El secretario general de la Confederación General del Trabajo en San Juan, Eduardo Cabello, aseguró que el paro contra la reforma laboral alcanzó un 70% de acatamiento en la provincia. Criticó el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, advirtió sobre presuntas inconstitucionalidades y no descartó nuevas medidas gremiales.

En concordancia con la jornada nacional convocada por la Confederación General del Trabajo, la seccional San Juan expuso su propio balance político y sindical. Desde la sede gremial de calle España, el referente sinddical Eduardo Cabello calificó como “histórico” el paro general y afirmó que en la provincia el nivel de adhesión alcanzó picos del 70% en distintos sectores.

La medida, señaló, se desarrolló sin movilización masiva, aunque con participación activa de sindicatos clave. Según precisó, en la administración pública el acatamiento superó el 40% —con impacto visible en el Centro Cívico—, mientras que en hospitales rondó el 60% y en varias municipalidades la paralización fue casi total. La protesta también comenzó a la medianoche en proyectos mineros, con la adhesión de gremios como AOMA, Asijemin y trabajadores gastronómicos vinculados a la actividad.

“Hoy es un día histórico. Debe ser uno de los paros más significativos que tenemos”, expresó Cabello, al remarcar que la convocatoria no respondió —según su definición— a un interés partidario, sino a la defensa de derechos laborales. “Le estamos haciendo un paro a Milei, no a Orrego”, aclaró, diferenciando el plano nacional del provincial.

Cuestionamientos de fondo

El eje del discurso sindical estuvo centrado en el contenido del proyecto que se debate en la Cámara de Diputados. Cabello sostuvo que la reforma implica un retroceso en garantías laborales y advirtió que podría modificar aspectos sustanciales de la jornada de trabajo, el régimen de horas extras y la liquidación de vacaciones y aguinaldos.

“Te sacan lo que costó sangre”, afirmó, en referencia a conquistas históricas del movimiento obrero. A su juicio, la iniciativa “nos plancha a todos y nos vuelve a fojas cero”, en una actual situación económica que, según describió, ya presenta signos de deterioro productivo y pérdida de empleo.

El dirigente vinculó la discusión parlamentaria con la situación macroeconómica. Mencionó el cierre de más de 20.000 empresas en el país y alertó sobre la fragilidad del entramado productivo. “Vemos a los trabajadores desprotegidos. En otros países los Estados cuidan a la sociedad; acá no”, sostuvo, cuestionando el rumbo de las políticas nacionales.

Estrategia gremial y advertencias judiciales

Más allá del diagnóstico, Cabello dejó abierta la puerta a una escalada institucional. Señaló que, de aprobarse la ley, la central obrera evalúa realizar presentaciones judiciales por considerar que existen artículos inconstitucionales. La vía judicial, anticipó, sería parte de una estrategia más amplia de defensa sindical.

La conferencia contó con la presencia de referentes de las dos CTA y organizaciones sociales como la UTEP, Amas de Casa, Martín Fierro y la Corriente Clasista y Combativa, en una señal de cohesión interna frente al debate legislativo. La foto buscó transmitir unidad en un clima nacional atravesado por tensiones políticas y económicas.

Cabello también apeló a una narrativa histórica del movimiento obrero argentino. “Este país lo hicieron los trabajadores y los empresarios, ladrillo a ladrillo”, sostuvo, reivindicando el rol del trabajo en la construcción del desarrollo nacional. En esa línea, afirmó que “difícilmente van a quebrar el espíritu de sacrificio, trabajo y derecho que tienen los argentinos”.

Una disputa que excede la coyuntura

El paro en San Juan, con niveles de adhesión significativos según la conducción sindical, se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo laboral y el equilibrio entre flexibilización y protección social. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma apunta a modernizar el mercado de trabajo y fomentar el empleo, el sindicalismo advierte sobre una pérdida de derechos adquiridos.

