Reducen el impuesto a las ganancias a las empresas
Modifican el proyecto original y reformularán las escalas, aumentando la progresividad del tributo

El Gobierno nacional decidió reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento. La nueva propuesta prevé que la tasa del 25% será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5.000.000 de pesos anuales, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.
La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros, Santiago Cafiero, que conto con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco,
En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se enviará al Congreso el proyecto de Ganancias de Sociedades con» enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo». Agregó que “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal».
El Palacio de Hacienda subrayó que, «a partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual».
La tasa del 25% comprenderá a las empresas con una ganancia de hasta 5 millones de pesos anuales. En tanto, la alícuota del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales. Por su parte, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%.
También participaron de la reunión del gabinete económico los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la senadora Anabel Fernández Sagasti, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y los secretarios de Energía Darío Martínez, y de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.
El Ministerio de Economía precisó que «se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos».
La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión, dijeron fuentes gubernamentales y legislativas.
El 11 de marzo pasado, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que establecía inicialmente que las compañías debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota.
Ahora, con la actualización que el Palacio de Hacienda enviará al Congreso mañana, se estableció que el 90 por ciento del total de las empresas que tributan este impuestos -en su mayoría pequeñas y medianas- abonarán la tasa más baja, del 25%.
El Gobierno fijó en 2020 una tasa del 30 por ciento, luego de que a fines del 2019 el gobierno de Mauricio Macri dispusiera la suspensión de la ley aprobada en 2017, que disminuía la tasa que debían pagar las Sociedades de Capitales.
De este modo y cuando se apruebe la reforma de Ganancias Sociedades, el porcentaje será más bajo para la mayoría de las empresas, ya que se ubicará en torno al 25 por ciento. De esta manera se modifica el proyecto original enviado en marzo y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto.
El proyecto que había girado el PEN establecía una alícuota del 25 por ciento para las sociedades con una ganancia de 1,3 millones de pesos anuales, cifra que ahora fue elevada a 5 millones de pesos.
En el caso de los que tienen que pagar una tasa del 30 por ciento, el proyecto original determinaba un nivel de ganancias anual de $2,6 millones, cifra que ahora pasó a estar comprendida dentro de un rango de entre 5 millones y 20 millones de pesos anuales.
En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2,6 millones pesos pagarán una alícuota de 35 por ciento, porcentaje que el nuevo proyecto ubicó por encima de los 20 millones de pesos anual.
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Los bancarios actualizaron sus salarios y el inicial llegó a casi $2,6 millones
La Asociación Bancaria aplicó una actualización del 1,7% correspondiente a agosto y llevó la remuneración inicial a $2.505.061,24. Con $72.413,50 de participación en ganancias, el ingreso alcanza $2.577.474,74. El incremento acumulado en los primeros ocho meses de 2026 igualó la inflación registrada por el INDEC.
La actualización impacta sobre los distintos componentes contemplados en el acuerdo paritario, incluidos conceptos remunerativos y no remunerativos, adicionales convencionales y otros adicionales que forman parte de los ingresos de los trabajadores.
Con este movimiento, los salarios bancarios acumularon un 21,3% de incremento entre enero y agosto de 2026, tomando como referencia los valores de diciembre del año pasado. El porcentaje coincide con la inflación acumulada durante el mismo período, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.
La comparación adquiere relevancia porque el mecanismo acordado por el gremio y las cámaras empresariales busca que las remuneraciones acompañen la evolución de los precios mediante revisiones periódicas. En agosto, el IPC avanzó 1,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.
La organización sindical también actualizó la compensación correspondiente al Día del Bancario. El monto mínimo quedó establecido en $2.233.175,44, con la previsión de que sea recalculado en las próximas revisiones de acuerdo con la evolución de los precios.
El mecanismo permite que el adicional no quede congelado frente a nuevas variaciones inflacionarias y mantiene vinculada su actualización a la misma pauta utilizada para las remuneraciones de la actividad.
Desde la Asociación Bancaria destacaron que el esquema busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar que los incrementos salariales queden rezagados frente al costo de vida.
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Crisis textil: cerraron 750 establecimientos y se perdieron más de 26.000 empleos desde diciembre de 2023
La producción textil cayó 15,9% interanual en junio y acumuló una contracción del 24,4% en el primer semestre de 2026. Desde diciembre de 2023 desaparecieron 26.851 puestos formales y 750 establecimientos, mientras las fábricas operan al 46,6% de su capacidad.
El deterioro también se refleja en la estructura laboral. En mayo, el complejo que comprende textiles, confección, cuero y calzado registró 93.952 trabajadores formales, 1.229 menos que en abril y 16.244 por debajo del nivel de un año atrás. Desde diciembre de 2023, la reducción acumulada llega a 26.851 empleos registrados.
La contracción productiva tuvo además un correlato empresarial: durante el mismo período dejaron de operar 750 establecimientos vinculados con la cadena, un promedio cercano a 30 cierres mensuales. La pérdida no se limita, por lo tanto, a puestos laborales sino también a unidades productivas y capacidad instalada.
