En un mensaje cargado de contenido político y simbólico, la Confederación General del Trabajo saludó a los trabajadores en vísperas de Navidad con un llamado a la unidad, la organización colectiva y la defensa de los derechos conquistados. El comunicado también ratifica la estrategia sindical frente a los desafíos que plantea el actual escenario laboral.

En la antesala de las celebraciones navideñas, la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un mensaje dirigido a los trabajadores y trabajadoras del país que trasciende el saludo protocolar y se inscribe en el centro del debate político y social. Bajo la consigna “Cada derecho conquistado nace del esfuerzo colectivo”, la central obrera reafirmó el valor de la organización sindical como herramienta fundamental para enfrentar los desafíos del presente.

El mensaje, difundido a través de los canales oficiales de la entidad, pone el acento en la unidad y la solidaridad como pilares históricos del movimiento obrero argentino. En ese sentido, la CGT remarcó que los derechos laborales vigentes no son concesiones espontáneas, sino el resultado de décadas de lucha colectiva y construcción sindical.

La central sindical subrayó que esta Navidad encuentra al movimiento obrero con una trayectoria que respalda sus reclamos, pero también frente a un escenario complejo, atravesado por debates sensibles como la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, destacaron la importancia de la movilización realizada días atrás, que logró postergar el tratamiento del proyecto hasta el próximo 10 de febrero.

El valor de la historia y el futuro del trabajo

Uno de los ejes centrales del comunicado es la reivindicación de la memoria histórica del sindicalismo argentino, no como un ejercicio nostálgico, sino como una referencia activa para proyectar el futuro del trabajo. Desde la CGT señalaron que detrás de cada conquista gremial hay familias que aspiran a un porvenir con mayores certezas, estabilidad y dignidad.

“La unión es lo que nos da el poder”, expresa el documento, al tiempo que refuerza la idea de que la justicia social sigue siendo el horizonte estratégico de la organización. En un contexto de incertidumbre económica y laboral, el mensaje busca consolidar la cohesión interna del movimiento obrero como condición indispensable para defender lo conquistado y avanzar en nuevos derechos.

Conducción y unidad estratégica

El posicionamiento navideño también refleja la línea política que viene sosteniendo la conducción de la CGT. En ese sentido, la central ponderó el proceso de renovación de autoridades en un marco de unidad, que dejó al frente de la organización a Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Desde la sede de la calle Azopardo remarcaron que la unidad no es solo una consigna, sino una estrategia concreta de acción sindical. “Cuando el trabajo se une, hay fuerza para defender derechos y cuidar lo conquistado”, afirmaron los dirigentes, en una clara señal hacia el escenario político y social que se avecina.

Organización frente a la incertidumbre

Lejos de limitarse a un saludo festivo, el mensaje de la CGT concluye con un llamado explícito a fortalecer la organización colectiva como única vía para sostener la justicia social para “todos y todas”. La central advierte que la fragmentación y la desmovilización debilitan al conjunto de los trabajadores frente a intentos de retroceso en materia de derechos laborales.

En este marco, la Navidad aparece resignificada como un momento de reflexión, unidad y reafirmación de principios. Para la CGT, la defensa del trabajo digno no admite pausas ni concesiones, y la cohesión interna del movimiento obrero se presenta, una vez más, como la principal herramienta para enfrentar los desafíos del futuro.

La Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó que impugnará judicialmente la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional si el proyecto es aprobado por el Congreso en los términos actuales. La advertencia fue formulada por el cotitular de la central obrera, Jorge Sola, quien sostuvo que la iniciativa presenta “violaciones a conceptos de carácter constitucional” y anticipó un escenario de alta conflictividad institucional.

“Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, afirmó el dirigente del Sindicato del Seguro, en alusión al antecedente del DNU 70/2023, cuyo capítulo laboral fue declarado inconstitucional por la Justicia.

