La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió que cerca del 70% de la red vial presenta un estado entre regular y malo como consecuencia de la paralización de la obra pública. El gremio también cuestionó el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional y denunció que favorece a empresas privadas con financiamiento estatal y escasas obligaciones de inversión.

El deterioro de las rutas nacionales volvió a encender las alarmas. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el desfinanciamiento del organismo y la suspensión de las tareas de conservación están acelerando el desgaste de la infraestructura vial, con consecuencias directas sobre la seguridad de millones de usuarios.

El secretario Gremial y de Prensa de la organización, Fabián Catanzaro, aseguró que el organismo atraviesa el momento más crítico desde su creación hace casi 94 años. Según precisó, alrededor del 70% de la red vial nacional se encuentra en condiciones entre regulares y malas, una realidad que atribuyó a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública, incluyendo las intervenciones de mantenimiento que establece la legislación vigente.

El dirigente explicó que la falta de conservación tiene un impacto acumulativo sobre los pavimentos. De acuerdo con estimaciones técnicas de Vialidad Nacional, cada año sin mantenimiento reduce entre tres y cinco años la vida útil de una ruta, lo que acelera el deterioro y multiplica el costo de futuras reparaciones.

La organización también vinculó ese proceso con el incremento de la siniestralidad vial. Catanzaro indicó que relevamientos internos muestran un aumento cercano al 20% en los siniestros registrados desde el año pasado y afirmó que las víctimas fatales continúan en niveles preocupantes, con alrededor de 7.000 fallecidos anuales en las rutas nacionales. A su juicio, el estado de la infraestructura condiciona muchas de las maniobras que luego son atribuidas exclusivamente al error humano.

Denuncian un «apagón estadístico»

FEPEVINA cuestionó además la reducción de la información pública vinculada a la seguridad vial. Según el gremio, el proceso de ajuste que atraviesa la Agencia Nacional de Seguridad Vial también repercutió sobre la producción de estadísticas oficiales.

Catanzaro sostuvo que actualmente existe un «apagón estadístico» respecto de los siniestros y las muertes en las rutas nacionales debido al desmantelamiento de áreas técnicas encargadas de elaborar esos registros. En ese sentido, advirtió que la ausencia de datos dificulta dimensionar con precisión la evolución del problema y limita la elaboración de políticas preventivas.

Críticas al nuevo esquema de concesiones

Otro de los cuestionamientos apuntó al proceso de privatización de corredores viales impulsado por el Ejecutivo. Desde FEPEVINA señalaron que el nuevo modelo ampliará significativamente la extensión de rutas concesionadas, que pasaría de 6.500 a 9.500 kilómetros, al tiempo que se multiplicará la cantidad de estaciones de peaje, con una cabina aproximadamente cada 80 kilómetros.

El sindicato advirtió que las licitaciones se desarrollarán bajo las modificaciones incorporadas por la Ley Bases al régimen de concesiones y cuestionó el rol del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuya Carta Orgánica fue modificada para financiar estos proyectos.

Según Catanzaro, las empresas adjudicatarias accederán a créditos con tasas preferenciales, períodos de gracia y la posibilidad de percibir ingresos por peajes desde el inicio de la concesión, sin ejecutar inicialmente obras de gran magnitud. Para la organización, ese esquema reproduce experiencias similares aplicadas durante la década de 1990, donde —afirman— predominó la rentabilidad de las concesionarias por encima de la inversión en infraestructura.

El impacto en San Juan

La advertencia también alcanza a provincias como San Juan, donde las rutas nacionales constituyen corredores estratégicos para la minería, la producción agrícola, el turismo y el transporte de cargas. El deterioro de estas vías no sólo incrementa los riesgos para quienes las transitan diariamente, sino que también eleva los costos logísticos y afecta la competitividad de las economías regionales.

El pronunciamiento de FEPEVINA vuelve a colocar en el centro del debate el estado de la infraestructura vial argentina y el rumbo de la política de obra pública. Mientras el Gobierno avanza con un esquema de mayor participación privada en la administración de los corredores nacionales, el gremio insiste en que la falta de mantenimiento, la reducción presupuestaria y la disminución de los controles conforman una combinación que compromete tanto la conservación del patrimonio vial como la seguridad de quienes circulan por las rutas del país.

Los registros oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social muestran que el Sistema Integrado Previsional Argentino perdió 38.532 aportantes en el último año y más de 304.000 desde 2023. El crecimiento de la informalidad y del trabajo independiente reduce los ingresos del régimen jubilatorio mientras aumenta la cantidad de beneficiarios.

El deterioro del empleo registrado continúa profundizándose y comienza a reflejarse con fuerza en el financiamiento del sistema jubilatorio. De acuerdo con el último informe de la Subsecretaría de Seguridad Social, elaborado sobre la base de datos de ANSES y ARCA (ex AFIP), en mayo de 2026 se contabilizaron 12.442.017 aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que representa una disminución de 38.532 trabajadores respecto del mismo mes del año pasado.

La comparación de más largo plazo resulta todavía más preocupante. En apenas tres años, la base de aportantes se redujo en 304.417 personas, una caída asociada al retroceso del empleo asalariado, el cierre de empresas y la reducción de plantillas tanto en la administración pública como en el ámbito privado.

Los datos oficiales también reflejan un crecimiento sostenido de la precarización laboral. Sobre una población ocupada cercana a los 22 millones de personas, alrededor de 9,5 millones desarrollan tareas sin realizar aportes al sistema previsional. Entre ellos, más de 5,6 millones de asalariados privados trabajan sin registración, elevando la tasa de informalidad al 43,6%, según las mediciones del INDEC incorporadas al informe.

