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Modifican el proyecto original y reformularán las escalas, aumentando la progresividad del tributo

 El Gobierno nacional decidió reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento. La nueva propuesta prevé que la tasa del 25% será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5.000.000 de pesos anuales, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros, Santiago Cafiero, que conto con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco,

En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se enviará al Congreso el proyecto de Ganancias de Sociedades con» enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo». Agregó que “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal».

El Palacio de Hacienda subrayó que, «a partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual».

La tasa del 25% comprenderá a las empresas con una ganancia de hasta 5 millones de pesos anuales. En tanto, la alícuota del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales. Por su parte, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%.

También participaron de la reunión del gabinete económico los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la senadora Anabel Fernández Sagasti, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y los secretarios de Energía Darío Martínez, y de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

El Ministerio de Economía precisó que «se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos».

La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión, dijeron fuentes gubernamentales y legislativas.

El 11 de marzo pasado, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que establecía inicialmente que las compañías debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota.

Ahora, con la actualización que el Palacio de Hacienda enviará al Congreso mañana, se estableció que el 90 por ciento del total de las empresas que tributan este impuestos -en su mayoría pequeñas y medianas- abonarán la tasa más baja, del 25%.

El Gobierno fijó en 2020 una tasa del 30 por ciento, luego de que a fines del 2019 el gobierno de Mauricio Macri dispusiera la suspensión de la ley aprobada en 2017, que disminuía la tasa que debían pagar las Sociedades de Capitales.

De este modo y cuando se apruebe la reforma de Ganancias Sociedades, el porcentaje será más bajo para la mayoría de las empresas, ya que se ubicará en torno al 25 por ciento. De esta manera se modifica el proyecto original enviado en marzo y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto.

El proyecto que había girado el PEN establecía una alícuota del 25 por ciento para las sociedades con una ganancia de 1,3 millones de pesos anuales, cifra que ahora fue elevada a 5 millones de pesos.

En el caso de los que tienen que pagar una tasa del 30 por ciento, el proyecto original determinaba un nivel de ganancias anual de $2,6 millones, cifra que ahora pasó a estar comprendida dentro de un rango de entre 5 millones y 20 millones de pesos anuales.

En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2,6 millones pesos pagarán una alícuota de 35 por ciento, porcentaje que el nuevo proyecto ubicó por encima de los 20 millones de pesos anual.

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Adultos mayores: casi la mitad de los hogares no alcanza a cubrir sus necesidades básicas

Un informe reveló que el 46% de los hogares con personas de 60 años o más tuvo ingresos insuficientes durante 2024-2025. Es el registro más elevado desde el inicio de la serie, en 2017, y las mayores carencias se concentran entre las familias de menores recursos.

La insuficiencia de ingresos alcanzó un máximo histórico en la serie del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Durante 2024-2025, el 46% de los hogares con al menos una persona de 60 años o más no logró reunir recursos suficientes para cubrir sus gastos básicos, cinco puntos porcentuales por encima del registro correspondiente a 2022-2023.

El deterioro se profundiza a medida que disminuyen los ingresos. Entre los hogares del estrato socioeconómico muy bajo, la proporción llega al 71,1%, mientras que en el nivel bajo alcanza el 55,2%. El relevamiento contempló dimensiones vinculadas con alimentación, vivienda, servicios, asistencia social y acceso a la atención sanitaria.

Uno de los indicadores más sensibles es la alimentación. La inseguridad alimentaria entre las personas mayores pasó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en 2024-2025. La distancia entre grupos sociales resulta particularmente pronunciada: afecta al 39,1% de los adultos mayores del estrato muy bajo, frente al 1,1% entre quienes pertenecen al nivel medio alto.

La falta de recursos también repercute sobre los servicios esenciales. Casi uno de cada cinco hogares con personas mayores dejó de pagar alguna factura por dificultades económicas. Entre las familias del estrato muy bajo, el porcentaje trepa al 39,4%.

