La CGT resolvió movilizar masivamente al Congreso el miércoles 11 de febrero, en la antesala del debate de la reforma laboral en el Senado. Sin paro general por ahora, la central sindical profundiza un plan de acción escalonado que combina presión política, protesta callejera y eventuales medidas judiciales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió dar un nuevo paso en su estrategia de confrontación con el Gobierno nacional al aprobar una masiva movilización al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero, coincidiendo con el inicio del tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei.

La resolución fue adoptada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical, realizada en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los principales dirigentes de los gremios confederados.

La movilización marcará la continuidad del plan de lucha que la central obrera viene desplegando desde fines de 2025, cuando el oficialismo dio a conocer el contenido del proyecto. La protesta más contundente hasta el momento fue la multitudinaria marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, que logró frenar el avance legislativo de la iniciativa antes de fin de año.

Estrategia escalonada y sin paro inmediato

En conferencia de prensa, Jorge Sola confirmó que la concentración en la Plaza de los Dos Congresos comenzará a partir de las 15 horas y apuntó a una demostración “contundente y multitudinaria” para condicionar el debate parlamentario. Al mismo tiempo, aclaró que no habrá paro general la próxima semana, aunque la herramienta no fue descartada a futuro.

“La batalla contra la reforma laboral recién empieza en el Congreso”, había anticipado días atrás el dirigente cegetista en declaraciones radiales. En esa línea, remarcó que las medidas de fuerza deben construirse y ser efectivas: “Los paros no suceden fácil; tienen que ser contundentes”, sostuvo.

La lógica definida por la conducción sindical es avanzar con un esquema progresivo de confrontación. En una primera etapa, la prioridad estará puesta en el lobby político con senadores y gobernadores para bloquear el tratamiento o modificar sustancialmente el proyecto. De no prosperar esa vía, la CGT evalúa profundizar el conflicto con nuevas acciones gremiales y eventualmente judiciales, en caso de que la ley sea aprobada.

Federalización del conflicto

Además de la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, la CGT resolvió que sus delegaciones regionales repliquen las protestas en las capitales provinciales y en las principales ciudades del país. El objetivo es federalizar el plan de acción y exhibir un rechazo extendido a la reforma laboral, más allá del epicentro político porteño.

Desde la central obrera consideran que el proyecto impulsado por el Gobierno implica un retroceso en derechos laborales históricos y una alteración profunda del sistema de relaciones del trabajo, en un contexto de caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y creciente conflictividad social.

La Asociación Bancaria denunció ante la Secretaría de Trabajo el cierre de más de 40 sucursales del Banco Santander, despidos, modificaciones salariales y presuntas amenazas a delegados gremiales. El sindicato se declaró en estado de alerta y movilización y aguarda una audiencia clave el próximo 12 de febrero.

La Asociación Bancaria encendió una nueva señal de alarma en el sistema financiero al denunciar formalmente al Banco Santander por una serie de medidas que, según el gremio, vulneran derechos laborales y salariales de las y los trabajadores. La presentación fue realizada ante la Secretaría de Trabajo, donde se llevó a cabo una audiencia con la participación del secretario general del sindicato, Sergio Palazzo, junto a miembros del Secretariado Nacional, secretarios generales de seccionales, representantes de la Comisión Gremial Interna y autoridades de la entidad bancaria.

Desde el gremio calificaron las acciones del banco como “reiterados incumplimientos”, en un contexto marcado por el cierre de más de 40 sucursales en todo el país, la continuidad de despidos y la adopción de prácticas que consideran persecutorias hacia dirigentes y delegados sindicales.

Cierres, despidos y denuncias salariales

Según detalló La Bancaria, en las últimas semanas el Santander profundizó un proceso de reestructuración que impacta de lleno en el empleo y las condiciones de trabajo. Entre las irregularidades denunciadas, el sindicato señaló el cierre masivo de sucursales, la reducción de personal y presuntas amenazas dirigidas a referentes gremiales, hechos que agravan el clima laboral dentro de la entidad.

A su vez, el gremio acusó al banco de modificar rubros en los recibos de sueldo, una maniobra que —advirtieron— afecta de manera directa la percepción salarial de las y los trabajadores. En ese marco, solicitaron a la Secretaría de Trabajo la realización de inspecciones urgentes para verificar posibles tercerizaciones de tareas bancarias y otros incumplimientos de la normativa laboral vigente.

Estado de alerta y posible escalada del conflicto

Frente a este escenario, la Asociación Bancaria resolvió declararse en estado de alerta y movilización en el Banco Santander a nivel nacional. Los cuerpos orgánicos del sindicato se reunirán en los próximos días para evaluar la continuidad del plan de acción y definir eventuales medidas de fuerza, en función de la respuesta que brinde la empresa.

