Los docentes de las universidades nacionales inician este miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y de una recomposición salarial que los gremios ubican en el 33,4%. La medida fue definida por CONADU y CONADU Histórica y tendrá alcance nacional.

La huelga se lleva a cabo el mismo día en que vence el plazo fijado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, para que el Poder Ejecutivo acredite el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la norma. La resolución estableció cinco días para avanzar con la aplicación de las disposiciones y contempló la posibilidad de imponer multas diarias ante una eventual demora.

El reclamo sindical apunta a que la actualización salarial pendiente alcance el 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, a lo que debería incorporarse posteriormente la evolución del Índice de Precios al Consumidor, según la interpretación sostenida por las organizaciones docentes. El porcentaje forma parte del reclamo gremial y de la aplicación que los sindicatos exigen de la medida judicial.

La controversia se agudizó luego de que las representaciones gremiales desestimaran el incremento del 3% propuesto por el Gobierno. CONADU y CONADU Histórica argumentan que dicho porcentaje resulta insuficiente para revertir el deterioro salarial acumulado, por lo que ratifican la exigencia de la actualización fijada por ley.

El conflicto no quedará limitado a las 72 horas de huelga. La protesta se inscribe en el camino hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, que reunirá a organizaciones docentes, nodocentes, estudiantiles y universitarias.

En distintas universidades ya se anunciaron medidas complementarias. En Rosario y Córdoba, los gremios COAD y ADIUC mantienen jornadas de protesta de mayor extensión, mientras que en la UBA se prevén acciones de visibilización durante la semana.

La pugna por los sueldos forma parte de una discusión mayor sobre los fondos para las universidades. Así, el reclamo actual va más allá de las paritarias: los sindicatos exigen la aplicación real de la Ley 27.795 de octubre de 2025, que pauta los salarios de docentes y nodocentes y el aumento de las becas.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.

El gremio informó que presentó un importante número de denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo y señaló problemas de registración, pagos, baños y provisión de agua potable. Los controles se realizan durante todo el año junto con el Renatre y a partir de denuncias de trabajadores.

La UATRE profundizó los monitoreos sobre las condiciones laborales en establecimientos agrícolas de San Juan y aseguró que durante este año se realizaron más de 45 denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo por distintas irregularidades.

El secretario general del gremio en la provincia, Miguel Ángel Agüero, explicó que las inspecciones se realizan durante todo el año, tanto de manera sorpresiva como a partir de denuncias recibidas por UATRE o el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

Según el dirigente, los principales reclamos están relacionados con trabajo no registrado, inconvenientes en el pago de salarios y condiciones deficientes de higiene y seguridad. En algunos casos, también señaló la participación de cuadrilleros que intermedian en la contratación de trabajadores y que, de acuerdo con las denuncias recibidas por el sindicato, retendrían parte de los valores correspondientes a la cosecha.

Las condiciones sanitarias constituyen otro de los puntos observados. Agüero afirmó que el gremio encontró deficiencias en una proporción significativa de los establecimientos relevados, principalmente por insuficiencia de baños químicos y falta de agua potable en cantidad adecuada para jornadas laborales prolongadas.

Los operativos se desarrollan en coordinación con el Renatre y la Subsecretaría de Trabajo, organismos ante los cuales se presentan pedidos de inspección, reclamos por pagos y solicitudes de audiencias de conciliación. Cuando las irregularidades no son subsanadas, pueden derivar en actuaciones y sanciones administrativas.

Los operativos adquieren especial relevancia durante las temporadas de cosecha, cuando aumenta la contratación de mano de obra. Agüero aseguró que la recolección de ajo comenzó casi un mes antes de lo habitual y ya moviliza trabajadores de la horticultura en departamentos como Pocito, Rawson y Sarmiento.

El dirigente también destacó la participación femenina en las tareas agrícolas y estimó que las mujeres representan alrededor del 40% de la mano de obra rural en la provincia, con una presencia particularmente marcada en las producciones olivícola y hortícola.

El relevamiento coloca las condiciones de contratación y seguridad en el campo como uno de los puntos centrales de la agenda laboral rural sanjuanina, especialmente durante los períodos de mayor demanda de trabajadores.