Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que la partida destinada a remuneraciones de la Administración Pública Nacional cayó 32,6% en términos reales en agosto de 2025 frente al mismo mes de 2023. En los primeros ocho meses de 2025, la baja acumulada fue de 29,2%, mientras el gasto de funcionamiento retrocedió 28,6%.

El superávit fiscal que el Gobierno nacional volvió a registrar en agosto de 2025 tuvo como contracara una fuerte reducción de algunas partidas del gasto. Entre ellas, la destinada a las remuneraciones de la Administración Pública Nacional, que, según CEPA, perdió 32,6% de valor real respecto de agosto de 2023. Frente a agosto de 2024, el gasto salarial descendió otro 7,2% en términos reales.

El documento vincula parte sustancial de la reducción del gasto de funcionamiento con el rezago de las remuneraciones públicas frente a la inflación. El dato adquiere relevancia porque los salarios constituyen uno de los principales componentes de los recursos destinados a sostener la estructura de la Administración Nacional.

Menos recursos para el funcionamiento del Estado

La contracción también alcanzó los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de los organismos. CEPA calculó una caída real del 35,9% en agosto respecto de 2023, mientras que durante los primeros ocho meses del año el retroceso llegó al 28,6%.

Ese rubro comprende recursos destinados, entre otros conceptos, al sostenimiento operativo de las dependencias públicas. Su evolución muestra que el ajuste también afectó los fondos disponibles para bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración.

La magnitud de la reducción contrasta con el resultado fiscal informado oficialmente. El Ministerio de Economía comunicó que el Sector Público Nacional obtuvo en agosto de 2025 un superávit primario de $1,990 billones y un resultado financiero positivo de $635.529 millones, después del pago de $1,355 billones en intereses netos de deuda intraestatal. En los primeros ocho meses, el resultado financiero acumuló un superávit equivalente a alrededor de 0,2% del PBI.

Las universidades también reciben menos recursos reales

Las universidades nacionales forman parte de la misma discusión presupuestaria. De acuerdo con el relevamiento de CEPA, las transferencias destinadas a esas instituciones quedaron 17,5% por debajo de agosto de 2023 en términos reales y acumularon una disminución del 23,8% durante los primeros ocho meses de 2025.

El dato requiere una precisión: el Gobierno informó que las transferencias corrientes a universidades aumentaron 46,4% interanual en agosto, en el marco de las obligaciones derivadas de la legislación aprobada en 2024. La diferencia entre ambas lecturas responde a que CEPA compara el poder de compra de los fondos con agosto de 2023, mientras la información oficial destaca la variación nominal respecto de 2024.

La evolución salarial dentro de las universidades también forma parte del conflicto que mantienen las organizaciones docentes y no docentes con el Gobierno. Un informe de FEDUN y CIICTI había estimado previamente una pérdida real del 23,8% para los salarios universitarios desde noviembre de 2023.

Una política salarial que continúa por debajo de la inflación

La negociación para la Administración Pública Nacional incorporó nuevos incrementos hacia el último tramo de 2025. El Decreto 832/2025 homologó aumentos de 1,9% desde septiembre, 1,8% desde octubre, 1,6% desde noviembre y 1,5% desde diciembre, aplicados sobre las remuneraciones vigentes en cada mes.

La discusión sobre esos porcentajes queda marcada por la pérdida acumulada durante la actual administración. Los datos de ejecución presupuestaria muestran que el Estado sostiene el objetivo de equilibrio fiscal mientras distintas partidas vinculadas con ingresos, funcionamiento y financiamiento universitario permanecen por debajo de los niveles reales de 2023.

El resultado fiscal y la evolución del gasto público describen dos dimensiones de una misma política presupuestaria: la consolidación de las cuentas nacionales se apoyó en una reducción significativa del gasto real, con efectos particularmente visibles en las remuneraciones estatales y en los recursos destinados al funcionamiento de organismos públicos.

Organizaciones sociales, políticas, ambientales y trabajadores autoconvocados recorrieron este sábado distintos puntos del microcentro sanjuanino. La movilización formó parte de una jornada nacional de protesta y reunió reclamos por salarios, empleo, educación, salud, discapacidad, políticas de género y protección ambiental.

En San Juan, la concentración comenzó en Plaza España y posteriormente la columna avanzó por el Centro Cívico, avenida Libertador San Martín, calle Mendoza y Plaza 25 de Mayo, hasta llegar a la intersección de General Acha y Rivadavia, en uno de los accesos a la Peatonal.

Una vez concluido el recorrido, los manifestantes se concentraron para la lectura de un documento elaborado previamente en asambleas. El texto reunió una extensa plataforma de reclamos que incluyó cuestiones laborales, sociales, educativas, sanitarias y ambientales.

Entre las organizaciones que participaron estuvieron las asambleas barriales del Polo Obrero, el Partido Obrero de San Juan, el Frente de Izquierda y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, junto con agrupaciones sociales, ambientales y otros espacios de izquierda. La convocatoria provincial había sido presentada como parte de una jornada federal contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

Salarios, servicios y empleo

Uno de los principales planteos estuvo dirigido a los ingresos de los trabajadores. Las organizaciones reclamaron salarios que permitan cubrir la canasta familiar y cuestionaron el deterioro del poder adquisitivo, junto con el costo de los servicios públicos y la pérdida de puestos laborales.

