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La Cámara alta aprobó el nuevo piso de tributación de $150.000 pesos y también la reforma en la transición entre el monotributo y el régimen general

El Senado aprobó hoy la ley que reforma el impuesto a las Ganancias y lleva el mínimo no imponible a 150 mil pesos mensuales brutos y el cambio en el régimen de monotributo, tras un extenso debate con reproches cruzados, a pesar del consenso alcanzado sobre el tema.

Con 66 votos a favor y una abstención (de Esteban Bullrich, del PRO), la Cámara alta convirtió en ley ambas iniciativas, aunque el punto central del debate fue el tema Ganancias, impulsado por el Gobierno que estima que el nuevo esquema beneficiará a cerca de 1.500.000 trabajadores y alrededor de 400 mil jubilados que actualmente tributan.

La nueva norma eleva el mínimo no imponible a 150 mil pesos brutos y, en el caso de los jubilados, comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos y ya no de los seis, al tiempo que contempla nuevas exenciones.

En este punto, deja de estar alcanzado el sueldo anual complementario de quienes ganen hasta 150 mil pesos y también salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en concepto de bono hasta un monto equivalente al 40% de la ganancia no imponible cuando la remuneración bruta no supere los 300 mil pesos mensuales.

Además, prorroga hasta el 30 de septiembre de 2021 la exención para las remuneraciones por guardias y horas extras a los profesionales, técnicos auxiliares (gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de del sistema de salud y recolectores de residuos en virtud de la emergencia sanitaria.

La ley amplía la deducción para cónyuges, al alcanzar a dos personas convivientes que compartan una relación afectiva pública, notoria y estable independientemente del género de ambas, y establece que las asignaciones mensuales y vitalicias de los ex presidentes y vicepresidentes van a estar alcanzadas por el impuesto.

El Ministerio de Trabajo estima que alrededor de 1.300.000 trabajadores dejarán de pagar este impuesto y otras 200 mil personas, cuyos ingresos estén entre los 150 mil y los 173 mil pesos, verán reducida la carga tributaria actual a través de una deducción especial.

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La CTA tendrá nueva conducción provincial tras una elección cuestionada

Patricia Quiroga obtuvo una victoria contundente en las elecciones de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) en San Juan. La secretaria general de UDAP, al frente de la Lista 10, reunió cerca del 90% de los votos y quedó encaminada a conducir la central provincial durante el período 2026-2030. El resultado, sin embargo, no cerró la disputa: la oposición anunció que impugnará el proceso y recurrirá a la Justicia si no prospera su reclamo.

La lista vencedora llevará a Sergio Calderón como secretario adjunto. Así, Quiroga tomará las riendas del gremio/organización en lugar del propio Calderón, concretando un recambio de autoridades condicionado por las impugnaciones de la Lista 26 de Julio, liderada por Carla Costabile.

Los reparos opositoras apuntaron principalmente a la imparcialidad de la Junta Electoral, debido al vínculo familiar que, según denunciaron, existe entre su presidenta y la candidata ganadora. También señalaron presuntas modificaciones en los padrones y los lugares de votación, afiliados que no figuraban en los registros y restricciones para que sus fiscales pudieran controlar las mesas.

Costabile anticipó que su agrupación presentará un pedido de impugnación y nulidad ante las autoridades electorales. El espacio sostiene que cuenta con elementos para respaldar sus objeciones, incluidas constancias notariales, y advirtió que continuará la disputa en los tribunales si no obtiene una respuesta favorable en la instancia sindical.

La elección provincial se inscribió en una renovación de autoridades que también tuvo un resultado contundente en el plano nacional. La Lista 10, identificada como MÁS CTA, se impuso en las distintas jurisdicciones del país y, con más del 90% de las mesas escrutadas, superaba el 95% de los votos.

Roberto Baradel, titular de SUTEBA, encabezará la nueva conducción nacional, acompañado por Daniel Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de APA, como secretarios generales adjuntos. Hugo Yasky, quien condujo la central hasta ahora, continuará en la estructura directiva al frente de la Secretaría de Acción Política.

Tras conocerse el resultado, Baradel calificó su elección como un orgullo y un desafío, y planteó que la nueva etapa deberá fortalecer la organización, la unidad y la capacidad de movilización de los trabajadores. También anticipó una orientación opositora frente al Gobierno nacional.

En San Juan, la amplia diferencia obtenida por Quiroga le otorga un respaldo electoral significativo, aunque la impugnación anunciada introduce una instancia pendiente para la proclamación definitiva. La Junta Electoral deberá resolver los cuestionamientos y determinar si las denuncias tienen entidad suficiente para afectar la validez de los comicios.

