Docentes Universitarios reclaman por mejores condiciones de seguridad
Desde la CONADU Histórica recordaron que la vuelta a la presencialidad debe hacerse en un contexto de distanciamiento y seguridad, y recalcó que el año pasado los docentes hicieron un gran esfuerzo para sostener la actividad.
En la última reunión del Consejo Federal de Educación, los funcionarios del sector acordaron con los gremios de docentes de la educación superior la vacunación de los profesores, en el marco de un cronograma de prioridades. La medida busca garantizar el inicio del ciclo lectivo con cierto grado de presencialidad, como ocurre en el nivel inicial y medio. El tema fue discutido esta semana en el marco de la reunión virtual de la Comisión Nacional de Condiciones y Ambiente de Trabajo, con la participación de representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones de docentes.
En este contexto, la CONADU Histórica presentó una serie de reclamos, entre ellos el pedido de priorizar la salud de los trabajadores docentes y de la comunidad educativa en general y sus grupos familiares, así como el respeto a los derechos laborales. La delegación destacó “el trabajo docente a lo largo de los meses de pandemia en 2020, sosteniendo la educación superior de manera remota desde los hogares, haciéndose cargo de los gastos ocasionados por la virtualidad, sin apoyo de la patronal y con sobrecarga laboral”.
En este sentido, sostuvieron que “cualquier retorno a la presencialidad debe respetar, además de los procedimientos y protocolos acordados y aprobados por organismo competente, la convocatoria en todas las universidades nacionales a paritarias particulares y comisiones de condiciones y ambiente de trabajo que establece el convenio colectivo de trabajo”. El gremio universitario estuvo representado por la secretaria Adjunta Claudia Baigorria, la secretaria Gremial Francisca Staiti, el secretario de Niveles Preuniversitarios Sergio Zaninelli, el secretario de Organización Antonio Rosselló y Mónica Frías, en calidad de Asesora Experta en Higiene y Seguridad.
CONADU Histórica advirtió que el dictado de clases presenciales a grupos más reducidos de estudiantes para respetar el distanciamiento, aforos, así como la continuidad en simultáneo de actividades virtuales, demandará mayor cantidad de horas de trabajo”, destacó el gremio luego de la cumbre. Por ello, afirmó, reclamaron “la provisión necesaria de cargos, para cubrir incluso las suplencias que correspondan a docentes que se acojan a licencias y dispensas por pertenecer a grupos vulnerables, por tener hijos o mayores a cargo de cuidados o por violencia de género”. “Es condición imprescindible que se respeten las cargas horarias y las responsabilidades de cada categoría y dedicación para no repetir situaciones de precarización como muchas suscitadas en 2020”, concluyó.
Del mismo modo, se exigió que se garanticen condiciones seguras edilicias y de infraestructura, provisión de elementos de bioseguridad y la pronta vacunación de la docencia de todos los niveles, en particular del nivel preuniversitario que son quienes comienzan antes las actividades académicas. Enfatizaron en la necesidad de “incorporar al Covid-19 como ‘enfermedad profesional’ al listado de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, de modo que sean las ART quienes se hagan cargo de afrontar los gastos ante cualquier caso de contagio, y no las obras sociales universitarias.
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Pablo Moyano confirmó que la CGT movilizará este miércoles para rechazar el veto al aumento de jubilados
El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y referente del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ratificó que la central movilizará este miércoles 11 al Congreso de la Nación, para que los legisladores rechacen el veto del presidente al aumento a los jubilados. Además, decidirán un paro general tras visitar al papa Francisco.
Con la presencia del Frente Sindical, las dos CTA, movimientos sindicales y las organizaciones sociales, Moyano confirmó la movilización a partir de las 14: “Ojala que esa marcha multitudinaria y pacífica convenza a aquellos diputados y diputadas que están todavía pensando en dar vuelta el voto para rechazar el veto que ha puesto este empleado del FMI que es el presidente”.
“La CGT apoya la movilización”, respondió el sindicalista en diálogo con Radio 10, luego del documento que publicaron desde la central. “Nadie puede mirar para otro lado o callarse la boca ante una situación tan particular e importante como es la defensa de los salarios de los jubilados”, consideró.
De cara a la convocatoria de esta semana, el dirigente ratificó que “la CGT se va a movilizar” y advirtió que “lo importante son los que vamos a estar en la plaza”. “Cada ley que vaya en contra de los derechos de los laburantes nos va a encontrar en la calle pero dependemos de los diputados que legislan estas leyes”, agregó.
Por otra parte, Moyano descartó que desde la central estén hablando con el ejecutivo por la reforma laboral de la ley Bases: “No está negociando nada”. “Si la reglamentan, iremos a la Justicia”, informó, al tiempo que agregó que “ya hicimos todas las medidas gremiales” pero que “eso no quiere decir que la CGT se haya quedado con los brazos cruzados”.