Salud y medicamentos, entre las principales dificultades

La atención sanitaria aparece como otro de los puntos críticos. El 35,2% de los hogares con adultos mayores postergó consultas médicas o la compra de medicamentos durante 2024-2025 por falta de dinero. Es el valor más alto de la serie y representa un incremento cercano a diez puntos respecto de 2022-2023.

La brecha vuelve a ser considerable entre los distintos niveles sociales: en los hogares más vulnerables, el indicador alcanza al 55%.

El informe también analizó durante 2025 el vínculo de las personas afiliadas con PAMI. Cerca del 74% recurrió al organismo para consultas médicas y alrededor del 70% utilizó sus prestaciones para acceder a medicamentos.

La evaluación de esas prestaciones, sin embargo, presenta diferencias. El 61,7% valoró favorablemente la atención médica, mientras que la aprobación descendió al 49,7% cuando se consultó por la cobertura de medicamentos.

Vivienda y asistencia

Las condiciones habitacionales constituyen otra dimensión de la desigualdad. El 11,8% de las personas mayores reside en viviendas que no reúnen condiciones adecuadas; entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, la proporción asciende al 27,5%.

La asistencia estatal tampoco alcanza a todos los hogares con necesidades económicas. Aunque el 71,1% de las familias del estrato muy bajo registra ingresos insuficientes, solo el 42,4% recibe algún programa de transferencia de ingresos o asistencia alimentaria.

En el conjunto de los hogares con adultos mayores, la cobertura de estos programas cayó del 30,6% registrado durante la pandemia de Covid-19 al 26,8% en 2024-2025.

Los datos del ODSA-UCA muestran un deterioro marcado en distintas dimensiones de la vida cotidiana de las personas mayores. Ingresos insuficientes, dificultades alimentarias, incumplimiento de servicios y postergación de gastos sanitarios convergen en una población para la que la capacidad de recomponer ingresos suele ser más limitada.

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Gastronómicos actualizaron sus salarios para el segundo semestre

UTHGRA y FEHGRA alcanzaron un acuerdo para el primer tramo de la paritaria 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04. La pauta rige entre junio y septiembre e incorpora sumas no remunerativas durante julio, agosto y septiembre.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) acordaron la actualización salarial correspondiente al primer tramo de la paritaria 2026-2027 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.

El entendimiento establece nuevas escalas básicas para el período junio-septiembre y contempla, además, sumas fijas no remunerativas que serán abonadas durante julio, agosto y septiembre. Los adicionales tendrán carácter neto, sin descuentos ni aportes.

Los valores varían de acuerdo con la categoría del establecimiento y el nivel asignado a cada puesto. En los establecimientos de categoría D, los básicos parten de $990.555 para el Nivel 1 y llegan a $1.292.025 en el Nivel 6. Las sumas adicionales se ubican entre $68.000 y $88.000 mensuales.

En la categoría C, los salarios básicos oscilan entre $1.013.346 y $1.337.186, mientras que los adicionales van de $69.000 a $91.000. Para los establecimientos B, la escala comienza en $1.038.120 y alcanza los $1.538.297, con sumas no remunerativas de entre $71.000 y $105.000.

Los establecimientos de categoría A tendrán básicos que van desde $1.074.307 hasta $1.840.959, acompañados por adicionales de $74.000 a $126.000. En la categoría Especial se concentra la escala más elevada: los valores parten de $1.206.779 y llegan a $1.970.475, mientras que las sumas complementarias oscilan entre $83.000 y $134.000 por mes.

El convenio distribuye los puestos en siete niveles, desde tareas generales como lavacopas, peones y cadetes hasta funciones de mayor responsabilidad, entre ellas cocineros, mozos de salón, barman, recepcionistas, maîtres y cargos de conducción como jefes de brigada y jefes de recepción.

Las nuevas planillas ya fueron remitidas a las distintas seccionales de UTHGRA, que tendrán a su cargo el seguimiento de la correcta liquidación de los haberes durante la vigencia de este tramo.

