El cierre de cada año habilita un ejercicio inevitable: mirar hacia atrás, evaluar lo recorrido y proyectar lo que viene. Para el movimiento sindical, ese balance adquiere una densidad particular cuando el contexto económico y social se vuelve adverso. Así lo expresó Víctor Menéndez, referente gremial de los trabajadores de estaciones de servicio, playas, lavaderos, gomerías y actividades afines de Cuyo, al analizar un 2025 que definió sin rodeos como “difícil y muy complicado”.

La caracterización no es retórica. Menéndez inscribió el año que termina en un escenario de deterioro sostenido del poder adquisitivo, donde la recomposición salarial quedó sistemáticamente rezagada frente al aumento del costo de vida. “Los salarios han ido por la escalera y los precios por el ascensor”, sintetizó, al tiempo que enumeró los rubros que más golpearon a los trabajadores: alimentos, tarifas y bienes de consumo básico. Un fenómeno que, según remarcó, no solo afectó a la clase trabajadora activa, sino también a jubilados, sectores pasivos, pymes e industrias.

En ese marco, uno de los focos de mayor preocupación durante el año fue el avance del autoservicio en estaciones de combustible, una modalidad que, advirtió, responde a una lógica de reducción de costos empresariales donde “el eslabón más fino siempre termina siendo el trabajador”. Aunque en San Juan su implementación avanzó de manera más lenta que en otros puntos del país, el dirigente reconoció que generó temor e incertidumbre en el personal.

Frente a ese escenario, destacó el rol de la negociación preventiva con las cámaras empresarias y la búsqueda de alternativas para evitar despidos masivos. “Fuimos anticipándonos, dialogando, y logramos que los compañeros pudieran ser reubicados dentro de las mismas estaciones, en nuevos servicios, sin perder su pertenencia gremial”, explicó. Una estrategia defensiva que, aclaró, no elimina el riesgo a futuro, pero sí permite llegar “preparados y atentos” a los cambios que puedan profundizarse.

Más allá de la coyuntura laboral, Menéndez subrayó el esfuerzo institucional sostenido por el gremio en un escenario de recursos escasos y costos elevados. A contramano del parate económico, enumeró una serie de obras y servicios concretados con fondos propios, sin endeudamiento bancario, como la inauguración de una nueva sede en Villa Mercedes, San Luis, con infraestructura integral para los afiliados. “Hacer obras en tiempos difíciles, administrando bien la institución, es un motivo de orgullo”, afirmó.

La proyección para 2026 incluye nuevos desafíos, entre ellos la construcción de una sede en Media Agua, orientada a fortalecer la presencia gremial en el sur sanjuanino, así como la continuidad de políticas sociales, educativas y recreativas: entrega de útiles escolares, apoyo a estudiantes desde nivel inicial hasta secundario, viajes recreativos y campeonatos deportivos regionales y provinciales.

El plano político-sindical ocupa un lugar central en su análisis. Menéndez fue categórico al referirse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento se prevé para los primeros meses de 2026. Si bien aclaró que el sindicalismo no se opone a una modernización de los convenios colectivos, advirtió que cualquier actualización debe surgir del diálogo y no implicar la pérdida de derechos históricos. “No estamos dispuestos a entregar conquistas que costaron décadas de lucha”, sentenció.

En ese sentido, cuestionó el enfoque de la reforma, a la que definió como redactada “por y para las grandes corporaciones”, y puso en duda su capacidad para generar empleo genuino. Como argumento, recordó que el mayor crecimiento del trabajo registrado en Argentina se produjo entre 2007 y 2015, incluso con herramientas como la doble indemnización vigentes. “El trabajo no se crea flexibilizando derechos, sino poniendo al país a producir”, sostuvo.

El dirigente también vinculó la discusión laboral con el debate presupuestario 2026, al advertir que el ajuste sobre áreas sensibles como salud, educación y seguridad profundiza la desigualdad y debilita el entramado social. “Achicar el Estado a costa de los que menos tienen es una película que ya vimos”, alertó, haciendo comparaciones con experiencias anteriores.

El balance que deja Víctor Menéndez no se limita a un repaso gremial de fin de año: funciona como una advertencia política y social. En un momento de ajuste, reformas estructurales y creciente presión sobre el trabajo, la defensa del empleo, la unidad sindical y la preservación de los derechos aparecen como ejes irrenunciables. Con un 2026 cargado de desafíos, el mensaje es claro: modernizar no puede ser sinónimo de retroceder, y el futuro del trabajo dependerá, una vez más, de la capacidad colectiva para resistir, negociar y construir alternativas en un escenario adverso.

