Confederaciones Rurales Argentinas envió una carta a Nicolás Pino para exigir explicaciones por las declaraciones de un director de la Sociedad Rural sobre la plataforma VISEC. El enfrentamiento expone diferencias sobre las exigencias ambientales del comercio internacional y quién debe asumir sus costos, aunque todavía no existe un planteo formal de ruptura.

La histórica unidad de la Mesa de Enlace enfrenta una nueva prueba. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó explicaciones formales a la Sociedad Rural Argentina (SRA) por las declaraciones de uno de sus directores, Andrés Costamagna, quien cuestionó públicamente la posición de la entidad frente a la plataforma de trazabilidad VISEC. El episodio abrió una disputa institucional entre dos organizaciones fundadoras del espacio y dejó al descubierto diferencias que exceden el intercambio de declaraciones.

El conflicto quedó formalizado el 6 de noviembre, cuando el presidente de CRA, Carlos Castagnani, y el secretario de la entidad, Adrián Luna Vázquez, enviaron una carta a Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural. En el documento calificaron los dichos de Costamagna como agraviantes y reclamaron que la conducción de la SRA precise si el dirigente se expresó a título personal o si sus declaraciones representan la posición institucional.

El malestar se originó en una entrevista realizada por Silvio Baiocco en Canal Rural. Según la comunicación de CRA, Costamagna acusó a la organización de desinformar, comunicar de manera errónea y sostener una postura de negacionismo extremo frente al sistema de trazabilidad. Para la entidad, las expresiones excedieron el intercambio legítimo de argumentos y afectaron el respeto que debe regir entre organizaciones representativas del agro.

CRA pidió que, si la Sociedad Rural no comparte esas afirmaciones, lo manifieste públicamente y reclame una rectificación por los mismos canales en los que se difundieron. Aunque la carta no plantea abandonar la Mesa de Enlace, advierte sobre el deterioro de los vínculos institucionales y traslada a la conducción de Pino la responsabilidad de responder al reclamo.

La trazabilidad, en el centro de la disputa

Detrás del enfrentamiento aparece una discusión de creciente importancia para las cadenas agroexportadoras. VISEC es una plataforma destinada a documentar la trazabilidad de productos y acreditar el cumplimiento de requisitos ambientales exigidos por los mercados internacionales, particularmente las disposiciones europeas vinculadas con la comercialización de productos libres de deforestación.

El disentimiento no se limitan a la conveniencia de implementar estos mecanismos. También involucran la administración de la información, los procedimientos de verificación y, fundamentalmente, la distribución de los costos entre productores, industrias y exportadores.

CRA viene expresando su preocupación por la posibilidad de que las nuevas exigencias terminen trasladando mayores obligaciones económicas y administrativas a los establecimientos productivos, mientras los beneficios comerciales alcanzan al conjunto de la cadena. La discusión, por lo tanto, compromete tanto la competitividad de las empresas como las condiciones en las que los productores deberán acreditar el origen de sus mercancías.

La discrepancia adquiere mayor dimensión porque las entidades rurales comparten reclamos vinculados con la presión impositiva, las retenciones y la necesidad de mejorar las condiciones de competencia frente a otros países productores de la región. Sin embargo, las diferencias sobre cómo afrontar las regulaciones ambientales internacionales amenazan con debilitar la posición común que históricamente procuraron sostener.

Una unidad que deberá demostrar su fortaleza

La Sociedad Rural y CRA integran la Mesa de Enlace junto con Federación Agraria Argentina y Coninagro, una articulación que adquirió protagonismo como representación conjunta del campo frente a las distintas administraciones nacionales.

El enfrentamiento actual vuelve a poner a prueba esa construcción. La respuesta de Pino será determinante para establecer si el episodio queda circunscripto a un desacuerdo entre dirigentes o si deriva en un distanciamiento institucional de mayor alcance.

Por ahora, no hay una ruptura formal, pero sí una señal de desgaste en una alianza que necesita consensos para intervenir en las discusiones sobre producción, exportaciones y regulaciones internacionales. La divergencia por VISEC dejó expuesta una cuestión de fondo: la unidad de las entidades rurales depende no solo de sus reclamos compartidos, sino también de su capacidad para resolver diferencias sobre el rumbo que debe adoptar el sector.

El Juzgado Federal de San Martín N.º 2 extendió por seis meses la medida cautelar que resguarda las cuotas de solidaridad y la ultraactividad convencional cuestionadas por la reforma laboral. La resolución mantiene la cobertura judicial para las retenciones del 2,5% en el ámbito comprendido por la causa, mientras continúa la revisión en la Cámara de Apelaciones.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a recibir un revés en los tribunales. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín resolvió prorrogar por seis meses la medida cautelar que protege los aportes sindicales convencionales y la ultraactividad de los convenios colectivos en la causa iniciada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional.

