La Confederación General del Trabajo confirmó que participará de la movilización de San Cayetano junto a las dos CTA y la UTEP. La convocatoria, que conmemora una década de la primera marcha realizada en 2016, marcará un nuevo capítulo del cronograma de protestas impulsado por el movimiento sindical y las organizaciones sociales frente a las políticas del Gobierno nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó su participación en la tradicional marcha de San Cayetano, que el próximo 7 de agosto volverá a reunir a la central obrera con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. La convocatoria tendrá este año una carga simbólica especial al cumplirse diez años de la primera movilización masiva organizada en 2016 bajo la consigna de defender el trabajo, los ingresos y los derechos sociales.

Bajo el lema «A diez años de San Cayetano, seguimos caminando por paz, pan, tierra, techo y trabajo», las organizaciones buscarán exhibir una nueva muestra de unidad entre el sindicalismo tradicional, la economía popular y distintos espacios sociales. La adhesión de la CGT, conducida por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, ratifica la coordinación alcanzada con las CTA y la UTEP para sostener un calendario de acciones que se extenderá durante las próximas semanas.

La congregación comenzará en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo. Desde allí, las columnas recorrerán el trayecto hasta Plaza de Mayo, donde confluirán gremios, organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, feministas y entidades profesionales. Algunas agrupaciones realizarán el recorrido completo, mientras que otras se incorporarán en distintos puntos del trayecto.

La marcha se desarrollará después de varias semanas de creciente conflictividad. En los últimos días, movimientos sociales protagonizaron protestas en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata y Rosario. Las manifestaciones coincidieron con la movilización semanal de jubilados frente al Congreso y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el Puente Pueyrredón. Uno de los principales reclamos apuntó contra la eliminación del programa Volver al Trabajo, reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

La convocatoria de San Cayetano también forma parte de una secuencia de acciones iniciada el 22 de julio, cuando la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados marcharon al Congreso para reclamar una recomposición de los haberes previsionales y defender el sistema jubilatorio. Aquella protesta significó el relanzamiento de la agenda sindical tras la pausa impuesta por el Mundial de Fútbol.

El cronograma continuará el 3 de agosto con el acompañamiento a la protesta convocada por CTERA contra la Ley de Libertad Educativa impulsada por el Gobierno nacional, jornada que coincidirá con el paro nacional de ATE y una movilización hacia el Ministerio de Economía. Tres días más tarde, diversas organizaciones volverán al Congreso para rechazar el proyecto que habilita la extranjerización de tierras.

Las centrales sindicales ya proyectan nuevas acciones para el resto del trimestre. Entre las iniciativas previstas figuran una manifestación frente a la Secretaría de Trabajo cuando sea convocado el Consejo del Salario, otra protesta frente al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y un acto por el Día de la Industria junto a representantes de pequeñas y medianas empresas. Además, entre el 4 y el 6 de septiembre participarán de la Semana Social organizada por la Iglesia en Córdoba bajo el lema «Puentes hacia el bien común».

En este sentido, dentro del movimiento obrero comienza a instalarse la posibilidad de una nueva huelga general. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, sostuvo públicamente que el sindicalismo avanza hacia esa medida, mientras que desde la CGT admiten que la convocatoria podría concretarse entre septiembre y octubre si no hay respuestas a los reclamos vinculados con el empleo, los salarios, las jubilaciones y la producción.

El gobernador Marcelo Orrego suspendió la agenda oficial que cumplía en Londres y Estados Unidos y emprendió el regreso inmediato a San Juan tras conocerse la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio en Valle Fértil, donde murieron los siete ocupantes de un helicóptero que participaba de una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

La determinación fue adoptada apenas se confirmó la magnitud del siniestro, que provocó una profunda conmoción en la provincia al cobrar la vida de cuatro funcionarios de la estructura de Seguridad, además del piloto de la aeronave y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Desde el Gobierno provincial informaron que el mandatario encabezará personalmente el acompañamiento a los familiares de las víctimas y a los equipos que compartían funciones con los fallecidos. También seguirá de cerca las actuaciones administrativas y judiciales que buscan establecer las causas del accidente.

