El secretario general de APEL, Sergio Peralta, realizó un balance de la situación que atraviesa el personal legislativo sanjuanino en un período signado por la inflación, el deterioro de los ingresos y las dificultades en las prestaciones de salud. También defendió la política administrativa del sindicato, destacó la construcción de la nueva sede gremial y planteó la necesidad de modernizar la estructura laboral de la Cámara de Diputados.

En medio de un panorama económico que golpea con fuerza a los trabajadores estatales, la Asociación del Personal Legislativo (APEL) de San Juan busca sostener su funcionamiento gremial sin resignar servicios ni capacidad de representación. Con una combinación de administración austera, planificación financiera y reclamos salariales permanentes, el sindicato intenta preservar beneficios para sus afiliados mientras la pérdida del poder adquisitivo continúa erosionando los ingresos.

Sergio Peralta, trazó un diagnóstico amplio sobre la actualidad del sector y dejó definiciones que buscan desmontar ciertas percepciones instaladas alrededor de los empleados legislativos. “No vivimos en una burbuja de oro”, resumió el dirigente al describir las dificultades que atraviesa el personal de la Cámara de Diputados provincial.

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado a la inauguración de la nueva sede gremial ubicada sobre calle Urquiza. Para Peralta, la concreción de esa infraestructura constituye una muestra de orden administrativo en un período especialmente adverso para las organizaciones sindicales.

Según explicó, la obra fue financiada íntegramente con recursos provenientes de la cuota societaria, equivalente al uno por ciento del salario de los afiliados. El dirigente remarcó que el proyecto demandó cuatro años de planificación y ejecución, sin que ello implicara resignar prestaciones históricas para los trabajadores.

“Se mantuvieron los útiles escolares, subsidios, convenios y todos los beneficios sociales mientras avanzaba la construcción”, sostuvo. Además, destacó que el edificio fue inaugurado completamente equipado y sin deudas pendientes, algo que —afirmó— le permitió al sindicato comenzar a proyectar nuevas iniciativas institucionales.

La exposición de Peralta no se limitó al plano administrativo. Buena parte de sus definiciones giraron alrededor de la situación salarial del sector público y de las negociaciones paritarias que mantiene el personal legislativo con las autoridades de la Cámara.

El titular de APEL explicó que el gremio conserva una particularidad dentro del esquema estatal sanjuanino: negocia directamente con las autoridades del Poder Legislativo, sin intermediación de otros sindicatos. Esa autonomía, señaló, evita que la discusión salarial quede condicionada por disputas ajenas o por acuerdos alcanzados en otros sectores de la administración pública.

En ese sentido, indicó que la paritaria del primer semestre replicó los porcentajes otorgados a los docentes, aunque con modificaciones internas destinadas a trasladar sumas adicionales hacia ítems remunerativos que impactan sobre el salario básico.

Pese a ello, Peralta evitó presentar el acuerdo como una mejora real de los ingresos. Por el contrario, definió las negociaciones actuales como mecanismos de “recomposición” frente a una inflación que continúa corriendo por encima de los aumentos salariales.“Siempre vamos detrás de la inflación”, reconoció, al tiempo que describió el desgaste cotidiano que padecen los trabajadores para sostener sus gastos mensuales.

El representante gremial también buscó desmontar una imagen instalada sobre el empleo legislativo. Señaló que los salarios iniciales distan de ser elevados y precisó que un trabajador ingresante, sin antigüedad ni títulos, percibe alrededor de 950 mil pesos.

La aclaración no fue casual. En distintos ámbitos de la administración pública persiste la idea de que el Poder Legislativo concentra privilegios salariales por encima del promedio estatal. Frente a ello, Peralta insistió en que los empleados legislativos sufren los mismos problemas económicos, tributarios y sociales que el resto de los trabajadores.
“El aumento de precios, Ganancias, la inseguridad y el deterioro de la obra social nos afectan igual que a todos”, afirmó.

Precisamente, el funcionamiento de la obra social provincial apareció como uno de los focos más críticos de la entrevista. El titular de APEL cuestionó la pérdida de calidad en las prestaciones y reveló que el gremio ya trasladó formalmente sus reclamos a las autoridades interventoras del organismo.

