En un contexto marcado por paros, banderazos y reclamos, los trabajadores judiciales nacionales denuncian una pérdida salarial del 29%, un aumento crítico de la carga laboral y señales de alarma ante una posible reforma laboral que —advierten— podría agravar la precariedad en el sector. Desde San Juan, Alfredo Collado describe un escenario de tensión creciente y un 2025 que dejó al desnudo el deterioro de las condiciones de trabajo en el Poder Judicial.

La conflictividad gremial en el Poder Judicial no dio respiro durante todo 2025. Los trabajadores judiciales nacionales protagonizaron un año de movilizaciones continuas, paros de 24 horas y banderazos semanales que se replicaron de norte a sur del país. “Venimos de un año de lucha constante, con una pérdida de poder adquisitivo del 29% desde el inicio de este gobierno”, afirmó Alfredo Collado, referente nacional del sector y miembro de la CGT Regional San Juan.

El dirigente en diálogo con Mundo Laboral SJ sostuvo que la mirada pública sobre el Poder Judicial suele simplificar el panorama: “Muchos creen que todos los que trabajamos allí somos jueces. La mayoría somos empleados de expedientes, trabajadores de la trinchera, los que tratamos casos reales de personas que dependen de nuestras decisiones”. Esa distancia entre la percepción social y la realidad laboral profundiza, según dijo, el impacto de la caída salarial. “No llegar a fin de mes tras romperse el lomo trabajando genera un desgarrón enorme”.

Presión laboral, agotamiento y nuevas demandas

A la pérdida del ingreso se suma —señaló Collado— una carga laboral creciente, agravada por la implementación del nuevo Código Penal, que exige mayor dedicación, sobre todo en las áreas penales. Un relevamiento reciente del Equipo de Salud Laboral de la Federación Judicial Argentina reveló que ocho de cada diez empleados sufren problemas de salud vinculados al trabajo, y que más del 40% supera habitualmente las horas reglamentarias.

“El trabajo judicial requiere atención constante; siempre hay plazos urgentes y derechos en juego —explicó el referente gremial—. Pero esa responsabilidad no se ve reflejada en la remuneración. Además, la mayoría somos abogados con títulos bloqueados: no podemos abrir un estudio ni tener un comercio. No tenemos una segunda fuente de ingreso para compensar lo que se pierde”.

Las medidas que vienen

El calendario de protestas de diciembre será definido —indicó Collado— en un plenario nacional de delegados. La tendencia, según anticipó, apunta a sostener la dinámica marcada a lo largo del año: banderazos a mitad de semana y paros de 24 horas los días viernes. “Vamos a mantenernos firmes en defensa del salario y los derechos. La coherencia es clave cuando el deterioro llega al 29%”.

La reforma laboral y el debate sobre el modelo de país

En su rol dentro de la CGT regional, Collado también analizó el escenario político y el intento del Gobierno nacional de avanzar con una reforma laboral sin convocar a los espacios de negociación. “Plantean que el país mejora si el trabajador gana menos. Esa idea de que la competitividad se logra abaratando salarios es un error profundo”, sostuvo.

Para Collado, la discusión central no pasa por flexibilizar derechos, sino por definir un rumbo productivo. “El futuro es industrializar, generar trabajo genuino. Hacer creer que el problema del país son los derechos laborales es engañoso. Cuando se recorta al trabajador, no solo se afecta a la persona: se afecta a su familia completa”.

El deterioro del salario —añadió— ya se percibe con claridad en múltiples sectores. “Pensá en quienes trabajan jornada completa y aun así siguen bajo la línea de pobreza. Es insostenible. Y es más grave en los rubros de ingresos más bajos. No se puede seguir ajustando por el trabajador”.

Collado también hizo una lectura histórica: “Cada flexibilización que se intentó profundizó la desigualdad. Hoy el salario mínimo en Argentina es uno de los más bajos de Sudamérica. Los jubilados destinan la mitad de su ingreso a medicamentos que antes tenían más cobertura. Todo va en contra del trabajador”.

El sindicalista subrayó que la sociedad debe mirar la realidad más allá del discurso político. “Esto no es ideología: es mirar el bolsillo, ver qué vida tenés, cómo vive tu familia. No podemos seguir creyendo en promesas de ‘veranitos’ que nunca llegan”.

El conflicto de los judiciales nacionales no es solo una disputa salarial: es la expresión de un sistema laboral tensionado, con trabajadores agotados, ingresos deteriorados y una incertidumbre creciente ante cambios que podrían redefinir derechos históricos. La combinación de paros sostenidos, diagnósticos de salud preocupantes y demandas urgentes revela un diagnóstico más amplio: el modelo laboral argentino está en un punto crítico.

