La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó una queja del Ministerio de Capital Humano y suspendió provisoriamente la multa de $100.000 diarios que el juez Martín Cormick había impuesto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Cámara deberá revisar la apelación del Gobierno, mientras continúa la disputa por la actualización de los salarios universitarios y los fondos para becas.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió las multas diarias contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión de la Sala III se conoció este jueves, mientras estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales participaban de la quinta Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país.

El tribunal hizo lugar a una presentación del Ministerio de Capital Humano y dispuso que la apelación del Gobierno se tramite con efecto suspensivo. De ese modo, quedó temporalmente frenada la aplicación de las astreintes, fijadas en $100.000 por día, hasta que avance la revisión judicial. La resolución no determina que el Ejecutivo haya cumplido con sus obligaciones ni resuelve el fondo de la controversia.

La sanción había sido dispuesta el miércoles por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. El magistrado consideró que existía un incumplimiento de la cautelar que ordenaba actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.

El fallo se había producido después de reiteradas intimaciones al Ejecutivo. El 22 de septiembre, Cormick había otorgado un plazo de cinco días para aplicar la ley bajo apercibimiento de sanciones económicas. Ante la falta de cumplimiento que tuvo por acreditada, el juez hizo efectiva la advertencia y dispuso la multa contra el titular de la Jefatura de Gabinete.

La representación legal del Estado cuestionó esa decisión y sostuvo que la cautelar ya se encontraba íntegramente cumplida. La Sala III, integrada por los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, admitió el recurso de queja y ordenó tramitar la apelación con efecto suspensivo.

El pronunciamiento modifica, por ahora, el alcance inmediato de la sanción económica, pero no elimina la obligación que originó la cautelar ni cierra la discusión sobre la aplicación de la ley. La controversia judicial continuará con el análisis de los argumentos del Gobierno y de los reclamos vinculados con el financiamiento universitario.

La coincidencia entre la resolución judicial y la protesta visibilizó dos dimensiones de una misma disputa: la exigencia de la comunidad universitaria de contar con recursos y salarios actualizados, y la discusión en los tribunales sobre los mecanismos para hacer cumplir las decisiones judiciales El próximo avance del expediente será determinante para establecer si se mantiene la suspensión de las multas y cómo continúa el reclamo por la ejecución de la ley.

El gobernador se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para avanzar en una salida financiera para el tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, paralizado entre Tres Esquinas y Cochagual. La provincia también cuenta con un préstamo de US$160 millones de la CAF para modernizar otros sectores del corredor, pero aún debe resolver cómo continuar los trabajos pendientes.

El gobernador Marcelo Orrego llevó a la Casa Rosada el reclamo por la reactivación del tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, durante una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro apuntó a destrabar el financiamiento de una obra paralizada por la interrupción de los desembolsos nacionales y la falta de pago a las empresas contratistas.

La intervención pendiente comprende unos 27 kilómetros entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, en Sarmiento. Su continuidad es una de las prioridades del Gobierno sanjuanino por la importancia del corredor para la conexión con Mendoza y el transporte de la producción local.

Antes de viajar a Buenos Aires, el mandatario sanjuanino había anticipado que insistiría ante las autoridades nacionales para encontrar una alternativa financiera y avanzar también en las gestiones con Vialidad Nacional. Durante una actividad en el departamento Rawson, el gobernador remarcó que la obra no podía quedar relegada y defendió la necesidad de mantener las negociaciones con la administración central.

“A mí no se me cae ni un anillo”, afirmó al justificar sus gestiones en defensa de los intereses provinciales.

El encuentro con Santilli coincidió con las gestiones de San Juan para articular diversas líneas de crédito y reanudar los proyectos viales pendientes. La provincia consiguió la aprobación de un préstamo de US$160 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a modernizar cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40, distribuidos en dos sectores. Sin embargo, esos recursos no resuelven automáticamente la continuidad del tramo II, cuya ejecución original dependía de fondos de Nación.

Ambos proyectos difieren en un aspecto clave: el crédito internacional da luz verde a las intervenciones pautadas, mientras que el sector Tres Esquinas – Cochagual depende de una resolución estratégica que destrabe la reanudación de las tareas.

Por consiguiente, la negociación con la Jefatura de Gabinete técnico-política está orientada a canalizar la demanda provincial hacia la reactivación efectiva de la obra. De la viabilidad presupuestaria dependerá el cronograma de reanudación de las tareas en una infraestructura puntual para la logística regional y productiva de la provincia.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) anunció un paro nacional de 24 horas para el martes 20 de octubre en clínicas y sanatorios privados, tras 45 días de negociaciones paritarias sin acuerdo. La medida busca presionar a las cámaras empresariales para que acepten una recomposición de sueldos, luego del vencimiento de la escala vigente y ante la falta de avances para renovarla.

La organización que conduce Héctor Daer cuestionó la negativa de las representaciones patronales a firmar un entendimiento y advirtió que no aceptará nuevas postergaciones. Según el gremio, mientras aumentan los gastos cotidianos de los trabajadores, los incrementos salariales permanecen pendientes.

“Aumentan los servicios, los transportes y el combustible; sólo se postergan nuestros aumentos”, sostuvo FATSA al fundamentar la convocatoria. La federación también cuestionó el contraste entre la demanda de atención en los establecimientos sanitarios y los ingresos del personal, al afirmar que las clínicas están llenas mientras los bolsillos de sus trabajadores permanecen vacíos.

La protesta no es solo por los haberes. El gremio alertó sobre la falta de personal, las altas exigencias y la fuerte presión sobre los trabajadores de la salud. Sostienen que el empeoramiento de las condiciones de trabajo hace aún más grave la crisis salarial.

FATSA también rechazó que los trabajadores deban absorber las consecuencias de las negociaciones financieras entre los prestadores y los organismos que financian la atención médica. En particular, sostuvo que la administración de los contratos con el PAMI y los acuerdos con empresas de medicina prepaga y obras sociales provinciales corresponden a las partes que los gestionan, no a los empleados.

La huelga trasladará la disputa paritaria a los establecimientos privados de todo el país. Su alcance efectivo dependerá de la adhesión del personal y de las condiciones de atención que se establezcan durante la jornada, especialmente en los servicios que requieren continuidad asistencial.