bloques.

El rechazo formal fue expresado por Mario Herrero y Graciela Seva, integrantes de San Juan Vuelve. Ambos coincidieron en que las principales decisiones vinculadas a las inversiones continúan negociándose con el Gobierno nacional y consideraron que la norma difícilmente modifique las condiciones de competencia frente a las empresas beneficiadas por el RIGI, cuyo régimen tributario ofrece ventajas considerablemente más amplias. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la ley como un cambio de paradigma para la política minera provincial.

El diputado Gustavo Usín sostuvo que la experiencia acumulada durante los últimos años permitió construir una legislación mucho más ambiciosa que un simple régimen para proveedores, ya que incorpora herramientas destinadas a desarrollar capacidades productivas permanentes y a consolidar un ecosistema económico vinculado a la minería.

El cierre del debate quedó en manos del presidente del bloque Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba, quien rechazó las críticas opositoras y reivindicó la capacidad técnica y empresarial de las firmas sanjuaninas para competir en igualdad de condiciones dentro de los grandes emprendimientos.

«Algunos diputados menosprecian la calidad del trabajo de nuestros proveedores y hasta su capacidad para comprender el alcance de esta ley. Nosotros creemos que las empresas sanjuaninas poseen experiencia, conocimiento y condiciones suficientes para convertirse en protagonistas del nuevo ciclo de crecimiento que vivirá la provincia», sostuvo antes de la votación definitiva.

La aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero inaugura una nueva etapa para la política productiva de San Juan. El desafío deja de limitarse a la captación de inversiones para trasladarse hacia un objetivo más complejo: transformar el extraordinario potencial geológico de la provincia en desarrollo económico sostenible, empleo de calidad, innovación tecnológica y fortalecimiento de las empresas locales.

La verdadera dimensión de la norma comenzará a medirse cuando los grandes proyectos de cobre entren plenamente en construcción y producción. Será entonces cuando pueda evaluarse si las herramientas aprobadas por la Legislatura logran convertir la riqueza mineral en una plataforma duradera para diversificar la economía sanjuanina y consolidar un modelo de crecimiento con mayor valor agregado dentro de la provincia.