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Será en seis cuotas con cláusula de revisión y abarca a docentes y no docentes; CONADU Histórica firmó el acuerdo

El Gobierno nacional y los gremios universitarios docentes y no docentes llegaron a un acuerdo en su paritaria por el que los trabajadores de ese sector percibirán un aumento salarial del 35 por ciento hasta febrero de 2022, a cobrar en seis tramos, con revisión de la negociación «en la segunda semana de septiembre» de 2021. La suba, con vigencia hasta febrero de 2022, se aplicará sobre los básicos de cada categoría y dedicación en seis tramos: 8 por ciento retroactivo desde abril, 6 por ciento en junio, 4 por ciento en agosto, 5 por ciento en octubre, 7 por ciento en diciembre y 5 en febrero. La única organización gremial que no aceptó la propuesta fue la CONADU Histórica, que continuará con su plan de lucha.

El acuerdo también establece, en este caso para los docentes, una suma fija no bonificable y no remunerativa mensual por persona y por universidad de 1000 pesos a partir de abril y hasta diciembre de 2021 inclusive.

Además, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no remunerativa mensual de 1000 pesos entre abril y diciembre para los docentes, mientras que para los trabajadores no docentes será de entre 1000 y 2000 pesos, de acuerdo a la categoría.

Lo acordado podrá ser revisado durante la segunda quincena de septiembre de 2021 y la segunda quincena de febrero de 2022.

El incremento fue refrendado en una reunión de la que participaron el presidente Alberto Fernández; el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el secretario de Políticas Universitarias de esa cartera, Jaime Perczyk; rectores de universidades nacionales y representantes de los sindicatos Conadu, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun.

«Me pone muy contento haber llegado a este acuerdo, para mí es un honor poder firmarla», expresó el Presidente y agregó que «la educación debe llegar a más chicos, es un tema central. Las sociedades ricas son las que desarrollan el conocimiento y la inteligencia para tener un país con futuro».

Tras la firma del acta, Trotta expresó que se comenzó «un proceso de recomposición de los salarios, en el marco de la situación compleja de los últimos años» y agregó: «Tenemos que robustecer el salario a partir de la paritaria y también desplegar las políticas económicas que nos permitan contener la inflación».

El acuerdo paritario prevé también que los docentes de colegios preuniversitarios recibirán una bonificación de la antigüedad inicial del 20 por ciento para los casos de hasta 4 años y 11 meses, y además se fijó un total de 100 millones de pesos, que se distribuirán entre las distintas federaciones, para el programa de capacitación docente gratuita y el programa de capacitación docente gratuita en condiciones y ambiente de trabajo.

Otro fondo para capacitación, en este caso de hasta 100 millones de pesos, se destinará al dictado de carreras y cursos específicos: se trata de la Tecnicatura en Gestión Universitaria, la Licenciatura en Gestión Universitaria y Cursos de Formación Específica y Capacitación Profesional.

Durante la firma también estuvo presente el secretario Perczyk mientras que en representación de los gremios participaron Carlos De Feo (Conadu), Daniel Ricci (Fedun), Sergio Romero (UDA), Norberto Heyaca (Fagdut), Marcelo Creta (Ctera) y Walter Merkys (Fatun).

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Unidad sindical en San Juan: la CGT y la CTA se movilizan contra la reforma laboral

La CGT y la CTA se movilizarán este miércoles 11 de febrero desde las 18 horas en el microcentro sanjuanino, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que comenzará a debatirse ese mismo día en el Senado.

Las centrales obreras con representación en San Juan —la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)— confirmaron una movilización conjunta para este miércoles en rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno de Javier Milei, que ingresará formalmente al debate en el Senado.

La decisión fue ratificada tras una reunión plenaria entre las centrales sindicales y confirmada por el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, y por el secretario general del gremio de Jerárquicos Mineros, Marcelo Mena. Ambos coincidieron en la necesidad de mostrar unidad y volumen político frente a una iniciativa que, según sostienen, afecta derechos laborales básicos y debilita la organización sindical.

