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Modifican el proyecto original y reformularán las escalas, aumentando la progresividad del tributo

 El Gobierno nacional decidió reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento. La nueva propuesta prevé que la tasa del 25% será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5.000.000 de pesos anuales, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros, Santiago Cafiero, que conto con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco,

En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se enviará al Congreso el proyecto de Ganancias de Sociedades con» enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo». Agregó que “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal».

El Palacio de Hacienda subrayó que, «a partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual».

La tasa del 25% comprenderá a las empresas con una ganancia de hasta 5 millones de pesos anuales. En tanto, la alícuota del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales. Por su parte, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%.

También participaron de la reunión del gabinete económico los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la senadora Anabel Fernández Sagasti, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y los secretarios de Energía Darío Martínez, y de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

El Ministerio de Economía precisó que «se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos».

La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión, dijeron fuentes gubernamentales y legislativas.

El 11 de marzo pasado, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que establecía inicialmente que las compañías debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota.

Ahora, con la actualización que el Palacio de Hacienda enviará al Congreso mañana, se estableció que el 90 por ciento del total de las empresas que tributan este impuestos -en su mayoría pequeñas y medianas- abonarán la tasa más baja, del 25%.

El Gobierno fijó en 2020 una tasa del 30 por ciento, luego de que a fines del 2019 el gobierno de Mauricio Macri dispusiera la suspensión de la ley aprobada en 2017, que disminuía la tasa que debían pagar las Sociedades de Capitales.

De este modo y cuando se apruebe la reforma de Ganancias Sociedades, el porcentaje será más bajo para la mayoría de las empresas, ya que se ubicará en torno al 25 por ciento. De esta manera se modifica el proyecto original enviado en marzo y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto.

El proyecto que había girado el PEN establecía una alícuota del 25 por ciento para las sociedades con una ganancia de 1,3 millones de pesos anuales, cifra que ahora fue elevada a 5 millones de pesos.

En el caso de los que tienen que pagar una tasa del 30 por ciento, el proyecto original determinaba un nivel de ganancias anual de $2,6 millones, cifra que ahora pasó a estar comprendida dentro de un rango de entre 5 millones y 20 millones de pesos anuales.

En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2,6 millones pesos pagarán una alícuota de 35 por ciento, porcentaje que el nuevo proyecto ubicó por encima de los 20 millones de pesos anual.

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ASIJEMIN denunció irregularidades en las elecciones de la CTA y exigió garantías democráticas

La elección de autoridades de la CTA de los Trabajadores en San Juan incorporó un nuevo pronunciamiento crítico. ASIJEMIN reclamó transparencia y garantías de imparcialidad en los comicios, luego de advertir sobre presuntas irregularidades que, a su criterio, comprometen la credibilidad del procedimiento.

La conducción nacional del sindicato de jerárquicos mineros respaldó los cuestionamientos sobre los padrones, la fiscalización, la custodia de las urnas y la distribución de los centros de votación. Además, objetó la actuación de la Junta Electoral provincial y reclamó que se examinen las anomalías señaladas.

El documento lleva las firmas del secretario general nacional, Marcelo Mena Muñoz, la Comisión Directiva y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La entidad acompañó los planteos de la Lista 26 de Julio y enumeró distintos aspectos que considera necesario esclarecer: la confección de los padrones, las condiciones para fiscalizar, el resguardo de las urnas y la ubicación de los establecimientos habilitados para votar.

También expresó reparos sobre la independencia de la Junta Electoral provincial, cuya función consiste en asegurar reglas equitativas para todas las nóminas. Para la organización, las objeciones formuladas requieren respuestas concretas que permitan despejar dudas sobre la regularidad de la elección.

«La democracia sindical no puede ser una formalidad ni quedar condicionada por intereses particulares», sostuvo ASIJEMIN, que reclamó explicaciones y una revisión de los hechos señalados.

El planteo trasciende la disputa entre agrupaciones y coloca bajo discusión las garantías institucionales que deben regir la renovación de autoridades de la central obrera sanjuanina. La legitimidad de sus representantes depende también de que los afiliados puedan sufragar en condiciones de igualdad y con reglas claras.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera ratificó que la transparencia y la imparcialidad son requisitos indispensables para una representación gremial legítima. Ahora, la responsabilidad de las autoridades electorales será responder a los cuestionamientos y aportar certezas sobre la validez de los comicios.

