Daniel Durán, referente de APUNSJ, advierte sobre un deterioro sostenido en las universidades nacionales y cuestiona la negativa del Gobierno a aplicar la ley de financiamiento. Con resoluciones judiciales firmes, medidas de fuerza en marcha y una pérdida salarial pronunciada, el conflicto escala y abre interrogantes sobre el futuro del sistema.

La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales atraviesa una etapa de definiciones, donde confluyen reclamos gremiales, decisiones políticas y pronunciamientos judiciales que elevan la disputa a un plano institucional de mayor alcance. Lejos de apaciguarse, la situación muestra signos de profundización y suma nuevos actores a una confrontación que ya impacta en el funcionamiento cotidiano del sistema.

Daniel Durán, dirigente de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ), en diálogo con Mundo Laboral San Juan, fija un diagnóstico crítico que combina variables económicas, laborales y estructurales. Desde su perspectiva, el deterioro no es reciente ni circunstancial, sino el resultado de una secuencia de decisiones que han debilitado progresivamente a las universidades.

“Desde el inicio de la actual gestión, las instituciones educativas de nivel superior han venido sosteniendo un deterioro tanto en lo salarial como en lo institucional”, afirma. La descripción incluye la retracción de partidas destinadas a áreas sensibles como becas estudiantiles, investigación científica, mantenimiento edilicio y gastos operativos. Esta reducción de recursos, sostiene, repercute directamente en la calidad del servicio educativo y en la capacidad de sostener la actividad académica.

Uno de los aspectos que, según Durán, permite dimensionar la magnitud del problema es su visibilidad creciente. Los colegios preuniversitarios y los institutos asociados, que en las últimas semanas concentraron la atención pública, funcionan como una señal de alerta. “Lo que se observa en esos espacios es el reflejo de lo que ocurre en todo el sistema”, explica, al señalar que la problemática ya no puede ser contenida en ámbitos administrativos o técnicos.

El eje central de la disputa es la ley de financiamiento universitario, cuya aplicación continúa sin concretarse pese a haber sido ratificada por el Congreso. El dirigente subraya el carácter excepcional del proceso legislativo y judicial que acompañó a la norma. Según detalla, se trata de una ley que fue votada en reiteradas oportunidades, incluso luego del rechazo de un veto presidencial, con mayorías que superaron ampliamente los requisitos constitucionales.

A ello se suma la intervención del Poder Judicial, que en dos instancias ordenó su cumplimiento. El fallo de Cámara, en particular, introduce definiciones de fuerte contenido institucional: advierte sobre riesgos para el sistema republicano, descarta un impacto presupuestario significativo y exige la aplicación inmediata de la norma. “Es una resolución inusitadamente dura en sus términos”, señala Durán.

El punto económico no es menor. El costo estimado de la ley —alrededor del 0,21% del Producto Bruto Interno— refuerza el argumento de que su implementación no compromete el equilibrio fiscal. Para el dirigente, esto deja en evidencia que la resistencia del Ejecutivo responde a una decisión política más que a una imposibilidad financiera.

En este sentido, el Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, lo que prolongaría el proceso judicial. Mientras tanto, también impulsa un proyecto de modificación de la ley universitaria que, según advierten desde el sector gremial, podría alterar de manera sustancial el esquema vigente. “Si avanzara en esa dirección, lo que se consolidaría es un modelo de debilitamiento del sistema”, advierte Durán.

Las consecuencias de este cuadro se reflejan con nitidez en la situación salarial. La recomposición otorgada —en torno al 12,3%— resulta insuficiente frente a una pérdida acumulada que supera el 50%. Esta brecha impacta de manera directa en las condiciones de vida de los trabajadores universitarios.

El dato más significativo es el cambio en la composición social del sector. “En diciembre de 2023 no teníamos trabajadores por debajo de la línea de pobreza; hoy el 70% se encuentra en esa situación”, describe. La afirmación no solo ilustra la magnitud del deterioro, sino también la velocidad con la que se produjo.

A esto se suma la ausencia de instancias paritarias. Según denuncia, el Ejecutivo ha optado por fijar aumentos de manera unilateral, sin habilitar los mecanismos de negociación establecidos por la normativa vigente. Esta práctica, combinada con la evolución del costo de vida, acentúa la pérdida de ingresos y limita cualquier posibilidad de recuperación en el corto plazo.

