La federación Conadu Histórica anunció un paro nacional de una semana para docentes universitarios y preuniversitarios, entre el miércoles 28 de octubre y el martes 3 de noviembre, en reclamo de una recomposición salarial, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.

La medida fue aprobada por unanimidad durante el Congreso Extraordinario del 22 de octubre y busca aumentar la presión sobre el Gobierno nacional ante el deterioro de los ingresos docentes y las restricciones presupuestarias que, según el gremio, comprometen el funcionamiento de la educación superior pública.

La resolución contempla también el reclamo por la deuda salarial acumulada. En su pronunciamiento, la federación denunció que la política económica oficial provocó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y advirtió sobre sus consecuencias para la continuidad de las tareas académicas.

El Congreso resolvió instruir a la Mesa Ejecutiva de Conadu Histórica para articular el paro con el resto de los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales. El objetivo es unificar las acciones, ampliar la participación territorial y evitar que las protestas queden limitadas a iniciativas aisladas de cada entidad.

Esta convocatoria se añade a un litigio que converge en materias salariales, presupuestarias y de observancia de la normativa específica en las casas de altos estudios. Para la federación, la aplicación efectiva de la ley resulta indispensable tanto para recomponer los ingresos del personal como para asegurar los recursos necesarios para sostener la enseñanza y el funcionamiento institucional.

Respaldo a la movilización universitaria

El documento gremial también reivindicó la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a docentes, estudiantes y otros sectores en defensa de la educación pública bajo la consigna «Por educación, soberanía y democracia».

Conadu Histórica interpretó la convocatoria como una demostración de respaldo social a las universidades y cuestionó la respuesta del Gobierno durante la movilización, al repudiar la represión denunciada por la organización.

La nueva huelga abre otra semana de presión sindical sobre la política educativa nacional. Su alcance dependerá, en buena medida, de la adhesión en las universidades y de la capacidad de las distintas federaciones para coordinar un reclamo común por salarios, financiamiento y cumplimiento de la ley.

Luiz Inácio Lula da Silva logró una nueva victoria electoral en Brasil y gobernará por cuarta vez, tras derrotar al senador Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo. Con el escrutinio oficial concluido, el presidente obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su rival, una diferencia de más de 4,4 millones de sufragios que revirtió el resultado de la primera vuelta.

El triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 80 años, prolonga la conducción de la principal economía latinoamericana bajo una orientación de centroizquierda y representa un nuevo revés para el movimiento conservador identificado con la familia Bolsonaro. Su próximo mandato comenzará el 5 de enero de 2027.

La definición tuvo un desarrollo cambiante. Flávio Bolsonaro había terminado primero en la votación del 4 de octubre, con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. La ventaja inicial, de alrededor de 2,2 millones de sufragios, obligó al oficialismo a recuperar apoyos en la segunda vuelta. Finalmente, el presidente consiguió revertir aquella diferencia y amplió su ventaja hasta superar los cuatro millones de votos.

La jornada electoral también estuvo marcada por una decisión extraordinaria del Supremo Tribunal Federal, que extendió hasta las 19 el horario de votación en las secciones afectadas por dificultades de transporte y condiciones meteorológicas adversas. La medida demoró la difusión de los resultados y generó cuestionamientos de la oposición, que luego reclamó la anulación del proceso. Las autoridades electorales, sin embargo, ratificaron la validez del resultado.

Dos proyectos enfrentados

Lula centró su campaña en la continuidad de los programas sociales, la recuperación del poder adquisitivo, la inversión pública y la defensa de las instituciones democráticas. Su trayectoria política, marcada por sus orígenes sindicales y sus primeros dos gobiernos entre 2003 y 2010, volvió a ocupar un lugar central en una elección atravesada por las diferencias de ingresos, las preocupaciones económicas y la seguridad pública.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, se presentó como heredero político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y promovió una agenda de mayor rigor contra el delito, reducción del gasto estatal y acercamiento a Estados Unidos. Su derrota mantiene al bolsonarismo como una fuerza de peso, aunque abre interrogantes sobre quién conducirá a la oposición y cómo se reorganizará después de una segunda derrota presidencial consecutiva frente a Lula.

