El secretario general de APLA, Pablo Biró, cuestionó con dureza la gestión libertaria en Aerolíneas Argentinas, denunció desinversión y “contabilidad creativa” para simular superávit, y lanzó una crítica demoledora al peronismo por su silencio ante la extranjerización del mercado aéreo. “No solo estamos así por Milei: hay complicidad”, afirmó.

Biró, es una de las voces más firmes y controvertidas del sindicalismo del transporte. Protagonista de los conflictos durante el macrismo y blanco frecuente del aparato comunicacional libertario, el dirigente volvió a encender el debate con fuertes definiciones sobre Aerolíneas Argentinas, la política aerocomercial del Gobierno y el rol de la oposición.

En diálogo con InfoGremiales, Biró desmenuzó lo que considera una estrategia deliberada de vaciamiento de la aerolínea de bandera y una entrega inédita de la soberanía aérea, al tiempo que cuestionó con dureza al peronismo por su falta de reacción.

Aerolíneas Argentinas: ajuste, desinversión y “contabilidad creativa”

Consultado sobre las versiones de una posible privatización de Aerolíneas Argentinas, Biró sostuvo que, aunque no hay una presentación formal en curso, la intención del Gobierno es clara. “Nunca hablaron de hacerla rentable, de expandir rutas o mejorar la conectividad. Ni siquiera de cuidar el patrimonio”, remarcó.

El dirigente desmintió de plano los anuncios oficiales sobre un supuesto superávit de la compañía durante la gestión de Javier Milei. “Eso se logra difiriendo gastos y no invirtiendo en flota. Estamos hablando de millones de dólares. Es contabilidad creativa. De ninguna manera Aerolíneas está ganando plata”, aseguró.

Según Biró, la exclusión de los representantes sindicales del Directorio responde justamente a la intención de ocultar ese desmanejo. “Nos sacan para que no tengamos acceso a los números”, denunció. Su nombramiento como director por el Programa de Propiedad Participada fue ratificado por la Asamblea de accionistas, pero el Gobierno impidió su asunción, lo que derivó en un conflicto judicial aún abierto.

Pérdida de mercado y retroceso estratégico

El titular de APLA detalló que Aerolíneas Argentinas pasó de concentrar cerca del 70% del mercado doméstico a rondar el 50% bajo la actual gestión. “Es una caída brutal”, advirtió. Ese retroceso se explica, según Biró, por la pérdida de participación frente a competidores nacionales, regionales e internacionales, el cierre de rutas, la reducción de la plantilla y la ausencia total de inversión en flota. “Es un cóctel explosivo que se explica por sí solo”, sintetizó.

Desregulación y extranjerización del cielo argentino

Biró amplió su crítica al modelo aerocomercial en su conjunto. Denunció una desregulación que, lejos de fomentar competencia, degrada estándares de seguridad, control estatal y empleo argentino. Como ejemplo, señaló la concesión de la novena libertad del aire a LAN Chile, que le permite operar vuelos de cabotaje con tripulación, flota y controles extranjeros.
“El Estado argentino no puede auditar a compañías extranjeras. Esto no es solo un ataque a los trabajadores, es un ataque directo a la soberanía”, afirmó, y recordó que son muy pocos los países en el mundo que conceden ese tipo de libertades.

Intercargo, transporte y un modelo “entreguista”

El dirigente también cuestionó la apertura del servicio de rampa, históricamente concentrado en Intercargo. “Tenés una empresa eficiente y superavitaria, y promovés competidores para bajarle el precio. Es la misma lógica en todo Transporte”, sostuvo.

Biró amplió el diagnóstico al conjunto del sector: ausencia de marina mercante, flota pesquera extranjerizada y desregulación en beneficio de intereses foráneos. Desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), aseguró, impulsaron numerosas protestas apuntando directamente al ministro Federico Sturzenegger, a quien identifica como el ideólogo del esquema.

CGT, reforma laboral y falta de confrontación

Sobre la reforma laboral y el rol de la CGT, Biró fue categórico: “Nadie negocia con débiles. Si la CGT se pone combativa y resiste, puede cambiar la realidad. Si no, le van a gritar ‘poné la fecha’”. Sin cuestionar orgánicamente a la central obrera, advirtió que las bases reclaman respuestas. “Un plan de lucha con paros nacionales puede interpelar al Gobierno. Videos de TikTok no”, ironizó.

Crítica al peronismo y advertencia política

El tramo más explosivo de la entrevista llegó al referirse al peronismo. Para Biró, la crisis del espacio no es nueva y se replica en lógicas de conducción cerradas. Pero fue más allá: “El peronismo no dijo nada sobre la entrega de los cielos a Chile. Eso es complicidad”.
“¿Cristina, Máximo o Recalde no lo saben? Claro que lo saben. No solo estamos como estamos por Milei: el peronismo es funcional y cipayo, entregador de la soberanía aérea”, disparó, al subrayar que ni siquiera hubo comunicados de repudio.

