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Modifican el proyecto original y reformularán las escalas, aumentando la progresividad del tributo

 El Gobierno nacional decidió reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento. La nueva propuesta prevé que la tasa del 25% será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5.000.000 de pesos anuales, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros, Santiago Cafiero, que conto con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco,

En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se enviará al Congreso el proyecto de Ganancias de Sociedades con» enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo». Agregó que “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal».

El Palacio de Hacienda subrayó que, «a partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual».

La tasa del 25% comprenderá a las empresas con una ganancia de hasta 5 millones de pesos anuales. En tanto, la alícuota del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales. Por su parte, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%.

También participaron de la reunión del gabinete económico los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la senadora Anabel Fernández Sagasti, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y los secretarios de Energía Darío Martínez, y de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

El Ministerio de Economía precisó que «se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos».

La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión, dijeron fuentes gubernamentales y legislativas.

El 11 de marzo pasado, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que establecía inicialmente que las compañías debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota.

Ahora, con la actualización que el Palacio de Hacienda enviará al Congreso mañana, se estableció que el 90 por ciento del total de las empresas que tributan este impuestos -en su mayoría pequeñas y medianas- abonarán la tasa más baja, del 25%.

El Gobierno fijó en 2020 una tasa del 30 por ciento, luego de que a fines del 2019 el gobierno de Mauricio Macri dispusiera la suspensión de la ley aprobada en 2017, que disminuía la tasa que debían pagar las Sociedades de Capitales.

De este modo y cuando se apruebe la reforma de Ganancias Sociedades, el porcentaje será más bajo para la mayoría de las empresas, ya que se ubicará en torno al 25 por ciento. De esta manera se modifica el proyecto original enviado en marzo y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto.

El proyecto que había girado el PEN establecía una alícuota del 25 por ciento para las sociedades con una ganancia de 1,3 millones de pesos anuales, cifra que ahora fue elevada a 5 millones de pesos.

En el caso de los que tienen que pagar una tasa del 30 por ciento, el proyecto original determinaba un nivel de ganancias anual de $2,6 millones, cifra que ahora pasó a estar comprendida dentro de un rango de entre 5 millones y 20 millones de pesos anuales.

En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2,6 millones pesos pagarán una alícuota de 35 por ciento, porcentaje que el nuevo proyecto ubicó por encima de los 20 millones de pesos anual.

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Nacionales

Trabajadores de ANSES acuerdan una nueva suba salarial

El Sindicato de los Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acordaron nuevos incrementos salariales luego de las audiencias paritarias de revisión.

Las organizaciones sindicales informaron que se resolvió una suba del 19% que se aplicará en dos tramos: uno de ellos será del 10% y entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre, y será aplicable sobre las retribuciones al 31 de octubre de 2023; el otro será del 9% a partir del 1 de diciembre sobre las retribuciones vigentes al 30 de noviembre.

Además, las partes resolvieron establecer una suma fija no remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, de $70.000 a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2023, para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo 305/98.

Sin embargo, en la negociación establecida en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se definió que solo podrán acceder a este beneficio de $70.000 que se otorgará por única vez, quienes hayan percibido hasta el pasado 30 de septiembre menos de 5,5 salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

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Gremios

 Uocra denunció 500 despidos en Vaca Muerta 

La incertidumbre se apoderó de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país. Tras las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien anunció el fin de la obra pública con financiamiento estatal y la privatización de YPF, la semana pasada se conocieron los primeros 500 despidos, según informó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

“A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.

Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.

La Uocra busca reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.

“Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino”, remarcó.

Levi también señaló que en la Patagonia, “la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que “apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales”.

“Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más”, advirtió Levi.

Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del mandatario electo sobre el “futuro de la obra pública”, y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que “arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores”.

“El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social”, comunicó la organización sindical.

Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que “la obra pública se termina” y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo “a la chilena”,con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.

“Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie”, consideró el dirigente sindical. “Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición”, insistió Levi en declaraciones a Radio 10.

Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la Uocra están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.

“Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador”, consideró el dirigente gremial. “Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad”, dijo sobre el ajuste que se avecina.

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General

La CGT discutirá cómo será su relación con el gobierno de Milei

Aun en estado de shock tras haber apoyado a Sergio Massa, la CGT se reunirá esta mañana para analizar el nuevo escenario político a partir del triunfo electoral de Javier Milei. Algunos dirigentes son partidarios de dejar sentado su rechazo a eventuales despidos en el Estado y el ajuste económico que aplicaría el gobierno libertario, aunque otros propondrán abrir un compás de espera para conocer todos los nombres del gabinete nacional y las primeras medidas que se pondrán en marcha.

La cita será a las 11 en la sede de la UOCRA, en la avenida Belgrano al 1800, donde una veintena de sindicalistas de la mesa chica ampliada de la CGT debatirá cómo afrontar la relación con el gobierno de La Libertad Avanza, al que el cotitular cegetista Pablo Moyano (Camioneros) ya había amenazado con recibirlo con protestas callejeras si ganaba las elecciones, de la misma forma que a Patricia Bullrich. Hasta ahora, ni Pablo ni Hugo Moyano hablaron acerca de la victoria de Milei. Por eso, el encuentro de la central gremial será clave para medir la temperatura sindical ante la etapa que comienza el 10 de diciembre.

Hasta ahora, hay opiniones disímiles. Para algunos dirigentes gremiales, no se puede recibir a un presidente elegido con más del 55% de los votos con amenazas de paros, sobre todo cuando ni siquiera asumió. En la intimidad, admiten que la central obrera perdió legitimidad social luego de que no hizo paros ni movilizaciones durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández para protestar contra el 140% de inflación anual, los aumentos de precios o el índice récord de pobreza.

Los que ya están en pie de guerra son los sindicalistas que representan a los trabajadores del Estado por el fuerte ajuste fiscal que proyecta el próximo gobierno y, además, porque Milei no confirmó el pago de todo el medio aguinaldo de diciembre al sector público. Otro frente de conflicto se abrió cuando el presidente electo confirmó que quiere privatizar empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, la TV Pública y Radio Nacional. De la misma forma, causó impacto que Milei haya advertido que el 11 de diciembre “se termina la obra pública porque no tendremos plata”.

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