Los gremios nucleados en CONADU y CONADU Histórica resolvieron un nuevo paro nacional de 72 horas, entre el 12 y el 14 de noviembre, en reclamo de la convocatoria a paritarias y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se agrava ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y el deterioro del poder adquisitivo de los docentes. Las federaciones anticipan que, sin avances concretos, peligran las mesas de examen y el inicio de clases del año próximo.

El conflicto entre los docentes universitarios y el Gobierno nacional entró en una fase crítica. Con salarios rezagados, presupuesto desactualizado y una ley de financiamiento incumplida, el malestar del sector se profundiza. Esta semana, las federaciones CONADU y CONADU Histórica resolvieron un paro nacional de 72 horas —los días 12, 13 y 14 de noviembre— como parte de un reclamo que combina demandas salariales, legales e institucionales, en defensa del sistema universitario público.

“Hace más de un año que el Gobierno no convoca a paritarias. Debería haberlo hecho en septiembre del año pasado y seguimos sin respuestas”, expresó Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, en diálogo con Mundo Laboral San Juan.
El dirigente confirmó que la medida se cumple sin asistencia a los lugares de trabajo y que, al mismo tiempo, los gremios impulsarán una consulta popular nacional para definir los próximos pasos del plan de lucha.

“Queremos conocer la posición de los docentes sobre la posibilidad de afectar las mesas de examen de diciembre o no iniciar el ciclo lectivo 2026. El escenario es cada vez más extremo y los salarios, cada vez más insuficientes”, explicó Barcelona.

Salarios en retroceso y financiamiento en suspenso

La raíz del conflicto no es nueva, pero se ha profundizado con el paso de los meses. Los docentes universitarios acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 35% respecto de la inflación acumulada del último año, mientras los incrementos otorgados por decreto quedaron muy por debajo de los precios.

A ello se suma la falta de actualización del presupuesto universitario, que mantiene a las instituciones funcionando con partidas reconducidas, sin previsión real de gastos frente a los incrementos de energía, insumos y servicios básicos.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2023, establecía un mecanismo progresivo para garantizar recursos mínimos y previsibilidad a las universidades públicas. Sin embargo, según denuncian las federaciones, su aplicación fue suspendida o ignorada por el actual Ejecutivo, dejando al sistema en una situación de fragilidad económica y operativa.

Barcelona fue categórico: “El Gobierno ha tomado a la universidad como un enemigo político. No hay diálogo ni voluntad de cumplir la ley. Y mientras tanto, el salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza”.

Un sistema en alerta y un horizonte incierto

La presión se traslada también al interior de las universidades. Muchos rectores manifestaron preocupación por la sostenibilidad de la actividad académica y la continuidad del calendario lectivo. En varias casas de estudio ya se evalúan ajustes en programas de extensión, reducción de horas cátedra y suspensión de actividades presenciales por falta de recursos para cubrir gastos operativos.

En ese marco, la consulta nacional que impulsan los gremios busca definir la intensidad del conflicto en la última etapa del año. La posibilidad de no tomar mesas de examen en diciembre o de no iniciar el ciclo lectivo 2026 figura entre las opciones que los docentes deberán considerar.
“Estamos ante una situación límite. Si no hay respuestas, la continuidad del sistema universitario público está en riesgo”, insistió el titular de Adicus.

Ausencia de respuestas y desgaste institucional

Las federaciones docentes también criticaron la falta de avances en el plano judicial. “La Justicia no ha dado curso a las medidas cautelares presentadas para exigir al Estado el cumplimiento de la ley. Esa inacción judicial, sumada a la indiferencia política, deja al movimiento sindical sin herramientas institucionales para resolver el conflicto”, explicó Barcelona.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene silencio público y no ha convocado a ninguna mesa de diálogo formal. La situación, advierten los gremios, podría derivar en una paralización prolongada del sistema universitario, con consecuencias directas sobre el cierre del año académico y el inicio del próximo ciclo.