Mirada hacia 2027

De cara al futuro, Biró sostuvo que aún hay margen para recomponer una alternativa dentro del PJ, pero advirtió que eso exige abandonar el sectarismo y construir acuerdos programáticos reales. En ese escenario, destacó la figura de Abel Furlán, secretario gremial del partido, por su trabajo territorial y su rol en la normalización de las regionales de la CGT.

Las declaraciones de Pablo Biró condensan un diagnóstico crudo sobre el rumbo del transporte aéreo argentino: ajuste, desinversión y extranjerización, con un Estado que se retira y una oposición que, para el dirigente, guarda silencio. En ese cruce de responsabilidades, el líder de los pilotos plantea una advertencia política de fondo: sin confrontación real y sin defensa de la soberanía, el deterioro no es un accidente, sino una decisión.

Las proyecciones del Presupuesto 2026 anticipan una nueva caída del financiamiento universitario, con salarios docentes en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia y crecientes advertencias gremiales sobre la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo. Desde el sector denuncian un ajuste que excede lo fiscal y responde a una disputa ideológica con la universidad pública.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público escala hacia un escenario crítico de cara a 2026. De acuerdo con las proyecciones surgidas del Presupuesto aprobado a fines de 2025, si el Ejecutivo continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario —que permanece suspendida y que el oficialismo incluso intentó derogar—, la inversión destinada a las universidades nacionales sería la más baja de los últimos veinte años.

El recorte presupuestario previsto para el sector universitario alcanza el 7,2% en relación con 2025 y un 34,3% respecto de 2023. En términos macroeconómicos, la educación universitaria recibiría apenas el 0,47% del Producto Bruto Interno, una cifra que marca un piso histórico. En este aspecto, el Presupuesto elimina el objetivo del 6% del PBI para educación en general y la meta del 1% para ciencia y tecnología, profundizando el ajuste sobre el sistema científico nacional.

Esta decisión impacta de manera directa sobre organismos clave como el CONICET, el INTI, el INTA, el Instituto Malbrán y la CONAE, entre otros, configurando lo que desde el sector académico describen como un ataque integral al entramado de producción de conocimiento del país.

A ello se suma una disposición particularmente sensible: el Presupuesto le otorga a la Secretaría de Educación la facultad de interrumpir transferencias o congelar partidas a las universidades si considera “inadecuado” el uso de los fondos, una medida que distintos especialistas y gremios advierten como una violación directa del principio constitucional de autonomía universitaria.

Salarios en mínimos históricos

Desde el Frente Sindical Universitario advirtieron que el cierre de 2025 consolidó un escenario crítico. “Cerramos el año con la negativa del gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario sancionada y reafirmada por el Congreso por enorme mayoría, incluso existiendo una cautelar judicial”, señalaron.

El panorama salarial profundiza la crisis: los docentes universitarios acumulan meses sin recomposición, con un 0% de aumento en diciembre, la eliminación del bono y una pérdida sostenida frente a la inflación. “Hay una clara discriminación respecto de otros trabajadores del Estado nacional, en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento”, remarcaron.

Según las estimaciones gremiales, los salarios docentes universitarios se encuentran en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia, hace más de 40 años.

“Está en riesgo el ciclo lectivo 2026”

La nueva secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, fue contundente al describir el escenario: “Están poniendo en riesgo el ciclo 2026 de más de dos millones de estudiantes en todo el país. Con un recorte que ya se acerca al 50% y docentes que no llegamos a cubrir lo básico para reproducir nuestras vidas, no podemos esperar otra cosa que un 2026 conflictivo”.

Chevalier sostuvo que el ajuste tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los trabajadores universitarios: “Hay docentes que cobran alrededor de 500 mil pesos y no pueden cubrir ni el alquiler ni la comida”. Y agregó una definición política que atraviesa todo el conflicto: “Hay un ensañamiento con la universidad y con la ciencia que no es solo económico: es un enfrentamiento puramente ideológico”.

Alerta por no inicio y conflicto nacional

La posibilidad de un no inicio del ciclo lectivo ya comenzó a instalarse formalmente en el debate gremial. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) anticiparon que el escenario de 2026 podría comenzar con medidas de fuerza si el Gobierno insiste en mantener suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que —recordaron— “fue votada cuatro veces por el Congreso contra todos los intentos del oficialismo”.

Además, advirtieron que el Ejecutivo podría apelar el reciente fallo judicial que lo obliga a cumplir con la ley, lo que profundizaría el conflicto. “No estamos ante un ajuste más: estamos frente a un intento de destrucción de un sistema público que nuestro pueblo construyó durante décadas”, afirmaron.

Los reclamos también alcanzan a los trabajadores no docentes. Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvieron mantener el estado de “alerta y movilización” y advirtieron que, si no hay respuestas oficiales, “peligra en 2026 el comienzo del ciclo lectivo y el normal funcionamiento de todas las universidades públicas del país”.