Por último, consultado por la chance de concretar otro paro general en todo el país, el camionero declaró que “se van adelantando los tiempos” y que “si el gobierno sigue atacando, después de ver al Papa Francisco se analizarán las medidas”. “Muchos sectores están impulsando un paro general del movimiento obrero”, concluyó.
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Las dos CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical y organizaciones sociales emitieron un documento conjunto
La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores que encabeza Sergio Palazzo, el Frente Sindical para el Modelo Nacional que contiene a Pablo Moyano, la UTEP y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos elaboraron y firmaron un documento contra el veto que impulsa Javier Milei: «Los jubilados y las jubiladas no están solos».
En un llamado de atención por la situación política, económica y social y «la degradación humana de nuestra sociedad», las organizaciones firmantes hicieron «un llamado público a la reflexión para parar este ataque sistemático del gobierno de Javier Milei contra nuestro pueblo. Que es también un ataque a nuestra soberanía y nuestra democracia», señalaron.
Entre las víctimas del ajuste, nombraron a los jubilados, universitarios, docentes y trabajadores y ubicaron la inauguración de «esta política de la crueldad» que se aplica «desde que Milei asumiera su mandato a través del DNU 70/23, avasallando facultades no delegadas por el Congreso de la Nación».
Entre las consecuencias de esa crueldad, mencionaron la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo formales e informales, el ajuste en salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, derechos humanos, entre tantos. «Y qué decir de los trabajadores más vulnerables a quienes se le desenganchó y congeló el salario social que recibían y la quita del monotributo social».
Con datos oficiales, bosquejaron una situación socioeconómica alarmante. «Asistimos a una recesión de la actividad económica sin precedentes con la destrucción del aparato productivo y el cierre de más de 10 mil PyMEs. Esto castiga particularmente a nuestras infancias y nuestros mayores», agregaron.
Asimismo rechazaron la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva y a un denominado Protocolo de Actuación frente a Bloqueos, ambos orientados a impedir el derecho de huelga y la libertad de acción sindical.
Respecto a los jubilados, expresaron: «Hay que tener mucho odio hacia nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nuestros jubilados para llevar adelante tanta persecución y represión gubernamental como la que se está ejecutando en estos días contra los adultos mayores, quienes además de sufrir la merma de los haberes se ven privados de la mayoría de los medicamentos».
Ante lo que consideraron «gestos autoritarios», como el veto del presidente contra una ley votada por amplia mayoría en ambas cámaras, reclamaron el rechazo absoluto a dicho veto. «De ninguna manera podemos permitir que el presidente siga transfiriendo las riquezas que genera nuestro pueblo y nuestra nación para beneficiar a los poderosos grupos económicos que hoy lo rodean».
Reclamaron también que el aumento se financie con la recaudación del Impuesto a Bienes Personales «que fue eliminado para favorecer a las 200.000 personas más ricas de este país», exigieron la derogación y anulación del DNU 70/23; el cese del congelamiento y desenganche del Salario social de los planes y la quita del Monotributo social, los despidos masivos del Estado, como así también los despidos y suspensiones en el sector privado.
La ley de financiamiento Universitario, rechazaron los 100 mil millones de pesos, como gastos reservados de la SIDE, la visita de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para reunirse con represores condenados por crímenes de lesa humanidad, y pidieron la expulsión de los mismos de la Cámara Baja.
«La masividad de este acto es la demostración contundente de que los jubilados y jubiladas no están solos por lo que el movimiento sindical y social que representamos seguirá luchando hasta lograr que quienes toda su vida trabajaron y se ganaron el descanso puedan tener el ingreso que les permita una vida digna», cerraron.
Fuente: Infogremiales
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La justicia laboral suspendió Ganancias para el sector energético
La Justicia Laboral concedió una medida cautelar solicitada por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, liderada por Guillermo Moser, para suspender la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios del sector energético. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 44.
La controversia surge en torno a la reciente restitución del impuesto, que fue aprobada en Diputados y rechazada en el Senado, pero posteriormente aprobada nuevamente en la Cámara de Diputados y que venía aparejada con la Ley Bases. Según se argumenta, esta acción sería ilegal ya que, para revertir una ley, es necesario que ambas cámaras aprueben la modificación, no solo una. El DNU y la Ley Bases todo lo pudieron, aunque no todo.
A partir de esta cautelar, las empresas están obligadas a suspender el descuento del impuesto hasta que la justicia confirme o desestime el fallo. El Estado dispone de cinco días para apelar la decisión.
El secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, destacó que esta resolución representa un alivio significativo para los trabajadores del sector, que ven en esta mmedida una mejora en sus condiciones salariales.
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