El fenómeno El Niño atraviesa una etapa de fortalecimiento y podría prolongarse hasta febrero de 2027. El Litoral, la cuenca del Plata y la Pampa Húmeda aparecen entre las áreas con mayor exposición a lluvias intensas, crecidas y anegamientos, con posibles efectos sobre la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.

Argentina se encamina hacia una temporada marcada por una mayor amenaza de lluvias intensas, inundaciones y crecidas de los grandes ríos debido al fortalecimiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Organismos meteorológicos internacionales anticipan una evolución significativa del episodio, mientras especialistas reclaman reforzar los sistemas de alerta y la coordinación entre las distintas jurisdicciones.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyectó que El Niño podría alcanzar una intensidad “muy fuerte”. En simultaneo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una probabilidad del 100% de continuidad durante la primavera. Las proyecciones internacionales contemplan además la posibilidad de que sus efectos persistan hasta febrero de 2027.

El fenómeno se origina en un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de modificar la circulación atmosférica y alterar los patrones de precipitaciones a escala global. En Argentina, esas alteraciones suelen traducirse en comportamientos diferenciados según la región.

La mayor preocupación se concentra en el Litoral y la cuenca del Plata, donde un régimen más húmedo puede incrementar las precipitaciones y elevar el caudal de los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú. La meteoróloga Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, advirtió que los eventos extremos son cada vez más frecuentes e intensos y que, bajo condiciones asociadas con El Niño, aumenta el peligro de inundaciones y desbordes.

El impacto no se limita a las áreas ribereñas. En la Pampa Húmeda, lluvias abundantes en períodos concentrados pueden provocar anegamientos de campos, afectar caminos y comprometer rendimientos agrícolas. La producción queda así expuesta no sólo a pérdidas directas, sino también a interrupciones logísticas y dificultades para transportar cosechas e insumos.

En Cuyo y los Andes centrales, el comportamiento puede ser diferente. Una mayor acumulación de nieve durante el invierno puede traducirse posteriormente en caudales superiores durante el verano, con consecuencias relevantes para la disponibilidad de agua y la administración de los recursos hídricos.

La dimensión regional del fenómeno también encendió una advertencia internacional. Naciones Unidas estimó que las alteraciones climáticas vinculadas con El Niño podrían dejar a unos 16 millones de personas en América Latina expuestas a inseguridad alimentaria, especialmente en comunidades cuya subsistencia depende de la producción agrícola y de condiciones meteorológicas estables.

Los avances científicos permiten hoy anticipar con mayor precisión estos episodios. Gulizia destacó la evolución de los modelos numéricos, las simulaciones de mayor resolución y los sistemas que integran las variables oceánicas y atmosféricas para comprender su interacción.

El desafío, sin embargo, no termina con la elaboración del pronóstico. La especialista señaló que resulta decisivo que esa información llegue de manera rápida y comprensible a las defensas civiles, autoridades locales y comunidades potencialmente afectadas. Una alerta eficaz requiere que el dato meteorológico se transforme en una decisión preventiva antes de que ocurra el fenómeno extremo.

En ese punto, el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional adquiere un papel central. Para los especialistas, fortalecer recursos humanos, infraestructura, tecnología y coordinación institucional será determinante para reducir daños ante un episodio que podría combinar lluvias excepcionales, crecidas fluviales y efectos sobre la producción.

La llegada de El Niño no permite anticipar por sí sola la magnitud de cada tormenta o inundación, pero sí establece un patrón de mayor vulnerabilidad para determinadas regiones. En este sentido, la capacidad de Argentina para atravesar los próximos meses dependerá, en buena medida, de cuánto logre convertir las previsiones científicas en prevención concreta sobre el territorio.

La Mesa Sindical cuestionó el 1,7% de inflación informado por el Indec para agosto y sostuvo que los gastos esenciales evolucionan por encima del promedio. Reclamó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, una emergencia laboral y una moratoria para las deudas de las familias.

Los gremios volvieron a confrontar con el Gobierno de Javier Milei por la distancia que, según exponen, existe entre la inflación oficial y el costo efectivo que enfrentan los hogares argentinos. Tras conocerse el índice de precios de agosto, que registró una suba mensual del 1,7% y llevó el acumulado de 2026 al 21,3%, el colectivo sindical sostuvo que ese promedio no refleja la evolución de los gastos indispensables.