Con financiamiento en mínimos históricos, salarios pulverizados y una ley vigente que el Ejecutivo se niega a aplicar, el ajuste sobre la universidad pública aparece cada vez menos como una medida fiscal y más como una definición ideológica. En este escenario, el riesgo de un no inicio del ciclo lectivo deja de ser una advertencia retórica y comienza a perfilarse como una posibilidad concreta de alcance nacional.

La titular del sindicato Luz y Fuerza en San Juan, Lilia Martín, confirmó la adhesión plena del gremio a la movilización nacional convocada por la CGT contra la reforma laboral. En diálogo con Mundo Laboral SJ, cuestionó el proyecto oficial por inconstitucional, advirtió sobre despidos y cierres de empresas, y denunció un grave deterioro del servicio eléctrico provincial por la tercerización y la falta de personal capacitado.

En un panorama complejo y de creciente conflictividad social y sindical, el gremio Luz y Fuerza de San Juan se sumó formalmente a la movilización nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno ya comenzó a debatir en el Congreso. La decisión fue ratificada tras una asamblea multitudinaria y reuniones de secretarios generales tanto a nivel nacional como provincial.

“Esta reforma es inconstitucional y nos retrotrae a principios del siglo pasado, cuando los trabajadores carecíamos de derechos básicos”, afirmó Lilia Martín, secretaria general del sindicato, al trazar un diagnóstico severo sobre el impacto de la iniciativa oficial. Desde su perspectiva, el proyecto no constituye una modernización, sino una reedición agravada de políticas ya implementadas en el país que derivaron en desocupación, pérdida de derechos y debilitamiento del entramado productivo.

La dirigente sindical contextualizó el debate en un escenario económico marcado por despidos masivos, suspensiones y cierres de empresas en sectores clave como el comercio, la construcción y la industria. “Lo que vemos es una destrucción del tejido social y del aparato productivo. Empresas que resistieron crisis muy profundas hoy están bajando las persianas y dejando trabajadores en la calle”, sostuvo.

Para Martín, la reforma laboral apunta además a reducir de manera sustancial el poder de negociación colectiva. “Está claramente orientada a debilitar al movimiento obrero organizado y a facilitar un esquema de mayor precariedad laboral”, advirtió, al tiempo que remarcó que la CGT ya activó presentaciones judiciales y gestiones políticas para frenar la iniciativa.

El conflicto sindical se entrelaza, en San Juan, con una problemática específica y sensible: la situación del servicio eléctrico provincial. En ese marco, Luz y Fuerza declaró el estado de alerta y movilización y se manifestó frente al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en reclamo por el accionar de la empresa concesionaria Naturgy.

Según explicó la referente sindical, el modelo de gestión adoptado por la empresa se basa en la reducción del plantel propio y la tercerización casi total de las tareas, una decisión que —aseguró— tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio y la seguridad laboral. “La empresa ha perdido cerca de la mitad de su personal especializado. Las vacantes no se cubren y se reemplazan por contratistas sin la formación adecuada”, señaló.

Martín puso el foco en los riesgos que esta situación implica en una actividad catalogada como de alto peligro. “La normativa es clara: el trabajo eléctrico requiere capacitación específica, evaluaciones y certificaciones formales. Eso no ocurre con las empresas contratistas, y los accidentes graves que hemos visto este año lo demuestran”, denunció.

En este sentido, la representante gremial desmintió uno de los argumentos más recurrentes en las audiencias públicas: la idea de que contar con más personal encarece la tarifa. “Es falso. La ley establece que la empresa debe garantizar calidad y continuidad del servicio, y eso incluye operación y mantenimiento con personal idóneo. Sin eso, el sistema falla, como está ocurriendo”, afirmó.

La problemática excede el plano gremial y adquiere una dimensión claramente social. Departamentos como Calingasta, uno de los más afectados, registraron cerca de cien cortes de energía en lo que va del mes, con interrupciones prolongadas del suministro. “Esto ya no es un reclamo sindical, es un reclamo de interés público”, enfatizó Martín.

La postura de Luz y Fuerza frente a la reforma laboral y al deterioro del servicio eléctrico sintetiza una preocupación más amplia: la tensión entre un modelo orientado a la rentabilidad financiera y la necesidad de preservar derechos laborales y servicios esenciales. Para el gremio energético, la defensa del empleo calificado, la seguridad laboral y la calidad del suministro no son consignas corporativas, sino pilares de un sistema que considera a la energía como un derecho humano y un factor estratégico del desarrollo.

“La tarifa no será más cara por tener personal capacitado; será más justa y el servicio, más eficiente”, concluyó Lilia Martín. En esa afirmación se condensa el eje de un conflicto que, lejos de agotarse en una protesta sectorial, interpela de lleno al rumbo de las políticas laborales y energéticas del país.