Las estaciones de servicio comercializaron 1,36 millones de metros cúbicos durante julio, un 6,4% menos que en el mismo mes de 2025. En los primeros siete meses del año, el mercado acumuló una baja del 2,1% y quedó casi 10% por debajo del volumen registrado en 2023.

La venta de combustibles volvió a caer en julio y profundizó una tendencia que atraviesa buena parte de 2026. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación difundidos por Surtidores, las estaciones de servicio comercializaron 1.368.722 metros cúbicos durante el séptimo mes del año, frente a los 1.462.232 metros cúbicos del mismo período de 2025.

La diferencia fue de 93.510 metros cúbicos, equivalente a una contracción interanual del 6,4%. El resultado confirma, además, el sexto mes consecutivo con menor volumen vendido respecto del mismo período del año anterior.

La secuencia comenzó en febrero, cuando las ventas retrocedieron 1,67%. En marzo la disminución fue de 1,05%; en abril llegó al 2,38%; en mayo se ubicó en 0,20% y en junio alcanzó el 2,92%. Enero había mostrado apenas una variación positiva del 0,11%, insuficiente para modificar la tendencia posterior.

El acumulado de los primeros siete meses también refleja un mercado más reducido. Entre enero y julio se comercializaron 9,58 millones de metros cúbicos, contra 9,79 millones en igual período de 2025. En términos absolutos, son alrededor de 204.000 metros cúbicos menos, con una caída del 2,1%.

La comparación con 2023 muestra una pérdida de volumen todavía mayor. Durante los primeros siete meses de aquel año se habían vendido aproximadamente 10,64 millones de metros cúbicos. Frente a ese registro, el nivel actual se encuentra cerca de un 10% por debajo, una diferencia que adquiere especial relevancia para una red de estaciones cuyos costos operativos y márgenes dependen directamente del volumen despachado.

El retroceso de julio alcanzó tanto a las naftas como al gasoil. El gasoil G2 disminuyó 7,04% interanual, mientras que el gasoil G3 cayó 1,89%. Entre las naftas, la Súper registró la mayor contracción, con un descenso del 7,8%, y la Premium retrocedió 6,4%.

La menor demanda empieza a traducirse en una preocupación adicional para los empresarios de estaciones de servicio: la rentabilidad. Con menos litros vendidos, los establecimientos enfrentan mayores dificultades para sostener márgenes y afrontar gastos operativos, una combinación que puede postergar inversiones en infraestructura, mantenimiento y modernización de los puntos de expendio.

La distribución por compañías mantiene a YPF al frente del mercado. La petrolera estatal comercializó 762.779 metros cúbicos durante julio, seguida por Shell, con 311.193; AXION energy, con 166.111, y Puma Energy, con 77.301 metros cúbicos.

El comportamiento del mercado muestra así que la contracción no responde únicamente a una marca o a un tipo particular de combustible. La reducción se extendió sobre los principales productos y alcanzó al conjunto de las grandes cadenas de comercialización.

El dato de julio agrega presión sobre un mercado que ya había perdido volumen durante el primer semestre. Si la tendencia se mantiene durante los próximos meses, las estaciones de servicio deberán afrontar una segunda mitad del año con menor demanda y mayores dificultades para sostener niveles de inversión, mientras el consumo de combustibles queda como otro indicador de la evolución del poder de compra y del gasto de hogares y empresas.

Los gremios docentes y nodocentes confirmaron una huelga nacional para este jueves 27 y viernes 28 de agosto. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ adherirán a la medida, que también cuenta con el respaldo de autoridades de la UNSJ, estudiantes y trabajadores. Reclaman la aplicación de la Ley 27.795, recomposición salarial, actualización de becas y mayores partidas para gastos de funcionamiento. La protesta alcanzará el dictado de clases en las facultades y los colegios preuniversitarios.

La huelga profundiza un conflicto que ya lleva más de 300 días y que tiene como reclamo principal la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de las Universidades Nacionales. La norma, sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada frente al veto presidencial, establece mecanismos de actualización para salarios, becas y partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones.

El reclamo universitario también incorporó el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Justicia. Autoridades de la UNSJ, representantes de ADICUS, SiDUNSJ, UDAP y APUNSJ, junto con la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), habían advertido en una conferencia de prensa que el Gobierno nacional mantiene sin ejecutar disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Entre los puntos exigidos figura la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero dispone la convocatoria a negociaciones salariales y la actualización de los ingresos de docentes y nodocentes de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023. El segundo establece mecanismos de recomposición para las becas estudiantiles.

Los gremios sostienen que los salarios acumulan un deterioro cercano al 40% al incorporar las últimas variaciones de precios y cuestionan, además, la ausencia de una negociación paritaria que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó que ya transcurrieron más de 10 meses sin aplicación de la ley y cuestionó que el Ejecutivo tampoco haya cumplido resoluciones judiciales vinculadas con el financiamiento.

El deterioro no se limita a las remuneraciones. Las universidades advierten sobre el aumento de los costos de servicios e insumos, que según las autoridades sanjuaninas llegó a incrementarse alrededor de un 600% sin una actualización equivalente de las partidas destinadas al funcionamiento. El problema alcanza también a los hospitales universitarios y a la continuidad de programas de investigación y formación.