Martín Solazzo, titular de la Unión Obrera Metalúrgica en San Juan, realizó un balance del año marcado por la defensa del empleo, el crecimiento sindical en la provincia y una profunda preocupación por la situación nacional. Alertó sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, anticipó conflictividad social y afirmó que el próximo año encontrará a los trabajadores “en la calle y con la guardia alta”.

En una situación de fuerte tensión social, caída del consumo y una ofensiva oficial sobre los derechos laborales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan cerró el año con un balance dual: estabilidad y crecimiento a nivel provincial, y un escenario crítico a escala nacional. Así lo expresó su secretario general, Martín Solazzo, quien destacó los avances logrados, pero advirtió que el rumbo económico y político del país pone en jaque al trabajo, la industria y las conquistas históricas del movimiento obrero.

“Nosotros tenemos dos realidades muy claras”, sintetizó Solazzo. En San Juan, la UOM logró sostener la totalidad de los puestos de trabajo, regularizar situaciones laborales históricas y fortalecer la representación sindical en empresas que nunca habían tenido delegados. “Hemos conseguido recategorizar a muchos compañeros que durante años no habían tenido reconocimiento, y eso es producto del esfuerzo colectivo, la unidad y la solidaridad del cuerpo de delegados y la comisión directiva”, explicó.

El dirigente también remarcó el trabajo realizado en sectores estratégicos como la minería, con visitas a la mina Veladero y la regularización de talleres y condiciones laborales. Ese proceso permitió consolidar un crecimiento sostenido del sindicato en la provincia, aun en un contexto adverso para la industria nacional.

El contraste nacional: despidos y retroceso industrial

El panorama cambia de forma drástica al observar la situación a nivel país. Solazzo confirmó que el sector metalúrgico perdió más de 6.000 puestos de trabajo en el último año, una cifra que calificó como “dolorosa y alarmante”. “El empresario ve números; nosotros vemos familias que se quedan sin sustento. Esa es la diferencia”, señaló.

En San Juan, solo una empresa atravesó una situación crítica que derivó en la pérdida de diez empleos, producto de una acumulación de deudas y sueldos impagos. “Fue una decisión muy difícil, tomada por los propios compañeros con nuestro acompañamiento. Pero fue un caso aislado. A nivel nacional, la realidad es muchísimo más dura”, advirtió.

La crisis industrial también golpea con fuerza a las pequeñas y medianas empresas. Según datos que maneja el gremio, cerca de 9.000 pymes del sector metalúrgico cerraron en todo el país. “Es una barbaridad, pero es coherente con un gobierno que desde el primer día se mostró en contra de la industria nacional”, sostuvo el representante gremial.

Reforma laboral y conflicto en puerta

Uno de los ejes centrales del análisis del dirigente fue la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que definió sin eufemismos como una “precarización encubierta”. “Ellos la llaman modernización, pero en realidad es volver décadas atrás. No hay un solo punto que beneficie al trabajador”, afirmó.

Solazzo anticipó que, de aprobarse el proyecto en los términos actuales, será impugnado judicialmente y enfrentado en todos los frentes posibles. “Vamos a atacar por lo administrativo, por lo legal y, sobre todo, con las herramientas históricas del movimiento obrero: la movilización, el paro y la presencia en la calle”, aseguró.

En esa línea, confirmó que la UOM acompañará una movilización federal al Congreso el día en que se trate la reforma laboral, con cese de tareas en todas las seccionales del país. Además, respaldó la posibilidad de un paro nacional convocado por la CGT. “No hay diálogo real con este gobierno. Se maneja de forma mediática, pero evita el debate serio que el país necesita”, cuestionó.

Salarios, inflación y pérdida de poder adquisitivo

El dirigente también puso el foco en la política salarial y la falta de correspondencia entre los índices oficiales y la realidad cotidiana. “La inflación que publica el Gobierno no se ve reflejada en el consumo ni en los precios reales. Es una inflación mentirosa”, sostuvo.

Pese a ese escenario, la UOM logró cerrar una paritaria que Solazzo calificó como “superadora”, duplicando el techo que el Gobierno pretendía imponer. Sin embargo, alertó que el acuerdo aún no fue homologado y permanece en suspenso. “Siempre tenemos que estar en alerta máxima, porque sabemos que este gobierno viene contra los trabajadores y los derechos que costaron sangre, lucha y décadas de historia”, enfatizó.

