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Modifican el proyecto original y reformularán las escalas, aumentando la progresividad del tributo

 El Gobierno nacional decidió reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento. La nueva propuesta prevé que la tasa del 25% será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5.000.000 de pesos anuales, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros, Santiago Cafiero, que conto con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco,

En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se enviará al Congreso el proyecto de Ganancias de Sociedades con» enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo». Agregó que “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal».

El Palacio de Hacienda subrayó que, «a partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual».

La tasa del 25% comprenderá a las empresas con una ganancia de hasta 5 millones de pesos anuales. En tanto, la alícuota del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales. Por su parte, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%.

También participaron de la reunión del gabinete económico los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la senadora Anabel Fernández Sagasti, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y los secretarios de Energía Darío Martínez, y de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

El Ministerio de Economía precisó que «se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos».

La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión, dijeron fuentes gubernamentales y legislativas.

El 11 de marzo pasado, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que establecía inicialmente que las compañías debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota.

Ahora, con la actualización que el Palacio de Hacienda enviará al Congreso mañana, se estableció que el 90 por ciento del total de las empresas que tributan este impuestos -en su mayoría pequeñas y medianas- abonarán la tasa más baja, del 25%.

El Gobierno fijó en 2020 una tasa del 30 por ciento, luego de que a fines del 2019 el gobierno de Mauricio Macri dispusiera la suspensión de la ley aprobada en 2017, que disminuía la tasa que debían pagar las Sociedades de Capitales.

De este modo y cuando se apruebe la reforma de Ganancias Sociedades, el porcentaje será más bajo para la mayoría de las empresas, ya que se ubicará en torno al 25 por ciento. De esta manera se modifica el proyecto original enviado en marzo y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto.

El proyecto que había girado el PEN establecía una alícuota del 25 por ciento para las sociedades con una ganancia de 1,3 millones de pesos anuales, cifra que ahora fue elevada a 5 millones de pesos.

En el caso de los que tienen que pagar una tasa del 30 por ciento, el proyecto original determinaba un nivel de ganancias anual de $2,6 millones, cifra que ahora pasó a estar comprendida dentro de un rango de entre 5 millones y 20 millones de pesos anuales.

En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2,6 millones pesos pagarán una alícuota de 35 por ciento, porcentaje que el nuevo proyecto ubicó por encima de los 20 millones de pesos anual.

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Los gremios universitarios reivindicaron el mensaje de León XIV en defensa de la educación pública

Representantes de FEDUN, UDA y FATUN valoraron las definiciones del Pontífice sobre el papel de la educación, la investigación y el conocimiento en el desarrollo argentino. Las organizaciones vincularon sus palabras con la necesidad de garantizar el financiamiento universitario y ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones, en medio de los cuestionamientos al ajuste del Gobierno nacional.

Las principales organizaciones sindicales vinculadas con la educación y las universidades nacionales destacaron las definiciones del papa León XIV en defensa de la formación, la investigación científica y el acceso al conocimiento. Referentes de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) interpretaron que el mensaje del Pontífice puso en primer plano la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la construcción de un sistema educativo capaz de garantizar igualdad de oportunidades.

Las expresiones fueron recibidas en un momento de fuertes cuestionamientos al financiamiento de las universidades públicas y a las políticas nacionales destinadas al sistema científico. En ese marco, las entidades gremiales consideraron que las palabras de León XIV aportaron una dimensión social al debate presupuestario, al vincular el futuro de la Argentina con la posibilidad de sostener instituciones educativas, promover la investigación y asegurar que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en el país.

Durante su primer discurso oficial en territorio argentino, pronunciado en el Palacio Libertad ante autoridades nacionales y representantes institucionales, el Papa subrayó que el desarrollo de una sociedad requiere fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. En particular, sostuvo que generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir libremente su futuro en Argentina exige una apuesta sostenida por esas áreas.

La reflexión tuvo una recepción favorable entre los representantes universitarios, que destacaron la relación establecida por el Pontífice entre conocimiento, dignidad humana y desarrollo colectivo. Desde FEDUN valoraron que la educación y la ciencia fueran incorporadas como prioridades para pensar el futuro nacional, y remarcaron la necesidad de que las decisiones públicas coloquen el desarrollo y las oportunidades de la población en el centro de sus objetivos.

UDA vinculó educación y dignidad del trabajo

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, participó del encuentro que León XIV mantuvo con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina. Allí destacó la sensibilidad del Pontífice frente a las dificultades que atraviesan tanto los trabajadores como el sistema educativo.

