Aunque los indicadores oficiales muestran una leve mejora en la distribución del ingreso, la realidad del mercado laboral y los niveles salariales revelan un escenario de empobrecimiento extendido. En ese contexto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno aparece más orientada a consolidar la precariedad que a generar empleo de calidad o ampliar derechos.

Los números pueden sugerir una cosa, pero la vida cotidiana suele contar otra historia. Según los últimos datos del Indec, el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad en la distribución del ingreso— registró una leve mejora interanual durante el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, esa aparente reducción de la brecha social convive con un dato contundente: el 80% de la población argentina tiene ingresos per cápita familiares que no superan el millón de pesos mensuales.

Lejos de reflejar un proceso virtuoso de inclusión o mejora del bienestar, este fenómeno responde a un achatamiento generalizado de la pirámide social, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo, el avance de la informalidad laboral y la degradación de las condiciones de empleo. En otras palabras, se trata de una igualdad que no eleva, sino que empuja hacia abajo.

El propio Indec muestra que los ingresos del decil más rico multiplican por 13 a los del 10% más pobre, una brecha que sigue siendo estructural. Aun así, el descenso del coeficiente de Gini —de 0,435 en el tercer trimestre de 2024 a 0,431 en igual período de 2025— no expresa una mejora real en las condiciones de vida, sino una contracción generalizada de los ingresos, especialmente en los sectores medios y bajos.

Ingresos bajos y empleo frágil

La crisis de ingresos tiene un correlato directo en el mercado de trabajo. Los datos oficiales confirman un crecimiento sostenido del cuentapropismo informal, una modalidad que suele encubrir empleo precario, sin estabilidad ni derechos laborales. En este contexto, la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo aparece como un factor de profundización del problema antes que como una solución.

La pregunta resulta inevitable —y retórica—: ¿qué derechos adicionales ganarán los trabajadores informales con la reforma laboral propuesta por el Gobierno? La evidencia disponible sugiere que ninguno. Por el contrario, el proyecto consolida un esquema donde la flexibilidad y la desregulación avanzan sobre la protección del trabajo formal, debilitando aún más la capacidad de negociación salarial.

De acuerdo al Indec, el 62,8% de la población (18.822.792 personas) percibió algún ingreso durante el período analizado, con un promedio de $993.771. El dato confirma que incluso el ingreso medio se ubica por debajo del umbral del millón de pesos, una cifra que, en el actual contexto inflacionario, dista de garantizar condiciones de vida dignas.

La brecha entre formales e informales

El análisis por deciles expone con mayor claridad la magnitud del deterioro. El 40% de la población registra ingresos promedio que no superan los $350.000 mensuales, mientras que el 80% cobra menos de $1.000.000. No se trata de interpretaciones ni de discursos: son datos oficiales.

La segmentación del mercado laboral profundiza esta desigualdad. El ingreso medio por decil de los trabajadores formales asciende a $1.247.462, frente a los $535.802 que perciben, en promedio, los ocupados informales. La diferencia no solo refleja salarios más bajos, sino también la ausencia de aportes, cobertura social y estabilidad.

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) aporta una clave estructural para comprender este proceso. Según el organismo, el crecimiento interanual de la actividad económica se apoya de manera desproporcionada en sectores con bajo efecto multiplicador sobre el empleo asalariado, como la intermediación financiera y la explotación de minas y canteras, mientras retroceden ramas históricamente generadoras de empleo formal, como la industria y la construcción.

La leve mejora estadística en los indicadores de desigualdad no alcanza para ocultar una realidad más profunda: el modelo económico actual avanza hacia una sociedad cada vez más homogénea en su empobrecimiento. La reforma laboral, lejos de revertir esa tendencia, parece alinearse con un esquema que normaliza ingresos bajos, empleo precario y pérdida de derechos.

La igualdad que emerge de este proceso no es la de oportunidades ni la de bienestar compartido, sino la de una pauperización extendida que redefine hacia abajo las condiciones de vida de la mayoría. En ese escenario, el desafío pendiente no es maquillar los indicadores, sino reconstruir un modelo productivo y laboral capaz de generar empleo de calidad, ingresos suficientes y una verdadera inclusión social.

La Confederación General del Trabajo lideró este jueves una movilización nacional contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La protesta tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y se replicó en distintas provincias. En San Juan, cerca de 5000 personas marcharon por el centro capitalino en una convocatoria que reunió a sindicatos, la Universidad Nacional de San Juan y organizaciones sociales.

La oposición sindical a la reforma laboral volvió a expresarse con fuerza en las calles. Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en la Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional. La jornada estuvo marcada por paros, concentraciones y cortes de tránsito, y se replicó de manera simultánea en distintas provincias del país, entre ellas San Juan.

Desde horas tempranas, columnas sindicales y organizaciones sociales comenzaron a confluir en el centro porteño, donde dirigentes gremiales tomaron la palabra para cuestionar una iniciativa que, aseguran, no representa una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos históricos. La protesta se desarrolló en un contexto atravesado por la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado por el Ejecutivo nacional.

En San Juan, la convocatoria tuvo una adhesión significativa. Según confirmó el comisario Sergio Ruarte, jefe del Cuerpo Especial de Vigilancia, la movilización reunió a cera de 5000 personas. La marcha comenzó apenas pasadas las 18, con una concentración en avenida Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos, desde donde partieron las columnas que recorrieron el microcentro capitalino.

