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En siete cuotas con cláusula de revisión en septiembre; en febrero llegará a $ 29.160; rechazo de la CTA Autónoma

El Gobierno, la CGT, la CTA de los Trabajadores, la UIA y las cámaras patronales acordaron un aumento del 35% del salario mínimo, vital y móvil en siete tramos, por lo que se elevará desde febrero próximo a poco más de $29.160. La CTA Autónoma que lidera Ricardo Peidro rechazó la propuesta. Sindicalistas de las otras dos centrales y el sector empresario convinieron el pago de un 9% en abril, 4% en mayo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y un 5% final en febrero de 2022, con una cláusula de revisión en septiembre. «Se acordó volver a convocar a los miembros del Consejo para evaluar la evolución de la situación», se informó oficialmente.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, encabezaron la reunión, con la presencia de representantes de gremios de las centrales obreras y de empresas.

Los dirigentes de la CGT y de la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky pedían un incremento de entre 35% y el 40%, en tanto que la CTA Autónoma solicitó una suba más cercana al valor de la canasta alimentaria, que actualmente se calcula en $60.000.

Por la CGT, estuvieron conectados participando de la reunión sus dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña; como también Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez; Sergio Romero, José Luis Lingeri, Roberto Fernández, Víctor Santa María, Jorge Sola, Rodolfo Daer, Julio Piumato, Noemí Ruíz, Antonio Caló y Armando Cavalieri.

Por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma participaron sus respectivos titulares, Yasky y Peidro.

En representación del sector empresario asisten por la UIA Daniel Funes De Rioja, Juan José Etala, Julio Cordero, Guillermo Moretti y Horacio Martínez, mientras que por la Cámara Argentina de Comercio lo hace Pedro Etcheberry y por la Cámara Argentina de la Construcción, Jorge Hulton. Por las cámaras agropecuarias están Carlos Achetoni, Daniel Pelegrina, Paulo Ares, Alberto Frola; por la Asociación Empresaria Argentina, se encuentra Jaime Campos y por CAME, Pedro Cascales.

El salario mínimo vital y móvil, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, se define como «la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión».

En el Consejo del Salario convocado por la gestión de Alberto Fernández, el Gobierno y los representantes de las centrales sindicales y de las cámaras empresariales acordaron una suba del 35%, en siete tramos, por lo que se elevará desde febrero próximo a $29.160.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMV) se encuentra ahora en el orden de los $21.600 terminados de aplicar los tres tramos de aumento. El piso anterior había sido de $16.875 hasta octubre de 2020 tras la última actualización en agosto de 2019, cuando se elevó desde los $12.500. Es decir que la suba en esa oportunidad fue del 35%.

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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