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Los trabajadores universitarios vuelven a la huelga por la recomposición salarial

Los trabajadores no docentes de las universidades nacionales comenzaron este martes una secuencia de tres paros de 24 horas para exigir una mejora de sus ingresos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta también comprende el reclamo de fondos suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y sus tareas de investigación.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que fijó otras dos jornadas de huelga para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. La organización sindical anticipó que mantendrá las acciones gremiales hasta obtener respuestas del Poder Ejecutivo.

«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresó la federación al ratificar la continuidad de las medidas.

La medida de fuerza coincide con la disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795. En octubre, un juez declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la implementación de la norma a determinadas condiciones y ordenó al Gobierno nacional cumplir con sus disposiciones. El Ejecutivo apeló el fallo, por lo que la discusión permanece abierta en los tribunales.

La legislación establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de disposiciones destinadas a reforzar el financiamiento de las universidades, entre ellas las partidas para becas estudiantiles.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la aplicación requiere determinar las fuentes de financiamiento y establecer las asignaciones presupuestarias correspondientes. Esa posición mantiene abierto el desacuerdo con las organizaciones universitarias, que reclaman que la norma se traduzca en medidas concretas.

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La reforma laboral no frena la caída del empleo formal y la informalidad alcanza al 45%

La reforma laboral aprobada por el Congreso en marzo de 2026 todavía no muestra en los indicadores de empleo los resultados que el Gobierno esperaba. A ocho meses de su sanción, los puestos registrados retrocedieron un 0,9%, la informalidad llegó al 45% de la población ocupada y el empleo privado acumuló más de un año de contracción. Incluso Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de los cambios, reconoció que la respuesta empresaria no estuvo a la altura de las expectativas oficiales.

Los datos del INDEC reflejan un deterioro en la calidad de la inserción laboral. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la informalidad aumentó 1,8 puntos porcentuales, al pasar del 43,2% al 45%. Esto significa que casi la mitad de las personas ocupadas trabaja sin las garantías propias de un empleo registrado.

La evolución de las incorporaciones tampoco exhibe una recuperación sostenida. Según la Secretaría de Trabajo, en junio representaron apenas el 1,6% del total de trabajadores ocupados, el registro más bajo de la serie. En agosto subieron al 1,8%, aunque permanecieron por debajo del 2% observado en febrero, antes de la aprobación de la ley.

Catorce meses de retroceso en el empleo privado

La contracción también aparece en los relevamientos sobre trabajo asalariado formal. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) contabilizó una pérdida de 12.700 puestos en el último período analizado, equivalente a una baja del 0,2%. El total quedó en torno de los 6,1 millones de trabajadores y completó 14 meses consecutivos de retroceso.

Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada ronda los 266.000 empleos privados, un descenso del 4,2%. El estudio ubica la cantidad de trabajadores en niveles comparables con los de mayo de 2014.

La brecha entre producción y empleo agrega otro dato relevante: mientras la economía acumuló un crecimiento neto del 2,2% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el trabajo asalariado privado se redujo más de un 4% durante ese mismo período.

A ese cuadro se suma el aumento de la desocupación. En el segundo trimestre de 2026, la tasa alcanzó el 7,9%, frente al 7,6% registrado un año antes, de acuerdo con el INDEC. También superó el nivel del trimestre previo y se convirtió en el registro más alto desde el inicio de la actual gestión presidencial.

Sturzenegger apuntó contra los empresarios

La evaluación oficial introdujo un reconocimiento poco habitual sobre los resultados de la reforma. Sturzenegger manifestó que no está conforme con la respuesta de los empleadores frente a los cambios normativos y cuestionó, además, la continuidad de determinadas prácticas en las negociaciones colectivas.

El ministro expresó su malestar con el funcionamiento de la ultraactividad, principio por el cual las cláusulas de un convenio colectivo mantienen su vigencia una vez vencido el acuerdo, hasta que sean sustituidas por otro. Según sostuvo, los convenios que se firman tienden a repetir fórmulas anteriores porque las partes evitan confrontar y esperan que el Estado resuelva las diferencias.

El funcionario también atribuyó parte de las transformaciones del mercado laboral a los cambios de hábitos posteriores a la pandemia y señaló que una porción de los trabajadores opta por modalidades de contratación más flexibles.

Sin embargo, los indicadores sobre remuneraciones tampoco muestran una recomposición generalizada. El salario mínimo perdió un 40,8% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y no registró una recuperación real en septiembre. En el empleo privado registrado, la remuneración promedio cayó un 0,4% en julio, aunque habría mejorado un 1,3% en términos reales durante agosto.

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