Durán también cuestiona las mediciones oficiales de inflación, al considerar que no reflejan con precisión el impacto real sobre el poder adquisitivo. “No hace falta ser especialista; el sentido común indica lo que ocurre cuando uno va al supermercado, paga servicios o carga combustible”, señala, en referencia a la percepción cotidiana del encarecimiento.

Frente a este escenario, el movimiento sindical universitario ha desplegado un plan de acción que busca sostener el reclamo sin paralizar completamente el sistema. El sector docente avanzó con medidas de fuerza de mayor extensión, mientras que los no docentes optaron por paros escalonados. “Cada actor cumple un rol dentro de la estructura universitaria y eso se respeta al momento de definir las estrategias”, explica.

En este aspecto, los trabajadores no docentes llevarán adelante ceses totales de actividades los días 17 y 23 de abril. La decisión responde a la necesidad de visibilizar el conflicto sin afectar de manera prolongada los procesos administrativos que sostienen la actividad académica.

La participación estudiantil constituye otro de los rasgos distintivos de la actual coyuntura. Los alumnos no solo acompañan las medidas, sino que también se integran a la discusión. Para Durán, este involucramiento responde a una comprensión clara de lo que está en juego: “La posibilidad de acceder a mejores oportunidades y sostener una movilidad social ascendente”.

En los próximos días, el congreso de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) reunirá a representantes de todo el país para definir la estrategia a seguir. Allí se evaluará el escenario general y se delinearán las acciones en función de la respuesta oficial.

La disputa por el financiamiento universitario ha evolucionado hacia un punto donde convergen factores económicos, decisiones políticas y definiciones institucionales de alto impacto. La falta de aplicación de una ley respaldada por el Congreso y la Justicia introduce un elemento de incertidumbre que excede el ámbito educativo.

En este punto, la universidad pública enfrenta una instancia decisiva. La pérdida de poder adquisitivo, la reducción de recursos y la ausencia de acuerdos configuran un panorama que exige respuestas concretas. El desenlace de este proceso no solo determinará el funcionamiento inmediato del sistema, sino también su capacidad de sostener, en el tiempo, un modelo de educación superior inclusivo, de calidad y con proyección social.

La cadena Carrefour pone en marcha en San Juan el primer supermercado con atención las 24 horas. La iniciativa, que comienza como prueba piloto, busca responder a nuevas demandas de consumo y abre interrogantes en el plano laboral.

A partir de este viernes 10 de abril, el supermercado comenzará a operar bajo la modalidad 24 horas en su sucursal de Capital, en lo que representa una experiencia inédita para el mercado local.

La propuesta apunta a ampliar la disponibilidad de servicios en un rubro históricamente sujeto a horarios limitados. La empresa busca captar a un público diverso que incluye trabajadores con turnos nocturnos —como personal de salud, seguridad y transporte—, así como consumidores que priorizan realizar sus compras en franjas de menor circulación.

El lanzamiento se inscribe dentro de una estrategia más amplia de consolidación de la firma en el país, con iniciativas orientadas a modernizar su esquema operativo y adaptarse a nuevos hábitos urbanos. En este caso, la apuesta combina innovación comercial con una lectura de las transformaciones en los patrones de consumo.

Funcionamiento del servicio nocturno

Durante la madrugada, el establecimiento mantendrá habilitada la mayor parte de sus góndolas, con especial énfasis en productos esenciales. Los clientes podrán acceder a artículos de almacén, frescos, limpieza y perfumería, garantizando abastecimiento continuo ante cualquier necesidad.

El esquema contempla algunas restricciones específicas. La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida en cumplimiento de la normativa vigente, mientras que se reforzará la oferta de comidas listas para consumir, orientada especialmente a quienes desarrollan actividades laborales en horario nocturno.

En cuanto a la operatoria interna, se prevé la presencia de personal en cajas y tareas de reposición, con el objetivo de sostener la calidad del servicio y las condiciones de seguridad dentro del local.

Impacto laboral y seguimiento gremial

La implementación de este formato generó atención en el ámbito sindical. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan adelantaron que realizarán un monitoreo permanente para asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo.

