El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan, Martín Solazzo, mediante una entrevista concedida a Mundo Laboral SJ, cuestionó la falta de homologación paritaria y rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Aseguró que la iniciativa “no busca modernizar, sino flexibilizar”, y alertó que “el país retrocede mientras el mundo disputa mano de obra calificada”. También pidió una CGT “firme y unida” ante un escenario de conflictividad creciente.

El dirigente confirmó que los trabajadores metalúrgicos de la provincia cobrarán en noviembre los mismos sueldos que en septiembre, ya que el último acuerdo paritario —vigente hasta agosto— no fue renovado ni homologado.

“Seguimos cobrando el sueldo de agosto, con un bono no remunerativo que no se aplica al básico. Llevamos más de 60 días de atraso. Tanto la UOM como las cámaras industriales presentamos pedidos formales para reabrir la paritaria, pero la Secretaría de Trabajo los desestimó”, explicó.

El sindicalista consideró que esta falta de convocatoria responde a una estrategia política. “Todo indica que el Gobierno nacional quiso dejar pasar las elecciones del 26 de octubre antes de definir las negociaciones. Pero la realidad es que los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo mientras la inflación no da tregua”, apuntó.

El representante sindical detalló que ya se realizaron nuevas presentaciones conjuntas entre el gremio y las cámaras empresarias para que el Ministerio disponga una audiencia formal. “Queremos destrabar la negociación y actualizar la escala desde septiembre en adelante. No se trata de un reclamo exagerado: es simplemente defender el valor real del salario”, subrayó.

Críticas a la reforma laboral

Consultado sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional, el dirigente fue contundente:

“La reforma que proponen es una pérdida de derechos disfrazada de modernización. En ningún punto se habla de salarios dignos ni de equiparación con la canasta básica. Lo que sí se menciona es extender las jornadas, recortar vacaciones y eliminar indemnizaciones. Todo eso daña directamente al trabajador.”

Solazzo aclaró que la UOM no se opone a revisar ni modernizar convenios que datan de los años 70, pero insistió en que “una verdadera modernización debe partir del reconocimiento del trabajo digno y bien pago”. “Podemos discutir capacitación, tecnología o nuevas formas de organización laboral. Pero si el punto de partida no es el salario y la estabilidad, todo lo demás es precarización”, afirmó.

El referente gremial calificó de “arbitrario y regresivo” el intento de imponer bancos de horas y jornadas de hasta 13 horas diarias:

“Te dicen que vas a devolver las horas cuando el empleador lo disponga. Eso no es eficiencia, es explotación moderna. La vida del trabajador no puede ser una variable de ajuste.”

“A contramano del mundo en materia laboral”

El titular de la UOM en San juan comparó la situación argentina con las tendencias internacionales:

“El mundo se está disputando mano de obra calificada, trabajadores con formación y estabilidad. En cambio, acá se está desmantelando todo eso. Estamos retrocediendo tres décadas. Es un daño enorme, muchas veces irreparable.”

El dirigente recordó que muchos de los derechos laborales argentinos tienen rango constitucional o respaldo en tratados internacionales, y advirtió que “modificarlos sin consenso podría generar conflictos jurídicos y políticos de gran escala”.

“No es tan fácil cambiar la ley para que un trabajador pase de 8 a 13 horas. Hay límites legales, pero también límites éticos”, remarcó.

Unidad sindical y desafíos de la CGT

A pocos horas de la renovación de autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT), prevista para el 5 de noviembre, Solazzo respaldó la posición de la central obrera, que reafirmó su rechazo a cualquier reforma que implique pérdida de derechos.

“Acompañamos totalmente a la CGT en esta postura. Lo más importante es que se logre una unidad sólida, no una unidad forzada. Hay que dejar de lado los egos y los intereses personales. Lo que viene exige una CGT fuerte, firme y consensuada.”

El gremialista destacó que la unidad sindical será decisiva frente a un gobierno que “pretende avanzar sobre el marco regulatorio del trabajo y desarticular la estructura gremial”.

“Si el movimiento obrero no se mantiene unido, el trabajador quedará solo ante un modelo que busca precarizar el empleo. Y eso sería el peor retroceso de nuestra historia reciente.”

El trabajo, entre la incertidumbre y la resistencia

En la entrevista, Solazzo enfatizó que el sector metalúrgico enfrenta un momento bisagra. Mientras la producción se desacelera y los salarios pierden terreno, el Gobierno promueve cambios que, según el gremio, “rompen el equilibrio básico entre capital y trabajo”.

“Una verdadera reforma laboral debería discutir cómo se generan empleos de calidad, cómo se distribuye la riqueza, cómo se sostiene la industria nacional. Pero en este proyecto, lo único que se menciona es cuánto más puede flexibilizarse el trabajo”, concluyó.

El testimonio de Martín Solazzo sintetiza la posición de incertidumbre y resistencia del sindicalismo frente a la nueva etapa de reformas estructurales que propone el Gobierno. Desde las bases provinciales hasta las conducciones nacionales, el reclamo converge en un punto central: sin salario digno y sin estabilidad laboral, no hay modernización posible.