Según explicó, las respuestas oficiales se apoyan en la reducción de recursos y en la necesidad de absorber programas que anteriormente financiaba Nación. Sin embargo, el sindicalista consideró insuficientes esas explicaciones y sostuvo que los trabajadores no pueden quedar atrapados en las consecuencias de decisiones políticas ajenas.

La preocupación por el sistema sanitario se combina con otro debate de fondo dentro del Poder Legislativo: la reorganización interna de la planta de personal. En ese aspecto, Peralta manifestó que el sindicato impulsa programas de capacitación y una revisión escalafonaria destinada a favorecer la movilidad laboral y mejorar las posibilidades de ascenso.

Al mismo tiempo, recordó que la Cámara de Diputados posee una estructura limitada por ley, con un máximo de 288 empleados de planta permanente. Esa restricción, explicó, impide incorporaciones masivas y condiciona cualquier ingreso a la existencia previa de vacantes.

Con esa definición, el dirigente también buscó diferenciar el funcionamiento administrativo del Poder Legislativo respecto de otros sectores estatales cuestionados por ampliaciones de planta o regularizaciones masivas de contratados.

Más allá de las precisiones técnicas y salariales, las palabras de Peralta dejaron entrever un clima de preocupación que atraviesa a buena parte del empleo público. La incertidumbre económica, la pérdida sostenida del ingreso y el deterioro de servicios esenciales aparecen hoy como factores que impactan directamente sobre el ánimo de los trabajadores.

En ese escenario, APEL intenta sostener una estrategia dual: preservar la capacidad de negociación gremial mientras mantiene en funcionamiento una estructura sindical que continúa brindando asistencia social y servicios a sus afiliados.

La frase que el dirigente pidió destacar al cierre de la entrevista sintetizó buena parte del mensaje político y gremial que buscó transmitir: “Los empleados legislativos no la pasamos tan bien como la mayoría de la gente cree”.

El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, describió el deterioro salarial que atraviesan docentes y no docentes de la Universidad Nacional de San Juan y cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Alertó sobre vacantes que ya no logran cubrirse, el éxodo de profesionales hacia otros sectores y las dificultades para sostener el funcionamiento académico en medio del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.

La crisis que atraviesa el sistema universitario argentino dejó de expresarse únicamente en estadísticas presupuestarias para instalarse de lleno en la vida cotidiana de las universidades nacionales. La caída del poder adquisitivo, la paralización de partidas destinadas a investigación y becas, y la falta de actualización de fondos para funcionamiento comenzaron a impactar de manera directa en las aulas, los equipos académicos y la estructura operativa de las casas de altos estudios.

En ese escenario, Barcelona dictaminó un severo diagnóstico sobre la situación que atraviesa la Universidad Nacional de San Juan y advirtió que el deterioro salarial ya empuja a numerosos docentes a abandonar la actividad universitaria en busca de ingresos más competitivos en otros ámbitos laborales.

“La situación es muy complicada para poder sostenernos”, resumió el dirigente sindical al describir el efecto concreto que tuvo la inflación sobre los salarios del sector desde fines de 2023. Según explicó, el retraso salarial acumulado dejó a numerosos trabajadores universitarios —docentes y no docentes— por debajo de la línea de pobreza, mientras el desfasaje entre ingresos y costo de vida continúa ampliándose mes tras mes.

Barcelona sostuvo que el problema ya no se limita a una pérdida transitoria del poder adquisitivo, sino que empieza a comprometer el funcionamiento estructural de las universidades. La consecuencia más visible, señaló, es la creciente dificultad para retener profesionales formados dentro del sistema público.

“Muchos docentes han decidido emigrar de la universidad hacia otros ámbitos públicos o privados en busca de mejores salarios”, explicó. La salida de personal académico, añadió, comienza a dejar vacíos difíciles de cubrir, particularmente en cargos iniciales y dedicaciones intermedias cuyos ingresos quedaron muy por debajo de los valores del mercado laboral.

La preocupación sindical también apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa judicializada. Para el gremio, la falta de transferencia de fondos impide recomponer salarios, normalizar las negociaciones paritarias y garantizar el sostenimiento operativo de las universidades nacionales.

El representante gremial recordó que la normativa establece mecanismos concretos de actualización salarial vinculados a la evolución inflacionaria, además de contemplar partidas para funcionamiento, becas estudiantiles y actividades académicas esenciales. Sin embargo, denunció que esos recursos no están llegando al sistema universitario.

