Con la presencia de representantes de los tres sindicatos docentes y de los ministerios de Educación y Economía, comenzó la cuarta negociación paritaria del año. La reunión apunta a definir una recomposición que compense la pérdida de poder adquisitivo y mantenga la paz salarial en el sector educativo sanjuanino.

A las 15 de este viernes se dio inicio al primer encuentro de la cuarta mesa paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno de San Juan. El diálogo, celebrado en la sede del Ministerio de Educación, contó con la participación de autoridades de las carteras de Economía, Finanzas y Hacienda, encabezadas por el ministro Roberto Gutiérrez, y de Educación, a cargo de Silvia Fuentes.

La reunión tiene como eje la definición del monto de recomposición salarial que percibirán los trabajadores de la educación, en un contexto de inflación persistente y reclamos de actualización que permitan sostener el poder de compra del salario docente.

Por parte del Ejecutivo provincial participaron además el secretario administrativo financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director técnico pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; y la jefa de Asesoría Letrada, Vanesa Débora Mestre, junto a los asesores jurídicos Martín Recabarren y Gabriel González.

Del lado gremial estuvieron presentes representantes de las tres organizaciones docentes con representación en la provincia. Por UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga, acompañada por el asesor legal Daniel Persichella, la secretaria de Prensa Verónica Jofré y el asesor técnico Walter Ríos. Por AMET, asistieron el secretario gremial Francisco Campos, el secretario adjunto Adrián Ruiz y la secretaria de prensa Gabriela Rothis. Finalmente, por UDA, participaron la secretaria general Karina Navarro, el asesor legal Guillermo Meritello, la asesora pedagógica Vanesa Marano y la secretaria previsional y de Acción Social Nancy Vilaplana.

Fuentes sindicales adelantaron que el objetivo de esta nueva instancia es recuperar parte del salario perdido frente al avance de los precios y mantener un diálogo abierto con las autoridades provinciales. Desde el Gobierno, en tanto, se destacó la voluntad de continuar negociando dentro del marco de responsabilidad fiscal, procurando equilibrar las cuentas públicas sin desatender el reclamo del sector educativo.

Con el antecedente de tres acuerdos anteriores en lo que va del año, el resultado de este nuevo encuentro será clave en materia salarial y marcará el tono de la relación entre el Gobierno y los gremios en el tramo final del ciclo lectivo.

El titular nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena, analizó el escenario político y económico tras las elecciones legislativas. Cuestionó la falta de resultados del RIGI, alertó sobre intentos de flexibilización laboral y subrayó la necesidad de “construir desarrollo minero con licencia social y equidad”.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Mena abordó el mapa político que dejaron los comicios legislativos y la nueva etapa que se abre para las economías regionales vinculadas a la actividad. Destacó que “en los distritos donde la minería es motor económico, la mayoría respaldó a las fuerzas políticas que promueven el desarrollo del sector”, aunque advirtió que ese respaldo “debe traducirse en resultados concretos y no en discursos vacíos”.

El Representante sindical valoró los avances en la provincia de Mendoza —donde el proyecto San Jorge obtuvo la declaración de impacto ambiental— como un paso importante para la diversificación productiva, pero insistió en que “ningún emprendimiento minero puede sostenerse sin licencia social”. En ese sentido, afirmó que “la licencia social no se otorga de una vez y para siempre, se construye día a día con responsabilidad, transparencia y participación de las comunidades”.

Mena subrayó que el diálogo debe incluir a todos los actores, incluso a los sectores ambientalistas: “No hay que aislar a nadie; la democracia se ejerce también escuchando a quienes disienten. La minería tiene que hacerse bien, con controles, con responsabilidad ambiental y con beneficios reales para la población”.

RIGI y promesas incumplidas

Consultado sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el titular de ASIJEMIN fue categórico: “Hasta ahora no vemos un solo yacimiento que se haya puesto en marcha gracias al RIGI. Hay anuncios, pero no hay inversiones concretas”.

