El plenario de delegados de UDAP resolvió rechazar la oferta presentada por el Gobierno provincial en la mesa paritaria y confirmó el paro previsto para el 2 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo en San Juan. El gremio consideró insuficiente la propuesta y dejó abierta la posibilidad de adherir a medidas nacionales convocadas por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

El conflicto docente en la provincia sumó un nuevo capítulo este viernes. Tras analizar durante varias horas la oferta salarial presentada el 12 de febrero por el Ejecutivo provincial, el plenario de delegados de UDAP decidió rechazarla por considerarla insuficiente y ratificó la medida de fuerza ya definida para el 2 de marzo, día en que está previsto el inicio de clases en el nivel primario.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un parte firmado por la secretaria general, Patricia Quiroga. En el documento, el gremio mayoritario de los docentes sanjuaninos dejó en claro que insistirá con el pedido de recomposición salarial planteado en el acta paritaria de diciembre de 2025 y ratificó las medidas de fuerza votadas el 9 de febrero.

Además, el plenario facultó a sus congresales a adherir a eventuales paros o acciones de protesta que convoque CTERA a nivel nacional, central obrera a la que responde orgánicamente el sindicato.

La oferta oficial

La propuesta fue presentada en la segunda reunión paritaria del año, que se extendió por más de siete horas y estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. También participaron los gremios UDA y AMET.

El Ejecutivo propuso:

. Elevar la ayuda escolar a $100.000 por hijo, a abonarse con el salario de febrero.
. Un pago por equipamiento docente de $128.801,76, también en febrero.
. Un incremento del 5% en el Valor Índice en marzo de 2026, tomando como base diciembre de 2025.
. Otro aumento del 5% en junio de 2026, calculado sobre el índice de marzo.
. Una suba de seis puntos en el código E60 desde marzo.

Tras la presentación, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 20 de febrero a las 14, fecha en la que debía formalizarse la respuesta gremial. Con el rechazo de UDAP, la negociación ingresa ahora en una fase decisiva.

Desde el Gobierno habían destacado que San Juan fue una de las primeras provincias en abrir la discusión paritaria docente, en un intento por anticipar el conflicto antes del inicio del ciclo lectivo.

Impacto en el inicio de clases

La huelga ratificada para el 2 de marzo coincide con el comienzo formal del ciclo lectivo en las escuelas primarias de la provincia. De confirmarse la medida, es posible que se realicen los actos de apertura, pero que los docentes adheridos no dicten clases durante esa jornada.

El escenario abre interrogantes sobre la continuidad del conflicto si no se alcanza un acuerdo antes del inicio efectivo de las actividades. En un momento de fuerte presión inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo, el salario docente vuelve a convertirse en eje de tensión política y social.

La modificación de último momento que preserva las cuotas solidarias y otros cambios aceptados por la Casa Rosada alivian a la conducción cegetista en su principal preocupación: el financiamiento sindical. Pero la estrategia de negociación silenciosa puede volverse en contra si la reforma avanza sin alterar aspectos sensibles para los trabajadores.

La pregunta comenzó a circular incluso dentro del propio sindicalismo: ¿los cambios introducidos por el Gobierno en la reforma laboral son una victoria táctica o el inicio de una derrota estratégica para la CGT? La respuesta, por ahora, parece moverse en esa ambigüedad.

En las últimas horas, la Casa Rosada aceptó modificaciones sustanciales al proyecto que se debate en el Senado. La más significativa fue la eliminación del artículo que condicionaba a la “conformidad expresa del trabajador” la retención de cuotas sindicales por parte del empleador. Al desaparecer esa cláusula —el artículo 137 de la versión original— queda vigente el esquema actual, que obliga a los empleadores a actuar como agentes de retención no sólo de las cuotas de afiliación sino también de “otros aportes”.

Allí reside la clave: las cuotas solidarias. Esos descuentos pactados en los convenios colectivos que alcanzan tanto a afiliados como a no afiliados constituyen la columna vertebral del financiamiento sindical. El propio Federico Sturzenegger los había definido como “peajes sindicales” y buscó limitarlos desde la llegada de Javier Milei al poder. La CGT logró frenar ese intento en la Justicia cuando fue incluido en el DNU 70 y ahora consiguió que desaparezca también de la reforma laboral.

No fue la única concesión. El Gobierno también eliminó el artículo que reducía las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales, otro punto neurálgico para la estructura sindical. Y en el texto anunciado por Patricia Bullrich se estableció que las cuotas solidarias tendrán un tope del 2% hasta el 1° de enero de 2028, cuando pasarían a ser voluntarias.

El resultado es claro: la “caja sindical” quedó a salvo, al menos en esta etapa. Y eso explica buena parte del comportamiento político de la conducción cegetista.

Una movilización contenida

La protesta frente al Congreso de la Nación Argentina dejó una imagen dispar. La columna principal de la CGT tuvo un paso fugaz por la zona y sus máximos dirigentes permanecieron poco más de media hora antes de retirarse. La escena contrastó con los incidentes posteriores protagonizados por sectores de izquierda y grupos más combativos, que derivaron en enfrentamientos con piedras y bombas molotov.

Para el ala dialoguista, la movilización fue parte de una estrategia de contención interna. La conducción logró desactivar propuestas de paro de 12, 24 y 48 horas impulsadas por sectores duros, evitando una escalada que hubiese complicado las negociaciones reservadas con el Ejecutivo.