“El gobierno ha eliminado nuestras paritarias desde agosto de 2024”, afirmó el dirigente, al cuestionar la interrupción de las instancias formales de negociación salarial. A su entender, el congelamiento presupuestario y la ausencia de acuerdos paritarios profundizaron el deterioro económico de miles de trabajadores del sector.

El impacto ya se percibe en áreas sensibles de la vida universitaria. Laboratorios con recursos limitados, actividades de campo restringidas, becas sin actualización y dificultades para sostener servicios estudiantiles forman parte de un cuadro que, según advierten desde el sindicalismo universitario, amenaza con erosionar progresivamente la calidad académica.

La situación se vuelve todavía más delicada en carreras donde comienzan a registrarse dificultades para cubrir cargos vacantes. Barcelona explicó que, ante jubilaciones o renuncias, las universidades encuentran cada vez menos interesados en asumir horas cátedra cuyos salarios resultan insuficientes frente a otras alternativas laborales.

“Nadie quiere tomar cargos por salarios que no alcanzan”, señaló, al describir un fenómeno que ya repercute en la organización académica cotidiana. El dirigente sostuvo que la brecha salarial con el sector privado e incluso con otras áreas del empleo público provincial genera una migración constante de profesionales formados dentro de la universidad pública.

En este ámbito, el sindicalismo universitario profundiza las medidas de visibilización y prepara una nueva movilización federal prevista para el 12 de mayo. La convocatoria buscará reeditar el respaldo social que las universidades lograron meses atrás, cuando cientos de miles de personas participaron de marchas masivas en defensa de la educación pública.

En San Juan, ADICUS coordina acciones junto a otros gremios, autoridades universitarias y organizaciones estudiantiles. Entre las actividades previstas se incluyen recorridas por cursos, campañas de difusión y conferencias de prensa destinadas a reforzar el reclamo por financiamiento y recomposición salarial.

El conflicto universitario, lejos de agotarse en una discusión presupuestaria, expone una disputa más profunda sobre el modelo educativo y científico que el país pretende sostener. Mientras docentes, investigadores y estudiantes advierten sobre las consecuencias del ajuste, la educación superior nacional enfrenta uno de los desafíos más delicados de las últimas décadas: preservar su capacidad académica y su función social en medio de una restricción financiera que amenaza con dejar secuelas de largo plazo.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación lleva adelante este viernes una huelga nacional de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a las políticas de ajuste. El gremio advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo, defendió la obra social del sector y cuestionó el avance sobre la Justicia Nacional del Trabajo.

La conflictividad sindical continúa escalando en distintos sectores del Estado y este viernes suma un nuevo episodio con el paro nacional convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). La organización que conduce Julio Piumato dispuso una huelga de 24 horas en todo el país para exigir una recomposición salarial urgente y expresar su rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza fue lanzada bajo la consigna “Contra el ajuste” y se inscribe dentro de un escenario de malestar entre los trabajadores judiciales, quienes denuncian una acelerada pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y un deterioro sostenido de las condiciones laborales dentro del Poder Judicial.

El paro tiene alcance nacional y afecta el funcionamiento habitual de tribunales y dependencias judiciales en distintas jurisdicciones. La UEJN sostiene que la situación económica de los trabajadores judiciales atraviesa un punto crítico luego de meses de inflación persistente y aumentos salariales considerados insuficientes por el gremio.

La protesta también refleja el endurecimiento de la postura sindical frente al rumbo económico nacional. En los últimos meses, distintos gremios estatales, docentes, universitarios y organizaciones del transporte profundizaron medidas de fuerza en rechazo a los recortes presupuestarios y al deterioro salarial derivado del proceso inflacionario.
Dentro de ese panorama, la UEJN intenta posicionar el reclamo judicial como parte de una discusión más amplia vinculada al rol del Estado, la calidad institucional y las garantías laborales.

La organización sindical además presentó la huelga como un gesto de respaldo hacia las distintas seccionales que mantienen conflictos abiertos en varias provincias. En particular, la conducción nacional participó días atrás de una movilización en Corrientes junto a la Regional 15 y la Seccional 11, donde se reclamó por salarios, autarquía financiera y defensa de la independencia judicial.