La combinación de recesión, caída del empleo rural y desregulación de sectores clave aceleró un fenómeno que antes era marginal: trabajadores misioneros, tareferos y obreros de la construcción atraviesan diariamente la frontera para acceder a salarios que en la Argentina quedaron pulverizados. El impacto social ya es crítico en las localidades limítrofes.

Durante décadas, el flujo migratorio entre Argentina y sus países limítrofes tuvo una dirección predominante: ciudadanos de Paraguay y Brasil cruzaban hacia Misiones en busca de trabajo en yerbales, chacras y obra pública. Sin embargo, esa tendencia histórica se revirtió. Hoy son miles los argentinos que marchan en sentido contrario, empujados por el deterioro económico, la paralización de la obra pública y la destrucción de la industria yerbatera tras el decreto 70/2023.

La postal se repite a diario en distintos cruces fronterizos. En San Antonio, Misiones, el intendente Fausto Rojas estima que unas 2.000 personas por día —muchas de ellas familias enteras— atraviesan hacia Santo Antônio do Sudoeste, Brasil, en busca de changas rurales, tareas de cosecha o empleo en la industria liviana. “Nuestra gente puede subsistir gracias al trabajo del otro lado”, reconoció el jefe comunal, aunque lamentó el impacto social: “Cada vez más familias golpean la puerta del municipio porque no les alcanza ni para pagar la luz”.

El fenómeno ya no es ocasional. Esta semana, 125 argentinos fueron retenidos por la Policía Federal de Brasil en Guaraciaba cuando viajaban hacia Santa Catarina para realizar la cosecha de cebolla y tabaco. La escena, similar a las redadas migratorias que padecen los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, revela la dimensión de una crisis que empuja a campesinos y obreros a cruzar sin documentación o en condiciones extremadamente precarias.

La tormenta perfecta en el mercado yerbatero

La desregulación del sector impulsada por el decreto 70/2023 dejó al Instituto Nacional de la Yerba Mate sin herramientas para fijar precios, ordenar la cosecha o controlar la calidad del producto importado. El resultado fue devastador: miles de pequeños productores venden su hoja verde a valores irrisorios, entre $250 y $300 el kilo cuando —según el sector— debería pagarse alrededor de $700 para cubrir costos.

“La gente no tiene para sembrar la tierra, no tiene para comer”, sintetizó Antenor Alvenz, secretario del Sindicato de Tareferos (SITAJA). Sus palabras resuenan como diagnóstico y advertencia: “Si esto sigue así, en febrero no arranca la cosecha. ¿Qué hacen 17.000 tareferos? ¿De qué van a vivir?”.

Frente al derrumbe del ingreso, muchos trabajadores optan por cruzar la frontera por 30 o 40 días, o incluso diariamente. Otros se trasladan con sus familias, enfrentando riesgos laborales, precariedad habitacional y condiciones de contratación que, según denuncian los gremios, en algunos casos bordean la explotación.

El campo y la construcción, los destinos más buscados

El intendente de Bernardo de Irigoyen, Eduardo “Chichín” Aquino, confirma la escala creciente del éxodo laboral. “Antes se iban a Corrientes o Entre Ríos; ahora optan por Brasil porque rinde un poco más”, señaló. Describe así un giro económico profundo: jóvenes, trabajadores rurales y obreros de la construcción cruzan a diario hacia Dionísio Cerqueira, San Miguel y otras ciudades brasileñas donde la reactivación industrial contrasta con la recesión del lado argentino.

Aquino advierte que el fenómeno afecta de lleno a la vida cotidiana: “Cuando el comercio local se resiente, se resiente todo. La falta de trabajo empuja a que familias completas viajen cientos de kilómetros para hacer tareas rurales, y cada vez duran más tiempo afuera”.

Un país que empieza a vaciarse por sus bordes

La secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), referente de un sector castigado, responsabiliza abiertamente al Gobierno nacional por la crisis y por la ruptura del entramado productivo regional. “Hace dos años que trabajamos a pérdida. Este gobierno vino a destruir las economías regionales. Las familias se rompen porque acá no hay trabajo”, enfatizó. También alertó sobre situaciones de abuso laboral en Brasil y Paraguay: “Hay gente que viaja desesperada sin saber a dónde llega, y tuvimos que rescatar a varios compañeros a los que no les querían pagar”.

Mientras tanto, la escena en San Antonio lo resume todo: un cartel de ingreso al municipio afirma que “aquí no termina el país, aquí comienza la patria”. Sin embargo, cada día son más los que dejan atrás ese límite buscando simplemente sobrevivir.

La migración laboral hacia Brasil y Paraguay dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en un síntoma estructural de la crisis argentina. La recesión golpea con especial dureza a las economías regionales, donde la desregulación, la paralización productiva y el deterioro salarial empujan a trabajadores a abandonar su tierra en busca de oportunidades mínimas.

En la frontera, el Estado argentino aparece ausente: no contiene, no regula y no previene abusos. La pregunta que empieza a instalarse entre intendentes, gremios y organizaciones sociales es inquietante y urgente: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un país que pierde a sus trabajadores por sus propios bordes?

Las dos ramas de la CTA se reunieron este mediodía con diputadas y diputados de Unión por la Patria para fijar una postura común frente a una eventual reforma laboral que el Gobierno busca presentar en las sesiones extraordinarias del 9 de diciembre. Denunciaron un avance “regresivo”, cuestionaron recortes en áreas clave y llamaron a construir una estrategia de unidad parlamentaria y territorial.

En una reunión celebrada en el Congreso, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina —la CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, liderada por Hugo Godoy— mantuvieron un encuentro con referentes de Unión por la Patria (UxP). Participaron las diputadas Cecilia Moreau y Paula Penacca, y el jefe del bloque, Germán Martínez.

