El salario dejó de ser suficiente para cubrir los gastos esenciales de la mayoría de los trabajadores argentinos. El 87% afirma que sus ingresos no alcanzan para atender sus necesidades básicas, dos puntos porcentuales más que hace un año, mientras que al 73% el dinero le dura apenas dos semanas o menos, según un relevamiento de la plataforma de empleo Bumeran.

El estudio ¿Qué pasa con el salario? también refleja el deterioro percibido de la capacidad de compra: el 74% de los consultados considera que su poder adquisitivo empeoró durante el último año, frente al 58% que sostenía esa opinión en 2025. La persistencia de estas dificultades muestra que la desaceleración de los precios no se traduce necesariamente en una mejora equivalente de los ingresos reales.

La presión se concentra en los gastos cotidianos. El alquiler representa la principal erogación para el 44% de los encuestados, seguido por la alimentación, con el 27%, y el pago de deudas, con el 16%. En cuanto a la duración del sueldo, el 28% asegura que lo destina íntegramente al pago de cuentas apenas lo cobra, mientras que el 15% afirma que no le alcanza para cubrir siquiera una semana. Solo el 9% consigue extenderlo durante todo el mes.

La falta de margen también se refleja en la capacidad de ahorro. Nueve de cada diez trabajadores dicen que no pueden reservar una parte de sus ingresos. Entre quienes explican esa imposibilidad, el 54% señala que cobra demasiado poco, el 19% atribuye el problema a sus compromisos financieros y el 12% a la necesidad de cubrir gastos básicos.

A esa fragilidad se suma el endeudamiento: el 77% declara tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales por encima del registro de 2025. La obligación de sostener el consumo corriente mediante compromisos financieros reduce todavía más el dinero disponible para afrontar imprevistos o construir reservas.

«La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real», advirtió Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint. Según explicó, después de años de pérdida acumulada, una parte importante de los ingresos continúa destinada a rubros indispensables, como la vivienda y los alimentos. El desafío, sostuvo, consiste en recuperar capacidad de consumo y previsibilidad económica.

La presión, además, trasciende el presupuesto individual: la mitad de los encuestados ayuda económicamente a familiares o personas cercanas, de manera habitual u ocasional. Esa transferencia de recursos agrega obligaciones a hogares que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

La totalidad de los participantes manifestó que desearía recibir un aumento salarial. Entre los destinos previstos para una eventual mejora, el 46% priorizaría cancelar deudas, el 22% buscaría ahorrar y el 15% lo utilizaría en alimentación y recreación. Que casi la mitad coloque el saneamiento de sus finanzas por encima de otros objetivos revela hasta qué punto la recuperación de los ingresos está ligada, para los trabajadores, a recuperar margen de maniobra sobre su economía cotidiana.

La CGT encendió una nueva señal de alarma por el deterioro financiero de las obras sociales sindicales, cuyos déficits obligan a los gremios a transferir recursos propios para evitar mayores recortes en la atención médica. Después de tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, la central obrera sostiene que no obtuvo respuestas a sus propuestas y advierte que la crisis ya compromete el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El titular del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, comparó la situación con la de los años noventa, cuando las dificultades financieras de las obras sociales y los sindicatos se retroalimentaron. Según advirtió, el dinero que hoy destinan los gremios a cubrir gastos sanitarios reduce los recursos disponibles para sostener escuelas, campings, vacaciones y otras prestaciones para sus afiliados. Tras el último encuentro con el Gobierno, realizado a fines de septiembre en la sede de la UOCRA, fuentes cegetistas señalaron que el panorama empeoró.

El financiamiento de la discapacidad, en el centro del reclamo

Uno de los principales puntos de discusión es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que recibe aportes de trabajadores y empleadores y permite compensar gastos de las obras sociales. De acuerdo con el informe de la CGT, cerca del 90% de sus recursos se destina actualmente a prestaciones vinculadas con la discapacidad, con un costo mensual estimado en $160.000 millones.