Romero valoró especialmente la afirmación papal de que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. También recuperó la reflexión sobre el trabajo como una dimensión constitutiva de la dignidad humana y destacó la referencia a las tres demandas históricas de los movimientos populares: tierra, techo y trabajo.

Para el dirigente, esas definiciones expresan una concepción social que reconoce la educación y el empleo como componentes fundamentales de una sociedad con mayores posibilidades de integración y desarrollo.

FATUN defendió el carácter público de la universidad

Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, que conduce Walter Merkis, también destacaron las palabras del Papa y su referencia al acceso a la educación como un derecho que no debe quedar reservado a determinados grupos sociales.

La organización puso especial atención en una de las expresiones del Pontífice: “Allí donde el acceso a la educación sigue siendo un privilegio, la Iglesia debe abrir puertas e inventar caminos”. Para los trabajadores nodocentes, esa definición trasciende el ámbito religioso y constituye una convocatoria a reconocer la educación como herramienta de inclusión, igualdad y transformación social.

FATUN sostuvo que la universidad debe permanecer abierta a todos los sectores y advirtió sobre los riesgos de convertirla en un ámbito restringido por las condiciones económicas. También reivindicó el aporte de los trabajadores nodocentes, cuyo desempeño cotidiano resulta indispensable para el funcionamiento de las instituciones, el desarrollo de las actividades académicas y la producción de conocimiento.

La federación reafirmó que defender la universidad pública significa preservar oportunidades de formación, investigación y movilidad social. En esa línea, vinculó la continuidad de esas funciones con la necesidad de contar con recursos suficientes para sostener el sistema.

Las reacciones de los gremios reflejaron una coincidencia alrededor de un principio: la educación no puede ser considerada un gasto prescindible, sino una inversión determinante para el desarrollo social y productivo. El mensaje de León XIV volvió a colocar esa discusión en el centro de la agenda pública y encontró eco en organizaciones que reclaman condiciones presupuestarias adecuadas para garantizar el funcionamiento de las universidades, proteger el trabajo de sus integrantes y sostener el acceso al conocimiento. La dimensión del debate excede, por lo tanto, una disputa salarial o presupuestaria: compromete el modelo de educación y las oportunidades que la Argentina estará en condiciones de ofrecer a las próximas generaciones.

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ASIJEMIN destacó el resultado de su intervención en defensa de los derechos laborales

Delegados de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), junto con representantes de la Comisión Interna, impulsó audiencias y actuaciones ante el Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento del beneficio. El pago fue verificado mediante documentación y actas oficiales, en el marco del convenio colectivo 789/21.

Los trabajadores de Perforaciones Santacruceña S.A. percibieron el bono anual de producción correspondiente a 2025, luego de una serie de gestiones impulsadas por el Sindicato Jerárquico Minero ASIJEMIN para garantizar el cumplimiento de ese reconocimiento económico. La intervención incluyó audiencias, presentaciones administrativas y actuaciones ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con participación de representantes gremiales y de la operadora Minera Santa Cruz.

El proceso fue encabezado por la Delegación Regional Sur del sindicato, a cargo de su director regional, Oscar Romillo, junto con los delegados y miembros de la Comisión Interna. Según informó la organización, las gestiones permitieron avanzar en la regularización del beneficio para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21.

La efectivización del pago fue respaldada mediante controles sobre los montos liquidados y documentación formal. ASIJEMIN indicó que la percepción del bono quedó constatada a través de actas oficiales de la delegación, un procedimiento destinado a verificar tanto el cumplimiento de las obligaciones empresariales como la acreditación del dinero a los trabajadores alcanzados.

El resultado representa un antecedente concreto de intervención sindical en una discusión vinculada con la composición de los ingresos y el reconocimiento de la producción minera. La actuación combinó la representación directa de los trabajadores con mecanismos institucionales de reclamo y seguimiento administrativo hasta comprobar la concreción del pago.

Desde la organización resaltaron que el cumplimiento del beneficio refleja la importancia de la presencia gremial, la coordinación entre delegados y la continuidad de las gestiones para resguardar los derechos establecidos en los acuerdos laborales.

ASIJEMIN ratificó, además, su compromiso con la defensa salarial, la jerarquización profesional y la unidad de los trabajadores mineros. En una actividad donde las condiciones de contratación y los componentes de la remuneración forman parte de las discusiones centrales, el caso vuelve a poner de relieve el papel de la representación sindical y de los instrumentos formales para exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales.