La secretaria general del gremio, Mirna Moral, remarcó que el trabajo nocturno implica adicionales salariales específicos y exige una organización adecuada de los turnos, con jornadas que no superen los límites legales. Además, subrayó la necesidad de resguardar la salud de los empleados frente a un régimen que modifica los ritmos habituales de trabajo.
En ese sentido, el sindicato buscará abrir instancias de diálogo con la empresa para definir con precisión la implementación operativa y evitar eventuales conflictos.

La incorporación de un supermercado con atención permanente introduce un cambio relevante en la vida cotidiana de San Juan y marca un precedente en el comercio regional. La iniciativa pone a prueba la capacidad del mercado local para adaptarse a esquemas más flexibles, habituales en grandes centros urbanos.

El resultado de esta experiencia será clave para determinar su continuidad y eventual expansión. Mientras tanto, la evolución de la demanda y el equilibrio entre innovación y condiciones laborales definirán el alcance de un modelo que comienza a abrirse paso en la provincia.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, confirmó la adhesión al paro nacional impulsado por CONADU y advirtió sobre una caída salarial “sin precedentes”, en medio de reclamos por financiamiento y paritarias.

El conflicto universitario incorpora un nuevo episodio con la ratificación de un esquema de medidas de fuerza que se desplegará de manera escalonada durante abril y mayo. En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, confirmó la adhesión al paro nacional y delineó un diagnóstico crítico sobre la situación que atraviesan los docentes universitarios.

La primera etapa del plan contempla una semana completa de cese de actividades, desde el 13 hasta el 18 de abril, a la que se sumará una segunda instancia entre fines de mes y comienzos de mayo. Entre ambas, se prevé una breve reanudación de tareas, aunque no se descarta la implementación de modalidades alternativas de protesta orientadas a sostener la visibilidad del reclamo.

“El eje central sigue siendo la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario y la urgente convocatoria a paritarias”, sostuvo Barcelona. Según explicó, la normativa —respaldada por el Congreso y con aval judicial en distintas instancias— continúa sin ejecución por parte del Poder Ejecutivo, lo que impide establecer un marco de previsibilidad presupuestaria y salarial para el sistema.

El dirigente subrayó que la falta de actualización de los haberes ha derivado en una pérdida del poder adquisitivo que calificó como “histórica”. En ese sentido, aseguró que el deterioro supera incluso los niveles registrados durante la crisis de 2001, configurando uno de los períodos más críticos para el sector en las últimas décadas.

Las consecuencias de este proceso, advirtió, ya comienzan a manifestarse con claridad en la vida institucional de las universidades. “Se multiplican los pedidos de licencia, las renuncias de docentes con trayectoria y la reducción de cargas horarias, porque muchos profesionales se ven obligados a buscar otras fuentes de ingreso para sostenerse”, explicó. Este mecanismo, añadió, impacta directamente en la calidad académica y en la continuidad de proyectos de investigación y formación.

El malestar no se limita al ámbito docente. Barcelona remarcó que la problemática atraviesa a toda la comunidad universitaria, incluyendo al personal nodocente y a los distintos niveles del sistema educativo superior. La combinación de restricciones presupuestarias y caída salarial constituye un cuadro que pone en discusión la sustentabilidad de las instituciones en el mediano plazo.

 A la par de las protestas, el gremio impulsa una agenda de acciones públicas orientadas a trasladar el reclamo a la sociedad. En el marco del Día del Investigador y la Investigadora Científica, se realizarán clases abiertas y actividades de difusión en distintos puntos de San Juan. Según precisó Barcelona, las intervenciones tendrán lugar en la Escuela Industrial durante la mañana, mientras que por la tarde se replicarán en la Facultad de Filosofía y en el Colegio Central Universitario.

Estas iniciativas buscan resaltar el impacto de la crisis sobre la educación superior y generar un vínculo directo con la comunidad. “La idea es que la sociedad pueda dimensionar lo que está ocurriendo dentro de las universidades”, explicaron desde el sector.

La agenda de protesta continuará el 15 de abril con una jornada nacional de lucha, coordinada con otros espacios sindicales, que incluirá diversas actividades aún en proceso de organización. En ese marco, el frente gremial universitario apunta a sostener la presión mediante una combinación de medidas de fuerza y acciones de carácter público, concluyeron desde el gremio.