La central sostiene que esa proporción creció de manera marcada: en 2017, el rubro representaba el 22% del fondo. El aumento habría reducido el margen disponible para financiar tratamientos de alta complejidad y medicamentos de elevado costo.

Frente a ese cuadro, la CGT reclama que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean financiados por las áreas estatales correspondientes y que los recursos se transfieran al fondo para liberar capacidad de cobertura sanitaria. El planteo ya había sido presentado durante el gobierno de Alberto Fernández, sin obtener la respuesta que esperaba la dirigencia sindical.

Aportes que no alcanzan para cubrir las prestaciones

El diagnóstico gremial también señala un desajuste entre los ingresos del sistema y el costo de la atención. Más de 11 millones de beneficiarios —el 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales— no generarían recursos suficientes para financiar el Programa Médico Obligatorio (PMO), según las cifras difundidas por la central.

El problema se agrava por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el encarecimiento de los servicios médicos. La CGT estima que el poder de compra de los ingresos laborales cayó alrededor de un 30%, mientras que la capacidad para adquirir medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.

El informe también cuestiona el aporte de los monotributistas, que sería un 78% inferior al costo estimado del PMO. En el caso de los jubilados que conservan su afiliación, calcula una transferencia de unos $53.000 por persona frente a una recaudación cercana a $159.000, una diferencia que presiona sobre las cuentas de las entidades.

A esos factores se suman, según el documento, los valores de facturación de determinados hospitales públicos y la falta de autorización previa para algunas prácticas programadas, cuestiones que la central considera necesario revisar.

El sanitarista Luis Scervino, asesor de la CGT y ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, resumió el problema como una brecha cada vez mayor entre los aportes que ingresan y los gastos asistenciales. La pérdida salarial y la suba de los costos médicos dejan diferencias que, en numerosos casos, terminan judicializadas. «Es una olla a presión», advirtió.

La ausencia de un consenso con el Poder Ejecutivo traslada la crisis a dos sectores clave: los beneficiarios, afectados por dilaciones y recortes en los servicios, y las organizaciones sindicales, forzadas a utilizar recursos propios para mantener las prestaciones. La dirigencia gremial sostiene que la salida definitiva exige reestructurar el modelo de financiamiento y delimitar las responsabilidades estatales, garantizando que no se degrade la asistencia médica.

El Pontífice ratificó su viaje apostólico, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre y comprenderá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El programa incluye una reunión con Javier Milei, celebraciones religiosas y un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

El anuncio despejó las dudas que habían surgido sobre la continuidad del viaje después de su reciente intervención pulmonar. La agenda oficial de la Santa Sede mantiene las fechas previstas y contempla encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

«Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida», expresó el Pontífice en un mensaje publicado en su cuenta de X. También manifestó su deseo de que la gira permita «abrir nuestros corazones los unos a los otros», fortalecer la comunión y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

La llegada está prevista para el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Tras un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, León XIV será recibido en la Casa Rosada y se reunirá con el presidente Javier Milei. La primera jornada concluirá con un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa multitudinaria a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, participará de una reunión con referentes de distintas tradiciones religiosas y compartirá las vísperas con el episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba, donde presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes de la Iglesia. De regreso en Buenos Aires, encabezará por la noche una vigilia con jóvenes. El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Lima a las 14 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La visita tendrá una dimensión que excede el calendario litúrgico. La reunión con el Presidente concentrará la atención institucional, mientras que los encuentros con trabajadores, jóvenes, comunidades religiosas y personas privadas de libertad reflejarán las distintas prioridades pastorales del Pontífice.

Será la primera visita de León XIV a la Argentina desde su elección como Papa y una oportunidad de encuentro directo con los fieles, en un recorrido que combinará la relación con las autoridades nacionales y el contacto con comunidades sociales y religiosas.