La victoria no elimina los desafíos para el oficialismo. El presidente deberá administrar las cuentas públicas, sostener el crecimiento y responder a las demandas sociales en un Congreso con una importante presencia conservadora, donde la negociación legislativa será decisiva para avanzar con sus iniciativas.

Repercusiones regionales

El resultado también tiene alcance internacional. Brasil es un actor central del Mercosur, una potencia agrícola y energética y uno de los principales interlocutores de América Latina en los foros multilaterales. La continuidad de Lula anticipa la persistencia de una política exterior que busca preservar la autonomía brasileña y mantener vínculos comerciales con China, Estados Unidos y Europa.

A escala regional, este resultado constata que la polarización entre el progresismo y la derecha conservadora continuará articulando la agenda política y económica. El estrecho margen con el que Lula retuvo el poder demuestra que Brasil sigue polarizado. Su capacidad para gobernar dependerá tanto de sus resultados económicos como de los puentes que logre tender con otros sectores.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que las empresas no pueden decidir unilateralmente a cuáles de sus trabajadores afiliados les descuentan la cuota sindical. En una resolución que refuerza la autonomía de las organizaciones gremiales, el tribunal consideró que esa facultad no pertenece al empleador y que su ejercicio puede vulnerar la libertad sindical y comprometer el financiamiento de los sindicatos.

El litigio tuvo su origen en una controversia entre el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Salta, Jujuy y Formosa y Refinería del Norte S.A. (REFINOR), a raíz de la decisión de la empresa de limitar las retenciones de la cuota sindical a solo 12 afiliados, bajo el argumento de que el resto del personal administrativo no estaba incluido en el ámbito de representación de dicha entidad

El gremio cuestionó esa decisión y promovió un amparo con fundamento en el artículo 47 de la Ley 23.551, además de reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había rechazado la presentación al entender que la controversia involucraba cuestiones de encuadramiento sindical y convencional que debían resolverse mediante otros procedimientos.

El Tribunal Superior dejó sin efecto esa sentencia y ordenó que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos. La resolución contó con los votos de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces que intervinieron en la causa.

La representación gremial no depende de la empresa

Para fundamentar su decisión, el máximo tribunal recordó que el sindicato había obtenido su inscripción en 2007 y la personería gremial en 2011. También señaló que una disposición de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dictada en 2014, había establecido para los empleadores involucrados la obligación de retener una cuota equivalente al 2,5% de los conceptos remunerativos de los trabajadores afiliados, sobre la base de la nómina presentada por la organización.

El alto tribunal entendió que la empresa carecía de sustento legal para excluir por cuenta propia a determinados empleados. Las eventuales diferencias sobre el encuadramiento deben tramitar por las vías previstas en la legislación sindical, con intervención de las autoridades competentes y la posibilidad de revisión judicial.

El criterio se apoya en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen la libertad de asociación y la independencia de las organizaciones frente a interferencias patronales.

El financiamiento, otra garantía de la libertad sindical

El fallo también recuperó un antecedente de 2021, referido a la Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura (APSAI), en el que la Corte había reconocido la relevancia de las cuotas de afiliación para sostener el funcionamiento de las entidades gremiales.

En esa línea, vinculó la retención de los aportes con la capacidad de los sindicatos para organizarse, representar a sus afiliados y desarrollar sus tareas. El artículo 38 de la Ley 23.551 establece la obligación de los empleadores de actuar como agentes de retención en los términos previstos por la normativa.

Esta decisión no soluciona automáticamente todas las peleas entre sindicatos ni da una compensación económica al gremio. Sin embargo, deja algo muy claro: las empresas no tienen el poder de decidir a qué sindicato pertenece cada empleado, y no pueden usar el descuento de la cuota mensual para elegir a quién representa el gremio.

Con la devolución del expediente para una nueva sentencia, la Corte reafirmó un principio relevante para las relaciones laborales: la administración y el sostenimiento económico de los sindicatos no pueden quedar sujetos a decisiones discrecionales de las empresas.