Las calles céntricas se vieron colmadas por banderas, pancartas y consignas contra la reforma laboral. Participaron sindicatos nucleados en la CGT y la CTA, organizaciones sociales y representantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que aportaron un marcado componente institucional y académico a la protesta. El recorrido abarcó cerca de diez cuadras y culminó frente a la Catedral, donde se realizó el acto central.

Allí se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones sindicales, en el que se advirtió que el proyecto oficial facilita la precarización laboral, debilita el sistema jubilatorio y las obras sociales, y podría profundizar la desigualdad social. Como cierre, los manifestantes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Entre los gremios presentes se destacaron Camioneros, APUNSJ, AOMA, UOM, AJEPROC, ADICUS, UOCRA, SATSAID, SOEESIT, JUDICIALES NACIONALES, UPCN, ATSA, ASIJEMIN, SOESGyPE, SADOP, JUDICIALES PROVINCIALES, AOMA, APEL, entre otros. La amplitud de la convocatoria reflejó un rechazo transversal al proyecto, más allá de las particularidades de cada sector.

Durante la movilización local cobraron relevancia dirigentes sindicales de peso. José “Pepe” Villa, referente de UPCN, encabezó una de las columnas y fue uno de los encargados de leer el documento final. En ese marco, sostuvo que “nos quieren confiscar derechos” y advirtió que el modelo propuesto apunta a avanzar sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

El rechazo también tuvo eco en el plano político. El exgobernador José Luis Gioja acompañó la marcha y cuestionó la lógica del Ejecutivo nacional al señalar que “la chequera y el látigo ya no solucionan los problemas”. En la misma línea se expresó Facundo Perrone, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, quien afirmó no oponerse a debatir una reforma laboral, pero sí a “una que atrase 100 años”.

También participaron el diputado provincial Mario Herrero, el concejal Sergio Carrión y Juan Carlos Gioja, entre otros referentes políticos, lo que reforzó el carácter multisectorial de la protesta.

En este sentido, los secretarios generales de la CGT San Juan, Eduardo Cabello y Víctor Menéndez, viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para sumarse a la movilización nacional que tuvo lugar en las inmediaciones del Senado, donde la conducción cegetista concentró su reclamo contra la iniciativa oficial.

La jornada de protestas dejó en claro que el debate por la reforma laboral trasciende el plano legislativo y se instaló con fuerza en el escenario social. La masiva movilización en Plaza de Mayo y la contundente adhesión en San Juan evidencian un rechazo amplio y articulado, que reúne a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y referentes políticos.

Aunque el tratamiento del proyecto fue postergado para el próximo año, el movimiento obrero dejó un mensaje nítido: la iniciativa no es percibida como una modernización, sino como un retroceso que pone en riesgo derechos laborales, el sistema de protección social y el equilibrio del entramado productivo. Un conflicto que, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política y sindical en los meses venideros.

Aunque el oficialismo logró dictamen en comisión, decidió postergar el tratamiento en el recinto del Senado para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias. La decisión abre un período de negociaciones clave con bloques aliados y provinciales, en un contexto de fuertes cuestionamientos políticos y sociales.

El Gobierno nacional resolvió postergar el debate en sesión de la Reforma Laboral en el Senado hasta febrero de 2026, pese a haber alcanzado el dictamen mayoritario en comisiones. La iniciativa será tratada en una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, luego de una extensa jornada de exposiciones informativas y negociaciones parlamentarias que se extendieron durante varias horas.

La decisión fue anunciada en pleno plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, donde se avanzaba para acelerar la firma del dictamen. Allí, la titular de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, explicó que el oficialismo optó por firmar un dictamen “abierto a modificaciones” y trasladar el debate al 10 de febrero, atendiendo a pedidos de distintos sectores políticos y sociales.

“Este ha sido el pedido de muchos sectores, para poder trabajar esta ley en profundidad y no discutirla el 26 de diciembre”, sostuvo Bullrich, quien además indicó que esa fecha quedará reservada para la votación del Presupuesto 2026, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados tras una sesión maratónica.

La postergación fue acordada en una reunión clave realizada en el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), donde se consensuó avanzar con la firma del dictamen —con algunos cambios preliminares— y utilizar enero y los primeros días de febrero para pulir el texto definitivo de la reforma.

La decisión del Gobierno refleja un delicado equilibrio entre la necesidad de mostrar avances legislativos y la presión creciente de sectores políticos, sindicales y empresariales que reclaman mayor tiempo de debate. Si bien el dictamen garantiza un primer respaldo formal, su carácter “abierto” evidencia que el texto aún está lejos de contar con un consenso sólido.

Desde la oposición, el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria) valoró la postergación del debate, aunque cuestionó con dureza el contenido del dictamen. “Es bueno que no se cierre de manera express y que se escuche, pero el dictamen no recoge ninguna observación ni planteo, ni siquiera los que ustedes consideraron aceptables”, advirtió.

El oficialismo, por su parte, deberá atravesar un complejo proceso de negociación durante el receso estival. La jefa de la bancada de La Libertad Avanza buscará garantizar la mayoría definitiva mediante acuerdos con la UCR, el PRO y diversos bloques provinciales, entre ellos los de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Cambio Federal.

Este escenario confirma que la reforma laboral se ha convertido en uno de los proyectos más sensibles del paquete legislativo del Gobierno, no solo por su impacto en el mundo del trabajo, sino también por su peso simbólico dentro del programa económico y político del oficialismo.