La educación y la salud pública ocuparon otro lugar central. Los manifestantes reclamaron mayor presupuesto, provisión de recursos e insumos y políticas que garanticen el acceso a ambos servicios. También incorporaron la defensa de la discapacidad y la implementación plena de la Educación Sexual Integral (ESI) entre sus demandas.

El documento incluyó además reivindicaciones vinculadas con mujeres y diversidades, con pedidos de políticas públicas frente a la violencia de género y críticas a la reducción de partidas destinadas a esas áreas.

Ambiente, minería y RIGI

La cuestión ambiental tuvo una presencia particular en la movilización sanjuanina. Las organizaciones cuestionaron el modelo extractivo y reclamaron protección para los territorios y los recursos naturales, con especial énfasis en el agua frente al desarrollo de proyectos de megaminería.

También expresaron su rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y plantearon reparos frente a lo que consideran una mayor participación de empresas extranjeras en la explotación de recursos naturales. Esos cuestionamientos forman parte de una agenda que los espacios convocantes vienen sosteniendo en San Juan, particularmente alrededor de la defensa del agua y el territorio.

En el plano político, los oradores dirigieron críticas al Gobierno de Javier Milei y también cuestionaron a gobernadores de distintos espacios partidarios por acompañar iniciativas del oficialismo en el Congreso.

Reclamo a las centrales sindicales

Otro de los puntos centrales fue el pedido dirigido a la CGT y las CTA para que convoquen a un paro nacional y articulen un programa de medidas de fuerza contra las políticas económicas del Gobierno.

Ese planteo, sin embargo, corresponde a las organizaciones que impulsaron la movilización. La Marcha de la Bronca no contó con la adhesión orgánica de las principales centrales obreras nacionales, aunque algunos sectores sindicales y organizaciones de trabajadores participaron de la jornada.

El documento nacional también incorporó el rechazo al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, además de cuestionamientos a la política exterior de Estados Unidos en América Latina y una posición de condena a las acciones del gobierno israelí en Gaza, con un reclamo por la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines rechazó por insuficiente la última propuesta empresaria y decidió iniciar asambleas informativas en establecimientos de todo el país. La Secretaría de Trabajo convocó a un nuevo cuarto intermedio para el 16 de septiembre.

La paritaria vitivinícola volvió a quedar sin acuerdo y abrió una nueva instancia de presión sindical. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) rechazó la última propuesta de las cámaras empresarias, la calificó de insuficiente y resolvió llevar la discusión directamente a las bodegas mediante asambleas informativas.

La medida afecta a los sindicatos de la Federación en todo el país y tiene como fin informar a los trabajadores sobre el avance de las paritarias. Las entidades tendrán que notificar con anticipación los lugares, las fechas y los horarios donde se realizarán las asambleas.

La falta de acuerdo se debe a la gran diferencia entre lo que piden los empleados y lo que ofrece la patronal. Desde el sindicato, FOEVA rechazó que la crisis de los pequeños establecimientos sea una excusa para negar un aumento salarial que corresponde a todos los trabajadores de la actividad.

“Los empresarios están siendo tacaños en la paritaria; es vergonzoso que estemos discutiendo por monedas”, sostuvo Romero, vocero de la Federación, al expresar el malestar de la representación gremial.

Según los datos difundidos por la organización, un trabajador de bodega percibe actualmente entre $900.000 y $950.000, mientras que el promedio para quienes se desempeñan en viña ronda los $750.000. Para el sindicato, esos ingresos deben ser analizados frente al costo de vida y no exclusivamente desde las dificultades financieras que atraviesan determinadas empresas.

La discusión salarial también expuso diferencias respecto de la estructura económica de la industria. FOEVA cuestionó la concentración creciente del negocio vitivinícola y advirtió que las dificultades de establecimientos pequeños no deberían convertirse en un argumento para trasladar el ajuste sobre los trabajadores de compañías de distinta escala.

El gremio sostiene que quienes producen y sostienen diariamente la cadena vitivinícola no pueden quedar relegados en la distribución de los ingresos. “Si la vitivinicultura necesita sostenerse y recuperarse, el trabajador no puede ser considerado una variable de ajuste”, planteó Romero.

La próxima instancia formal quedó fijada para el 16 de septiembre, cuando la Secretaría de Trabajo convocará a las partes a un nuevo cuarto intermedio. El objetivo será permitir que empresarios y representantes sindicales evalúen internamente la propuesta y lleguen a esa audiencia con posiciones definidas.

Mientras tanto, las asambleas funcionarán como una herramienta para mantener informadas a las bases y medir el nivel de respaldo a las próximas decisiones de la Federación. El sindicato busca evitar que la negociación quede reducida a una discusión porcentual y pretende incorporar al debate las condiciones concretas de quienes trabajan en bodegas y viñedos.

La pulseada salarial adquiere especial relevancia para una cadena productiva con fuerte presencia en provincias vitivinícolas como Mendoza y San Juan, donde miles de familias dependen directa e indirectamente de la elaboración de vino y de las tareas agrícolas asociadas.

El nuevo cuarto intermedio será, por lo tanto, una instancia decisiva para intentar destrabar una negociación que comenzó a trasladarse de la mesa paritaria hacia los establecimientos. Si no aparece una mejora sustancial en la propuesta, FOEVA ya dejó planteada una primera señal de endurecimiento: la discusión salarial comenzará a ganar presencia en las propias bodegas y viñedos.