En ese cruce de visiones, la central obrera provincial dejó claro que la discusión no se agota en una jornada de protesta. La advertencia de nuevas medidas y eventuales acciones judiciales anticipa un escenario de confrontación institucional si el proyecto avanza.

El comercio sanjuanino encendió una señal de alarma. A través de un comunicado público, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan advirtió que el deterioro de la industria nacional y el incremento de las importaciones están generando un “efecto cascada” que impacta de lleno en el ecosistema comercial de la provincia.

La entidad planteó tres ejes críticos que, a su entender, explican la caída en las ventas y el clima de incertidumbre que atraviesa al sector.

Asimetría impositiva y competencia desigual

El primer punto apunta a lo que consideran una competencia desbalanceada entre producción nacional e importaciones. “Es inadmisible que se faciliten beneficios para el ingreso de productos importados mientras el fabricante nacional —que paga salarios, cargas sociales e impuestos en Argentina— enfrenta costos de producción asfixiantes. No competimos en igualdad de condiciones”, señalaron.

El diagnóstico remite a una discusión estructural: el peso de la carga tributaria local frente a economías externas con menores costos y esquemas fiscales más livianos. Para los comerciantes, esta brecha no solo erosiona la rentabilidad de la industria, sino que termina afectando directamente al mostrador.

El “Efecto Fate” y la pérdida del consumidor

El segundo eje de preocupación fue definido como el “Efecto Fate”, en alusión al impacto social y económico que provoca el cierre de grandes empresas. Más allá del caso puntual, la Cámara utilizó el concepto para ilustrar una dinámica más amplia: cada fábrica que baja sus persianas implica la pérdida de empleos y, en consecuencia, de consumidores.

“Los cierres no son números aislados. Cuando una fábrica cierra, se pierde un consumidor. En San Juan sabemos que el comercio vive del sueldo del trabajador local; si no hay empleo privado genuino, el mostrador queda vacío”, advirtieron.

La afirmación sintetiza una realidad conocida en economías regionales: la estrecha dependencia entre actividad productiva y circulación comercial. En contextos de retracción industrial, el comercio suele ser uno de los primeros sectores en sentir la contracción de la demanda.

Dependencia externa y fuga de capitales

El tercer punto planteado por la entidad refiere a la creciente dependencia de bienes importados. “Fomentar el consumo de productos extranjeros es, en la práctica, exportar el trabajo de los argentinos. Esa riqueza se fuga al exterior en lugar de reinvertirse en nuestras pymes, que generan el 70% del empleo”, sostuvieron.

El argumento vincula política comercial con desarrollo local. Para los comerciantes, la expansión de las importaciones no solo impacta en la producción, sino que debilita el entramado de pequeñas y medianas empresas que sostienen el empleo formal en el país.

Reclamos y advertencias

Bajo este marco, la Cámara reclamó medidas “urgentes y concretas” tanto a las autoridades nacionales como provinciales. “No podemos sostener un sistema público de Salud, Educación y Seguridad con un sector privado que se achica día a día. El aporte de menos del 10% de la población no es suficiente para 45 millones de habitantes”, plantearon, en referencia a la presión fiscal y la base contributiva.

El pedido central es la generación de “reglas claras para emprender, no para importar”, junto con políticas que protejan el valor agregado argentino. La advertencia final resume el clima de inquietud: “Un país sin industria es un país sin futuro y un comercio sin clientes”.

El posicionamiento de los comerciantes sanjuaninos refleja una preocupación que superan los límites de un solo sector. La tensión entre apertura comercial, competitividad interna y sostenimiento del empleo se proyecta como uno de los ejes centrales del debate económico actual. En una provincia donde la actividad privada depende en gran medida del dinamismo productivo, la consigna es clara: sin industria activa, el circuito comercial se debilita. El desafío, según advierten, será equilibrar integración al mundo con desarrollo local para evitar que la crisis fabril termine vaciando también los mostradores.

