El gobierno argentino dio un nuevo paso en su plan de desguace del sector vial, al avanzar con la privatización de Corredores Viales, una empresa estatal que gestiona más de 19.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país. La medida se produce pese a la oposición del Congreso y la justicia, que había suspendido la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

La privatización de Corredores Viales es un paso más en el plan del gobierno para dejar de tener injerencia en los caminos del país. La empresa estatal comenzará a licitar kilómetros de rutas de todo el territorio nacional, y luego de eso «podrían disolverla», según piensan muchos en el sector. Las concesiones nuevas pasarán a manos privadas, dejando así los caminos principales sin asistencia estatal.

La resolución 1284/2025, publicada en el Boletín Oficial, autoriza la privatización de Corredores Viales mediante la modalidad de «concesión por peaje». La medida se produce tras la prórroga a la intervención de Corredores Viales de julio de este año, a fin de concluir con las tareas de mejoras administrativas que permitan una transición «ordenada y eficiente».

El Impacto en las Rutas Argentinas

La privatización de Corredores Viales tendría un impacto significativo en las rutas argentinas. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), más del 60% de los caminos nacionales están en estadio regular o mal. La falta de mantenimiento y la privatización de las rutas podrían empeorar la situación, poniendo en riesgo la seguridad vial en el país.

La oposición al plan del gobierno es fuerte. El Congreso había rechazado una serie de decretos que buscaban reestructurar algunas entidades claves del Estado, incluyendo la Dirección Nacional de Vialidad. La justicia también había suspendido la disolución de la entidad, dictando un amparo para no cambiar el status de la misma.

La deuda en Argentina alcanza niveles alarmantes, con un gran número de familias recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos como alimentos. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), unas 300.000 tarjetas de crédito están inhabilitadas para pasar los posnets debido a los altos niveles de morosidad y deudas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 45,7% de las compras en supermercados se pagaron con tarjetas de crédito en junio, lo que equivale a unos 917 millones de pesos. Esto sugiere que muchas familias están recurriendo a las tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos debido a la falta de ingresos suficientes.

El Impacto de las Tasas de Interés

Las tasas de interés actuales en el país son extremadamente altas, lo que hace que sea difícil para las familias pagar sus deudas. La Tasa Nominal Anual para los titulares de la tarjeta. que no llegan al saldo total y cancelan el mínimo es del 85%, mientras que los intereses punitorios superan el 100% para aquellos que entran en morosidad.

Según un informe de la consultora EcoGo, el crédito a los hogares representaba el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina, lo que es el doble que un año atrás. Esto sugiere que el endeudamiento masivo es un problema creciente en el país.

La crisis de la deuda tiene consecuencias sociales importantes. Un estudio del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IESTSE), el 58% de las deudas con tarjeta de crédito ya se destina a la compra de alimentos, lo que significa que muchas familias están luchando para cubrir sus necesidades básicas debido a la deuda.

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un duro comunicado en el que alertó que la libertad de expresión está en riesgo en Argentina, luego de que la Justicia dictara una medida cautelar que prohíbe a los medios de comunicación difundir audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.

La medida cautelar, dictada por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5, prohíbe la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada y atribuidos a Karina Milei a través de cualquier medio de comunicación. La CGT considera que esta decisión es un «acto de censura previa» que contradice el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

La central obrera expresó su «profunda preocupación» ante el «grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información» ejecutado por el Gobierno Nacional. También recordó que este avance se enmarca en un contexto de hostigamiento a la prensa y de agresiones contra periodistas, y mencionó el caso de un trabajador de prensa que resultó gravemente herido mientras cubría un acto de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.

La Importancia de la Libertad de Expresión:

La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier democracia. Permite a los ciudadanos acceder a la información, expresar sus opiniones y participar en el debate público. La censura, por otro lado, puede tener un impacto devastador en la democracia, ya que limita la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y participar en el proceso político.

El Decreto Contra los Canillitas:

La CGT también aprovechó la ocasión para rechazar el Decreto 629/2025, firmado esta semana por el Poder Ejecutivo. La central obrera considera que la medida «tiene como único fin golpear la actividad que realizan vendedores de diarios y revistas, desregulando e hiriendo de muerte la actividad de los canillitas». Los gremios recuerdan que los trabajadores de prensa y los canillitas cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de la democracia, ya que garantizan la circulación de información, la libertad de prensa y el pensamiento crítico.