La crítica se concentra especialmente en los rubros que tienen mayor incidencia sobre los ingresos familiares. De acuerdo con el informe del Indec, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,8% durante agosto, mientras que Educación avanzó 2,5%. En el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, el incremento llegó al 3,9%.

Para los sindicatos, la diferencia resulta todavía más significativa cuando se observa la evolución de los alimentos y de los bienes y servicios que componen las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia. La Mesa Sindical sostuvo que la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%, por encima del IPC general.

“Hay una Argentina real y una inventada por el Gobierno”, planteó la organización en un documento difundido después de conocerse la medición oficial. En esa línea, calificó de “insostenible” la lectura de una inflación en descenso cuando los hogares deben afrontar incrementos superiores en bienes y servicios esenciales.

El planteo gremial también incorporó el problema del endeudamiento. La Mesa Sindical afirmó que alrededor de seis millones de argentinos tienen dificultades para cumplir regularmente con sus deudas, en muchos casos vinculadas con gastos básicos como alimentación, medicamentos, útiles escolares o alquileres.

A ese cuadro sumó el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo. Los gremialistas sostuvieron que los salarios continúan rezagados frente al costo de vida y denunciaron que los despidos persisten, mientras crece la morosidad entre quienes deben afrontar gastos comunes de vivienda.

En particular, señalaron que cerca del 30% de los diez millones de personas que pagan expensas en el país tienen dificultades para cumplir con esos compromisos. Para la organización, el fenómeno dejó de estar concentrado en determinadas regiones y se extendió de manera generalizada.

Con ese diagnóstico, la Mesa Sindical solicitó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, junto con la declaración de una emergencia laboral destinada a contener los despidos. También propuso una moratoria para las deudas familiares, como mecanismo para aliviar a los hogares que acumularon obligaciones durante los últimos meses.

La federación que representa al personal nodocente rechazó la propuesta oficial de un aumento del 3% para octubre y ratificó nuevas acciones junto al Frente Sindical Universitario. Habrá una jornada nacional el 15 de septiembre, una concentración frente al Palacio Pizzurno el 17 y una nueva Marcha Federal Universitaria durante la primera semana de octubre.

El conflicto salarial de las universidades nacionales sumará nuevas jornadas de protesta. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó el cronograma de medidas acordado con el Frente Sindical Universitario y anticipó una escalada de movilizaciones ante la falta de acuerdo con el Gobierno.

La decisión fue adoptada después del rechazo a la última propuesta oficial, que contempló un incremento salarial del 3% para octubre. Para la organización que representa a los trabajadores nodocentes, ese porcentaje resulta insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos y no responde al reclamo de recomposición salarial.

El reclamo gremial también incorpora la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada para garantizar recursos destinados al funcionamiento de las instituciones de educación superior. Las organizaciones universitarias sostienen que la discusión presupuestaria no puede quedar separada de la actualización de los salarios, las becas y los fondos necesarios para sostener las universidades públicas.

La primera fecha del nuevo cronograma será el 15 de septiembre, cuando se desarrollará la jornada nacional denominada “La universidad en la calle”, con actividades en espacios públicos de todo el país destinadas a visibilizar las demandas de docentes y nodocentes.

Dos días después, el 17 de septiembre, las organizaciones concentrarán sus reclamos frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. La movilización coincidirá con las mesas paritarias convocadas para docentes y nodocentes, por lo que el encuentro será una instancia relevante para medir si el Gobierno modifica su propuesta salarial.

La protesta tendrá continuidad durante la primera semana de octubre, con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria. Las organizaciones que integran el frente sindical buscarán volver a reunir a trabajadores, estudiantes y autoridades universitarias para reclamar una recomposición de los ingresos y mayores recursos para el sistema público de educación superior.

El nuevo calendario se suma al paro nacional del 8 de septiembre, que afectó las tareas académicas, administrativas y de servicios en las universidades. La medida expresó un reclamo que excede la discusión salarial e incluye el financiamiento institucional y la actualización de las becas estudiantiles.

FATUN, sostiene que la negociación colectiva requiere una propuesta que permita recuperar capacidad adquisitiva y una discusión con el Poder Ejecutivo que contemple la evolución real del costo de vida. El gremio también reclama el cumplimiento de las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

La federación integra el Frente Sindical Universitario junto con FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, FAGDUT y CTERA, una articulación que permitió unificar las principales medidas de fuerza de la comunidad universitaria.