El sindicalista cuestionó que se presenten estas políticas como soluciones automáticas: “El problema no es la falta de incentivos, sino la falta de compromiso real de las empresas. Si se prometen inversiones y no llegan, el Estado debe exigir explicaciones”.

El dirigente gremial recordó que la historia reciente demuestra que “las reformas laborales o tributarias por sí solas no generan empleo”. En esa línea, afirmó que “es el mismo discurso que escuchamos en los años 90: se prometió más trabajo, pero lo que hubo fue desempleo, hambre y desindustrialización”.

Paritarias y defensa del salario

Respecto de la situación salarial, Mena informó que ASIJEMIN alcanzó acuerdos escalonados con empresas como Newmont, Minera Santa Cruz, Cerro Negro y Vanguardia, logrando incrementos “por encima de la inflación” y priorizando la defensa del empleo.

Explicó que el gremio transita actualmente un proceso de conciliación obligatoria en Santa Cruz por despidos en Cerro Negro, con nueva audiencia el 26 de noviembre. “Defendemos cada puesto de trabajo y el poder adquisitivo de los compañeros. Aspiramos a recuperar la previsibilidad de las paritarias anuales, que permitan planificar mejor el salario y la vida de los trabajadores”, sostuvo.

La reforma laboral y el sentido del trabajo

En relación con los proyectos de reforma laboral impulsados por sectores del oficialismo, el referente de ASINEMIN fue contundente: “Ninguna reforma laboral genera empleo. Estas propuestas apuntan a debilitar la organización sindical, eliminar derechos y fomentar la precarización”.

Advirtió que las ideas de ampliar la jornada laboral, flexibilizar despidos o fraccionar las indemnizaciones “nos retrotraen a la década de los 90”. “No hay que tener miedo de decirlo: son medidas regresivas que castigan al trabajador y favorecen la especulación”, expresó.

El gremialista defendió un enfoque diferente: “Si vamos a discutir una reforma laboral, hagámoslo para reducir la jornada a seis horas, fomentar la igualdad de género, facilitar la jubilación anticipada en sectores de alto riesgo y promover la participación de los trabajadores en las ganancias. Esa es la reforma que queremos”.

Mena recordó que en los países desarrollados las jornadas laborales rondan las 36 a 40 horas semanales: “En Argentina tenemos una de las más extensas del mundo. Plantear extenderla a 12 horas es una locura. ¿Dónde queda el tiempo para la familia, para la formación, para la vida?”.

Marcelo Mena sintetiza la mirada de un sindicalismo minero que busca equilibrio entre desarrollo económico, sustentabilidad ambiental y justicia social. Frente a los intentos de flexibilización, reafirma el rol del trabajo como eje de dignidad y cohesión.

“Los minerales pertenecen al pueblo, y el primer beneficiado debe ser la gente”, resumió. Con esa premisa, el dirigente convoca a una agenda que combine producción, diálogo y respeto por los derechos laborales, en un país que necesita inversiones genuinas y un modelo de crecimiento con equidad.

A pocas horas de asumir, la nueva conducción de la CGT activó su primer plan político: tejer alianzas con los gobernadores para impedir que la reforma laboral del gobierno avance en el Congreso. Gerardo Martínez, de la UOCRA, se consolida como figura de equilibrio y principal referente del ala negociadora.

La flamante conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) no tardó en dar señales de acción. Su primer movimiento fue netamente político: abrir una ronda de contactos con gobernadores provinciales para frenar la reforma laboral que el oficialismo pretende aprobar. El planteo se enmarca en una estrategia de contención institucional ante lo que los gremios califican como una iniciativa “anti sindical”, destinada a desarticular el sistema de negociación colectiva vigente.

La propuesta surgió del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien emergió del congreso cegetista como el dirigente con mayor influencia dentro del nuevo esquema de poder. Su rol resultó determinante para garantizar la lista única y para instalar un clima de moderación que evitó fracturas mayores en la central obrera.