La situación salarial genera, además, preocupación por la permanencia de profesionales especializados dentro del sistema público. Docentes con formación de posgrado y dedicación exclusiva enfrentan ingresos que, según estimaciones difundidas por autoridades universitarias, requieren recomposiciones superiores al 50% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

A esto se suma la reducción denunciada en el universo de beneficiarios de becas estudiantiles. De acuerdo con los datos expuestos por representantes universitarios, la cantidad de beneficiarios habría descendido de aproximadamente 1,8 millones a 600.000 a nivel nacional, un recorte que las organizaciones vinculan directamente con el deterioro de las condiciones de permanencia y cursado.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, calificó de “inaudito” el incumplimiento de una norma sancionada por el Congreso y cuestionó que el Poder Ejecutivo no avance con las disposiciones reclamadas por la comunidad universitaria. Desde las organizaciones sindicales, en tanto, señalaron la gravedad institucional que atribuyen al incumplimiento de decisiones de la Corte Suprema.

La huelga fue ratificada por la FEDUN, CONADU y FATUN luego de una nueva instancia judicial de conciliación que no permitió destrabar el conflicto. El Frente Sindical Universitario resolvió avanzar con la medida junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), mientras las organizaciones preparan nuevas acciones de visibilización, movilizaciones y clases públicas.

En San Juan, el paro constituye el primer tramo de un esquema de protesta que las organizaciones universitarias anticipan como progresivo. La definición busca elevar la presión sobre el Gobierno nacional antes de la discusión presupuestaria de 2027 y reclamar una respuesta que permita recomponer los salarios y garantizar el funcionamiento de la UNSJ.

Con las aulas nuevamente vacías durante dos jornadas, la comunidad universitaria volverá a colocar el financiamiento de la educación superior entre las principales demandas sindicales y educativas. En San Juan, la adhesión de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades refleja que el reclamo excede la discusión salarial y alcanza el sostenimiento cotidiano de la universidad pública.

El Ejecutivo acordó con UPCN incrementos mensuales de entre 1,5% y 1,9% hasta diciembre, además de una suma no remunerativa de $80.000 por única vez. ATE rechazó la propuesta y convocará a un plenario federal para definir nuevas medidas de fuerza.

El Gobierno nacional cerró este martes la paritaria de los trabajadores de la Administración Pública Nacional con una propuesta que contempla aumentos mensuales inferiores al 2% y un bono extraordinario de $80.000. La oferta fue aceptada por UPCN, mientras que ATE la rechazó y anticipó una nueva ofensiva gremial contra la política salarial oficial.

La negociación se desarrolló en la Secretaría de Trabajo, con participación de funcionarios de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el Ministerio de Economía. El esquema acordado establece una suba del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

A esos incrementos se suma una suma fija no remunerativa de $80.000 que será abonada por única vez en diciembre, junto con una actualización del premio estímulo a la asistencia. El entendimiento tendrá impacto sobre los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de la administración pública nacional.

La diferencia entre los principales sindicatos estatales quedó expuesta inmediatamente después de la reunión. Mientras UPCN avaló la propuesta, ATE consideró que los aumentos vuelven a ubicarse por debajo de la inflación y cuestionó especialmente el carácter extraordinario del bono, al entender que no recompone los salarios de manera permanente.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sostuvo que el acuerdo profundiza el deterioro de los ingresos. “Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó el dirigente, quien anticipó que el sindicato convocará la semana próxima a un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza.

Aguiar también cuestionó que la suma extraordinaria no forme parte del salario y advirtió que, por su monto y carácter excepcional, tendrá un efecto limitado sobre los ingresos de los trabajadores. Desde ATE sostienen que la pérdida acumulada del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 supera el 44% para los empleados comprendidos en el convenio 214/06.

El rechazo sindical se apoya además en un relevamiento realizado por ATE entre trabajadores de organismos y ministerios de todo el país. Según la encuesta difundida por la organización, el 87% de los consultados mantiene deudas vigentes y, dentro de ese universo, el 73% registra compromisos con más de una entidad.

El mismo relevamiento muestra que una parte importante del endeudamiento está vinculada con gastos esenciales: el 40% de los trabajadores consultados señaló que utiliza esos recursos para afrontar urgencias médicas, educación, alquileres o expensas, mientras que otro 37% los destina al pago de otras deudas o a la compra de alimentos y ropa.

El deterioro salarial también aparece reflejado en un informe elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y organizaciones sociales y sindicales de distintas centrales. Según ese trabajo, basado en datos oficiales del INDEC y en una canasta ajustada a las necesidades de los trabajadores, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería alcanzar los $3.065.161 para superar el umbral de pobreza.

El informe calcula además que, durante la gestión de Javier Milei, un trabajador de la Administración Pública perdió en promedio $14,9 millones de poder adquisitivo. La estimación busca dimensionar el efecto acumulado de los incrementos salariales frente a la evolución de los precios.

Con el aval de UPCN, la administración nacional blindó las cuentas salariales hasta diciembre, marcando una nueva ruptura con ATE. El sindicato ya anticipó que llevará el rechazo a una instancia federal y buscará definir medidas de fuerza, por lo que la discusión salarial estatal continuará más allá de la firma alcanzada en la Secretaría de Trabajo.