El Grupo Dass confirmó el cierre definitivo de su establecimiento de Eldorado, Misiones, la última planta que mantenía operativa en Argentina. La decisión supone el despido de 150 trabajadores, pone fin a la fabricación nacional de calzado para Nike y Adidas y consolida un proceso de reconversión empresarial orientado a sustituir la producción local por importaciones provenientes de Brasil.

La empresa comunicó al gremio que las operaciones concluirán entre el 17 y el 25 de julio y que los 150 trabajadores que permanecen en la fábrica serán desvinculados. Asimismo, informó que abonará la totalidad de las indemnizaciones previstas por la legislación laboral.

La resolución representa el desenlace de una transformación iniciada durante 2025. En una primera etapa, Dass cerró su establecimiento de Coronel Suárez, donde confeccionaba calzado para Adidas, y desvinculó a unos 360 trabajadores. Aquella reestructuración concentró toda la producción nacional en Misiones, aunque la reducción de pedidos y el cambio de estrategia comercial terminaron por volver inviable la continuidad de esa operación.

Fuentes vinculadas a la compañía sostienen que la decisión responde a la redefinición de su esquema de abastecimiento. Con un mercado más abierto a las importaciones y menores costos de fabricación en Brasil, la firma optó por centralizar la producción en las ocho plantas que posee en ese país y abastecer desde allí al mercado argentino. La ausencia de nuevos encargos para fabricar calzado de Nike y Adidas terminó de precipitar el cierre de la planta misionera.

Aunque abandona definitivamente la producción industrial, Dass mantendrá presencia en Argentina mediante la comercialización y distribución de las marcas Fila, Umbro y Asics, cuyas licencias administra en el mercado local. Las operaciones logísticas continuarán desarrollándose desde los centros de distribución ubicados en Coronel Suárez y Cañuelas.

La decisión no sorprendió al personal. Durante los primeros meses de 2026 la empresa ya había reducido su plantilla con el despido de 43 trabajadores y los representantes gremiales advertían que el volumen de producción asegurado alcanzaba únicamente hasta mediados de año. La confirmación del cierre puso fin a meses de incertidumbre para los operarios y sus familias.

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) atribuyen el retroceso de la producción a la convergencia de varios factores: la apertura de las importaciones, la contracción del consumo interno y la ausencia de políticas orientadas a preservar la competitividad de la industria nacional frente al ingreso de mercadería fabricada en el exterior.

El caso de Dass se suma a una secuencia de cierres que modificó el mapa del calzado argentino. En los últimos meses, John Foos resolvió discontinuar la producción en su planta de Beccar para abastecerse con fabricación asiática, mientras que Gomas Gaspar, histórica firma cordobesa especializada en suelas, cesó sus operaciones y dejó sin empleo a 40 trabajadores.

Los indicadores oficiales reflejan la magnitud del deterioro. De acuerdo con el INDEC, la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual del 30,9% en noviembre de 2025, uno de los retrocesos más pronunciados de la industria manufacturera. En este esquema, el cierre de Dass trasciende el impacto sobre una empresa en particular y refuerza el debate sobre el futuro de la producción nacional, la preservación del empleo industrial y las consecuencias de la avalancha de productos extranjeros sobre las cadenas manufactureras argentinas.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza con una nueva etapa de reducción de personal en las próximas semanas. La estrategia impulsada por Federico Sturzenegger concentra ahora el recorte sobre organismos descentralizados y forma parte de un plan para disminuir en casi un 10% la dotación de la administración pública nacional durante 2026.

La administración de Javier Milei prepara una nueva ofensiva sobre el empleo público. De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza en un esquema de reducción de personal que contempla el desplazamiento de aproximadamente 6.000 trabajadores en el corto plazo, una resolución que inaugura un ciclo de reforma administrativa profunda.

El programa diseñado por Federico Sturzenegger tiene una meta definida: concluir 2026 con alrededor de 27.000 puestos eliminados entre la administración pública nacional, las empresas estatales y las sociedades con participación del Estado. La cifra equivale a una disminución cercana al diez por ciento de la plantilla existente al comienzo del año y constituye uno de los puntos centrales de la estrategia oficial para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.

A diferencia de las primeras etapas del proceso, cuando la reducción de personal se concentró principalmente en ministerios y dependencias de la administración central, la próxima fase focalizará sobre organismos descentralizados con funciones técnicas, científicas, regulatorias y de seguridad social.