Mientras los trabajadores mantienen la protesta y esperan respuestas, la discusión sobre la reforma laboral se instala como una de las grandes batallas del 2026. Entre la defensa de derechos, la presión económica y el reclamo de una política productiva que recupere salarios y condiciones dignas, los judiciales se paran como un espejo del resto del país: un sector que trabaja, sostiene el sistema y exige —simplemente— poder vivir de su salario.

La secretaria general de Luz y Fuerza de San Juan, Lilia Martín, advirtió en diálogo con Mundo Laboral SJ que la estructura operativa de Naturgy San Juan “está reducida a la mitad” y que la empresa “ha tercerizado funciones esenciales con personal sin la capacitación adecuada”, lo que —según los datos oficiales que presentó ante el EPRE— explica el aumento de interrupciones, errores de facturación, reclamos sin respuesta y accidentes graves.

En plena Revisión Tarifaria Ordinaria 2026–2031, el Sindicato de Luz y Fuerza de San Juan llevó al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) una presentación técnica y política con un diagnóstico severo sobre el estado del servicio. La exposición, respaldada por estadísticas oficiales de la propia distribuidora, delineó un deterioro progresivo que, según la secretaria general Lilia Martín, se profundizó a partir de la reestructuración empresarial de los últimos años.

“Los sanjuaninos venimos observando un deterioro de la calidad del servicio y la información técnica lo confirma”, sostuvo Martín en la entrevista con Mundo Laboral, subrayando que los cortes ya se producen “sin viento y sin eventos climáticos” y que el crecimiento de reclamos y sanciones es “vertiginoso”.

El eje central del planteo gremial —y uno de los puntos más conflictivos con la empresa— es la reducción del personal propio idóneo y la tercerización masiva de tareas que, por normativa, deberían ser ejecutadas exclusivamente por trabajadores electrificadores formados bajo el Convenio de Luz y Fuerza.

Una estructura operativa recortada: de 220 empleados necesarios a menos de 120 en actividad

La referente sindical explicó que, según los estándares históricos del servicio y las referencias sectoriales, la distribuidora no debería operar con menos de 220 trabajadores propios entre técnicos, administrativos y personal de operación. Sin embargo, hoy la empresa no alcanza las 120 personas, cifra que incluye únicamente personal directo, dejando numerosas áreas “en manos de contratistas”.

Esa brecha no solo recarga al personal existente sino que, en palabras de la dirigente, “convierte al jefe de turno —habilitado por CAMMESA para operar el sistema— en un mero supervisor, porque prácticamente todas las maniobras en baja, media y alta tensión están ejecutadas por empresas externas”.

La pérdida de cuadros experimentados también impacta en la atención al usuario. “Un gran consumidor debe ser atendido por personal que conozca de memoria el régimen de suministro. Hoy eso casi no ocurre”, advirtió.

Tercerización en puestos críticos: un riesgo operativo y humano

Uno de los puntos más sensibles señalados por el sindicato es la incorporación de trabajadores contratados bajo convenios no eléctricos, especialmente UOCRA, para tareas que requieren certificaciones específicas y experiencia acumulada.

“El trabajador eléctrico necesita meses de formación para subirse a una escalera y tocar una línea. Esto no se aprende en un día”, sostuvo Martín.
La falta de idoneidad —suma— explica el aumento de incidentes y accidentes graves, como el ocurrido en avenida Rioja y Libertador, donde una falla en una cámara subterránea dejó a un operario hospitalizado en terapia intensiva.

Para el gremio, estos episodios no solo comprometen la integridad de los trabajadores sino también la seguridad pública: “Ese fogonazo podría haber alcanzado a cualquier peatón”.

Datos oficiales que preocupan: más cortes, más reclamos, más sanciones

La presentación gremial ante el EPRE se basó únicamente en información oficial, incluida en los anuarios, informes técnicos y reclamos validados por el ente regulador.
De ese análisis surgieron tendencias claras:

Aumento sostenido de los tiempos de interrupción y mayor cantidad de cortes no programados.

Incremento de artefactos dañados, con fuertes discrepancias entre lo que reconoce la empresa y lo que finalmente valida el EPRE.

Reclamos comerciales en alza, principalmente por errores de facturación desde la reestructuración de 2023.

Demoras prolongadas en nuevas conexiones, con casos que exceden los 200 días hábiles.

Crecimiento importante de sanciones aplicadas a la distribuidora entre 2021 y 2024.

Pero el dato más preocupante para los especialistas es el ratio Clientes/Personal: Naturgy San Juan opera hoy con cifras que, según Martín, “duplican los promedios de la Asociación de Distribuidoras Eléctricas del país”. Ese desequilibrio, afirma, “es incompatible con un servicio confiable”.

