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La Cámara alta aprobó el nuevo piso de tributación de $150.000 pesos y también la reforma en la transición entre el monotributo y el régimen general

El Senado aprobó hoy la ley que reforma el impuesto a las Ganancias y lleva el mínimo no imponible a 150 mil pesos mensuales brutos y el cambio en el régimen de monotributo, tras un extenso debate con reproches cruzados, a pesar del consenso alcanzado sobre el tema.

Con 66 votos a favor y una abstención (de Esteban Bullrich, del PRO), la Cámara alta convirtió en ley ambas iniciativas, aunque el punto central del debate fue el tema Ganancias, impulsado por el Gobierno que estima que el nuevo esquema beneficiará a cerca de 1.500.000 trabajadores y alrededor de 400 mil jubilados que actualmente tributan.

La nueva norma eleva el mínimo no imponible a 150 mil pesos brutos y, en el caso de los jubilados, comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos y ya no de los seis, al tiempo que contempla nuevas exenciones.

En este punto, deja de estar alcanzado el sueldo anual complementario de quienes ganen hasta 150 mil pesos y también salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en concepto de bono hasta un monto equivalente al 40% de la ganancia no imponible cuando la remuneración bruta no supere los 300 mil pesos mensuales.

Además, prorroga hasta el 30 de septiembre de 2021 la exención para las remuneraciones por guardias y horas extras a los profesionales, técnicos auxiliares (gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de del sistema de salud y recolectores de residuos en virtud de la emergencia sanitaria.

La ley amplía la deducción para cónyuges, al alcanzar a dos personas convivientes que compartan una relación afectiva pública, notoria y estable independientemente del género de ambas, y establece que las asignaciones mensuales y vitalicias de los ex presidentes y vicepresidentes van a estar alcanzadas por el impuesto.

El Ministerio de Trabajo estima que alrededor de 1.300.000 trabajadores dejarán de pagar este impuesto y otras 200 mil personas, cuyos ingresos estén entre los 150 mil y los 173 mil pesos, verán reducida la carga tributaria actual a través de una deducción especial.

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El Gobierno postergó hasta diciembre la privatización de Belgrano Cargas

El Gobierno nacional extendió hasta el 21 de diciembre el plazo para presentar ofertas por la concesión de Belgrano Cargas y Logística y reformuló las condiciones de participación para las empresas interesadas. La decisión, oficializada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1914/2026, desplazó más de un mes la apertura prevista para el 11 de noviembre y modificó requisitos centrales de los pliegos.

La prórroga respondió a solicitudes de potenciales oferentes, que reclamaron tiempo adicional para estudiar la documentación, inspeccionar la infraestructura ferroviaria y calcular las inversiones necesarias. Algunos plantearon la necesidad de contar con hasta 90 días más para completar esas evaluaciones. Economía justificó los cambios en la necesidad de ampliar la concurrencia y favorecer una competencia efectiva.

El procedimiento comprende la concesión de las vías y los inmuebles vinculados a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, además de la posibilidad de adquirir material rodante. El proceso había comenzado con la Resolución 1049/2025 y recibió autorización para avanzar con el llamado a licitación en agosto de 2026.

Entre las modificaciones más relevantes figura la exigencia de acreditar índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno, junto con un patrimonio neto que alcance la suma de los montos requeridos para cada línea incluida en la propuesta. El requisito patrimonial podrá integrarse con el respaldo de hasta dos socios financieros, cuyos balances también serán considerados.

En el plano técnico, los pliegos ampliaron las alternativas para acreditar experiencia: podrán computarse antecedentes de la propia firma, de sus controlantes, controladas o sociedades bajo control común. También se permitirá presentar una carta de intención o un acuerdo con una empresa contratista para ejecutar las obras obligatorias y optativas previstas en caso de adjudicación.

El nuevo calendario establece que las consultas podrán formularse hasta el 3 de diciembre a las 10. La recepción de ofertas cerrará el 21 de diciembre a las 9.59 y la apertura de la primera etapa comenzará un minuto después.

La resolución incorporó, además, precisiones sobre las propuestas económicas y la documentación exigida en la plataforma CONTRAT.AR. Cada participante podrá presentar una Oferta A o una Oferta B por línea, sin combinar ambas modalidades, salvo la alternativa asociada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También se admitirá expresar los valores máximos de peaje con hasta cinco decimales en dólares por tonelada-kilómetro bruta.

La comisión evaluadora que analizará las propuestas también tendrá una integración modificada. Con estos ajustes, el Ejecutivo busca adecuar las condiciones del concurso a las observaciones de los interesados, mientras posterga la instancia decisiva para definir quiénes competirán por la explotación de una parte sustancial de la red ferroviaria de cargas.