Entre las instituciones alcanzadas por el análisis oficial aparecen el INDEC, el CONICET, la CONEAU, la ANSES, el INTA, el INTI, el SENASA, además de los entes reguladores Enargas, ENRE y el Enacom. Aunque el Gobierno evita confirmar el alcance definitivo de las medidas, distintas fuentes coinciden en que esas estructuras integran el universo bajo evaluación.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reducción del gasto responde al deterioro de los ingresos fiscales y a la decisión de preservar el superávit financiero, convertido por el Ejecutivo en el principal ordenador de la política económica. En ese marco, la disminución de la planta estatal aparece como una herramienta permanente y no como una medida transitoria.

La perspectiva genera una fuerte reacción sindical. Tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionan la continuidad del ajuste y advierten que una nueva reducción de personal comprometería funciones esenciales vinculadas con la producción, la investigación científica, el control sanitario, las estadísticas oficiales, la regulación de servicios públicos y la administración de las prestaciones sociales.

Las cifras ilustran la dimensión de la iniciativa. Con una dotación superior a los 278.000 trabajadores al inicio de 2026, el cumplimiento del objetivo oficial implicaría una de las mayores reestructuraciones de la administración pública nacional de las últimas décadas, profundizando un proceso que trasciende la reducción del gasto y redefine el alcance operativo del Estado argentino.

Los últimos indicadores del INDEC reflejan un comportamiento dispar de la producción primaria durante mayo. Impulsada por el petróleo no convencional y el litio, la actividad minera alcanzó nuevos máximos, mientras la pesca acumuló su cuarto descenso consecutivo.en un escenario marcado por cambios en la temporada extractiva y crecientes cuestionamientos sobre la administración de los recursos marítimos.

El desempeño de las principales actividades extractivas volvió a exhibir profundas asimetrías. Mientras la minería consolidó su trayectoria ascendente y alcanzó un nuevo máximo en la serie desestacionalizada, la pesca profundizó su deterioro y registró la mayor contracción desde comienzos de 2025, reflejando dos dinámicas productivas que hoy evolucionan en direcciones opuestas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Minero avanzó 0,4% respecto de abril y acumuló una expansión interanual del 9,2%, respaldado principalmente por el sostenido crecimiento de la explotación hidrocarburífera no convencional y por el dinamismo de la minería vinculada a minerales estratégicos.

El principal motor volvió a ser el petróleo proveniente de Vaca Muerta. La extracción de crudo no convencional creció 39% frente a mayo de 2025 y superó por primera vez los tres millones de metros cúbicos, un registro que compensó ampliamente el retroceso de la producción convencional, cuya caída del 10% volvió a impactar sobre cuencas maduras, especialmente en Santa Cruz.

La producción de gas también mantuvo una evolución favorable, con un incremento interanual del 5,5%. Al igual que en el petróleo, el crecimiento estuvo explicado por el desarrollo del shale gas, mientras los yacimientos convencionales continuaron mostrando una pérdida de rendimiento.

Otro de los datos sobresalientes correspondió a la minería no metalífera, que exhibió un crecimiento interanual del 42,9%. El litio volvió a ocupar un lugar central dentro de esa expansión, con un aumento del 57,3% y una producción de 11.562 toneladas de carbonato durante mayo, ratificando la consolidación del mineral como uno de los pilares de la nueva matriz exportadora argentina. A ello se sumó un fuerte incremento en la extracción de sal, cuya producción más que duplicó los niveles registrados un año atrás. En simultaneo, el oro y la plata extendieron por tercer mes consecutivo su recuperación, aunque con una intensidad menor que la observada al inicio del año.

El panorama resultó sensiblemente diferente para la actividad pesquera. El Índice de Producción Industrial del sector retrocedió 24,3% en la comparación interanual y acumuló su cuarto descenso consecutivo, llevando la tendencia-ciclo al nivel más bajo desde febrero de 2025.

Referentes de la industria atribuyen buena parte de esa disminución a la finalización anticipada de la temporada de calamar, cuya captura se concentró entre enero y abril, a diferencia del año pasado, cuando la campaña se extendió hasta junio. Esa modificación redujo significativamente el volumen desembarcado durante mayo y condicionó el resultado estadístico del período.

Sin embargo, dentro del propio sector advierten que la estacionalidad no explica por sí sola el deterioro de la actividad. Empresarios y operadores marítimos sostienen que persisten problemas estructurales vinculados al régimen de asignación de cuotas de captura, a la creciente presión de la pesca ilegal sobre el Mar Argentino y a la competencia ejercida por flotas extranjeras, factores que vuelven a instalar el debate sobre la administración de uno de los recursos estratégicos del país.