Reducen el impuesto a las ganancias a las empresas
Modifican el proyecto original y reformularán las escalas, aumentando la progresividad del tributo

El Gobierno nacional decidió reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento. La nueva propuesta prevé que la tasa del 25% será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5.000.000 de pesos anuales, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.
La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros, Santiago Cafiero, que conto con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco,
En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se enviará al Congreso el proyecto de Ganancias de Sociedades con» enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo». Agregó que “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal».
El Palacio de Hacienda subrayó que, «a partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual».
La tasa del 25% comprenderá a las empresas con una ganancia de hasta 5 millones de pesos anuales. En tanto, la alícuota del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales. Por su parte, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%.
También participaron de la reunión del gabinete económico los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la senadora Anabel Fernández Sagasti, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y los secretarios de Energía Darío Martínez, y de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.
El Ministerio de Economía precisó que «se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos».
La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión, dijeron fuentes gubernamentales y legislativas.
El 11 de marzo pasado, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que establecía inicialmente que las compañías debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota.
Ahora, con la actualización que el Palacio de Hacienda enviará al Congreso mañana, se estableció que el 90 por ciento del total de las empresas que tributan este impuestos -en su mayoría pequeñas y medianas- abonarán la tasa más baja, del 25%.
El Gobierno fijó en 2020 una tasa del 30 por ciento, luego de que a fines del 2019 el gobierno de Mauricio Macri dispusiera la suspensión de la ley aprobada en 2017, que disminuía la tasa que debían pagar las Sociedades de Capitales.
De este modo y cuando se apruebe la reforma de Ganancias Sociedades, el porcentaje será más bajo para la mayoría de las empresas, ya que se ubicará en torno al 25 por ciento. De esta manera se modifica el proyecto original enviado en marzo y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto.
El proyecto que había girado el PEN establecía una alícuota del 25 por ciento para las sociedades con una ganancia de 1,3 millones de pesos anuales, cifra que ahora fue elevada a 5 millones de pesos.
En el caso de los que tienen que pagar una tasa del 30 por ciento, el proyecto original determinaba un nivel de ganancias anual de $2,6 millones, cifra que ahora pasó a estar comprendida dentro de un rango de entre 5 millones y 20 millones de pesos anuales.
En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2,6 millones pesos pagarán una alícuota de 35 por ciento, porcentaje que el nuevo proyecto ubicó por encima de los 20 millones de pesos anual.
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La UOM reorganiza su conducción y activa un plan de movilización nacional
Con el respaldo de más de dos tercios de las seccionales del país, el Consejo Directivo de la Unión Obrera Metalúrgica resolvió avanzar con una reorganización interna para sostener la actividad institucional y las negociaciones salariales tras la intervención judicial dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El sindicato declaró además el estado de alerta y movilización permanente.
La conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) endureció este martes su respuesta política y sindical frente a la intervención judicial que dejó sin efecto las autoridades electas del gremio y resolvió avanzar con una estructura transitoria destinada a preservar el funcionamiento institucional de la organización.
La definición surgió de una reunión extraordinaria del Consejo Directivo realizada en la sede central del sindicato, donde participaron representantes de más de dos tercios de las seccionales metalúrgicas del país. Allí, la organización resolvió rechazar formalmente la decisión adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y declaró el “estado de alerta, movilización y sesión permanente” en todo el territorio nacional.
La central metalúrgica sostuvo que las medidas adoptadas apuntan a garantizar la continuidad administrativa, gremial y convencional de la entidad mientras se desarrolla la disputa judicial abierta tras el fallo que anuló los comicios de la seccional Campana y extendió sus efectos sobre la conducción nacional encabezada por Abel Furlán.
En ese punto, el Consejo Directivo designó a Daniel Daporta —actual secretario general adjunto y dirigente de la seccional Avellaneda— como Delegado Administrador nacional de la organización. La resolución le otorga facultades para asegurar el desenvolvimiento institucional del sindicato y coordinar las tareas necesarias hasta tanto se resuelva la situación de fondo.