La movilización comenzará a las 18 horas, con concentración en la sede de la CGT San Juan, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Santa Fe. Desde allí, las columnas marcharán por el centro de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará un acto central.
Jornada federal, paro y señal política.

La protesta se enmarca en una jornada federal de lucha, con movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria principal tendrá lugar frente al Congreso Nacional, mientras que en varias provincias se replicarán marchas y actos en rechazo al proyecto oficial.

Desde las centrales obreras advirtieron que la reforma laboral implica un retroceso en materia de estabilidad, negociación colectiva y derechos conquistados, y señalaron que la respuesta sindical busca incidir tanto en el debate legislativo como en la agenda política.

Documento y reclamos sociales

Durante el acto previsto en la Plaza 25 de Mayo, las centrales obreras darán lectura a un documento conjunto, que también será entregado al gobernador Orrego, con el objetivo de expresar formalmente el rechazo al proyecto y solicitar una posición clara frente al debate nacional.

A la marcha se sumarán además organizaciones sociales y colectivos que llevarán reclamos vinculados a la defensa del agua, los derechos de jubilados y jubiladas, la protección de los glaciares, la denuncia por los incendios forestales y el rechazo a la criminalización de infancias y adolescencias, además de expresiones contra el racismo y el genocidio.

Con la participación de la CGT y la CTA, la movilización de este miércoles se perfila como una de las expresiones sindicales más amplias de los últimos meses en la provincia. En un momento de fuerte debate legislativo y cuestionamientos al rol del movimiento obrero, la protesta buscará exhibir unidad, capacidad de movilización y una postura firme frente a una reforma que las centrales consideran regresiva.

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San Juan: Docentes universitarios se suman a la jornada nacional de protesta conta la reforma laboral

La medida de fuerza será por 24 horas e incluirá una movilización por el centro sanjuanino. El reclamo fue definido por CONADU y CONADU Histórica y se replicará en todas las universidades públicas del país, en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso Nacional.

Aún antes del inicio formal del ciclo lectivo, el conflicto universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Este miércoles 11 de febrero, las y los docentes universitarios llevarán adelante un paro total de actividades por 24 horas, acompañado por una movilización en distintas provincias, entre ellas San Juan.

La decisión fue tomada en el plenario de secretarios generales de CONADU y CONADU Histórica, donde ambas federaciones acordaron unificar el reclamo a nivel nacional frente al tratamiento legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El paro alcanzará a todas las universidades públicas del país y se enmarca en una jornada federal de protesta.

Convocatoria en San Juan

En el ámbito local, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ) convocó a sus afiliados y a la comunidad universitaria a sumarse a la protesta. La concentración está prevista para la tarde del miércoles en la sede de la CGT San Juan, desde donde se marchará en unidad hacia la Plaza 25 de Mayo.

La participación del sector universitario se integrará así a la movilización convocada por las centrales sindicales, reforzando el carácter multisectorial de la jornada de protesta.

Reclamo y contexto

Desde los gremios docentes advirtieron que la reforma laboral en debate representa un retroceso en materia de derechos, al promover condiciones de mayor inestabilidad, flexibilización del empleo y pérdida de garantías laborales. En ese sentido, señalaron que el impacto del proyecto no se limita al sector privado, sino que también afecta al conjunto del sistema educativo y científico.

El paro y la movilización se inscriben en un escenario de creciente preocupación por el futuro del sistema universitario público, atravesado por ajustes presupuestarios, salariales y laborales.

Con paro y movilización, la docencia universitaria se suma este miércoles a una jornada nacional de protesta que vuelve a poner en primer plano el rechazo sindical a la reforma laboral. En San Juan, la presencia del sector académico refuerza el alcance político de la convocatoria y amplía el frente de resistencia frente a un proyecto que genera un fuerte rechazo en amplios sectores del mundo del trabajo.