La regional San Juan de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas que se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Su titular, Eduardo Cabello, advirtió que los cambios en estudio “no alcanzan” y que, de avanzar el proyecto, acudirán a la Justicia.

La reforma laboral ingresó en una etapa de máxima tensión política y social. Mientras el oficialismo ajusta números en el Congreso y evalúa modificaciones de último momento —especialmente en el capítulo vinculado a licencias—, el movimiento obrero decidió endurecer su postura y fijar una fecha concreta para la huelga general. La medida se activará exactamente el día en que el proyecto sea debatido en el recinto.

En San Juan, la adhesión será total. Así lo confirmó Eduardo Cabello, referente de la CGT provincial, horas después de participar de la movilización del 11 de frerero que calificó como “multitudinaria”. El dirigente agradeció la participación de trabajadores, jóvenes y familias, y sostuvo que la convocatoria dejó una señal clara: “La gente empieza a darse cuenta de que no se trata solo de una discusión sindical, sino de derechos concretos que impactan en su vida cotidiana”.

Presión en el Congreso y estrategia sindical

El esquema definido por la central obrera combina presión política y preparación jurídica. No habrá movilización al Congreso, pero sí una paralización completa de actividades durante 24 horas. La decisión, adoptada por unanimidad en la conducción nacional, apunta a colocar el debate legislativo bajo el foco público y advertir sobre las consecuencias de la norma.

Cabello fue explícito en ese punto. Señaló que los diputados —en su carácter de representantes del pueblo— deberán explicar su voto si convalidan disposiciones que, según el sindicalismo, implican retrocesos en materia salarial y de protección laboral. “Tendrán que decirle a sus votantes por qué acompañaron un recorte de derechos”, resumió.

El dirigente también cuestionó las modificaciones sugeridas en las últimas horas, en particular sobre licencias por enfermedad. A su juicio, las correcciones anunciadas resultan insuficientes y no alteran el núcleo problemático del proyecto. “Si no hay cambios de fondo, la Justicia será la última instancia”, advirtió, anticipando un frente judicial en simultaneo al conflicto político.

Debate federal y advertencia a las provincias

En este escenario, distintas jurisdicciones provinciales impulsan la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo para discutir el alcance de la reforma. Para la CGT sanjuanina, cualquier debate debe preservar un principio rector: ninguna provincia puede buscar ventajas sectoriales a costa de deteriorar las condiciones laborales.

Cabello planteó que el desarrollo productivo y el crecimiento regional se sostienen en el trabajo formal y protegido. “Las provincias crecen gracias al esfuerzo de cada trabajador”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a gobernadores como a legisladores nacionales.

Clima social y señal de alerta

Más allá del trámite parlamentario, el sindicalismo observa un cambio en el humor social. Según el titular de la CGT local, el respaldo inicial a la reforma —centrado en la crítica a las estructuras sindicales— comenzó a erosionarse cuando el debate se trasladó al impacto concreto sobre salarios, horas extras y estabilidad laboral. “Cuando se tocan los números y el bolsillo, la reacción es distinta”, sostuvo.

El mensaje, sin embargo, buscó transmitir mesura estratégica. Cabello habló de actuar con cautela, inteligencia y firmeza. La consigna que sintetiza la posición de la central —“Ni un paso atrás”— no implica, según explicó, una negativa al diálogo, sino la defensa de lo que consideran conquistas históricas.

La jornada en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral marcará un momento decisivo. Para el Gobierno, será una prueba de capacidad política para sostener su iniciativa en un Congreso fragmentado. Para la CGT, un límite simbólico frente a lo que interpreta como un avance sobre derechos consolidados.

Entre el recinto y la calle —y eventualmente los tribunales— se desplegará una disputa que excede el texto de la ley. En juego no solo está la arquitectura de las relaciones laborales, sino también la legitimidad social de un proyecto que promete modernización y encuentra, en respuesta, una resistencia sindical decidida a no retroceder.