La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) selló un entendimiento que establece un incremento acumulativo del 4,55% sobre los básicos y una mejora progresiva de la suma no remunerativa, que llegará a $70.000 en enero.

El acuerdo salarial es de carácter trimestral para el Sector Asistencial que abarca clínicas, sanatorios y establecimientos privados comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 743/16, 459/06, 122/75, 108/75, 107/75 y 103/75. El convenio, aplicable a los meses de noviembre, diciembre y enero de 2026, define una pauta escalonada en los básicos y actualiza el monto no remunerativo que venían percibiendo los trabajadores.

La negociación fijó una secuencia de aumentos de 1,5% en noviembre, 1,5% adicional en diciembre —de carácter acumulativo— y otro 1,5% en enero, también acumulativo. El esquema completa un aumento total del 4,55% al finalizar el trimestre, según la proyección informada por el sindicato. Si bien se trata de un ajuste moderado en un contexto de inflación persistente, desde la dirigencia sindical remarcan que su implementación permite “mantener un piso de actualización” mientras continúan las conversaciones con las cámaras empresarias.

El pacto incorpora, además, un incremento en el adicional no remunerativo que percibe el personal del sector. Ese monto, que hasta octubre se situaba en $60.000, se actualizó a $66.000 en noviembre y llegará a $70.000 en enero. Se trata de un componente clave para sostener ingresos en un período en el que persisten tensiones entre costos operativos de las instituciones privadas, caída de prestaciones y retrasos en la actualización de aranceles.

Próximo tramo de la paritaria

La Federación anticipó que las negociaciones se retomarán en febrero, cuando se iniciará la discusión del nuevo período paritario correspondiente a 2026/2027. Allí se evaluará la evolución de la inflación, la situación de las instituciones de salud privadas y la capacidad del sector para sostener incrementos que permitan recomponer el salario real, uno de los temas más sensibles de la actividad.

La docencia universitaria y preuniversitaria realizará un paro nacional de seis días, del 1 al 6 de diciembre, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. La medida surge tras la decisión del Gobierno de suspender su ejecución a través del Decreto 759/25, a pesar de reconocer una deuda salarial superior al 40%.

El plenario de secretarías generales de la docencia universitaria y preuniversitaria resolvió convocar a un paro nacional del 1 al 6 de diciembre, en protesta por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de recomposición salarial. La medida afectará el dictado de clases, las actividades académicas y, en varios casos, también las mesas de exámenes.

La decisión llega en un contexto de malestar creciente en las universidades nacionales, marcado por salarios depreciados, presupuestos insuficientes y un paquete de reformas estructurales que, según los gremios, profundiza el deterioro de la educación pública.

Una ley votada cuatro veces que el Gobierno se niega a aplicar

Las federaciones docentes recordaron que la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 —conquistada “con lucha, organización y unidad”— fue aprobada cuatro veces por el Congreso.
Sin embargo, el presidente Javier Milei dispuso suspender su ejecución mediante el Decreto 759/25, al mismo tiempo que reconoció la existencia de una deuda salarial del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Para los gremios, la decisión es ilegal, vulnera una norma vigente y profundiza la crisis estructural:

salarios estancados,

recomposiciones por debajo de la línea de pobreza,

infraestructura deteriorada,

caída del financiamiento para investigación, extensión y becas estudiantiles.

Salarios de pobreza y multiempleo: el deterioro cotidiano

El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) graficó la situación con datos concretos:

un auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva cobra alrededor de $450.000 de bolsillo,

un no docente de categoría siete percibe unos $600.000 de básico.

Estos ingresos —muy por debajo de la inflación acumulada y del costo de vida— obligan a miles de docentes y no docentes a recurrir al multiempleo, afectando la calidad del trabajo académico, la investigación y la continuidad de proyectos científicos.

“Con docentes pobres no hay universidad de calidad”, advirtieron.

Asimismo, denunciaron que no hay fondos suficientes para salarios, becas, infraestructura ni mantenimiento, mientras que —según su crítica política— el Gobierno favorece la desregulación económica, la baja de retenciones y la rentabilidad financiera.

Un presupuesto 2026 que anticipa un ajuste aún mayor

Las organizaciones docentes alertaron que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé menos del 40% de inversión en educación, profundizando un escenario que describen como de “crisis terminal”.

La combinación de salarios depreciados, falta de financiamiento y reformas estructurales —laboral, tributaria, previsional y penal— configura, para los gremios, un ataque integral a los derechos de trabajadores y estudiantes.

“Llegamos al punto en que no podemos seguir fingiendo una normalidad que no existe”, señalaba el documento difundido tras la reunión sindical.

Unidad docente–estudiantil: un llamado a la movilización

El paro por seis días busca funcionar como una señal de alarma y como instancia de acumulación de fuerza.
La Federación convocó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, y llamó al movimiento estudiantil —históricamente protagonista de las luchas por la educación pública— a sumarse a la medida.

Exigencia de tres puntos centrales:

1. Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
2. Convocatoria urgente a la paritaria nacional universitaria.
3. Un Presupuesto 2026 que respete los recursos fijados por la ley vigente.

La Unión Obrera Metalúrgica, alcanzó un principio de acuerdo que incluye incrementos remunerativos y sumas no remunerativas para el período octubre 2025–marzo 2026. El aumento total acumulado será del 14%. El entendimiento deberá ser formalizado en un acta y homologado por la Secretaría de Trabajo.

Después de un escenario de fuerte tirantez y varias reuniones sin avances sustanciales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró un preacuerdo salarial con las cámaras empresarias de la actividad. El entendimiento se alcanzó en un encuentro reservado este jueves, destrabando una paritaria que venía marcada por reclamos crecientes del gremio y dificultades del sector para recomponer salarios en un contexto de caída de la actividad.

El acuerdo previo había sido homologado en agosto, pero la aceleración inflacionaria y los desfases entre incrementos y costos de vida volvieron a abrir la discusión, especialmente para el personal de la Rama 17 y todas las ramas metalmecánicas, excepto la siderúrgica (Rama 21), que mantiene un esquema salarial propio.

Los puntos centrales del preacuerdo

Según confirmaron fuentes gremiales y empresarias, los incrementos se distribuirán mes a mes de la siguiente manera:

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos

Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos

Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos

El esquema combina aumentos porcentuales sobre los básicos y sumas fijas, con el objetivo de contener la pérdida salarial sin desfinanciar a las firmas del sector, que vienen señalando una caída de demanda y una recuperación aún frágil.

De acuerdo con lo pactado, el incremento total acumulado a marzo de 2026 será del 14%, mientras que las sumas no remunerativas suman $160.000 en total.

En la mesa paritaria, la UOM estuvo representada por Naldo Brunelli, Enrique Salinas y Rubén Urbano. Voceros sindicales detallaron además que el porcentaje correspondiente a septiembre se calculó sobre una base del 3,14%, y que, tras la aplicación de este nuevo esquema, la base de cálculo para abril de 2026 quedará en 5%, con cláusula de pago efectivo en ese mes.

Qué falta para que el acuerdo entre en vigencia

Como ocurre en cada negociación paritaria, el preacuerdo alcanzado deberá ser volcado en un acta formal, firmada por todas las partes. Luego pasará a la órbita de la Secretaría de Trabajo, que debe homologarlo para otorgarle validez plena.

Hasta que eso ocurra, el entendimiento funciona como un compromiso de partes, pero aún carece de carácter obligatorio para el sector.