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La advertencia del Papa sobre el desempleo y los riesgos de la inteligencia artificial

Ante representantes sindicales, empresarios y movimientos sociales reunidos en la Universidad Católica Argentina, el Pontífice defendió el valor social del trabajo, cuestionó las formas de desarrollo que profundizan la desigualdad y reclamó controles públicos frente al avance de la inteligencia artificial y la automatización.

El papa León XIV llevó a la Universidad Católica Argentina (UCA) un mensaje directo al mundo del trabajo: la economía debe estar subordinada a la dignidad de las personas y el desarrollo no puede construirse a costa de quienes producen, de las comunidades más vulnerables ni de las generaciones futuras. Durante un encuentro con dirigentes sindicales, empresarios y representantes de movimientos sociales, el Pontífice reivindicó el empleo como un factor esencial de integración y advirtió sobre las consecuencias sociales del desempleo, la explotación y los cambios tecnológicos sin regulación.

La reunión se realizó en el Auditorio San Juan Pablo II del Edificio San José, en el Campus Papa Francisco, ubicado en Puerto Madero. Allí, León XIV expresó su deseo de encontrarse con los representantes del ámbito laboral argentino y planteó que el trabajo no debe entenderse como un espacio de confrontación, sino como una herramienta para construir la realidad social a partir del compromiso y el aporte de todos.

“El trabajo no es un instrumento de conflicto sino que ayuda a construir la realidad social”, afirmó. En esa línea, sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, una definición que atravesó buena parte de su exposición y que puso en discusión los criterios con los que se mide el crecimiento económico.

El Papa reclamó un equilibrio entre los principios económicos, la perspectiva empresarial y las necesidades de los trabajadores. Advirtió que no puede considerarse verdadero progreso aquel que mejora las condiciones de algunos mientras transfiere los costos a los sectores más desprotegidos o compromete las posibilidades de quienes vendrán después. Su planteo apuntó a una concepción del desarrollo que incorpore la justicia social y la responsabilidad colectiva como componentes centrales.

Uno de los pasajes más contundentes estuvo dedicado al desempleo. León XIV señaló que perder el trabajo no significa únicamente dejar de percibir un salario: también implica una lesión profunda a la dignidad, una limitación de la capacidad de contribuir a la sociedad y un riesgo concreto de exclusión. Desde esa perspectiva, recuperó una consigna histórica de los movimientos populares al afirmar que “tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social”.

También destacó la capacidad de organización de los trabajadores informales y de los movimientos populares. Según sostuvo, estos espacios no permanecen a la espera de la asistencia estatal, sino que desarrollan respuestas comunitarias desde sus propias organizaciones. La referencia amplió el alcance de su mensaje más allá del empleo registrado y reconoció el papel de quienes construyen alternativas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

El Sumo Pontífice advirtió, además, que las transformaciones económicas y tecnológicas pueden profundizar las desigualdades cuando el poder queda concentrado en manos de unos pocos. En ese escenario, alertó que el trabajo corre el riesgo de convertirse en una forma de explotación que alcance a todos los componentes del mundo laboral.

La inteligencia artificial, bajo advertencia

La incorporación de nuevas tecnologías ocupó otro tramo central de su intervención. León XIV señaló que la inteligencia artificial y los procesos de automatización, cuando avanzan sin regulaciones adecuadas, pueden poner en peligro numerosos puestos de trabajo y convertirse en una amenaza para el desarrollo humano integral.

Frente a ese desafío, estableció un principio: “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética”. También advirtió que ningún algoritmo puede reemplazar el discernimiento humano ni desconocer el valor de la presencia y el esfuerzo de quienes trabajan. En ese sentido, asignó a los poderes públicos la responsabilidad de establecer resguardos para evitar que la innovación tecnológica termine deteriorando las condiciones laborales o desplazando trabajadores sin alternativas.

Su planteo trasladó la discusión desde el terreno estrictamente tecnológico hacia una cuestión política, económica y social: quién conduce los procesos de transformación, quién recibe sus beneficios y quién asume sus costos. La advertencia también interpela a las empresas, los sindicatos y los gobiernos frente a la necesidad de compatibilizar productividad, innovación y protección del empleo.

El mensaje pronunciado en la UCA dejó una definición de fondo: el trabajo no puede reducirse a una variable de ajuste ni quedar subordinado exclusivamente a la rentabilidad. Para León XIV, su valor excede la dimensión salarial, porque constituye una vía de participación, reconocimiento e integración comunitaria. En momentos de profundas transformaciones productivas, su llamado apuntó a que el progreso tecnológico y económico tenga como medida principal a la persona y no a su capacidad de generar beneficios.

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