El gremio suspendió las medidas de fuerza previstas para este jueves y viernes en 27 aeropuertos, luego de que la Secretaría de Trabajo intimara a garantizar el 75% de los servicios. Si no hay acuerdo en la audiencia laboral, el sindicato advirtió que retomará la protesta desde el lunes 7 de septiembre.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió postergar el paro que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habían previsto para este jueves y viernes en 27 aeropuertos del país. La conducción del gremio, encabezada por Rodolfo Aguiar, aguarda ahora una audiencia con la Secretaría de Trabajo para definir cómo se aplicarán los servicios mínimos establecidos para la actividad aeronáutica.

La decisión se produjo después de que el Gobierno nacional intimara a ATE a garantizar el 75% de la prestación durante una eventual medida de fuerza. La notificación fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que reclamó el cumplimiento del régimen vigente para los servicios considerados esenciales.

Aguiar confirmó la suspensión y sostuvo que el sindicato actuó para facilitar una instancia de negociación. “Nadie nos puede acusar de ser irrazonables”, afirmó, al señalar que ATE siempre contempló la prestación de servicios esenciales. Según el dirigente, la audiencia permitirá establecer de común acuerdo los alcances de la esencialidad y la modalidad de la protesta.

El conflicto tiene como origen los reclamos de los trabajadores de ANAC por el cumplimiento de acuerdos paritarios y mejoras en las condiciones laborales. La medida inicialmente anunciada contemplaba asambleas durante dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, en los aeropuertos alcanzados.

Durante esas jornadas, ATE había previsto garantizar únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y servicios oficiales. El gremio había advertido que eventuales demoras o cancelaciones no serían responsabilidad de los trabajadores y cuestionó al Gobierno por no haber respondido a sus demandas pese a la anticipación con que fueron comunicadas.

La intimación oficial se apoyó en las disposiciones de la denominada Ley de Modernización Laboral, que fija un piso del 75% para determinados servicios considerados esenciales durante una huelga. Entre ellos figura el transporte aéreo y la actividad aeronáutica, además de otras prestaciones vinculadas con salud, saneamiento, telecomunicaciones, recolección de residuos, servicios portuarios y seguridad.

ATE sostiene, en cambio, que el derecho de huelga está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que históricamente garantizó prestaciones mínimas para evitar riesgos sobre la vida, la salud y la seguridad. Aguiar reclamó una audiencia urgente para acordar con las autoridades la modalidad de la protesta y cuestionó que el Gobierno invoque la esencialidad principalmente cuando los trabajadores realizan medidas de fuerza.

La tregua será, por ahora, de corto alcance. Si la audiencia no se concreta o fracasa la instancia de diálogo, ATE anunció que retomará las medidas desde el lunes 7 de septiembre, con nuevas asambleas en los aeropuertos. La negociación laboral será entonces determinante para evitar que el conflicto vuelva a impactar sobre la programación de vuelos en todo el país.

La elección nacional dejó una ratificación contundente de la conducción de CTERA, con un resultado especialmente relevante en San Juan y una excepción significativa en Río Negro. Hay una inconsistencia numérica en el material sobre los votos rionegrinos; para no introducir un dato erróneo, la nota conserva únicamente los porcentajes y la referencia al triunfo opositor.

La lista oficialista se impuso en las elecciones nacionales de la principal federación docente y Sonia Alesso renovará la conducción durante cuatro años, acompañada por Roberto Baradel. En San Juan obtuvo el 78,74% de los votos, con el 97% de las mesas escrutadas.

Los comicios se realizaron mediante el voto directo de los afiliados y contaron con participación de trabajadores de la educación de todo el país. La conducción sindical destacó el carácter democrático de la elección y sostuvo que la participación duplicó los registros anteriores, aunque se registraron denuncias puntuales sobre presuntas irregularidades en algunos lugares de votación, entre ellas Jujuy.