En un país donde el trabajo sigue siendo el núcleo del contrato social, la advertencia de la UOM resuena como un recordatorio político y ético: la productividad no puede construirse sobre la pérdida de derechos. Y en esa tensión entre eficiencia y justicia, se juega buena parte del futuro del trabajo argentino.

Ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional y el deterioro sostenido del poder adquisitivo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de noviembre. El gremio exige la inmediata reapertura de paritarias y la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue suspendida por el Ejecutivo en una decisión que los docentes califican como “jurídicamente inaceptable”.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió profundizar su plan de lucha con una medida de fuerza de alcance nacional que afectará la actividad académica en todas las universidades públicas del país. El paro, programado para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, fue aprobado por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de la organización realizado el pasado 30 de octubre, con la participación de 84 delegados de asociaciones de base de todo el territorio nacional.

La decisión se inscribe en un escenario de creciente conflictividad en el sistema universitario, marcado por la parálisis en las negociaciones salariales y la suspensión de leyes fundamentales para el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas en educación superior.

“El Gobierno no ha convocado a la paritaria del sector ni ha ofrecido respuestas a las demandas salariales que venimos planteando desde hace meses”, señalaron desde la conducción nacional del gremio. Según la federación, los salarios docentes acumulan una pérdida que supera el 45 % en términos reales desde diciembre de 2023, lo que agrava el deterioro de las condiciones de trabajo y amenaza la sustentabilidad de la vida universitaria cotidiana.

En un comunicado difundido tras el Congreso, la CONADU Histórica expresó su preocupación por el reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que, en la misma disposición, promulgó y suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”. El texto oficial —publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre— reconoce la deuda del Estado con el sistema universitario, contemplando una actualización salarial del 40 % a julio de 2025, fondos para becas estudiantiles y partidas para gastos de funcionamiento. Sin embargo, su suspensión inmediata dejó sin efecto las medidas de alivio que el propio decreto admitía como urgentes.

“Es una decisión contradictoria, ilegítima y jurídicamente inaceptable”, sostuvieron desde el gremio, al tiempo que remarcaron que “la suspensión vulnera derechos adquiridos y posterga indefinidamente el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado”.

La medida, señalan, no solo afecta a los trabajadores docentes, sino que compromete la estabilidad institucional de las universidades y la posibilidad de garantizar el derecho a la educación pública de calidad.

Desde la federación convocaron a toda la comunidad universitaria —docentes, estudiantes y personal no docente— a sostener la organización y fortalecer la unidad “en defensa de la universidad pública, gratuita y al servicio del pueblo”. En ese sentido, se prevén asambleas, clases públicas y actividades de visibilización en los principales centros universitarios durante los días de la huelga.

La Justicia laboral intimó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a justificar en un plazo de tres días los motivos por los cuales no ha convocado al Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano clave para la actualización de los ingresos básicos y las prestaciones por desempleo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo N°10, en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que encabezan Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, respectivamente. Ambas centrales reclaman el cumplimiento de la ley que establece la periodicidad bimestral de las reuniones y la restitución del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.

Las organizaciones denunciaron que el Gobierno incumple su obligación legal y constitucional de promover el diálogo tripartito, y recordaron que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan la negociación conjunta como base para fijar el salario mínimo.

“Se está afectando un derecho fundamental: el de los trabajadores a participar en la definición de un salario digno”, expresaron los dirigentes sindicales al presentar la demanda.

El reclamo también impugna la Resolución 5/2025, mediante la cual el Ministerio impuso unilateralmente un incremento del salario mínimo a través de un laudo administrativo, sin consenso entre las partes. Según las CTA, esta decisión “carece de validez legal y no garantiza un nivel de vida digno”, en contravención de los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El Consejo del Salario, creado para fijar el monto del salario mínimo y los valores de las prestaciones por desempleo, está integrado por representantes del Estado, de las cámaras empresarias y de los sindicatos. Sin embargo, no se reúne desde hace más de seis meses, un hecho inédito desde su conformación.

La falta de actualización del salario mínimo —que hoy se encuentra muy por debajo del costo de la canasta básica— agrava la pérdida del poder adquisitivo y afecta de manera directa a millones de trabajadores formales, informales y beneficiarios de programas sociales.

Con esta resolución, la Justicia pone en evidencia la inacción del Poder Ejecutivo y exige que rinda cuentas sobre una cuestión de alto impacto económico y social. El fallo obliga al Ministerio de Capital Humano a explicar por qué se elude la convocatoria y reabre la discusión sobre la legitimidad de las decisiones unilaterales en materia salarial.

Para las dos centrales sindicales, la medida judicial representa un respaldo a su reclamo y una advertencia al Gobierno sobre la necesidad de respetar los mecanismos institucionales de diálogo social.

“Este fallo reafirma que el salario mínimo no puede definirse de espaldas a los trabajadores”, afirmaron Godoy y Yasky en un comunicado conjunto difundido tras conocerse la intimación judicial.