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Protesta sindical y conflicto policial en Rosario en una jornada de máxima tensión

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desarrollada en Rosario fue atravesada por un escenario de extrema tensión institucional, marcado por el reclamo salarial y el autoacuartelamiento de la policía provincial y del Servicio Penitenciario. La simultaneidad de los conflictos expone el impacto del ajuste sobre distintos sectores del Estado y del mundo del trabajo.

La ciudad de Rosario vivió este martes una de las jornadas más complejas de los últimos años. A la movilización convocada por el Frente de Sindicatos Unidos contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se superpuso un conflicto de alto voltaje institucional: el reclamo salarial de efectivos de la policía provincial y del Servicio Penitenciario, que derivó en acuartelamientos, enfrentamientos internos y episodios de represión protagonizados por las propias fuerzas de seguridad.

Desde la noche de este lunes, efectivos en actividad, retirados y familiares se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario para exigir recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. La protesta escaló con quema de cubiertas, disturbios y una situación inédita: un sector de uniformados reprimió a sus propios compañeros por orden de la superioridad.

Lejos de descomprimirse, el conflicto continuó durante la mañana de este martes con “sirenazos”, patrulleros cortando calles y un fuerte despliegue policial en torno a la jefatura, mientras los manifestantes advirtieron que no se retirarían sin respuestas concretas.

Un conflicto que se expande

Las protestas no se limitaron a Rosario. También se registraron concentraciones y acuartelamientos en la ciudad de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno, y en localidades como Reconquista, Rafaela, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, configurando un escenario de tensión extendida en toda la provincia.

El reclamo central de los efectivos apunta a salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, luego de aumentos cercanos al 1% mensual, en un contexto de jornadas extenuantes y con apenas 24 horas semanales de descanso, lo que obliga a completar ingresos mediante adicionales.

Testimonios de policías dieron cuenta de una situación extrema. Una agente relató que, por orden de la jefatura, se avanzó con gas pimienta contra los manifestantes, incluso cuando en la primera línea había mujeres, y que algunos efectivos se negaron a cumplir la orden.

Respuesta oficial y advertencias

Tras los incidentes, el gobierno provincial anunció que al menos 20 agentes serían pasados a disponibilidad. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo salarial, advirtió sobre el “abandono de servicio” y remarcó los límites legales de la protesta dentro de las fuerzas de seguridad.

La decisión estuvo lejos de cerrar el conflicto y sumó un nuevo foco de tensión en una provincia atravesada por problemas estructurales de seguridad, crisis económica y un marcado deterioro del poder adquisitivo.

La protesta sindical en un contexto explosivo

En ese marco, la movilización sindical contra la reforma laboral adquirió un significado político más amplio. Las columnas gremiales marchaban contra el proyecto que el oficialismo busca aprobar en el Senado mientras Rosario permanece virtualmente en estado de alerta, con sirenas encendidas, edificios públicos custodiados y una creciente sensación de incertidumbre.

Para los sindicatos, la simultaneidad de los conflictos no es casual. Sostienen que la misma política de ajuste que impulsa una reforma regresiva para los trabajadores formales impacta también sobre quienes cumplen funciones esenciales del Estado, precarizando salarios y deteriorando condiciones laborales.

Rosario se convirtió en un espejo nítido de la crisis social que atraviesan la provincia y el país. Mientras el Gobierno nacional avanza con una reforma laboral que promete mayor flexibilización y pérdida de derechos, y las administraciones provinciales trasladan el recorte de recursos a sus trabajadores, el malestar se expande y desborda los carriles tradicionales.

La protesta sindical y el conflicto policial, cada uno con su propia lógica y límites, confluyen en una misma señal de alarma: sin salarios que alcancen y sin derechos laborales garantizados, la conflictividad social no solo persiste, sino que tiende a profundizarse.

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