Mientras se concreta su retorno, la delegación oficial que acompaña al gobernador continuará con la agenda prevista en el exterior. Según se indicó, las reuniones técnicas y los encuentros institucionales programados en el marco de la misión internacional seguirán desarrollándose bajo la representación del resto de la comitiva.

El accidente se produjo cuando el helicóptero se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cayó en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil. Tras un amplio operativo de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos sus ocupantes.

La tragedia motivó además el decreto de tres días de duelo provincial, con banderas a media asta en los edificios públicos y la suspensión de los actos festivos oficiales. En paralelo, los organismos competentes avanzan con las pericias para determinar qué originó la caída de la aeronave, mientras la Provincia concentra sus esfuerzos en el acompañamiento a las familias y en el esclarecimiento de uno de los accidentes más dolorosos registrados en la historia reciente de la administración sanjuanina.

Tras la resolución del Gobierno nacional que otorgó prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión destinada al proyecto Vicuña, ASIJEMIN sostuvo que la inversión debe ser afrontada por las empresas mineras y no mediante regalías futuras, recursos públicos o mayores costos para los usuarios. También reclamó mayor participación de San Juan en las decisiones sobre una infraestructura considerada estratégica.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) manifestó su rechazo a que la construcción de la infraestructura eléctrica destinada a abastecer al proyecto minero Vicuña sea financiada con regalías mineras futuras o recursos del Estado. El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional ratificara, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), la prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión prevista para el emprendimiento, una obra cuya inversión ronda los 800 millones de dólares.

La decisión de la administración nacional dejó sin efecto los planteos formulados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que había expresado reparos sobre la asignación prioritaria de la capacidad de transporte eléctrico. Para ASIJEMIN, la resolución implica ceder durante los próximos 25 años el uso preferencial de una infraestructura estratégica a una compañía privada, reduciendo la participación de la provincia en la definición de un recurso considerado clave para su desarrollo productivo.

No obstante, el sindicato aclaró que no se opone a la ejecución de la obra. Por el contrario, consideró que resulta indispensable para acompañar el crecimiento de los grandes proyectos mineros previstos en San Juan. Su principal objeción radica en el esquema de financiamiento y en la necesidad de que la inversión sea absorbida por las empresas beneficiarias, sin comprometer regalías futuras, fondos públicos ni trasladar costos adicionales a los usuarios del sistema eléctrico.

La organización también reclamó que la construcción incorpore una fuerte participación de empresas sanjuaninas, proveedores locales, trabajadores de la provincia e industria nacional. A su entender, una iniciativa de esta magnitud debe transformarse en una herramienta para fortalecer la licencia social de la minería mediante la generación de empleo, el desarrollo de las pymes y la creación de valor agregado en las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos.

En ese sentido, ASIJEMIN objetó los modelos de contratación con predominio de operadores externos y sostuvo que la infraestructura energética vinculada a la minería debe convertirse en un factor de crecimiento para toda la economía provincial y no limitarse a satisfacer las necesidades operativas de los proyectos extractivos.

Como alternativa, el gremio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional y provincial, las empresas mineras, los sindicatos, las comunidades y los sectores productivos. El objetivo sería consensuar un esquema de ejecución que contemple tanto las demandas energéticas de los futuros desarrollos mineros como los beneficios permanentes para las localidades involucradas.

El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, afirmó que el crecimiento de la infraestructura energética asociada a la minería debe traducirse en mejoras concretas para la población. En esa línea, sostuvo que las inversiones deben generar más empleo, fortalecer los servicios públicos y acompañar el desarrollo económico y social de San Juan, consolidando un modelo en el que la expansión minera también impulse beneficios duraderos para la provincia.