Desde el gremio no descartaron una escalada del conflicto si no se registran avances concretos que garanticen la preservación de los puestos de trabajo y el respeto de las condiciones laborales y salariales.

Audiencia clave el 12 de febrero

La Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia, prevista para el jueves 12 de febrero, que será determinante para el futuro del conflicto. Desde La Bancaria advirtieron que, de no obtener respuestas favorables, continuarán las asambleas en los lugares de trabajo y se profundizará el plan de lucha. “Seguiremos reclamando hasta alcanzar una solución integral y satisfactoria para todos los trabajadores y trabajadoras”, señalaron desde el sindicato, que vuelve a colocar al Santander en el centro de la escena sindical, en un contexto de creciente tensión laboral y ajustes en el sector financiero.

El conflicto en el sistema aerocomercial argentino vuelve a escalar. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ratificó un paro total en todos los aeropuertos del país, que comenzará a las 0 horas del próximo lunes y dejará sin vuelos a miles de pasajeros en plena temporada estival.

La decisión fue adoptada tras una asamblea realizada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de que —según denunció el gremio— no existiera ninguna convocatoria oficial al diálogo por parte del Ejecutivo nacional. La medida de fuerza afectará los servicios de control, administración y fiscalización, funciones clave para la operatoria aérea, lo que en los hechos implica la paralización casi absoluta del sistema.

Desde el sindicato anticiparon que el impacto será especialmente severo durante la franja horaria matutina, cuando se concentra el mayor volumen de vuelos domésticos e internacionales. En ese sentido, ATE-ANAC aseguró que avisó con antelación a las compañías aéreas y a la comunidad para que puedan reprogramar los vuelos afectados.

No obstante, el escenario permanece atravesado por la incertidumbre. Hasta el momento, la Secretaría de Trabajo no emitió señales sobre el dictado de una conciliación obligatoria, aunque en el gremio no descartan que el Gobierno recurra nuevamente a ese recurso a último momento para postergar la protesta, como ocurrió en conflictos anteriores. Esa posibilidad mantiene en vilo tanto a trabajadores como a usuarios, ya que el paro podría concretarse este lunes o desplazarse hacia la segunda quincena de febrero.

Los ejes del reclamo

El secretario general de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, fue categórico al explicar las razones de la medida. “No hemos tenido ningún tipo de convocatoria de las autoridades a ningún tipo de diálogo. Por eso se mantiene el paro dispuesto para el lunes próximo desde la cero hora”, señaló.

El núcleo del conflicto gira en torno a recortes salariales compulsivos aplicados sobre haberes ya liquidados, una práctica que el sindicato considera una violación directa de acuerdos paritarios vigentes. A eso se suma el reclamo por una recomposición urgente de la escala salarial, frente a una inflación que continúa deteriorando los ingresos del sector.

Desde la conducción gremial también denunciaron una postura de “intransigencia extrema” por parte del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por el estancamiento de las mesas de negociación. Además de los reclamos salariales, ATE-ANAC exige garantías sobre las condiciones de seguridad operativa en las terminales aéreas, un punto sensible en un sistema que funciona bajo estándares internacionales estrictos.

Un conflicto que no es aislado

La medida de fuerza del lunes se inscribe en un proceso de conflictividad persistente dentro de la aviación civil argentina. Durante 2024, primer año de la gestión de Javier Milei, el sector atravesó múltiples paros parciales y asambleas que derivaron en la declaración de la “esencialidad” del servicio por parte del Gobierno, una decisión que aún genera disputas judiciales en torno al derecho constitucional a huelga.

En 2025, el escenario no mostró una distensión. Paros sorpresivos en los servicios de rampa y maleteros derivaron en una reestructuración del sistema de servicios de tierra, profundizando la fricción entre los sindicatos estatales y las áreas de transporte. Lejos de resolverse, los conflictos se fueron acumulando y configuraron un clima de tensión permanente.

El paro total anunciado por ATE-ANAC expone, una vez más, la fragilidad de los canales de diálogo entre el Gobierno y los trabajadores del Estado en áreas estratégicas. En un sector altamente sensible como el aerocomercial, la ausencia de mediación no solo deriva en conflictos gremiales, sino también en un impacto directo sobre la actividad económica y los usuarios.
Mientras el Ejecutivo evalúa —o demora— una posible conciliación obligatoria, el conflicto sigue abierto y la incertidumbre se impone como denominador común. El lunes, salvo una intervención de último momento, los aeropuertos del país volverán a ser escenario de una protesta que ya no parece excepcional, sino parte de una dinámica estructural de confrontación.