El acuerdo permite actualizar los ingresos de los trabajadores comprendidos en uno de los principales convenios de la hotelería y la gastronomía, mientras las partes dejaron abierta la continuidad de las negociaciones para las siguientes etapas de la paritaria 2026-2027.

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El 73% de los argentinos teme no poder pagar sus deudas en los próximos tres meses

Una encuesta nacional de Equipo Mide reveló que el 73% de los argentinos cree que probablemente o seguramente no podrá afrontar sus deudas, cuotas y gastos durante los próximos tres meses. Además, el 53% debió endeudarse recientemente para cubrir necesidades cotidianas.

La preocupación por la capacidad de pago dejó de limitarse al presente y comenzó a proyectarse sobre los próximos meses. El 73% de los argentinos considera que probablemente o seguramente no podrá afrontar sus deudas, cuotas y gastos cotidianos durante el próximo trimestre, según una encuesta nacional de Equipo Mide correspondiente a agosto de 2026.

El relevamiento muestra que el 46% responde que “probablemente no” podrá cumplir con sus compromisos, mientras que otro 27% afirma que “seguro que no”. El resultado expone una elevada percepción de fragilidad financiera entre los hogares.

La incertidumbre golpea a todos los niveles socioeconómicos. En la clase media alcanza al 76%, el registro más elevado: 52% cree que probablemente no podrá pagar y 24% considera que directamente no podrá hacerlo. Entre los hogares de menores ingresos, la preocupación llega al 71%, aunque allí aparece la proporción más alta de respuestas extremas: 30% asegura que no podrá cumplir con sus obligaciones.

Incluso entre los sectores de mayores ingresos el pesimismo alcanza al 70%. La distribución de las respuestas muestra, así, que la dificultad para sostener las finanzas familiares no queda circunscripta a un único estrato.

La mayor preocupación está en el AMBA

El mapa geográfico muestra que el pesimismo financiero tiene sus niveles más altos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. CABA registra el mayor porcentaje de respuestas negativas, con un 79%. Allí, el 49% considera que probablemente no podrá cumplir con sus compromisos y un 30% directamente asegura que no podrá hacerlo.

En la provincia de Buenos Aires, la preocupación llega al 77%. El 41% se ubica en la categoría «probablemente no», mientras que el 36% responde «seguro que no», el porcentaje más alto registrado entre las distintas regiones del país.

El resto del mapa también presenta niveles elevados de incertidumbre. En el NOA, el 72% tiene expectativas negativas; en Cuyo, el 71%; en el NEA, el 68%; en Patagonia, el 67%; y en la región Centro, el 65%. De esta manera, aunque existen diferencias regionales, en ningún distrito la preocupación por la capacidad de pago futuro baja del 65%.

La deuda ya se utiliza para comprar alimentos

El temor futuro tiene un antecedente inmediato. El 53% de los encuestados aseguró haberse endeudado durante los tres meses anteriores mediante préstamos, tarjetas de crédito o dinero prestado.

El destino de esos recursos revela el grado de presión sobre los ingresos. Entre quienes recurrieron al endeudamiento, el 39% utilizó el dinero para comprar alimentos y otro 18% para pagar servicios esenciales, como electricidad, gas o telefonía.

El documento también registró una demanda mayoritaria de intervención pública. El 67% considera que el Gobierno debería adoptar medidas para asistir a las familias que no consiguen afrontar sus deudas. La posición incluso reúne al 53% de quienes votaron por Milei en 2023.

En contraste, apenas el 21% entiende que las obligaciones financieras de los hogares deben resolverse exclusivamente entre particulares, sin intervención estatal.

La información estadística evidencia un deterioro en la estabilidad económica de los hogares. Se observa un recurso sistemático al crédito para el consumo de primera necesidad, sumado a una percepción mayoritaria de riesgo de impago a corto plazo.

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