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Modifican el proyecto original y reformularán las escalas, aumentando la progresividad del tributo

 El Gobierno nacional decidió reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo pasado al Congreso para su tratamiento. La nueva propuesta prevé que la tasa del 25% será abonada por las sociedades cuando la ganancia no supere los 5.000.000 de pesos anuales, alícuota que no solo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

La decisión fue adoptada en una reunión de gabinete económico que encabezó el jefe de ministros, Santiago Cafiero, que conto con la asistencia del titular del Palacio de Hacienda, Martin Guzmán; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco,

En un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se enviará al Congreso el proyecto de Ganancias de Sociedades con» enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo». Agregó que “el proyecto implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortalece la sostenibilidad fiscal».

El Palacio de Hacienda subrayó que, «a partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual».

La tasa del 25% comprenderá a las empresas con una ganancia de hasta 5 millones de pesos anuales. En tanto, la alícuota del 30 por ciento comprenderá a las sociedades con ganancias de entre 5 y 20 millones de peso anuales. Por su parte, las empresas con una ganancia superior a 20 millones de pesos pasarán a abonar una tasa del 35%.

También participaron de la reunión del gabinete económico los titulares de la comisiones de Presupuesto del Senado y de Diputados, Carlos Heller y Carlos Caserio; la senadora Anabel Fernández Sagasti, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, y los secretarios de Energía Darío Martínez, y de Política Tributaria, Roberto Arias y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

El Ministerio de Economía precisó que «se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos».

La nueva iniciativa reformula la reforma tributaria sancionada en 2017, instrumentada por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión, dijeron fuentes gubernamentales y legislativas.

El 11 de marzo pasado, el Poder ejecutivo envió un proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias de las empresas, en el que establecía inicialmente que las compañías debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota.

Ahora, con la actualización que el Palacio de Hacienda enviará al Congreso mañana, se estableció que el 90 por ciento del total de las empresas que tributan este impuestos -en su mayoría pequeñas y medianas- abonarán la tasa más baja, del 25%.

El Gobierno fijó en 2020 una tasa del 30 por ciento, luego de que a fines del 2019 el gobierno de Mauricio Macri dispusiera la suspensión de la ley aprobada en 2017, que disminuía la tasa que debían pagar las Sociedades de Capitales.

De este modo y cuando se apruebe la reforma de Ganancias Sociedades, el porcentaje será más bajo para la mayoría de las empresas, ya que se ubicará en torno al 25 por ciento. De esta manera se modifica el proyecto original enviado en marzo y se rehacen las escalas, aumentando la progresividad del impuesto.

El proyecto que había girado el PEN establecía una alícuota del 25 por ciento para las sociedades con una ganancia de 1,3 millones de pesos anuales, cifra que ahora fue elevada a 5 millones de pesos.

En el caso de los que tienen que pagar una tasa del 30 por ciento, el proyecto original determinaba un nivel de ganancias anual de $2,6 millones, cifra que ahora pasó a estar comprendida dentro de un rango de entre 5 millones y 20 millones de pesos anuales.

En el tercer tramo se estableció que las sociedades con ganancias anuales superiores a 2,6 millones pesos pagarán una alícuota de 35 por ciento, porcentaje que el nuevo proyecto ubicó por encima de los 20 millones de pesos anual.

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Orrego y Santilli congelan definiciones electorales mientras avanzan las reformas políticas

El gobernador y el ministro del Interior acordaron no acelerar decisiones sobre un eventual adelantamiento de los comicios provinciales. La prioridad pasa por los cambios en las reglas electorales y las negociaciones entre la Nación y las provincias.

La reunión reservada entre el gobernador Marcelo Orrego y el ministro del Interior, Diego Santilli, dejó una definición política concreta: no habrá apuro para resolver el calendario electoral de San Juan. Ambos coincidieron en mantener abiertas todas las alternativas mientras se terminan de delinear las reformas que impulsan tanto la Casa Rosada como el gobierno provincial.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, el mensaje transmitido por el funcionario nacional fue claro: evitar movimientos prematuros y esperar que se ordene el tablero político antes de fijar una posición sobre un eventual adelantamiento de las elecciones locales. La postura encontró receptividad en el gobernador, que también prefiere administrar los tiempos y reservar cualquier decisión para las instancias previas al cierre de alianzas.

La cautela responde a una discusión que excede a San Juan. El gobierno de Javier Milei busca reunir apoyos para modificar el sistema electoral nacional, con la eliminación de las PASO como principal objetivo. La iniciativa requiere acuerdos parlamentarios y abrió una ronda de conversaciones con gobernadores considerados claves para reunir los votos necesarios en el Congreso.

En ese esquema se inscriben también los contactos con Leandro Zdero, en Chaco, y Rogelio Frigerio, en Entre Ríos. Las negociaciones combinan respaldo político con reclamos provinciales vinculados a financiamiento, infraestructura y obras paralizadas.