El rol del sindicato y la contención social

Más allá del conflicto, Surazo destacó el rol social del sindicato, especialmente en un contexto donde cada vez resulta más difícil para un trabajador acceder a vacaciones. En ese marco, la UOM San Juan inauguró la temporada de verano 2025–2026 con importantes mejoras en su camping, incluyendo la remodelación integral de baños, vestuarios y obras de cloacas.

“Son obras que quizás no se ven, pero que hacen a la dignidad y al bienestar del afiliado y su familia”, explicó. El objetivo, señaló, es ofrecer un espacio de esparcimiento accesible en tiempos donde el descanso se volvió un lujo. “Terminamos una obra y empezamos otra, siempre pensando en el afiliado”, resumió.

El balance que traza Martín Solazzo expone con nitidez el momento del movimiento obrero: resistencia, organización y alerta permanente. Mientras la UOM San Juan exhibe resultados concretos en defensa del empleo y la representación sindical, el escenario nacional aparece atravesado por despidos, cierre de pymes y una reforma laboral que amenaza con desandar décadas de conquistas.

“El año que viene nos va a encontrar en la calle”, anticipó el dirigente. No como una consigna vacía, sino como la expresión de un conflicto social que, lejos de apagarse, promete intensificarse en defensa del trabajo, la industria y los derechos laborales.

Un fallo judicial respaldó los reclamos de la Asociación Bancaria y dejó al descubierto una operación de extrema gravedad institucional: el envío al exterior de toneladas de oro del Banco Central en 2024 se realizó sin contratos ni documentación legal que respalde su destino.

La Justicia federal dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles que involucran al manejo de las reservas nacionales. Tras reiterados pedidos de informes impulsados por la Asociación Bancaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vio obligado a reconocer que la exportación de toneladas de lingotes de oro realizada durante 2024 se efectuó sin respaldo documental alguno.

La admisión oficial llegó luego de más de un año de resistencia a brindar información precisa y quedó plasmada en una nota enviada por la autoridad monetaria a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el organismo que preside Santiago Bausili reconoció que la operación no contó con contratos ni instrumentos legales que establecieran condiciones, plazos, custodios ni destino final de los bienes.

Según estimaciones del sector financiero, el volumen de oro enviado al exterior podría superar una valuación de 5.000 millones de dólares, lo que convierte al episodio en uno de los más delicados de los últimos años en materia de administración de activos estratégicos del Estado.

El fallo judicial y la trazabilidad ausente

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, ya había advertido que el presidente del BCRA no presentó justificativos válidos para negarse a informar sobre el destino de los lingotes.

El tribunal remarcó que, al tratarse de bienes del Estado nacional, el Banco Central tiene la obligación de garantizar la trazabilidad absoluta de las reservas, un principio básico de transparencia y control que, según el fallo, fue vulnerado. La falta de documentación podría configurar responsabilidades penales, al no poder acreditarse el resguardo ni el uso legítimo de activos públicos de alto valor.

Una decisión política bajo la lupa

La controvertida operatoria fue defendida públicamente en reiteradas oportunidades por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que mantener el oro en el país equivalía a tener un activo inmovilizado. “Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, explicó.

Sin embargo, la revelación de que la exportación se concretó sin contratos ni documentos legales deja esa argumentación en una situación comprometida. Más allá de la lógica financiera invocada, la ausencia de respaldo jurídico abre interrogantes sobre la legalidad, el control y la seguridad de la operación.

La AGN y la posible avanzada judicial

Con el fallo de la Cámara y la admisión formal del BCRA, la Auditoría General de la Nación quedó en condiciones de avanzar con acciones judiciales contra los funcionarios que habrían obstaculizado la auditoría del organismo de control.

La investigación se enmarca en un proceso más amplio sobre el incumplimiento de los deberes de transparencia exigidos a los funcionarios públicos en el manejo de bienes estratégicos del Estado, especialmente en un contexto de fragilidad económica y escasez de reservas.

Un escándalo que crece en un contexto global adverso

El caso adquiere una dimensión aún mayor en medio del rally internacional del precio del oro, que revaloriza significativamente cada tonelada del metal precioso. En ese escenario, la falta de certezas sobre el destino y la custodia de las reservas argentinas no solo representa una anomalía administrativa, sino también un riesgo económico de magnitud.

Lo que comenzó como un reclamo sindical impulsado por la Asociación Bancaria se transformó, con respaldo judicial, en un escándalo institucional de alcance nacional, que compromete al corazón del sistema financiero y expone interrogantes profundos sobre la gestión de los activos más sensibles del país.