El secretario general de la Confederación General del Trabajo en San Juan, Eduardo Cabello, aseguró que el paro contra la reforma laboral alcanzó un 70% de acatamiento en la provincia. Criticó el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, advirtió sobre presuntas inconstitucionalidades y no descartó nuevas medidas gremiales.

En concordancia con la jornada nacional convocada por la Confederación General del Trabajo, la seccional San Juan expuso su propio balance político y sindical. Desde la sede gremial de calle España, el referente sinddical Eduardo Cabello calificó como “histórico” el paro general y afirmó que en la provincia el nivel de adhesión alcanzó picos del 70% en distintos sectores.

La medida, señaló, se desarrolló sin movilización masiva, aunque con participación activa de sindicatos clave. Según precisó, en la administración pública el acatamiento superó el 40% —con impacto visible en el Centro Cívico—, mientras que en hospitales rondó el 60% y en varias municipalidades la paralización fue casi total. La protesta también comenzó a la medianoche en proyectos mineros, con la adhesión de gremios como AOMA, Asijemin y trabajadores gastronómicos vinculados a la actividad.

“Hoy es un día histórico. Debe ser uno de los paros más significativos que tenemos”, expresó Cabello, al remarcar que la convocatoria no respondió —según su definición— a un interés partidario, sino a la defensa de derechos laborales. “Le estamos haciendo un paro a Milei, no a Orrego”, aclaró, diferenciando el plano nacional del provincial.

Cuestionamientos de fondo

El eje del discurso sindical estuvo centrado en el contenido del proyecto que se debate en la Cámara de Diputados. Cabello sostuvo que la reforma implica un retroceso en garantías laborales y advirtió que podría modificar aspectos sustanciales de la jornada de trabajo, el régimen de horas extras y la liquidación de vacaciones y aguinaldos.

“Te sacan lo que costó sangre”, afirmó, en referencia a conquistas históricas del movimiento obrero. A su juicio, la iniciativa “nos plancha a todos y nos vuelve a fojas cero”, en una actual situación económica que, según describió, ya presenta signos de deterioro productivo y pérdida de empleo.

El dirigente vinculó la discusión parlamentaria con la situación macroeconómica. Mencionó el cierre de más de 20.000 empresas en el país y alertó sobre la fragilidad del entramado productivo. “Vemos a los trabajadores desprotegidos. En otros países los Estados cuidan a la sociedad; acá no”, sostuvo, cuestionando el rumbo de las políticas nacionales.

Estrategia gremial y advertencias judiciales

Más allá del diagnóstico, Cabello dejó abierta la puerta a una escalada institucional. Señaló que, de aprobarse la ley, la central obrera evalúa realizar presentaciones judiciales por considerar que existen artículos inconstitucionales. La vía judicial, anticipó, sería parte de una estrategia más amplia de defensa sindical.

La conferencia contó con la presencia de referentes de las dos CTA y organizaciones sociales como la UTEP, Amas de Casa, Martín Fierro y la Corriente Clasista y Combativa, en una señal de cohesión interna frente al debate legislativo. La foto buscó transmitir unidad en un clima nacional atravesado por tensiones políticas y económicas.

Cabello también apeló a una narrativa histórica del movimiento obrero argentino. “Este país lo hicieron los trabajadores y los empresarios, ladrillo a ladrillo”, sostuvo, reivindicando el rol del trabajo en la construcción del desarrollo nacional. En esa línea, afirmó que “difícilmente van a quebrar el espíritu de sacrificio, trabajo y derecho que tienen los argentinos”.

Una disputa que excede la coyuntura

El paro en San Juan, con niveles de adhesión significativos según la conducción sindical, se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo laboral y el equilibrio entre flexibilización y protección social. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma apunta a modernizar el mercado de trabajo y fomentar el empleo, el sindicalismo advierte sobre una pérdida de derechos adquiridos.

En ese cruce de visiones, la central obrera provincial dejó claro que la discusión no se agota en una jornada de protesta. La advertencia de nuevas medidas y eventuales acciones judiciales anticipa un escenario de confrontación institucional si el proyecto avanza.

La regional San Juan de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas que se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Su titular, Eduardo Cabello, advirtió que los cambios en estudio “no alcanzan” y que, de avanzar el proyecto, acudirán a la Justicia.

La reforma laboral ingresó en una etapa de máxima tensión política y social. Mientras el oficialismo ajusta números en el Congreso y evalúa modificaciones de último momento —especialmente en el capítulo vinculado a licencias—, el movimiento obrero decidió endurecer su postura y fijar una fecha concreta para la huelga general. La medida se activará exactamente el día en que el proyecto sea debatido en el recinto.

En San Juan, la adhesión será total. Así lo confirmó Eduardo Cabello, referente de la CGT provincial, horas después de participar de la movilización del 11 de frerero que calificó como “multitudinaria”. El dirigente agradeció la participación de trabajadores, jóvenes y familias, y sostuvo que la convocatoria dejó una señal clara: “La gente empieza a darse cuenta de que no se trata solo de una discusión sindical, sino de derechos concretos que impactan en su vida cotidiana”.

Presión en el Congreso y estrategia sindical

El esquema definido por la central obrera combina presión política y preparación jurídica. No habrá movilización al Congreso, pero sí una paralización completa de actividades durante 24 horas. La decisión, adoptada por unanimidad en la conducción nacional, apunta a colocar el debate legislativo bajo el foco público y advertir sobre las consecuencias de la norma.