Ese último indicador exhibe otra de las dimensiones de la crisis. En junio, las fábricas textiles utilizaron apenas 46,6% de su capacidad, casi 13 puntos porcentuales por debajo del promedio de la industria manufacturera, que alcanzó el 59,1%. FITA sostiene que el deterioro dejó de responder a fluctuaciones transitorias y comenzó a afectar la capacidad de producción del entramado fabril.
Luis Tendlarz, presidente de la federación, advirtió que la industria lleva más de dos años atravesando una reducción sostenida de producción, empleo, empresas e inversión. Según explicó, el cierre de una fábrica supone además la pérdida de una capacidad productiva cuya recuperación puede demandar años.
La evolución de las plantas permite dimensionar ese proceso. Durante 2023, las fábricas textiles operaban habitualmente entre el 50% y el 60% de su capacidad; desde 2024, el indicador pasó a ubicarse generalmente entre el 30% y el 50%, con registros cercanos al 30% hacia fines de 2025.
El frente externo presenta señales contrapuestas. En junio, las importaciones de productos textiles disminuyeron 45,6% en volumen, mientras las exportaciones crecieron 56,5% en cantidades y 46% en valor. FITA, sin embargo, señala que la mejora exportadora se concentra principalmente en hilados y resulta insuficiente para compensar la debilidad del mercado doméstico.
A la vez, el ingreso de prendas terminadas mantiene una presión creciente sobre los fabricantes locales. Durante el primer semestre, las importaciones de indumentaria aumentaron 60,1%, en un período caracterizado por un consumo interno todavía retraído.
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La paritaria del vino sigue trabada y el gremio acusa a los empresarios de “tacaños”
La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines rechazó por insuficiente la última propuesta empresaria y decidió iniciar asambleas informativas en establecimientos de todo el país. La Secretaría de Trabajo convocó a un nuevo cuarto intermedio para el 16 de septiembre.
La paritaria vitivinícola volvió a quedar sin acuerdo y abrió una nueva instancia de presión sindical. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) rechazó la última propuesta de las cámaras empresarias, la calificó de insuficiente y resolvió llevar la discusión directamente a las bodegas mediante asambleas informativas.
La medida afecta a los sindicatos de la Federación en todo el país y tiene como fin informar a los trabajadores sobre el avance de las paritarias. Las entidades tendrán que notificar con anticipación los lugares, las fechas y los horarios donde se realizarán las asambleas.
La falta de acuerdo se debe a la gran diferencia entre lo que piden los empleados y lo que ofrece la patronal. Desde el sindicato, FOEVA rechazó que la crisis de los pequeños establecimientos sea una excusa para negar un aumento salarial que corresponde a todos los trabajadores de la actividad.
“Los empresarios están siendo tacaños en la paritaria; es vergonzoso que estemos discutiendo por monedas”, sostuvo Romero, vocero de la Federación, al expresar el malestar de la representación gremial.
Según los datos difundidos por la organización, un trabajador de bodega percibe actualmente entre $900.000 y $950.000, mientras que el promedio para quienes se desempeñan en viña ronda los $750.000. Para el sindicato, esos ingresos deben ser analizados frente al costo de vida y no exclusivamente desde las dificultades financieras que atraviesan determinadas empresas.
La discusión salarial también expuso diferencias respecto de la estructura económica de la industria. FOEVA cuestionó la concentración creciente del negocio vitivinícola y advirtió que las dificultades de establecimientos pequeños no deberían convertirse en un argumento para trasladar el ajuste sobre los trabajadores de compañías de distinta escala.
El gremio sostiene que quienes producen y sostienen diariamente la cadena vitivinícola no pueden quedar relegados en la distribución de los ingresos. “Si la vitivinicultura necesita sostenerse y recuperarse, el trabajador no puede ser considerado una variable de ajuste”, planteó Romero.
La próxima instancia formal quedó fijada para el 16 de septiembre, cuando la Secretaría de Trabajo convocará a las partes a un nuevo cuarto intermedio. El objetivo será permitir que empresarios y representantes sindicales evalúen internamente la propuesta y lleguen a esa audiencia con posiciones definidas.
Mientras tanto, las asambleas funcionarán como una herramienta para mantener informadas a las bases y medir el nivel de respaldo a las próximas decisiones de la Federación. El sindicato busca evitar que la negociación quede reducida a una discusión porcentual y pretende incorporar al debate las condiciones concretas de quienes trabajan en bodegas y viñedos.
La pulseada salarial adquiere especial relevancia para una cadena productiva con fuerte presencia en provincias vitivinícolas como Mendoza y San Juan, donde miles de familias dependen directa e indirectamente de la elaboración de vino y de las tareas agrícolas asociadas.
El nuevo cuarto intermedio será, por lo tanto, una instancia decisiva para intentar destrabar una negociación que comenzó a trasladarse de la mesa paritaria hacia los establecimientos. Si no aparece una mejora sustancial en la propuesta, FOEVA ya dejó planteada una primera señal de endurecimiento: la discusión salarial comenzará a ganar presencia en las propias bodegas y viñedos.
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