La estructura transitoria también incluyó la designación de Emiliano Gallo, titular de la seccional Vicente López, como Delegado Administrador en Campana, distrito donde se originó la controversia judicial que derivó en la intervención del gremio.
La reorganización interna no se limitó al plano administrativo. En un contexto de marcada tensión económica y negociación salarial compleja para el sector industrial, la UOM resolvió además conformar un nuevo esquema de representación paritaria con el objetivo de impedir una paralización de las discusiones salariales.
Para esa tarea fueron designados Daniel Daporta, Emiliano Gallo, Óscar Anselmo Martínez, Osvaldo Lobato, Esteban Cabello, Diego Sebastián Espeche, Rubén Urbano, Pablo Molina, Roberto Daniel Gómez y Antonio Ricardo Donello, quienes tendrán la responsabilidad de sostener las negociaciones convencionales y representar al gremio frente a las cámaras empresarias.
Desde la organización remarcaron que la disputa excede una cuestión interna y se vincula directamente con la defensa de la autonomía sindical y la legitimidad de las organizaciones gremiales para elegir a sus autoridades sin interferencias externas.
Como parte del plan de acción, el sindicato también resolvió convocar a asambleas en fábricas, talleres y establecimientos metalúrgicos de todo el país para informar a los trabajadores sobre los alcances de la resolución judicial y debatir los próximos pasos del conflicto.
Con este panorama, la UOM intenta preservar capacidad operativa, sostener la representación paritaria y evitar un vacío institucional que afecte tanto la negociación salarial como el funcionamiento cotidiano de una de las organizaciones industriales más importantes del país.
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Nación dio de baja los subsidios a empresas por boletos gratuitos de larga distancia
La administración nacional dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas destinado a las empresas de larga distancia por la emisión de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con patologías oncológicas. Aunque el beneficio continuará vigente para los usuarios alcanzados por la normativa, el costo quedará íntegramente bajo responsabilidad de las compañías del sector.
En una nueva señal de profundización del proceso de desregulación del sistema de transporte, el Gobierno nacional resolvió eliminar el mecanismo mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de ómnibus de larga distancia por los boletos gratuitos otorgados a sectores protegidos por ley.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y representa el cierre definitivo de un esquema implementado en 2018 para cubrir parcialmente el impacto financiero derivado de la entrega de pasajes sin cargo a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, ciudadanos en lista de espera para trasplantes y menores con enfermedades oncológicas.
Desde la administración libertaria aclararon que el derecho de acceso gratuito al transporte continuará plenamente vigente y que las empresas seguirán obligadas a garantizar esos viajes. Sin embargo, el costo operativo ya no contará con respaldo presupuestario estatal, en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por la gestión de Javier Milei.
La Secretaría de Transporte argumentó que el régimen de compensaciones había perdido razonabilidad tras las modificaciones introducidas por el Decreto 883/2024, normativa que avanzó sobre una fuerte flexibilización del transporte automotor interjurisdiccional. A partir de ese esquema, las compañías adquirieron mayores márgenes de autonomía para definir recorridos, frecuencias, modalidades de servicio y estructuras tarifarias.
En ese aspecto, el Ejecutivo consideró que las empresas ya cuentan con herramientas suficientes para absorber internamente el costo derivado de los pasajes gratuitos establecidos por ley.
“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señalaron oficialmente desde el área de Transporte, intentando despejar cuestionamientos respecto de una eventual pérdida de derechos para los beneficiarios del sistema.
La disposición también ratificó el rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como organismo encargado de supervisar el cumplimiento efectivo de la normativa y controlar que las compañías continúen entregando los boletos correspondientes.
Al mismo tiempo, el texto incorporó una cláusula transitoria destinada a garantizar la continuidad administrativa de trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición, evitando interrupciones en solicitudes ya gestionadas por los usuarios.