La ausencia de registración no sólo implica menores ingresos para el SIPA. Ese universo de trabajadores carece de cobertura jubilatoria futura, obra social y protección frente a accidentes laborales mediante las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), ampliando las brechas de protección social.

Mientras disminuye la cantidad de quienes financian el régimen previsional, el número de prestaciones mantiene una tendencia ascendente. En mayo de este año, el SIPA abonó 6,8 millones de jubilaciones y pensiones, con 73.727 beneficios más que un año antes, equivalente a un incremento interanual del 1,1%.

La composición del universo de jubilados también expone la transformación del sistema. El 46,4% de las prestaciones corresponde a beneficios obtenidos mediante moratorias previsionales, el 44,3% a jubilaciones ordinarias por cumplimiento de los años de aportes y el 9,3% restante responde a otros regímenes especiales. Aunque las jubilaciones ordinarias crecieron en 58.863 casos durante el último año por el cumplimiento de la edad y los requisitos legales, la relación entre aportantes activos y beneficiarios continúa deteriorándose.

Otro elemento que agrava el cuadro es la expansión del trabajo independiente. Los aportes efectuados por monotributistas y otras modalidades autónomas resultan considerablemente inferiores a las contribuciones generadas por un empleo asalariado formal, lo que reduce la capacidad de financiamiento genuino del sistema y obliga al Estado nacional a cubrir una porción cada vez mayor del déficit previsional mediante recursos del Tesoro.

Las proyecciones tampoco ofrecen señales alentadoras. Los anuncios de nuevas reducciones de personal en organismos públicos, sumados a las dificultades que atraviesan numerosas empresas privadas, anticipan una mayor presión sobre el mercado laboral registrado y sobre las cuentas del régimen jubilatorio.

La evolución de los indicadores confirma una transformación profunda del mercado de trabajo argentino. La disminución del empleo formal, el crecimiento de la informalidad y el aumento sostenido de las prestaciones previsionales configuran un desafío de creciente magnitud para la sostenibilidad financiera del SIPA, en un momento en que el equilibrio entre aportantes y beneficiarios aparece cada vez más comprometido.

El Gobierno nacional reglamentó un nuevo criterio para calcular las indemnizaciones por despido sin causa. Desde ahora solo se computarán el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y mensuales, mientras que quedarán excluidos conceptos como bonos, premios, horas extras, aguinaldo y otros adicionales. Especialistas anticipan un fuerte debate judicial por el alcance de la medida.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva modificación de la reforma laboral al redefinir la base salarial utilizada para calcular las indemnizaciones por despido sin causa. La reglamentación introduce un criterio más restrictivo sobre los conceptos que podrán integrar la compensación por antigüedad, una decisión que reducirá el monto que percibirán numerosos asalariados y que ya genera cuestionamientos entre abogados laboralistas y organizaciones sindicales.

La indemnización continuará equivaliendo, en términos generales, a un salario por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, aunque cambia de manera sustancial la forma de determinar cuál es la remuneración que servirá como referencia para ese cálculo.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, únicamente se considerarán el salario básico previsto en el convenio colectivo y las sumas remunerativas de percepción normal, habitual y mensual. En consecuencia, dejarán de formar parte de la base indemnizatoria los premios, bonos, horas extras, sueldo anual complementario (SAC), participación en las ganancias, plus vacacional, conceptos no remunerativos, pagos extraordinarios y cualquier otro ingreso que no reúna esas características.

La reglamentación incorpora además una cláusula de alcance amplio al establecer que también permanecerán excluidos todos aquellos conceptos que, cualquiera sea su denominación u origen jurídico, no se liquiden con carácter regular y permanente.

El impacto económico variará según la composición del salario de cada trabajador. Quienes perciban exclusivamente una remuneración fija mensual difícilmente observen diferencias relevantes. En cambio, aquellos cuyos ingresos dependan en buena medida de adicionales variables podrían recibir compensaciones considerablemente inferiores en caso de un despido sin causa.

Diversos especialistas en derecho del trabajo advirtieron que numerosas actividades incorporan de manera habitual bonos por productividad, premios, horas suplementarias o incentivos convencionales que representan una porción significativa del ingreso mensual. Al quedar excluidos del cálculo, la indemnización final podría disminuir de manera apreciable.

Desde la administración nacional sostienen que la modificación procura otorgar mayor previsibilidad a los empleadores, unificar criterios interpretativos y reducir la litigiosidad derivada de los reclamos indemnizatorios. Según la visión oficial, una definición más precisa de la base salarial contribuirá a disminuir los conflictos judiciales y favorecerá la contratación de personal al reducir la incertidumbre sobre los costos derivados de una eventual desvinculación.

La respuesta del movimiento obrero y de los laboralistas fue inmediata. Consideran que la reglamentación restringe el alcance de un derecho históricamente reconocido por la legislación argentina y disminuye el resarcimiento económico de quienes pierdan su fuente laboral. A su entender, la modificación se suma al conjunto de reformas promovidas por la Casa Rosada con el propósito de flexibilizar las relaciones laborales y reducir los costos asociados al empleo formal.

El alcance definitivo de la medida probablemente quede sujeto al análisis de los tribunales. Uno de los principales puntos de discusión será determinar qué conceptos reúnen efectivamente las condiciones de normalidad, habitualidad y periodicidad mensual, una cuestión que podría variar de acuerdo con cada convenio colectivo y con las particularidades de cada actividad.

Ese margen interpretativo anticipa una nueva etapa de controversias judiciales. Mientras el Ejecutivo presenta la reglamentación como una herramienta para aportar previsibilidad al sistema laboral, sindicatos y especialistas sostienen que su aplicación reducirá el costo de los despidos y reabrirá uno de los debates más sensibles del derecho del trabajo argentino: el alcance de la protección económica frente a la pérdida del empleo.