El posicionamiento de la CGT se produce en una escalada de conflictos entre el Gobierno y el movimiento sindical, marcado por la reforma laboral, el ajuste fiscal y la discusión del Presupuesto 2026. Si bien la central obrera no descarta dar la batalla en el plano parlamentario, ya trabaja en una estrategia judicial para frenar la iniciativa en caso de que avance sin modificaciones sustanciales.

Diálogo político y preparación judicial

Sola explicó que la prioridad inmediata de la CGT es incidir en el debate legislativo, especialmente en el Senado, donde el oficialismo necesita construir mayorías para aprobar la reforma. “La hoja de ruta ahora es empezar a preguntar a senadores que aceptaron tener una mirada con nosotros; son muchos y de distintos sectores”, señaló en declaraciones radiales.

Sin embargo, el dirigente confirmó que el equipo jurídico de la central obrera ya analiza el texto del proyecto con vistas a una eventual judicialización. Se trata del mismo cuerpo de abogados que, a fines de 2023, impulsó la acción de amparo contra el DNU 70 y logró que la Justicia invalidara su capítulo laboral por inconstitucional.

Desde la CGT sostienen que varios artículos del proyecto replican disposiciones que ya fueron cuestionadas por los tribunales, lo que anticipa un escenario de litigiosidad prolongada si la ley se sanciona sin cambios.

El artículo 88 y el derecho de huelga, en el centro del conflicto

Uno de los puntos más sensibles para el sindicalismo es el artículo 88 del proyecto, que regula el ejercicio del derecho de huelga en un amplio abanico de actividades. La norma establece niveles mínimos de prestación durante los conflictos gremiales: un 75% en los servicios considerados esenciales y un 50% en aquellos calificados como de importancia trascendental.

Según la CGT, esta reglamentación excede los límites fijados por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y restringe de manera desproporcionada un derecho constitucional. Además, remarcan que criterios similares ya fueron declarados inconstitucionales cuando formaban parte del DNU 70.

Servicios esenciales y actividades trascendentales

El proyecto define como servicios esenciales, entre otros, a la salud, la provisión de agua potable, energía y combustibles, las telecomunicaciones —incluido internet—, la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, la educación obligatoria, el transporte marítimo y fluvial y la recolección de residuos.

En tanto, se consideran actividades de importancia trascendental a sectores como el transporte terrestre y subterráneo, los servicios de radio y televisión, industrias de proceso continuo, la industria alimenticia, la minería, la actividad agropecuaria y frigorífica, los servicios financieros, hoteleros y gastronómicos, el comercio electrónico y la producción destinada a la exportación.

Para la CGT, la amplitud de estas definiciones vacía de contenido el derecho de huelga y convierte a la excepción en regla.

Objeciones que trascienden al sindicalismo

Las críticas al proyecto no se limitan al ámbito gremial. El exministro de Trabajo Jorge Triaca advirtió que la reforma podría derivar en una fuerte judicialización debido a su redacción ambigua. En declaraciones periodísticas, señaló que el texto es “difuso y menos claro que los antecedentes existentes”.

Triaca reconoció que la iniciativa incluye aspectos que podrían reducir la litigiosidad, pero alertó sobre puntos que generan incertidumbre, como la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos —lo que habilitaría la revisión de más de 1.700 acuerdos vigentes— y la discusión sobre la jerarquía entre convenios por empresa y convenios de alcance nacional o regional.

“Si el sistema no es equilibrado, deja desguarnecidos a los trabajadores o genera imprevisibilidad al empleador. Y así no se genera más trabajo ni formalización”, concluyó.

Aunque había comprometido saldar antes de fin de año una deuda cercana a los $60.000 millones, el Gobierno solo abonó un tercio de lo acordado. La demora ocurre en medio de un clima de alta conflictividad con la CGT por la reforma laboral y reaviva la desconfianza sindical.

El Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con las obras sociales gremiales, un frente sensible que se suma al conflicto abierto con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

El monto total adeudado ronda los $60.000 millones, correspondientes a reintegros por medicamentos, tratamientos de alto costo y prestaciones subsidiadas. En octubre pasado, en la antesala del proceso electoral, el Ministerio de Salud acordó con los sindicatos un esquema de tres pagos escalonados entre octubre y diciembre, con el objetivo de cancelar la deuda antes de fin de año. Sin embargo, hasta el momento, solo se abonaron $23.000 millones, poco más de un tercio del compromiso asumido.

Desde el Ejecutivo explican que la demora no responde a una decisión política ni a la disputa con la CGT, sino a la complejidad administrativa del proceso. Según fuentes oficiales, los reclamos involucran 2,3 millones de expedientes, algunos correspondientes a años anteriores a 2021, e incluso con presentaciones que se remontan a 2019. Cada uno de esos trámites, aseguran, debe ser revisado de manera individual, lo que habría ralentizado los pagos.

“Es una deuda histórica, acumulada durante casi seis años”, sostienen en el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, quien había manifestado su intención de dejar la deuda “en cero” antes de fin de 2025, objetivo que finalmente no se logró cumplir en los plazos previstos.

En la Casa Rosada insisten en que el proceso continúa, que los pagos se realizan “por tandas” y que, una vez alcanzado un volumen significativo de expedientes validados, se libera el dinero correspondiente. No obstante, no hubo precisiones sobre cuándo se retomarán los desembolsos, ni por qué se interrumpieron tras el primer pago.

El rol del Fondo Solidario y la desconfianza sindical

Los fondos destinados a regularizar la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente del salario de los trabajadores registrados. Durante la gestión del Frente de Todos, una parte de esos recursos fue transferida a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y utilizarse luego en reintegros por prestaciones especiales, como discapacidad o tratamientos de alto costo.

Según dirigentes sindicales involucrados en la negociación, esos fondos no habrían sido utilizados desde el cambio de gobierno, y estiman que el monto acumulado podría rondar los $300.000 millones. Esta situación alimenta el malestar gremial, que denuncia una retención de recursos que pertenecen a los trabajadores.

Desde el oficialismo responden que, al asumir, se encontraron con un sistema desordenado, con reclamos que en algunos casos llevaban hasta diez años sin resolución, y que la actual gestión inició un proceso de normalización que continúa, aunque sin fechas definidas.

La tramitación de los pagos se realiza ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo bajo la órbita del Ministerio de Salud y actualmente conducido por Claudio Adrián Stivelman, designado por Lugones. El acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre todas las obras sociales que hubieran presentado la documentación en regla.

Reforma laboral y clima de confrontación

El incumplimiento del cronograma de pagos se da en paralelo a un fuerte deterioro del vínculo entre el Gobierno y la CGT, profundizado por el avance de la reforma laboral. Aunque el sindicalismo tuvo participación en el Consejo de Mayo, donde se debatieron aspectos de la denominada “modernización laboral”, el malestar quedó expuesto cuando Gerardo Martínez, titular de la Uocra y representante gremial en ese ámbito, decidió no asistir a la presentación oficial del proyecto en la Casa Rosada.

Esta semana, la tensión escaló con una movilización de la CGT a Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, donde los dirigentes sindicales amenazaron con un paro general. Horas más tarde, el oficialismo anunció la postergación del debate de la reforma laboral para febrero, una decisión que el sindicalismo interpretó como una señal de apertura a la negociación.
En sectores del oficialismo y de la oposición, en cambio, la postergación fue leída como una consecuencia directa de la falta de consensos políticos, la fallida votación del presupuesto y las tensiones con los aliados parlamentarios.

La deuda con las obras sociales sindicales se convirtió en un nuevo factor de fricción en una relación ya deteriorada entre el Gobierno y la CGT. Aunque el Ejecutivo insiste en que existe voluntad de pago y que se trata de una cuestión administrativa heredada, la falta de certezas sobre los plazos y el contexto de confrontación política refuerzan la desconfianza gremial. En un escenario de reformas estructurales y conflictividad social en aumento, el manejo de estos fondos aparece como una pieza clave para recomponer —o profundizar— el vínculo con el sindicalismo organizado.