Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales anunciaron que sostendrán las movilizaciones hasta que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El pronunciamiento llegó después de la quinta Marcha Federal que, según la estimación de la Federación de Docentes (FEDUN), reunió a más de un millón de personas en distintos puntos del país.

La organización que conduce Daniel Ricci reivindicó la masividad de la convocatoria y sostuvo que la movilización expresó el respaldo social a la educación pública, en medio de los reclamos por la recomposición salarial y los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

“Haremos todas las marchas y acciones que sean necesarias hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento y se garantice el futuro de nuestras universidades”, advirtió la FEDUN. La federación también consideró que la convocatoria trascendió las reivindicaciones gremiales y reunió a estudiantes, trabajadores, graduados y ciudadanos en defensa de la universidad pública.

En la misma línea se pronunció la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), encabezada por Walter Merkis, que ratificó la continuidad de las protestas si persiste el incumplimiento de la norma. La entidad destacó la participación de los sindicatos de base y la convergencia de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias.

“La lucha es federal. La Universidad Pública también. Y mientras la ley siga sin cumplirse, vamos a seguir con las marchas”, sostuvo la FATUN, que vinculó el reclamo con la defensa de los salarios, la educación, la soberanía y la democracia.

La crisis de las pequeñas y medianas empresas suma nuevas señales de deterioro: Apyme estima que más de 30.000 pymes cerraron desde la asunción de Javier Milei, un promedio de 33 por día, y advierte que la cantidad de empresas con problemas de pago aumentó un 53% interanual hasta septiembre. Frente a este panorama, la entidad puso en marcha una campaña nacional para visibilizar las dificultades que atraviesan comercios y unidades productivas.

La iniciativa contempla la colocación de carteles en las fachadas de establecimientos de distintas localidades, con la consigna “Este comercio / Pyme no soporta el modelo económico”. La organización busca instalar el reclamo en el debate público y advertir sobre el impacto que atribuye a las políticas económicas nacionales.

Uno de los principales indicadores de alarma es la evolución de las ventas minoristas. Según los datos difundidos por la entidad, las ventas de las pymes comerciales retrocedieron cerca de un 13% entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Apyme relaciona esa caída con la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares, la contracción del empleo y las dificultades para acceder a financiamiento.

A esa merma se suman los costos de los servicios y los alquileres, junto con el aumento de los precios mayoristas, que alcanzó el 3,3% en septiembre, de acuerdo con las cifras citadas por la organización. También cuestionó el ingreso de bienes de consumo importados por sus posibles efectos sobre la producción nacional y la comercialización de productos locales.

La presión financiera se refleja, además, en los instrumentos de pago y las obligaciones tributarias. Apyme alertó sobre el aumento de los cheques rechazados y señaló que la cantidad de empresas morosas creció un 53% interanual hasta septiembre.

En este sentido, entre enero y agosto se registraron 135.744 embargos de ARCA sobre personas jurídicas, un 52% más que en el mismo período de 2025, según los datos difundidos. De ese total, 113.116 correspondieron a microempresas, más del 80%.

La campaña continuará en distintos puntos del país y se extenderá a otros rubros. Con esta iniciativa, Apyme procura convertir las dificultades financieras y comerciales de las pequeñas empresas en un reclamo público por condiciones que permitan sostener los negocios, preservar puestos de trabajo y mantener la producción.

El Gobierno nacional postergó hasta el 1 de diciembre la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y duplicó el período mínimo de carencia, que pasó de seis a doce meses. La modificación quedó formalizada mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El régimen debía comenzar a funcionar el 1 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, el aplazamiento responde a la necesidad de completar adecuaciones operativas, administrativas y tecnológicas para su implementación integral.

La extensión de la carencia implica que los fondos deberán acumular recursos durante doce períodos completos y consecutivos de devengamiento y pago antes de quedar habilitados para atender las obligaciones previstas. El cómputo comenzará en el mes calendario en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre la integración efectiva de la primera contribución del empleador.

Más tiempo para reunir recursos

Los FAL fueron creados por la Ley de Modernización Laboral 27.802 como instrumentos destinados a cubrir determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de los contratos de trabajo. El Poder Ejecutivo sostuvo que el plazo original de seis meses resultaba insuficiente para constituir un patrimonio inicial adecuado.

La prórroga busca, de acuerdo con los argumentos oficiales, ampliar el tiempo disponible para acumular fondos antes de que puedan utilizarse. La medida modifica los plazos de implementación y de carencia, pero no elimina las obligaciones laborales que el régimen procura financiar.

La postergación había sido solicitada por entidades vinculadas con fondos comunes de inversión, fideicomisos e inversión directa, además de agentes de Bolsa, mediante presentaciones canalizadas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cómo se instrumentará el régimen

Los recursos deberán administrarse mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros sujetos al control de la CNV. El esquema está dirigido a empleadores privados, con las exclusiones establecidas en la ley, y no alcanza a las relaciones laborales del sector público.

El decreto fue firmado el lunes y entró en vigor con su publicación. Con el nuevo calendario, el Gobierno dispone de un mes adicional para completar los mecanismos necesarios, mientras que la carencia de doce períodos establece un requisito más prolongado para la acumulación inicial de recursos.

La implementación de los FAL constituye una de las herramientas previstas en la reforma laboral para organizar la cobertura de determinadas obligaciones ante la finalización de vínculos de trabajo. La viabilidad del sistema estará sujeta a la optimización de los mecanismos financieros y a la liquidez previa de los fondos para cumplir con las obligaciones del régimen.