El paro de 72 horas que se inició el 12 de noviembre trasciende la coyuntura salarial. Representa, para los gremios, un punto de inflexión en la defensa de la universidad pública argentina, que enfrenta una combinación inédita de desfinanciamiento, pérdida de poder adquisitivo y desinterés gubernamental.

El conflicto pone de relieve un debate más profundo: cuál será el lugar de la educación superior en el modelo de país que se está configurando.

Si no se convoca a paritarias ni se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, el riesgo no solo es la suspensión de clases, sino la erosión sostenida de uno de los pilares históricos del desarrollo y la movilidad social en la Argentina.

La cadena de supermercados francesa atraviesa un proceso decisivo: busca desprenderse de sus operaciones en Argentina y concentra su estrategia global en mercados más rentables. Entre los interesados figuran Coto, Cencosud, el Grupo De Narváez y un holding peruano. La definición se espera antes de fin de año.

El futuro de Carrefour en Argentina está en plena definición. Según fuentes del sector, la multinacional francesa avanza en un proceso de venta de sus activos locales, administrado por un banco de inversión internacional que ya habría recibido las ofertas finales.

“Hay entre cuatro y cinco grupos que están pujando por la operación”, confirmaron desde el entorno empresario. La salida responde a una decisión estratégica del holding global: concentrar su presencia en mercados de mayor rentabilidad —como Francia, España y Brasil— y reducir su exposición en países con alta volatilidad económica y regulatoria, como Argentina.

En los últimos años, la cadena sufrió los efectos combinados de una caída sostenida del consumo, inflación persistente y márgenes cada vez más estrechos, un escenario que erosionó su rentabilidad local y aceleró la decisión de repliegue.

Coto, GDN y Cencosud, entre los finalistas

En la etapa final de la negociación aparecen cinco grandes interesados: el Grupo De Narváez (GDN), Cencosud, Coto, el fondo estadounidense Klaff Realty y un holding peruano, identificado por fuentes del mercado como Intercorp, aunque sin confirmación oficial. También habría un empresario argentino asociado a capitales extranjeros que presentó una propuesta de último momento.

De ese grupo, GDN, Coto y Klaff Realty serían los que cuentan con mayores posibilidades, al haber presentado las ofertas más completas y alineadas con las condiciones de la operación. “La definición es inminente; todo indica que se resolverá antes de fin de año”, señaló un ejecutivo cercano al proceso.

La magnitud del negocio es considerable: Carrefour Argentina cuenta con más de 600 tiendas distribuidas en 22 provincias, incluyendo hipermercados, locales Express y Market, además de centros logísticos y una estructura de más de 15.000 empleados directos.

Cuatro décadas que cambiaron la historia del consumo

El desembarco de Carrefour marcó un antes y un después en el comercio minorista argentino. En 1982, la empresa inauguró en San Isidro su primer hipermercado, el primero del país, e introdujo un concepto que transformó los hábitos de compra de millones de argentinos.

A lo largo de las siguientes décadas, la compañía consolidó su liderazgo a través de fusiones y adquisiciones estratégicas. En 2001 absorbió los supermercados Norte, y en 2012 incorporó 129 tiendas EKI, fortaleciendo su capilaridad en el Área Metropolitana y el interior de país. En 2022, la filial local celebró su 40° aniversario, destacando su papel como empleador e innovador en el sector.

De Francia al mundo: la historia de un pionero

Fundada en 1959 por las familias Fournier y Defforey, Carrefour —que en francés significa “cruce de caminos”— revolucionó la industria minorista al crear el formato de hipermercado en 1963, en la localidad de Sainte-Geneviève-des-Bois.

El modelo, que combinaba la venta de alimentos con productos del hogar, tecnología y moda en un mismo espacio, con estacionamiento gratuito y precios competitivos, fue una innovación disruptiva. En pocas décadas, Carrefour se convirtió en el líder europeo y en el segundo grupo de retail más grande del mundo, solo detrás de Walmart.