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El PJ prometió darle a la CGT un lugar en la mesa política rumbo a 2027

La CGT consiguió un compromiso político para incorporarse a la próxima cumbre de los principales referentes del peronismo, en un movimiento que busca recomponer el vínculo entre la conducción sindical y los espacios que comenzaron a discutir la reorganización del partido de cara a las elecciones presidenciales del año entrante.

La promesa fue transmitida durante contactos recientes con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa. Aunque todavía no se estableció una fecha, la reunión se proyecta para después de la visita del papa León XIV a la Argentina y antes de finalizar el año.

La incorporación de los gremios busca corregir una ausencia que había generado malestar en la central obrera. Las dos reuniones anteriores —una en agosto, en el Hotel Emperador, y otra en octubre, en la Casa de la Provincia de La Pampa— congregaron a gobernadores, legisladores y dirigentes de distintas vertientes peronistas, pero dejaron afuera a la conducción cegetista.

En esos encuentros participaron, entre otros, Kicillof, Kirchner y Massa, junto con los gobernadores Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán y Gustavo Melella. La ausencia sindical alimentó el reclamo por recuperar un lugar en las decisiones de un espacio político que históricamente tuvo al movimiento obrero como uno de sus pilares.

La CGT no pretende limitar su participación a un respaldo electoral. Sus dirigentes buscan intervenir en la elaboración del programa, la definición de candidaturas y la conformación de las listas. La consigna que sintetiza esa posición es convertirse en «protagonista, no espectador» de la reconstrucción peronista.

El acercamiento fue impulsado por distintos referentes de la central. Cristian Jerónimo, Jorge Sola, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez mantuvieron conversaciones con Massa y Máximo Kirchner, mientras Héctor Daer y Octavio Argüello gestionaron el vínculo con Kicillof.

La relación arrastra diferencias de larga data, particularmente con el kirchnerismo. Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner hubo enfrentamientos con parte de la conducción sindical, y las discrepancias volvieron a quedar expuestas en el acto cegetista por el Día del Trabajador, cuando Máximo Kirchner cuestionó que no se hubiera mencionado a la expresidenta. La central rechazó entonces las críticas y reivindicó su autonomía.

A la discusión política se suma la expectativa por la visita del Papa, cuyo mensaje sobre justicia social y humanismo es seguido con atención por los dirigentes gremiales. La central también evalúa una protesta nacional antes de fin de año, posiblemente mediante un paro de entre dos y seis horas, con permanencia de los trabajadores en sus puestos.

La eventual cumbre abrirá una instancia para medir hasta dónde están dispuestos los distintos espacios peronistas a compartir las decisiones. Para la CGT, el desafío será transformar la promesa de participación en una representación efectiva dentro de la construcción política y electoral que se proyecta hacia 2027.

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Día del Bancario: una conquista sindical que mantiene vigente el valor del trabajo colectivo

Cada 6 de noviembre, la Argentina reconoce a los trabajadores bancarios y recuerda una conquista fundamental de su historia sindical: la firma del primer convenio colectivo de la actividad en 1950. La fecha reivindica los derechos laborales, la organización gremial y el aporte de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema financiero.

La historia está ligada a la Asociación Bancaria, fundada en 1924, que tuvo un papel decisivo en la organización de los trabajadores y en la defensa de sus reivindicaciones. Durante décadas, la acción colectiva, las negociaciones y las medidas gremiales fueron instrumentos centrales para avanzar en el reconocimiento de derechos.

Desde entonces, el Día del Bancario quedó incorporado al calendario laboral argentino como una jornada de reconocimiento a quienes cumplen funciones indispensables para el funcionamiento del sistema financiero. La atención al público, la administración de cuentas, el procesamiento de operaciones, la gestión de créditos y la asistencia a empresas y particulares forman parte de una tarea que sostiene buena parte de las transacciones económicas cotidianas.

La fecha también adquiere relevancia por los cambios que atraviesa la actividad. La digitalización de los servicios, las operaciones a través de plataformas y aplicaciones, y la transformación de los procesos financieros modificaron las formas de trabajo y plantean nuevos desafíos en materia de empleo, capacitación y derechos laborales.

Como cada año, las sucursales bancarias permanecen cerradas en todo el país, mientras continúan disponibles los canales digitales, las aplicaciones y los cajeros automáticos. La jornada permite que los trabajadores celebren su día y constituye, al mismo tiempo, una expresión del reconocimiento a su labor.

A 76 años de aquella conquista, el Día del Bancario conserva su significado original: recordar que los derechos laborales no fueron concesiones, sino resultados de la organización y la lucha colectiva. Una memoria que mantiene vigencia frente a las transformaciones del mundo del trabajo y reafirma el valor de la representación sindical.

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