El pedido al EPRE: fijar una dotación mínima y frenar el modelo regresivo

El gremio exige que la Revisión Tarifaria establezca una dotación mínima obligatoria de personal propio, y que el EPRE limite estrictamente la tercerización a tareas no esenciales.
Martín sostiene que la ley es clara: “La empresa debe contar con personal propio idóneo, certificado y en cantidad suficiente para garantizar la continuidad y la calidad del servicio”.

Además, alertó que el “modelo de empresa” presentado por Naturgy para el próximo quinquenio “es aún más regresivo”, porque profundiza la estructura mínima basada en contratistas.

“Si no se corrige la dotación, el sistema va a seguir deteriorándose. Esto ya no es una discusión gremial: es un problema de calidad de servicio y de seguridad pública”, concluyó.

El planteo de Luz y Fuerza llega en un momento clave: la revisión tarifaria que definirá la estructura de costos y funciones para los próximos cinco años.
Mientras los indicadores técnicos muestran un deterioro palpable, el debate sobre quién opera, quién decide y con qué capacidad se ejecutan las tareas esenciales se vuelve central para el futuro energético de la provincia.

El EPRE deberá resolver si convalida el modelo actual o si adopta el reclamo sindical de recomponer la dotación mínima y recuperar la operación directa como columna vertebral del servicio. En cualquiera de los escenarios, el diagnóstico es inequívoco: San Juan enfrenta un punto de inflexión, y de esa decisión dependerá no solo la calidad del servicio eléctrico sino la seguridad de quienes lo hacen posible y de quienes lo reciben.

La docencia universitaria y preuniversitaria realizará un paro nacional de seis días, del 1 al 6 de diciembre, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. La medida surge tras la decisión del Gobierno de suspender su ejecución a través del Decreto 759/25, a pesar de reconocer una deuda salarial superior al 40%.

El plenario de secretarías generales de la docencia universitaria y preuniversitaria resolvió convocar a un paro nacional del 1 al 6 de diciembre, en protesta por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de recomposición salarial. La medida afectará el dictado de clases, las actividades académicas y, en varios casos, también las mesas de exámenes.

La decisión llega en un contexto de malestar creciente en las universidades nacionales, marcado por salarios depreciados, presupuestos insuficientes y un paquete de reformas estructurales que, según los gremios, profundiza el deterioro de la educación pública.

Una ley votada cuatro veces que el Gobierno se niega a aplicar

Las federaciones docentes recordaron que la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 —conquistada “con lucha, organización y unidad”— fue aprobada cuatro veces por el Congreso.
Sin embargo, el presidente Javier Milei dispuso suspender su ejecución mediante el Decreto 759/25, al mismo tiempo que reconoció la existencia de una deuda salarial del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Para los gremios, la decisión es ilegal, vulnera una norma vigente y profundiza la crisis estructural:

salarios estancados,

recomposiciones por debajo de la línea de pobreza,

infraestructura deteriorada,

caída del financiamiento para investigación, extensión y becas estudiantiles.

Salarios de pobreza y multiempleo: el deterioro cotidiano

El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) graficó la situación con datos concretos:

un auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva cobra alrededor de $450.000 de bolsillo,

un no docente de categoría siete percibe unos $600.000 de básico.

Estos ingresos —muy por debajo de la inflación acumulada y del costo de vida— obligan a miles de docentes y no docentes a recurrir al multiempleo, afectando la calidad del trabajo académico, la investigación y la continuidad de proyectos científicos.

“Con docentes pobres no hay universidad de calidad”, advirtieron.

Asimismo, denunciaron que no hay fondos suficientes para salarios, becas, infraestructura ni mantenimiento, mientras que —según su crítica política— el Gobierno favorece la desregulación económica, la baja de retenciones y la rentabilidad financiera.

Un presupuesto 2026 que anticipa un ajuste aún mayor

Las organizaciones docentes alertaron que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé menos del 40% de inversión en educación, profundizando un escenario que describen como de “crisis terminal”.

La combinación de salarios depreciados, falta de financiamiento y reformas estructurales —laboral, tributaria, previsional y penal— configura, para los gremios, un ataque integral a los derechos de trabajadores y estudiantes.

“Llegamos al punto en que no podemos seguir fingiendo una normalidad que no existe”, señalaba el documento difundido tras la reunión sindical.

Unidad docente–estudiantil: un llamado a la movilización

El paro por seis días busca funcionar como una señal de alarma y como instancia de acumulación de fuerza.
La Federación convocó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, y llamó al movimiento estudiantil —históricamente protagonista de las luchas por la educación pública— a sumarse a la medida.

Exigencia de tres puntos centrales:

1. Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
2. Convocatoria urgente a la paritaria nacional universitaria.
3. Un Presupuesto 2026 que respete los recursos fijados por la ley vigente.