San Juan ocupa un lugar relevante dentro de ese plan. Orrego ya comprometió el acompañamiento de los tres diputados nacionales alineados con su gestión a la eliminación de las primarias nacionales. A cambio, la provincia busca acelerar respuestas para proyectos considerados prioritarios, entre ellos la reactivación de la autopista de la Ruta 40 Sur, detenida desde marzo por falta de recursos.

Más allá de la discusión electoral, el vínculo entre el orreguismo y La Libertad Avanza atraviesa uno de sus momentos de mayor sintonía. En ambos espacios destacan coincidencias sobre el rol del Estado, la promoción de inversiones y la necesidad de ofrecer previsibilidad jurídica para atraer capitales.

Esa cercanía, sin embargo, todavía no se traduce en un acuerdo electoral. En el entorno del gobernador sostienen que existe diálogo permanente con la administración nacional, aunque descartan que hoy haya una definición sobre la construcción de un frente común para los próximos comicios.

La incógnita también atraviesa al oficialismo provincial. Mientras algunos dirigentes consideran conveniente repetir la estrategia de competir con identidad propia, otros creen que una coalición más amplia permitiría consolidar una ventaja frente al Partido Justicialista de cara a 2027.

Por ahora, la instrucción que baja desde la Gobernación es no anticipar movimientos. La prioridad sigue puesta en la gestión, en las negociaciones con la Nación y en la definición de las nuevas reglas electorales. Hasta que esas variables no se despejen, Orrego y Santilli parecen coincidir en una misma premisa: ganar tiempo antes de jugar las cartas decisivas.

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El consumo no encuentra piso y ya afecta a los productos más básicos

Las ventas en supermercados y comercios volvieron a caer en mayo. La retracción alcanza a artículos esenciales de alimentación, higiene y limpieza, una señal que expone el deterioro persistente del poder adquisitivo de los hogares.

La recuperación del consumo masivo continúa sin aparecer. Las ventas en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía registraron en mayo una caída del 4,2% respecto del mismo mes del año pasado y del 2,9% frente a abril, según el último relevamiento de Scanntech. Con estos números, la Argentina acumula más de dos años de retroceso casi ininterrumpido en las compras cotidianas, una anomalía incluso para una economía acostumbrada a los ciclos de ajuste.

El dato adquiere mayor relevancia porque la contracción ya no se concentra en bienes durables o gastos prescindibles. La reducción alcanza a productos de uso diario que forman parte de la canasta básica de millones de hogares. El único rubro que mostró una leve mejora fue el de alimentos esenciales, con un crecimiento apenas superior al 1% interanual, una variación insuficiente para modificar la tendencia general y que además coincide con un consumo difícilmente sustituible.

Las bebidas volvieron a encabezar las mayores bajas. El volumen comercializado retrocedió 9% frente a mayo de 2024 y 8,3% respecto del mes anterior. Dentro de esa categoría aparecen algunos de los indicadores más elocuentes del deterioro del ingreso familiar: los jugos en polvo cayeron 18,1%, las aguas saborizadas 13% y las gaseosas cerca de 7%.

La pérdida de ventas en artículos de bajo costo revela un cambio más profundo que una simple modificación de hábitos de consumo. Cuando los hogares reducen la compra de productos económicos, la explicación suele encontrarse menos en las preferencias y más en la necesidad de priorizar gastos indispensables.

La misma tendencia atraviesa a los productos de limpieza e higiene personal. Las ventas para el hogar descendieron más de 9% interanual y la lavandina registró una retracción del 11,2%. En cuidado personal, los desodorantes bajaron 12,7%, los shampoos 7,2% y las pastas dentales 4,7%.

Detrás de esos porcentajes aparece una conducta cada vez más extendida: compras más espaciadas, envases más pequeños, sustitución por marcas de menor valor y postergación de reposiciones. Son estrategias domésticas orientadas a administrar ingresos que pierden capacidad de compra frente al peso creciente de los gastos fijos.

Ni siquiera las promociones lograron revertir el escenario. Los hipermercados, que concentran buena parte de las ofertas bancarias y descuentos con billeteras virtuales, registraron una caída interanual del 3,7%, la más pronunciada entre los distintos canales comerciales.

Los tickets promedio reflejan con claridad ese cambio de comportamiento. En las grandes superficies apenas superan los 12.000 pesos y equivalen a unas cinco unidades por compra.

En los comercios de proximidad rondan los 8.000 pesos y representan poco más de tres productos. La lógica predominante ya no es la compra de abastecimiento sino la adquisición puntual de aquello que resulta indispensable para atravesar la semana o incluso el día.

La retracción tampoco distingue geografías. El Área Metropolitana de Buenos Aires registró una baja del 3,2%; el Norte y el Litoral, del 2,3%; mientras que el Centro y el Sur del país mostraron una contracción del 6,7%. En todas las regiones relevadas las ventas retrocedieron tanto en la comparación interanual como frente al mes previo.