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La canasta de los adultos mayores superó los $2,5 millones para quienes alquilan

El costo de sostener las necesidades básicas de una pareja de adultos mayores alcanzó en septiembre los $2,55 millones mensuales cuando debe afrontar un alquiler. Para quienes tienen vivienda propia, el presupuesto requerido fue de $1.742.128. Las cifras, difundidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, muestran el peso que los gastos habitacionales y sanitarios tienen sobre los ingresos de quienes dependen de haberes previsionales.

La Canasta de Consumo para Personas Mayores registró un incremento del 1,6% respecto del mes anterior en el caso de los propietarios, mientras que para los inquilinos la suba fue del 1,1%. La diferencia entre ambos presupuestos supera los $810.000 mensuales, una brecha que refleja el impacto del costo de la vivienda sobre la economía de los hogares de mayor edad.

El desglose permite identificar los principales componentes del gasto. Los alimentos representaron $655.184 y los servicios del hogar demandaron $581.012 para una pareja propietaria. En los hogares que alquilan, ese último rubro trepó a $1.391.799. A esas erogaciones se sumaron $191.528 destinados a salud y $240.437 para bienes personales.

La magnitud de los montos adquiere mayor relevancia al compararlos con los ingresos previsionales. Según el informe, el presupuesto de una pareja propietaria equivale a casi cuatro haberes mínimos, mientras que el requerido por dos adultos mayores inquilinos se aproxima a cinco jubilaciones mínimas, tomando como referencia los valores previsionales considerados en el relevamiento.

La presión también se refleja en el costo de los medicamentos. El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró un aumento promedio del 1,4% durante septiembre. Los productos destinados a tratar enfermedades cardiovasculares y la hipertensión encabezaron las subas, con un incremento del 2,3%. Les siguieron los antibióticos y antisépticos, con el 2%, y los psicofármacos, con el 1,5%.

El informe vuelve a poner de relieve la distancia entre los gastos indispensables y la capacidad de compra de los adultos mayores. La vivienda, la alimentación, los servicios y los tratamientos médicos concentran buena parte del presupuesto mensual y dejan un margen reducido para afrontar otros consumos. Para los hogares que dependen exclusivamente de ingresos previsionales, la evolución de estos rubros constituye un factor decisivo en sus condiciones de vida.

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La Lista 10 ganó en todo el país y Baradel asumirá la conducción de la CTA-T

Con más del 90% de las mesas escrutadas, la Lista 10 – MÁS CTA obtuvo más del 95% de los votos y se impuso en todas las provincias y regionales. Daniel Catalano y Edgardo Llano serán los secretarios generales adjuntos, mientras Hugo Yasky continuará en la conducción nacional.

Roberto Baradel será el próximo secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), luego de que la Lista 10 – MÁS CTA se impusiera en todo el país con más del 95% de los votos, según los resultados difundidos con más del 90% de las mesas escrutadas.

El dirigente de SUTEBA encabezará la nueva conducción junto a Daniel «Tano» Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), quienes ocuparán las secretarías generales adjuntas. Hugo Yasky, hasta ahora titular de la central y diputado nacional, seguirá integrado a la dirección nacional al frente de la Secretaría de Acción Política.

La elección se desarrolló en todo el territorio nacional con más de 2.600 mesas habilitadas. La organización informó que la jornada transcurrió con normalidad y resaltó el despliegue de militantes, fiscales y equipos encargados de la logística y el escrutinio.

Tras conocerse la tendencia favorable, Baradel calificó su designación como «un gran orgullo y un desafío muy grande». También ponderó la posibilidad de suceder a Yasky mediante el voto directo de los trabajadores y planteó que el respaldo obtenido deberá traducirse en mayor organización, capacidad de movilización y unidad sindical.

El futuro secretario general anticipó que la central buscará fortalecer la articulación de la clase trabajadora y avanzar en la construcción de una propuesta política alternativa al Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, formuló duras críticas a la administración nacional, a la que cuestionó por sus políticas económicas y laborales.

El resultado consolida la continuidad de la corriente que condujo la CTA-T durante los últimos años, aunque introduce un recambio en su principal representación institucional. La permanencia de Yasky en la Secretaría de Acción Política, junto con la incorporación de Baradel, Catalano y Llano a los principales cargos ejecutivos, configura una conducción que combina continuidad dirigencial y renovación de responsabilidades.

Con presencia en todas las provincias y una estructura electoral extendida, la central inicia una nueva etapa con el desafío de traducir el respaldo de las urnas en cohesión interna y capacidad de intervención en el debate nacional sobre salarios, empleo y derechos laborales.

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