Aunque el Gobierno sostiene que la eliminación de estas compensaciones responde a criterios de eficiencia y equilibrio fiscal, desde distintos sectores advierten que el traslado total del costo hacia las empresas podría derivar en futuras tensiones operativas, reclamos judiciales o eventuales restricciones indirectas en la disponibilidad de pasajes gratuitos.
Con esta resolución, la administración nacional consolida otro paso dentro de un modelo económico orientado a reducir la participación financiera del Estado en actividades reguladas, trasladando progresivamente responsabilidades al sector privado bajo una lógica de mercado y autosustentabilidad empresarial.
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Subieron los viajes durante el feriado, pero cayó el nivel de consumo
El último fin de semana largo dejó un panorama de fuerte movimiento turístico en distintos puntos del país, aunque con un comportamiento de consumo mucho más prudente que en temporadas anteriores. Si bien aumentó la cantidad de viajeros y se consolidaron las escapadas cortas como tendencia dominante, el gasto promedio mostró límites marcados por la cautela económica y el encarecimiento de los costos asociados al turismo.
De acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el feriado por el 25 de Mayo se ubicó entre los de mayor circulación turística del año, impulsado por festivales populares, recitales, celebraciones patrias y actividades recreativas desarrolladas en distintas provincias.
La entidad precisó que el movimiento de viajeros superó en más de un 9% al registrado durante el mismo feriado de 2023, aunque aquella edición había contado con una extensión mayor de días. El crecimiento en el flujo turístico, sin embargo, no se tradujo de manera proporcional en el nivel de gasto general.
El informe señaló que la permanencia promedio se mantuvo en apenas 2,1 noches, reflejando un esquema cada vez más orientado a viajes breves, de cercanía y con presupuestos más ajustados. En ese contexto, el desembolso diario por visitante alcanzó los $112.385, una cifra que mostró una suba en términos reales frente a mediciones anteriores, aunque fuertemente condicionada por el incremento de los costos de transporte, alojamiento y gastronomía.
A pesar del mayor movimiento, el impacto económico global quedó por debajo de otros fines de semana largos comparables debido a la menor duración del descanso. Según la medición empresarial, el volumen total de consumo turístico alcanzó los $339.880 millones.
Uno de los aspectos más destacados del relevamiento fue la consolidación del turismo interno frente a la retracción de los viajes al exterior. Las búsquedas de destinos nacionales crecieron de manera significativa durante las semanas previas al feriado, mientras que el interés por opciones internacionales mostró una desaceleración asociada a la necesidad de reducir gastos y priorizar escapadas más accesibles.
La dinámica turística estuvo fuertemente influenciada por eventos culturales, deportivos y musicales que funcionaron como motores de atracción en diferentes regiones del país.
En Córdoba, por ejemplo, la ocupación hotelera alcanzó niveles elevados impulsada por espectáculos masivos y por la final del Torneo Apertura disputada entre River Plate y Belgrano. También hubo una intensa actividad vinculada a recitales y festivales populares.
En Santa Fe, los shows de Abel Pintos y Ciro y los Persas, junto con encuentros deportivos de la Copa Argentina, impulsaron un importante flujo de visitantes y consumo vinculado a hotelería, gastronomía y entretenimiento.
Por su parte, Buenos Aires aprovechó el aniversario número 90 del Obelisco para desplegar una agenda cultural especial que incluyó espectáculos audiovisuales y actividades públicas, favoreciendo una ocupación hotelera cercana al 70%.
Las condiciones climáticas también jugaron un rol favorable para los destinos de naturaleza y montaña. Lugares como Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Esteros del Iberá y Valles Calchaquíes mantuvieron una actividad sostenida durante todo el receso.
El balance acumulado de los fines de semana largos de 2026 refleja una recuperación sostenida del movimiento turístico interno, aunque bajo un formato diferente al de años anteriores: viajes más cortos, mayor planificación de gastos y una marcada búsqueda de promociones y alternativas económicas.
En aspecto, Aerolíneas Argentinas informó que transportó más de 147.000 pasajeros durante el feriado, con predominio de vuelos de cabotaje y un fuerte nivel de reservas concentrado en la jornada previa al inicio del descanso.
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