El plan de acción inicial contempla una ronda de reuniones con mandatarios provinciales, en especial con aquellos que podrían actuar como contrapeso dentro del Congreso. Si bien el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo se mostró proclive a “modernizar las leyes laborales”, la CGT ya habría obtenido el apoyo de Martín Llaryora, de Córdoba, para sostener una posición común de rechazo a los cambios estructurales. Otros gobernadores peronistas y aliados podrían sumarse a esa línea de resistencia moderada.

El objetivo político de la central obrera es claro: presionar para que los bloques provinciales no acompañen reformas que erosionen el modelo sindical argentino, en especial las iniciativas que priorizan convenios por empresa o debilitan la negociación colectiva por rama.

Sin embargo, la desconfianza persiste. Las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, quien en un foro internacional propuso “desarticular” la estructura sindical tradicional, reavivaron las alertas dentro de la CGT. La salida de Guillermo Francos del gabinete —considerado un interlocutor confiable por los gremios— y la falta de ascenso del asesor Santiago Caputo, vinculado a sectores gremiales dialoguistas, profundizaron la sensación de incertidumbre.

Un equilibrio inestable

Con una conducción que se presenta más moderada y pragmática, la CGT inicia una etapa de equilibrio político entre el diálogo institucional y la preservación del poder sindical. La estrategia es mantener canales abiertos con el Gobierno sin resignar capacidad de presión, en un contexto económico que tensiona salarios, convenios y estructuras laborales.

En ese marco, el flamante triunvirato integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros) mostró una postura de firmeza con vocación negociadora. En sus discursos de asunción, los tres coincidieron en el rechazo a cualquier intento de reforma que debilite los derechos de los trabajadores, aunque destacaron la importancia del diálogo institucional.

El mensaje más destacado fue el de Sola, quien sintetizó la línea política que busca imprimir la nueva conducción:

“El poder político es quien la ciudadanía ha elegido para que estén en mejores condiciones los propios ciudadanos. Nosotros estamos ahí para ayudar. Estamos para incorporarnos a la discusión que sea necesaria, con acuerdos, con diálogos, con tensión y con conflicto. Rechazamos el enfrentamiento y creemos en la tensión constructiva”.

Esa definición marcó el tono de la etapa que comienza: una CGT dispuesta a negociar, pero con límites claros ante cualquier intento de desarticulación sindical.

Las internas y el rol de Martínez

El congreso cegetista que consagró al nuevo triunvirato evitó mayores rupturas gracias al trabajo de contención de Gerardo Martínez y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Ambos articularon un acuerdo que permitió una lista única aprobada por 1.604 congresales, aunque 547 delegados se retiraron antes de la votación, en señal de descontento con el reparto de poder.

Martínez logró ubicar en el triunvirato a Cristian Jerónimo, uno de sus aliados más cercanos, a pesar de las resistencias iniciales de los sectores conocidos como “los gordos” y del barrionuevismo. En contrapartida, dirigentes como Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Omar Plaini (Canillitas) quedaron fuera de la cúpula principal, reflejando el predominio de un bloque moderado y la marginalización del kirchnerismo sindical.

El resultado fue una CGT ordenada hacia el centro, con una impronta negociadora que busca preservar la institucionalidad gremial sin romper los canales con el poder político.

El “plan de gobernadores” representa mucho más que un primer gesto: es la puesta en marcha de una estrategia política de defensa del modelo sindical argentino, en tiempos en que el gobierno busca reformar las bases del sistema laboral. La nueva CGT, encabezada por dirigentes de perfil dialoguista, intentará sostener el equilibrio entre la cooperación institucional y la firmeza doctrinaria.

En ese tablero, Gerardo Martínez aparece como el verdadero articulador de una etapa donde la política, más que la confrontación, será el principal terreno de disputa del movimiento obrero argentino.