La decisión, firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, mantiene vigente la protección judicial dispuesta el 27 de marzo de 2026. El magistrado consideró que continúan presentes las circunstancias jurídicas y fácticas que justificaron originalmente la medida y entendió que corresponde preservar sus efectos mientras avanza el expediente.

El pronunciamiento tiene consecuencias directas para el ámbito mercantil alcanzado por el litigio, ya que permite sostener, bajo los términos de la cautelar, las retenciones correspondientes a la cuota de solidaridad. El aporte totaliza un 2,5% de los salarios, distribuido habitualmente entre un 2% destinado a los sindicatos de primer grado y un 0,5% correspondiente a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El debate se vincula con los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802, cuestionados por sus modificaciones al régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, regulado por la Ley 14.250, y por las restricciones establecidas sobre las contribuciones convencionales.

La extensión de la cautelar brinda continuidad a las retenciones para los empleadores y trabajadores comprendidos en la causa, y evita que las modificaciones cuestionadas alteren de inmediato las condiciones protegidas por la resolución judicial. El fallo también mantiene la caución juratoria presentada por la entidad sindical y dispone notificar al Estado Nacional.

Sin embargo, la resolución no representa una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma ni implica un pronunciamiento general aplicable a todas las organizaciones gremiales. Se trata de una medida provisoria, cuyos alcances permanecen sujetos al trámite judicial.

El expediente continúa bajo revisión de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá intervenir en la discusión sobre la cautelar y en las cuestiones de fondo planteadas por el sindicato.

La decisión constituye un respaldo transitorio para la estructura de financiamiento y representación del gremio mercantil, pero también prolonga una disputa de mayor alcance: hasta dónde puede avanzar una reforma legislativa sobre derechos y mecanismos de financiamiento establecidos mediante la negociación colectiva. La definición definitiva seguirá en manos de la Justicia.

Trece empresas ya firmaron sus contratos y esta semana se prevé completar otros 13. El programa comprende 2.240 viviendas en los 19 departamentos y una inversión anunciada de $322.000 millones. Las inscripciones para los sorteos se habilitarán cuando cada emprendimiento alcance entre el 10% y el 20% de ejecución.

La construcción de los 30 barrios anunciados por el Gobierno de San Juan comenzó a traducirse en contratos y preparativos sobre los terrenos. El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que 13 empresas constructoras formalizaron sus acuerdos la semana pasada y anticipó que esta semana se avanzará con otros 13 emprendimientos. El programa prevé levantar 2.240 viviendas, con una inversión estimada en $322.000 millones.

La adjudicación no será inmediata. La administración provincial resolvió que los sorteos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se habiliten cuando cada complejo registre entre un 10% y un 20% de avance físico. La condición apunta a vincular la convocatoria con obras efectivamente iniciadas y evitar que las familias participen por proyectos que todavía no tienen ejecución comprobable.

Perea explicó que la intención es que la adjudicación tenga como respaldo un desarrollo visible en los terrenos. De los 30 barrios previstos, cuatro estarán destinados a convenios con organizaciones gremiales; las restantes unidades se asignarán mediante sorteos públicos. Los plazos de construcción estimados oscilan entre 12 y 18 meses, aunque todavía no hay fechas definidas para la apertura de inscripciones.

Angaco y Chimbas, entre las próximas entregas

Mientras se activan los nuevos contratos, la Provincia prepara la finalización de complejos que ya estaban en marcha. Angaco y Chimbas aparecen entre los departamentos con posibilidades más cercanas de recibir viviendas.

En Angaco, el Gobierno espera avanzar con la segunda etapa de Malvinas Nos Une, que contempla alrededor de 70 casas. En Chimbas, resta una nueva entrega del barrio Panaderos y Pasteleros, después de las 69 unidades adjudicadas durante octubre. El ministro indicó que todavía se analiza cuál de los dos emprendimientos estará primero en condiciones de ser entregado.

Procrear: la continuidad depende del financiamiento

La recuperación de los complejos habitacionales del antiguo Procrear constituye otro de los asuntos pendientes. Según Perea, la documentación necesaria ya fue presentada y ahora resta definir con el gobernador y el Ministerio de Hacienda el esquema de financiamiento para retomar los trabajos.

Uno de los desarrollos es La Ramada, que registra cerca de un 60% de ejecución. Aunque la Provincia busca completar las construcciones, aún no cuenta con un cronograma confirmado.

También permanece sin definición el destino del predio de La Nave, ubicado sobre calle Rivadavia, antes de Salta, en Capital. La Provincia tomó posesión del inmueble, donde el proyecto original apenas había alcanzado un 5% de avance. Entre las alternativas figura un emprendimiento habitacional, pero la decisión todavía debe ser evaluada por las autoridades.

La política de vivienda de San Juan combina así la apertura de nuevos frentes, la conclusión de complejos próximos a entregarse y la búsqueda de recursos para recuperar obras paralizadas. Para las familias inscriptas o interesadas, la referencia inmediata será el avance verificable de cada barrio: de ese requisito dependerá el calendario de los próximos sorteos.