El objetivo fue claro: construir un frente común para impedir que avancen proyectos de reforma laboral, impositiva o presupuestaria considerados regresivos. El mensaje quedó sintetizado en una frase que resonó en la sala: “No pasarán las reformas regresivas”.

Preocupación por el ajuste en áreas sensibles y por la caída de la actividad

Durante el encuentro, las centrales sindicales expresaron inquietud por lo que consideran un ajuste profundo en áreas estratégicas del Estado. Señalaron recortes en:

educación,

salud,

obra pública,

transferencias a las provincias.

A esto sumaron un dato que preocupa al movimiento sindical: el creciente cierre de empresas y la aparición de un “tendal de despidos” en los últimos meses, fenómeno que atribuyen a la recesión y a la retracción de la inversión pública.

Reforma laboral: rechazo a volver sobre normas ya anuladas por la justicia

En relación con la reforma laboral que el Gobierno pretende enviar en el marco de las sesiones extraordinarias del 9 de diciembre, las CTA manifestaron un rechazo contundente.

Señalaron que el oficialismo busca reinstalar artículos del Decreto 70/23 ya declarados inconstitucionales por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que suspendió la vigencia del capítulo laboral hasta que el Congreso lo analice.
Para los gremios, esto constituye un intento de “volver por la ventana” con medidas que afectan derechos adquiridos, promoviendo una “fragmentación y atomización del movimiento obrero” bajo el discurso de la “modernización”.

Una estrategia de unidad: del recinto a la calle

Las CTA plantearon que el desafío no se limita al plano legislativo. En el encuentro reclamaron articular una estrategia de unidad amplia, que contemple:

acciones parlamentarias coordinadas,

presencia territorial,

articulación con organizaciones sociales y movimientos del campo popular,

y eventuales movilizaciones.

“Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sintetizaron los dirigentes, buscando proyectar un mensaje de fortaleza interna en un contexto político adverso.

Marco judicial: el antecedente que condiciona cualquier intento de reforma

El pronunciamiento también remarcó el peso del antecedente judicial.
La resolución de la Cámara Laboral, que consideró inconstitucional el capítulo laboral del Decreto 70/23, opera como límite para cualquier nuevo intento de implementación “exprés”.
En ese fallo —recordaron las fuentes sindicales— se destacó que reformar derechos laborales estructurales por decreto vulnera el principio de división de poderes y debe ser materia exclusiva del Congreso.

Ese escenario obliga al Gobierno a encarar el debate en el recinto, donde no tiene mayoría propia y donde la resistencia sindical comienza a articular alianzas parlamentarias.

La reunión entre las CTA y Unión por la Patria confirma que el debate por la reforma laboral será uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias.
Con un oficialismo que pretende insistir en cambios estructurales y una oposición que se prepara para bloquear iniciativas consideradas regresivas, el escenario anticipa un diciembre de alta tensión política y sindical.

Para las centrales, la estrategia es clara: consolidar unidad, ocupar el territorio y blindar derechos.
Para el Gobierno, el desafío será convertir su proyecto de modernización laboral en una propuesta capaz de superar resistencias en un Congreso fragmentado.

El choque de visiones ya se instaló. El desenlace, una vez más, dependerá de la correlación de fuerzas dentro y fuera del Parlamento.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento del 1,3% que se aplicará en diciembre, completando la suba pactada en noviembre. Además, las trabajadoras que superen las 16 horas semanales cobrarán un bono no remunerativo de $14.000 durante noviembre, diciembre e enero. La medida beneficia a un sector altamente feminizado y con elevados niveles de informalidad.

La recomposición se suma al 1,4% ya otorgado este mes y conforma un aumento total del 2,7% para noviembre, decisión que llega tras un período sin variaciones desde septiembre, cuando culminó la ronda previa de aumentos.

El acuerdo se alcanzó en el marco del organismo tripartito —integrado por representantes sindicales, empleadores y autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo— encargado de definir periódicamente los haberes del sector. En esta oportunidad, la actualización impactará en más de 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país, quienes arrastran una pérdida constante de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente.

A la suba porcentual se suma un bono no remunerativo de $14.000 mensuales, que será abonado durante noviembre, diciembre y enero. El plus alcanza a quienes cumplen más de 16 horas semanales, con el objetivo de compensar el atraso acumulado luego de meses sin revisiones.

Este mecanismo ya había sido utilizado en el trimestre previo, cuando la paritaria definió un incremento del 6,5% entre julio y septiembre distribuido en distintas etapas. Ahora, el nuevo cierre paritario vuelve a introducir una corrección que intenta evitar un deterioro mayor en uno de los sectores más vulnerados del mercado laboral.

Escalas salariales proyectadas para diciembre

Tras la aplicación del aumento del 1,4% en noviembre, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) difundió los valores vigentes, que permiten estimar los montos finales cuando se incorpore el 1,3% restante en diciembre:

Supervisores/as

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Tareas específicas (como cocina o funciones especializadas)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensuales

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensuales

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensuales

Tareas generales

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensuales

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensuales

Antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

Continúa vigente el adicional por antigüedad del 1% del sueldo mensual por cada año trabajado, implementado desde septiembre de 2021. Además, quienes realizan tareas en zonas desfavorables —como las provincias patagónicas y el Partido de Patagones— perciben un 30% adicional sobre el salario mínimo establecido para su categoría.

Respecto del Sueldo Anual Complementario (SAC), el pago se realiza en junio y diciembre, tomando como referencia el 50% del mejor salario del semestre. En los casos en que la relación laboral no alcance los seis meses, el cálculo se efectúa de forma proporcional.