El empleo registrado en la construcción cayó 1,1% en solo un mes y quedó en 352.511 trabajadores, según el IERIC. Son casi 4.000 puestos menos que un mes antes y un 11,5% por debajo del promedio histórico para ese período.

La ocupación formal en la industria de la construcción volvió a retroceder en julio. Según el último informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el mes cerró con 352.511 trabajadores registrados, 1,1% menos que en junio.

La variación representa la pérdida de casi 4.000 puestos de trabajo en apenas 30 días y profundiza la distancia respecto de los niveles habituales para esta época del año. El volumen de ocupación quedó 11,5% por debajo del promedio histórico de julio, calculado por el IERIC a partir de los registros correspondientes al período 2011-2025.

La referencia histórica para ese mes alcanza los 398.380 trabajadores formales, de modo que la cantidad actual se encuentra a más de 45.000 puestos de ese nivel medio. El indicador refleja una contracción que excede las fluctuaciones propias de un mes y mantiene al empleo de la construcción por debajo de sus registros habituales.

El retroceso se produce sobre una base laboral que ya había sufrido una fuerte reducción durante los últimos períodos. La evolución del empleo formal constituye uno de los principales indicadores para medir el ritmo de las obras privadas y públicas, dado que la construcción tiene una elevada sensibilidad frente a la inversión y al nivel de actividad económica.

Aun con los números negativos de julio, el IERIC identificó señales tempranas de una posible recuperación en los meses siguientes. Los indicadores preliminares relevados por el instituto anticipan una leve mejora de la ocupación, aunque todavía no permiten establecer si se trata del inicio de una recuperación sostenida.

La oposición pidió formalmente una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14, con un temario que vuelve a colocar en el centro del debate el DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de los hogares. El pedido reúne 32 firmas de ocho bloques y deberá superar ahora el primer obstáculo: alcanzar los 129 presentes necesarios para abrir el recinto.

La convocatoria fue suscripta por legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia. Entre los firmantes figuran Germán Martínez, Cecilia Moreau, Martín Lousteau, Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

El punto de mayor impacto político es el DNU 70/23, cuyo artículo 154 derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La oposición pretende que Diputados rechace el decreto y, de ese modo, avanzar hacia la restitución del régimen que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El tratamiento parlamentario tiene una particularidad: el Senado ya rechazó el DNU 70/23. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de ambas cámaras implica la derogación del decreto. Por lo tanto, si Diputados consigue el quórum y también vota en contra, el Congreso completaría el procedimiento legislativo previsto para dejarlo sin efecto.

La ofensiva legislativa se produjo después del reciente fallo de la Corte Suprema, que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154. El máximo tribunal centró su decisión en la falta de legitimación del CECIM para promover aquella demanda y no emitió un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo. El efecto práctico fue mantener vigente la derogación de la Ley de Tierras.

La norma de 2011 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% del territorio nacional para la titularidad extranjera de tierras rurales, con topes equivalentes en provincias y municipios. También fijaba límites individuales y prohibiciones específicas para determinadas zonas de frontera y áreas vinculadas con grandes cuerpos de agua.

En simultaneo, el Senado recibió un proyecto de José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino para derogar el artículo 154 y restablecer la legislación sobre tierras rurales. Esa iniciativa deberá seguir su propio recorrido parlamentario.

El segundo punto de la sesión será el proyecto sobre endeudamiento familiar, incorporado al temario como Orden del Día 433. La iniciativa reúne propuestas destinadas a establecer herramientas frente al sobreendeudamiento de los hogares y ya cuenta con dictamen de comisión.

El tercer asunto será la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, contemplada en el Orden del Día 350. También se trata de un proyecto que cuenta con dictamen y que los bloques opositores buscan llevar al recinto en la misma jornada.

La fecha elegida coincidirá además con la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, lo que podría concentrar frente al Congreso una movilización vinculada con el financiamiento de las universidades mientras en el recinto se discuten los tres proyectos.

La convocatoria todavía no garantiza la sesión. El primer desafío será reunir los 129 diputados requeridos para el quórum; después, cada iniciativa deberá alcanzar las mayorías correspondientes. En el caso del DNU, el dato determinante será la votación de Diputados: con el rechazo ya expresado por el Senado, una decisión negativa de la Cámara baja completaría el trámite previsto por la legislación vigente.

El Gobierno provincial abonará tres cuotas de $800.000 los días 9 de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre. El beneficio se suma a los salarios habituales y al medio aguinaldo, que será pagado el 22 de diciembre. También habrá refuerzos para beneficiarios de tarjetas sociales y planes de emergencia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Elías Suárez y surgió de la mesa de diálogo que la administración provincial mantiene con las organizaciones sindicales. El esquema fue acordado con representantes de la CGT y UPCN, contemplando un refuerzo adicional a los haberes ordinarios.

La provincia aclaró que el bono no reemplazará ningún componente salarial ni el medio aguinaldo. Los sueldos continuarán abonándose de manera habitual y el Sueldo Anual Complementario será depositado el martes 22 de diciembre, sin descuentos, según informó el Ejecutivo santiagueño.

El cronograma implica que un empleado público que reúna las condiciones establecidas percibirá $1,6 millones adicionales entre octubre y noviembre, mientras que completará los $2,4 millones con la tercera cuota de diciembre, antes del pago del aguinaldo.

La asistencia también alcanzará a beneficiarios de distintos programas. Quienes reciben tarjetas sociales percibirán un bono total de $300.000, distribuido en tres cuotas de $100.000. Para los beneficiarios de tarjetas destinadas a personas celíacas, el adicional será de $165.000, en tres pagos de $55.000.

A su vez, las personas incorporadas a planes sociales de emergencia recibirán un complemento de $330.000, dividido en tres cuotas de $110.000. De esta manera, el esquema diseñado por la provincia extiende el beneficio más allá de la administración pública.

Desde las organizaciones sindicales respaldaron el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. José Gómez, referente de la CGT santiagueña, valoró el funcionamiento de la mesa de diálogo y señaló el cumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia. En la misma línea, Gerardo Montenegro, titular de UPCN, consideró que el bono representa un alivio adicional para las familias de los trabajadores.

La medida de Santiago del Estero refleja un debate clave en las provincias: cómo proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos ante la inflación sin comprometer permanentemente los presupuestos salariales.