“Los extremos se unen y son funcionales entre sí”, sostuvo Gerardo Martínez, uno de los referentes del sector más proclive al diálogo. La frase sintetiza la lectura cegetista: exhibir presencia en la calle sin romper los puentes con un Gobierno que, tras el triunfo electoral de octubre, conserva iniciativa política.

La foto que también habló

En ese escenario reapareció Pablo Moyano encabezando la columna de Camioneros y, antes de la marcha, posó junto a Hugo Moyano en la sede del gremio, en una imagen que pareció sellar una tregua en su prolongada disputa interna. Detrás de ellos, una histórica fotografía junto a Saúl Ubaldini evocó el récord de 13 paros generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín. El simbolismo no pasó inadvertido: la amenaza de conflictividad siempre está latente.

Las columnas más nutridas correspondieron a UPCN, Camioneros, la UOCRA, UDA, Obras Sanitarias, la CATT, la UTEP y el FRESU, entre otros. Sin embargo, la ausencia de algunos referentes y el tono moderado de la conducción reforzaron la percepción de una protesta administrada.

El alivio y la trampa

El problema para la CGT no está en lo que consiguió, sino en lo que quedó intacto. La reforma mantiene aspectos sensibles como los cambios en indemnizaciones, la introducción del banco de horas, la flexibilización en vacaciones, la discusión sobre la ultractividad de los convenios y la posibilidad de convenios por empresa. Estos puntos impactan directamente en el modelo sindical argentino basado en el unicato y la negociación colectiva por actividad.

Algunos dirigentes del ala dura advierten que preservar la caja no alcanza. Si la reforma avanza sin modificar los artículos que afectan derechos individuales y colectivos, la conducción podría pagar un costo político ante sus propias bases. “La gente no va a perdonar que se haya salvado el financiamiento pero no las condiciones laborales”, deslizan en privado.

El cotitular cegetista Andrés Rodríguez sostuvo públicamente que la reforma “quita derechos” y no generará empleo, pese a reconocer cambios “aparentemente favorables” al movimiento sindical. Esa tensión discursiva revela el delicado equilibrio que intenta sostener la central obrera.

La CGT consiguió alivio inmediato en el terreno financiero e institucional. Pero el Gobierno también logró algo: dividir el frente sindical, moderar la conflictividad y avanzar en el núcleo de su reforma. En esa dialéctica se juega algo más que una ley. Se define el alcance real del poder sindical en la Argentina que emerge bajo la presidencia de Milei.

Si las concesiones se consolidan y el resto del proyecto avanza, la conducción cegetista habrá preservado su estructura, pero deberá explicar por qué no logró frenar los cambios que afectan directamente a los trabajadores. Allí radica la trampa: ganar en la negociación puede implicar perder en legitimidad.

La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la canasta básica total para una familia tipo alcanzó más de $1,360.000, el umbral que determina la línea de pobreza. En consecuencia, los salarios registrados —tanto del sector público como privado— quedaron casi tres puntos por debajo de la inflación acumulada en 2025, profundizando la pérdida del poder adquisitivo.

El deterioro del salario real vuelve a instalarse como una de las principales preocupaciones económicas y sociales del año. La suba sostenida del costo de vida, impulsada por alimentos, servicios y bienes esenciales, continúa desfasada respecto de la evolución de los ingresos formales.

El dato de la canasta básica total no es un número aislado: fija el piso a partir del cual una familia tipo es considerada pobre. Que ese umbral haya trepado a más de $1,360.000 revela la magnitud del esfuerzo económico que deben realizar los hogares trabajadores para sostener un nivel mínimo de consumo.

Al mismo tiempo, los sueldos registrados no lograron acompañar la dinámica inflacionaria. Según los últimos estudios oficiales, el promedio de ingresos del sector formal quedó casi tres puntos por debajo del alza general de precios acumulada en 2025. El resultado es una nueva contracción del poder adquisitivo, que se suma a la pérdida arrastrada en los últimos años.

La brecha entre precios e ingresos

La combinación de inflación persistente y paritarias que corren desde atrás genera un círculo complejo. Aun cuando los acuerdos salariales intentan incorporar cláusulas de revisión o ajustes escalonados, la aceleración de precios en rubros clave termina erosionando cualquier mejora nominal.

El impacto es particularmente visible en alimentos, tarifas y transporte, componentes que concentran buena parte del gasto mensual de los hogares. Cuando esos rubros crecen por encima del promedio, el salario real se deteriora incluso en contextos de recomposición parcial.

Desde el ámbito gremial, el desfasaje vuelve a encender alarmas. La pérdida de casi tres puntos frente a la inflación implica que el ingreso formal —históricamente un resguardo frente a la informalidad— ya no garantiza estabilidad en términos de capacidad de compra.

La discusión no es solo porcentual. También involucra la periodicidad de los ajustes, la inclusión de sumas fijas o bonos compensatorios y la posibilidad de cláusulas automáticas de indexación, en un contexto donde la política económica nacional transita un año de ajustes y redefiniciones.

Las paritarias, una vez más, se convierten en el principal instrumento de defensa del ingreso formal. Su eficacia —y la voluntad política de sostener la recomposición— determinarán si 2026 profundiza la pérdida o logra revertir la tendencia.