Hoy, la compañia opera más de 14.000 tiendas en 40 países, con una facturación que supera los 80.000 millones de euros anuales.

Un cierre con impacto simbólico

La posible salida de Carrefour de la Argentina no solo implica el traspaso de una marca emblemática, sino también el fin de una etapa en la historia del consumo masivo. La empresa fue, durante más de cuatro décadas, sinónimo de innovación, escala y accesibilidad para amplios sectores de la población.

La resolución de la venta, prevista para antes de fin de año, marcará el comienzo de una nueva fase en el mapa del retail argentino, con jugadores locales y regionales disputando un negocio que, pese a las dificultades, sigue siendo clave para la economía nacional.

El caso Carrefour refleja el reacomodamiento del capital global en tiempos de incertidumbre, donde los grandes grupos reevalúan sus prioridades y ajustan su presencia según las condiciones de cada mercado. Para la Argentina, el desenlace será más que una operación comercial: será una señal del grado de confianza —o de desconfianza— que despierta hoy su economía entre los principales actores internacionales del retail.

Tras más de seis horas de negociación, la mesa paritaria docente en San Juan concluyó sin avances. El Gobierno provincial ofreció aumentos del 1,5% en noviembre y otro 1,5% en diciembre, propuesta que fue rechazada por los gremios por considerarla insuficiente. La discusión continuará el martes 11, cuando el Ejecutivo presente una oferta superadora.

La cuarta mesa salarial del año entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes cerró sin acuerdo. La reunión, que se extendió durante más de seis horas en la sede del Ministerio de Educación, dejó en evidencia las diferencias entre las partes respecto al deterioro del poder adquisitivo del salario docente y las limitaciones fiscales que enfrenta la administración provincial.

El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó la negociación en representación del Ejecutivo. Por los gremios participaron Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Adrián Ruiz (AMET).

La propuesta oficial consistió en un incremento del 1,5% sobre el valor índice en noviembre y otro 1,5% en diciembre, lo que fue calificado como “insuficiente” por los sindicatos, que reclamaron una recomposición que acompañe la inflación y compense la pérdida salarial acumulada.

“Los haberes docentes se han mantenido por encima de la inflación en lo que va del año”, sostuvo Gutiérrez, al defender la política salarial del Ejecutivo. Sin embargo, desde los gremios remarcaron que la realidad de los bolsillos docentes desmiente esa afirmación, y que el porcentaje ofrecido no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Durante el encuentro, las entidades sindicales presentaron un pliego de reclamos que incluyó la actualización automática por IPC más cuatro puntos, mejoras en los tramos E60 y E66, incrementos para radios 4 a 7, avances en titularizaciones y concursos de ascenso, la regularización de los gabinetes técnicos, adecuación de asignaciones familiares y una revisión urgente de la situación de la Obra Social Provincia (OSP).

Por su parte, desde el Ejecutivo recordaron que el análisis del Decreto 1890, que regula el nomenclador docente, continúa en tratamiento técnico y que cualquier modificación dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

La reunión se concretó tras el pedido de UDA de reabrir con urgencia la paritaria, para evitar liquidaciones “unilaterales” de haberes sin consenso gremial. Los sindicatos también insistieron en retomar temas pendientes, entre ellos la titularización comprometida en agosto y aún sin ejecución efectiva.

Cabe recordar que el último acuerdo paritario había fijado aumentos del 6% en agosto, 4% en septiembre y 4% en octubre, además de un incremento del 30% en el ítem Nueva Conectividad San Juan. Con ese esquema, un maestro de grado con jornada simple percibe actualmente un sueldo testigo de $384.105,87 y un neto de $624.094,08.

La negociación pasó a cuarto intermedio hasta el martes 11 de noviembre a las 14 horas, cuando el Gobierno deberá presentar una oferta superadora y definir una fecha de cierre para la revisión del nomenclador docente.