Más allá de las estadísticas, el fenómeno expone una transformación silenciosa en la economía doméstica. El ajuste ya no se limita a la postergación de un electrodoméstico, un viaje o una compra importante. Hoy alcanza a productos elementales como un desodorante, una lavandina o un jugo en polvo. Cuando los hogares comienzan a recortar incluso esos consumos, la caída deja de ser un indicador comercial para convertirse en una señal directa del deterioro social que atraviesa una parte creciente de la población.

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Ruta 40 Sur: un acuerdo para destrabar una obra estratégica

La reactivación de la Ruta 40 Sur volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública sanjuanina luego de que el Gobierno nacional avanzara en una propuesta para regularizar la deuda con las empresas contratistas y garantizar la continuidad de las obras en ejecución. El entendimiento alcanzado en Casa Rosada entre el gobernador Orrego y funcionarios nacionales abrió una instancia de negociación que, de prosperar, permitirá retomar uno de los proyectos viales más relevantes para la provincia.

Ruta 40 Sur: un acuerdo para destrabar una obra estratégica

La reunión mantenida en Buenos Aires dejó una señal concreta para las constructoras que intervienen en el tramo 2, ubicado entre Cochagual y Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento. Según informó el Gobierno provincial, Nación trabaja en una propuesta de cancelación de las obligaciones pendientes mediante un esquema combinado de bonos, desembolsos en efectivo y pagos escalonados.

La iniciativa busca otorgar previsibilidad financiera a las empresas y destrabar una obra que quedó condicionada por las dificultades presupuestarias que atravesó la administración nacional durante los últimos meses. El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), canalizado a través de Vialidad Nacional, por lo que la responsabilidad de los desembolsos corresponde al Estado nacional.

La culminación de este tramo, de aproximadamente 28 kilómetros, aparece como un paso indispensable para avanzar luego sobre los segmentos restantes de la autopista, que unirán la Capital sanjuanina con Sarmiento y extenderán el corredor hasta el límite con Mendoza.

El sector empresario celebra las gestiones y reclama continuidad

La posibilidad de reactivar los trabajos fue recibida con optimismo por el empresariado local. Desde la Cámara Empresarial de San Juan valoraron que la recuperación de la inversión en infraestructura constituye una condición necesaria para sostener el crecimiento productivo y mejorar la competitividad provincial.

Su presidente, Enrique Velasco, consideró que la reanudación de la Ruta 40 representa una señal positiva luego de un período marcado por la paralización de proyectos de gran envergadura. No obstante, advirtió que las expectativas no se limitan al tramo actualmente en discusión.

El dirigente sostuvo que la atención también está puesta en los sectores que aún no fueron licitados. Se trata del tramo 1, que conectará la Ciudad de San Juan con Sarmiento, y del tramo 3, previsto desde ese departamento hasta el límite provincial. Ambos segmentos son considerados fundamentales para completar la transformación integral del corredor.

Infraestructura para acompañar el crecimiento económico

Desde el ámbito empresarial remarcan que la modernización de la Ruta 40 trasciende la mejora de la conectividad vial. La obra es observada como una pieza clave para acompañar la expansión de actividades con fuerte capacidad de generación de empleo e inversiones, particularmente la minería.

La consolidación de un corredor más seguro y eficiente también permitiría fortalecer el vínculo logístico con Mendoza y optimizar el transporte de bienes y servicios entre ambas provincias, una demanda histórica de los sectores productivos.

Velasco recordó además que las dificultades financieras que afectaron a los proyectos viales no fueron exclusivas de San Juan, ya que obras similares en Mendoza también quedaron interrumpidas pese a registrar importantes niveles de avance.

Financiamiento internacional y expectativas para nuevos proyectos

Otro de los aspectos valorados por el empresariado es la planificación impulsada por la administración provincial para acceder a nuevas líneas de financiamiento internacional destinadas a infraestructura.

La autorización nacional para la emisión de bonos vinculados a obras públicas aparece como una herramienta que podría facilitar la obtención de créditos multilaterales y acelerar iniciativas consideradas prioritarias. Entre ellas figura la mejora de la Ruta 20 en Caucete, además de los futuros tramos de la Ruta 40 Sur.

En ese sentido, el acceso al crédito es visto por las cámaras empresariales como una condición indispensable para sostener planes de inversión de gran escala. Las pequeñas y medianas empresas constructoras, que concentran buena parte del empleo del rubro, carecen de capacidad para afrontar proyectos de esta magnitud con recursos propios, aunque sí pueden integrarse mediante asociaciones empresariales que les permitan competir y participar en las licitaciones.

La definición que adopte Nación en las próximas semanas será determinante. Si la propuesta logra conformar a las contratistas, San Juan podría recuperar una obra largamente demorada que no sólo mejorará la infraestructura vial, sino que también funcionará como un indicador de la capacidad de reactivar inversiones estratégicas en un período marcado por las restricciones presupuestarias y la necesidad de impulsar la actividad económica.

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