Cabello fue explícito en ese punto. Señaló que los diputados —en su carácter de representantes del pueblo— deberán explicar su voto si convalidan disposiciones que, según el sindicalismo, implican retrocesos en materia salarial y de protección laboral. “Tendrán que decirle a sus votantes por qué acompañaron un recorte de derechos”, resumió.

El dirigente también cuestionó las modificaciones sugeridas en las últimas horas, en particular sobre licencias por enfermedad. A su juicio, las correcciones anunciadas resultan insuficientes y no alteran el núcleo problemático del proyecto. “Si no hay cambios de fondo, la Justicia será la última instancia”, advirtió, anticipando un frente judicial en simultaneo al conflicto político.

Debate federal y advertencia a las provincias

En este escenario, distintas jurisdicciones provinciales impulsan la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo para discutir el alcance de la reforma. Para la CGT sanjuanina, cualquier debate debe preservar un principio rector: ninguna provincia puede buscar ventajas sectoriales a costa de deteriorar las condiciones laborales.

Cabello planteó que el desarrollo productivo y el crecimiento regional se sostienen en el trabajo formal y protegido. “Las provincias crecen gracias al esfuerzo de cada trabajador”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a gobernadores como a legisladores nacionales.

Clima social y señal de alerta

Más allá del trámite parlamentario, el sindicalismo observa un cambio en el humor social. Según el titular de la CGT local, el respaldo inicial a la reforma —centrado en la crítica a las estructuras sindicales— comenzó a erosionarse cuando el debate se trasladó al impacto concreto sobre salarios, horas extras y estabilidad laboral. “Cuando se tocan los números y el bolsillo, la reacción es distinta”, sostuvo.

El mensaje, sin embargo, buscó transmitir mesura estratégica. Cabello habló de actuar con cautela, inteligencia y firmeza. La consigna que sintetiza la posición de la central —“Ni un paso atrás”— no implica, según explicó, una negativa al diálogo, sino la defensa de lo que consideran conquistas históricas.

La jornada en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral marcará un momento decisivo. Para el Gobierno, será una prueba de capacidad política para sostener su iniciativa en un Congreso fragmentado. Para la CGT, un límite simbólico frente a lo que interpreta como un avance sobre derechos consolidados.

Entre el recinto y la calle —y eventualmente los tribunales— se desplegará una disputa que excede el texto de la ley. En juego no solo está la arquitectura de las relaciones laborales, sino también la legitimidad social de un proyecto que promete modernización y encuentra, en respuesta, una resistencia sindical decidida a no retroceder.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor en San Juan, Héctor Maldonado, aclaró que la seccional provincial no recibió aún directivas del Consejo Ejecutivo Nacional. La vigencia de una conciliación obligatoria en el conflicto salarial con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros agrega un factor clave a la definición.

La confirmación del paro general de 24 horas dispuesto por la Confederación General del Trabajo en rechazo a la reforma laboral abrió interrogantes en todo el país sobre el funcionamiento del transporte público. En San Juan, sin embargo, la respuesta aún no es categórica: hasta el momento no está confirmado si habrá o no paro de colectivos.

El secretario de UTA en la provincia, Héctor Maldonado, explicó que la seccional local se encuentra a la espera de una comunicación oficial del Consejo Ejecutivo Nacional del gremio. Sin ese mandato, sostuvo, no puede adoptarse una decisión autónoma.

“La UTA, más allá de lo que digan los medios nacionales, hasta esta hora no ha bajado mandato nuestro Consejo Ejecutivo Nacional. Si el Consejo comunica que adhiere a la medida, automáticamente adhiere todo el país, porque somos una unión. Pero hasta esta hora no puedo definir nada”, señaló el dirigente.

Estructura nacional y definición centralizada

La UTA funciona bajo una estructura orgánica nacional, por lo que las seccionales del interior no pueden disponer por sí mismas la paralización del servicio. En ese marco, cualquier adhesión al paro convocado por la CGT dependerá de una instrucción directa desde la conducción central.

El gremio, además, es una organización confederada y ha manifestado que suele acompañar las decisiones adoptadas por la central obrera. Sin embargo, esa adhesión formal todavía no fue comunicada a las delegaciones provinciales.

El factor conciliación obligatoria

A la incertidumbre política se suma un elemento jurídico: el pasado 11 de febrero, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantiene la UTA con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), entidad que agrupa a las empresas del interior del país.

La medida tiene una vigencia de 15 días. Si el sindicato decide acatarla estrictamente, quedaría impedido de llevar adelante acciones de fuerza durante ese período, lo que podría garantizar la prestación normal del servicio en la provincia, incluso en el marco del paro general.

Un escenario atado a Buenos Aires

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados de la Nación el oficialismo busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral y alcanzar dictamen para llevar el proyecto al recinto. La posibilidad de que la sesión se concrete en las próximas horas incrementa la probabilidad de que la huelga nacional se active de inmediato.

En San Juan, no obstante, el funcionamiento de la Red Tulum continúa bajo un esquema de expectativa. Hasta que la conducción nacional de la UTA no emita una comunicación oficial, el servicio seguirá dependiendo de definiciones que se tomen en Buenos Aires.

La clave, por ahora, no está en las calles sanjuaninas sino en la decisión que adopte la cúpula sindical en la Capital Federal.