La secretaria adjunta nacional de ASIJEMIN, Carla Costabile, encabeza la Lista 26 de Julio para las elecciones de la CTA de los Trabajadores del 3 de noviembre. El espacio reúne a referentes sindicales y organizaciones sociales y plantea una central con mayor participación interna, autonomía respecto de los gobiernos y articulación entre trabajadores registrados, estatales, industriales e informales. La conducción nacional de la central oficializó la convocatoria para ese día, con elecciones en los distintos niveles de la organización para el período 2026-2030.

Entre los espacios que, según la presentación de la lista, participan del armado aparecen dirigentes y referentes de SUTEPA (Sindicato de trabajadores de PAMI), ASIJEMIN (Sindicato de supervisores, técnicos y profesionales de la minería), AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) Alternativa Docente (docentes provinciales), FETIA (Federación de trabajadores de la industria, la energía, servicios y afines) referentes de ATE (Asociación de Trabajadores del estado), y de organizaciones sociales formadas por trabajadores y trabajadoras informales que se contienen y organizan cada día en los territorios. De acá en adelante, es necesario que estén a disposición pública los padrones, para que cada trabajador/a pueda saber si está habilitado para votar. Y se hagan públicos los lugares de votación para comenzar a organizar la campaña electoral.

Costabile, sostuvo que la propuesta busca integrar realidades laborales diferentes, desde trabajadores industriales y estatales hasta quienes desarrollan tareas en la economía informal. La lista también plantea fortalecer la articulación entre organizaciones para abordar reclamos vinculados con salarios, empleo, jubilaciones, salud y educación.

Cuando una familia debe elegir qué gasto pagar y cuál postergar, cuando los servicios aumentan y el salario pierde poder adquisitivo, no hay discurso que pueda ocultar esa situación. Necesitamos una organización que mire la realidad de frente, escuche a los/as trabajadores/as y tenga el coraje de decir lo que otros prefieren callar. Nuestra responsabilidad es transformar esa realidad en una lucha concreta por mejores condiciones de vida para todos los trabajadores y trabajadoras sanjuaninas.

Contra el desguace de todo el patrimonio nacional y de los bienes comunes que sólo fortalece a Trump, el FMI y enriquece a sus socios locales. Creemos que la deuda a saldar es con las trabajadoras y trabajadores. Hay que luchar por un aumento de los salarios y de las jubilaciones. Como también por un aumento del presupuesto en salud y educación. Se tienen que generar puestos de trabajo genuino para todos/as. Llamamos a defender el derecho a la huelga, a la protesta, y todos los derechos consagrados avasallados por la reforma laboral esclavista.Uno de los pedidos formulados por el espacio apunta al proceso electoral. La Lista 26 de Julio reclama que los padrones y los lugares de votación tengan difusión pública, de manera que los afiliados puedan verificar su habilitación y conocer dónde deberán concurrir el día de los comicios. La CTA-T, por su parte, informó oficialmente que ya publicó la convocatoria y el listado federal de mesas, domicilios y horarios de votación.

La disputa por la conducción de la CTA-T en San Juan se inscribe en un año de renovación de las principales estructuras sindicales provinciales. En septiembre, la CGT San Juan renovó autoridades con Eduardo Cabello al frente de una lista única respaldada por 54 organizaciones gremiales; ahora la CTA llegará a las urnas con competencia entre dos listas y con el desafío de definir su conducción para el próximo período.

La elección del 3 de noviembre definirá así la nueva conducción de la central en San Juan y pondrá en juego dos concepciones sobre su funcionamiento, representación y relación con el poder político, en una etapa marcada por reclamos salariales, cambios en el mercado laboral y una fuerte discusión dentro del movimiento sindical.

El comercio de San Juan atraviesa meses de menor nivel de ventas y cierre de locales, de acuerdo con el diagnóstico planteado por Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de la provincia. El dirigente empresario vinculó la contracción con el momento económico que atraviesan los negocios y advirtió que sus efectos alcanzan tanto a empleadores como a trabajadores.

La preocupación quedó expuesta en el Día del Empleado de Comercio, una fecha que Rodríguez aprovechó para reconocer el desempeño de quienes sostienen diariamente la atención de los establecimientos. Según señaló, muchos trabajadores mantienen su compromiso incluso frente a dificultades para trasladarse o cuando deben prestar tareas durante jornadas especiales.

El dirigente destacó que este compromiso diario ayuda a sostener los comercios. Asimismo, afirmó que las empresas intentan respaldar a su personal según los recursos de cada negocio, especialmente ahora que la caída en los ingresos presiona la estructura de costos.

Rodríguez resumió el momento con una definición contundente: hay “poco para festejar” desde el punto de vista económico. La expresión refleja la preocupación de la entidad por la evolución de las ventas y por la continuidad de establecimientos que no logran sostener el nivel de operaciones necesario para afrontar sus gastos.

El cierre de locales constituye una de las consecuencias más visibles señaladas por la Cámara. Cada baja supone no solo la desaparición de un punto comercial, sino también la pérdida potencial de puestos de trabajo y de una fuente de ingresos para proveedores y otros servicios vinculados al consumo.

Universidades: rechazo al 3%, nuevo paro y una quinta Marcha Federal en octubre
Paritaria universitaria: los docentes reclaman una recomposición del 33,4%
El conflicto universitario suma otro paro y queda atravesado por una disputa judicial
Universidades nacionales: paro desde el miércoles y presión para aplicar la Ley 27.795
Docentes universitarios vuelven al paro antes de la Marcha Federal de octubre

CONADU resolvió un paro total de actividades de entre 48 y 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre. La medida quedó condicionada a que el Gobierno aplique antes del martes 29 la recomposición salarial que los gremios reclaman en el marco de la Ley 27.795. La disputa también llegó a la Justicia, que intimó al Ejecutivo a cumplir una cautelar en cinco días.

La huelga, sin embargo, quedó sujeta a una condición: los gremios anticiparon que podría levantarse si el Gobierno nacional efectiviza antes del martes 29 la recomposición salarial del 33,4% que reclaman en aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La última propuesta oficial había sido del 3%, porcentaje rechazado por las organizaciones sindicales.

La Ley 27.795, sancionada en 2025 luego de que el Congreso insistiera con dos tercios de los votos frente al veto presidencial, establece en su artículo 5 la actualización de los salarios docentes y no docentes tomando como referencia la variación del IPC desde diciembre de 2023. También dispone actualizaciones periódicas en las negociaciones paritarias. El artículo 6 establece la recomposición de las becas estudiantiles según la evolución de los precios.

La disputa incorporó en los últimos días un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la ley, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora.

El Gobierno, en cambio, sostiene que ya cumplió con la cautelar y anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La controversia judicial se suma así a una negociación paritaria que permanece sin acuerdo.

Para Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, la respuesta sindical debe sostener la organización colectiva frente a la fragmentación que, según afirmó, caracteriza el momento político y laboral. Su planteo acompañó la decisión de profundizar las medidas hasta la próxima movilización nacional.

El paro se inscribe además en una secuencia de protestas que tendrá otro punto central el 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios prevén llevar allí el reclamo salarial, la aplicación de la Ley 27.795 y la discusión sobre el financiamiento de las universidades en el Presupuesto 2027.

De este modo, el conflicto universitario llega a una nueva instancia con tres frentes simultáneos: una paritaria sin acuerdo, una disputa judicial por la aplicación de una ley sancionada por el Congreso y un calendario gremial que se extenderá hasta octubre. La definición sobre el aumento salarial antes del martes 29 determinará si el paro comienza el miércoles o si las partes encuentran una salida de último momento.