El resultado nacional tuvo su correlato en San Juan. Con el 97% de las mesas escrutadas, la Celeste Violeta alcanzaba el 78,74% de los sufragios, consolidando una amplia diferencia sobre las restantes listas que participaron de la elección.

También hubo una victoria oficialista contundente en Córdoba, donde la lista de Alesso se impuso en 25 de las 26 delegaciones provinciales y obtuvo alrededor del 70% de los votos. La principal excepción dentro del mapa nacional se produjo en Río Negro, donde la Lista Multicolor consiguió una ajustada victoria y desplazó al oficialismo.

La renovación de autoridades se produce mientras CTERA sostiene varios reclamos frente al Gobierno nacional. Entre sus principales demandas figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores recursos para las escuelas públicas. La federación también cuestiona el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Poder Ejecutivo.

La nueva conducción deberá afrontar, además, el deterioro salarial y la discusión sobre las jubilaciones docentes, dos cuestiones que permanecen entre las prioridades gremiales. Tras conocerse los resultados, desde CTERA anticiparon que continuarán con movilizaciones y acciones sindicales en defensa de la educación pública.

El triunfo nacional de Sonia Alesso reafirma el predominio de la Celeste Violeta dentro de la federación, mientras los resultados provinciales muestran una disputa interna con características diferentes según cada territorio. En ese mapa, San Juan aparece entre las jurisdicciones donde el oficialismo obtuvo uno de sus respaldos más contundentes.

El Gobierno estableció por resolución un incremento inicial del 1,9% y un cronograma de subas hasta abril de 2027, cuando llegará a $437.000. El valor de septiembre representa una pérdida real del 39,7% frente a noviembre de 2023, según un análisis de Chequeado. Las centrales sindicales habían reclamado elevarlo de inmediato a unos $911.000.
Desarrollo

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Trabajo, luego de que representantes sindicales y empresarios no alcanzaran un entendimiento en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El incremento inicial es del 1,9% respecto de los $376.600 vigentes durante agosto. El cronograma contempla $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre y $406.400 en diciembre. A partir de enero de 2027, el piso salarial pasará a $414.200, luego a $422.000 en febrero y $429.600 en marzo, hasta alcanzar $437.000 en abril.

Para quienes cobran por jornal, la hora de trabajo queda establecida en $1.919 desde septiembre y ascenderá gradualmente hasta $2.185 en abril del año próximo.

La actualización, sin embargo, no alcanza para recomponer el poder de compra perdido. Según un análisis de Chequeado, el nuevo valor acumula una caída real del 39,7% desde noviembre de 2023, último mes completo antes del cambio de Gobierno. La comparación también muestra un retroceso interanual real del 10,2%, una vez descontada la inflación del período.

La distancia entre el monto oficial y la pretensión sindical fue particularmente amplia. La CGT y las dos CTA habían reclamado llevar el mínimo a aproximadamente $911.000 de manera inmediata y a $993.000 en diciembre. El valor finalmente dispuesto para septiembre equivale a cerca del 42% de esa exigencia.

La falta de acuerdo volvió a dejar en manos del Poder Ejecutivo la definición del piso salarial. Las organizaciones gremiales cuestionaron tanto la propuesta empresarial como el funcionamiento del Consejo del Salario y reclamaron, además, la reapertura de las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad para abordar la evolución del mercado laboral.

La determinación también modificó los parámetros de la prestación por desempleo prevista en la Ley 24.013. El beneficio será equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual neta, normal y habitual de los seis meses anteriores al despido, aunque deberá ubicarse entre el 50% y el 100% del salario mínimo vigente.

El SMVM no alcanza únicamente a quienes perciben ese ingreso. Su valor funciona como referencia para distintas prestaciones y obligaciones vinculadas con la legislación laboral. Por esa razón, la distancia entre su evolución nominal y el costo de vida repercute sobre un universo más amplio que el de los trabajadores que cobran directamente el mínimo.