La Federación de Comercio y Servicios acordó con las cámaras empresarias un incremento remunerativo del 5,7% sobre los salarios de junio, distribuido en tres cuotas del 1,9%, además de un bono extraordinario de $50.000 y la continuidad del cronograma de incorporación de la suma fija de $120.000 al básico.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un nuevo entendimiento paritario con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), mediante el cual estableció una actualización salarial del 5,7% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El pacto fija un incremento remunerativo y no acumulativo que se calculará sobre las escalas básicas vigentes en junio de 2026, incorporando además las sumas no remunerativas existentes a esa fecha como base de cálculo. La mejora se distribuirá en tres cuotas iguales del 1,9%: la primera con los salarios de julio, la segunda en agosto y la tercera en septiembre.

El convenio también ratificó el mecanismo de incorporación gradual de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos convencionales. Ese proceso comenzará en diciembre de 2026 con una incorporación mensual de $20.000 y continuará de manera consecutiva hasta mayo de 2027, completando así su integración al salario remunerativo.

Asimismo, las partes acordaron que las sumas no remunerativas que permanezcan pendientes de incorporación serán liquidadas conforme a lo previsto en la cláusula tercera del acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026, garantizando la continuidad del cronograma previamente establecido.

Como complemento de la recomposición salarial, el acuerdo contempla el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa y no acumulativa de $50.000. El beneficio se abonará en dos cuotas de $25.000: la primera junto con los haberes de julio y la segunda con los salarios correspondientes a agosto.

La vigencia del nuevo convenio rige desde el 1° de julio de 2026. Además, las partes establecieron una nueva instancia de revisión durante octubre para analizar la evolución de las principales variables económicas y determinar si resulta necesario introducir nuevas adecuaciones salariales.

El acuerdo también aclara que las condiciones pactadas no serán de aplicación obligatoria para las negociaciones colectivas que se desarrollen en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. No obstante, una vez homologado, el incremento fijará el piso salarial convencional para la actividad en el resto del país.

La actualización alcanza a uno de los convenios colectivos con mayor cantidad de trabajadores registrados de la Argentina, por lo que su impacto se extenderá a cientos de miles de empleados de comercio, incluidos los afiliados al Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, que percibirán las mejoras conforme al cronograma acordado una vez cumplido el proceso de homologación correspondiente.

Un estudio de QSocial sostiene que cuatro de cada diez argentinos no se sienten representados ni por el oficialismo ni por el kirchnerismo. El dato reactivó el análisis entre dirigentes sindicales y referentes políticos que observan la posibilidad de consolidar una alternativa competitiva de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a instalarse en distintos ámbitos políticos y sindicales. En ese marco, un relevamiento de opinión pública elaborado por la consultora QSocial despertó interés entre dirigentes gremiales no alineados con los principales espacios nacionales, al identificar un amplio universo de votantes que hoy no encuentra representación en la oferta política vigente.

El sondeo, realizado sobre 1.880 casos, concluye que el 40% de los consultados rechaza tanto al gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo, un segmento que la consultora define como la «pecera del medio», integrada por ciudadanos que no adhieren a ninguno de los dos polos que dominan la discusión política.

Según el documento, ese electorado no responde a un perfil de apatía o desinterés. Por el contrario, se trata de votantes con posiciones críticas, expectativas definidas y demandas concretas respecto del tipo de liderazgo que esperan para los próximos años. Esa característica alimenta la hipótesis de que podría emerger una fuerza capaz de disputar el poder por fuera de la actual polarización.

Entre dirigentes sindicales y referentes que impulsan alternativas políticas alejadas tanto del oficialismo como del kirchnerismo, la encuesta fue interpretada como un indicio de que podría consolidarse un esquema electoral de tercios, similar al que comenzó a insinuarse en 2023 con la irrupción de Javier Milei, quien pasó de ser un dirigente ajeno a las estructuras tradicionales a imponerse en el balotaje presidencial.

No obstante, el propio estudio advierte que esa oportunidad tiene un plazo limitado. La consultora sostiene que, si no aparece una propuesta con capacidad de interpelar a ese universo de votantes y construir competitividad desde el inicio, terminará prevaleciendo nuevamente la lógica del voto útil, favoreciendo a los dos espacios con mayores posibilidades electorales.

El informe señala que la polarización continúa funcionando como un factor de fuerte atracción sobre el electorado y sostiene que, en ausencia de una opción con volumen político suficiente, una parte importante de ese 40% podría volver a optar por alguno de los dos bloques predominantes para evitar el triunfo del adversario.

La discusión también comienza a trasladarse al movimiento sindical. Diversos dirigentes consideran que el reordenamiento político de los próximos meses será determinante para definir alianzas y candidaturas de cara a 2027. Algunos espacios observan con interés el surgimiento de figuras ajenas a la política tradicional, mientras otros promueven la construcción de una propuesta con fuerte respaldo social, productivo y gremial.

El trabajo de QSocial concluye que la posibilidad de conformar una alternativa competitiva permanece vigente, aunque advierte que su éxito dependerá de la aparición de un liderazgo con capacidad para capitalizar el descontento antes de que la dinámica de la polarización vuelva a concentrar el voto en los dos principales bloques políticos.

La cadena cerró su sucursal de Río Gallegos y despidió a toda la plantilla. La decisión afectó a más de 30 empleados directos y puso en riesgo otros 40 puestos vinculados a servicios tercerizados, en un marco de fuerte caída del consumo.

El cierre definitivo de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos, en Santa Cruz, volvió a reflejar el deterioro que atraviesa el comercio minorista en distintos puntos del país. La empresa resolvió cesar las operaciones del establecimiento y desvincular a la totalidad de sus trabajadores, una medida que dejó sin empleo a más de 30 personas y generó inquietud entre el personal de la cadena en otras provincias.

La decisión fue comunicada de forma intempestiva. Al presentarse a trabajar en el local de la avenida Néstor Kirchner 742, los empleados encontraron el establecimiento cerrado, mientras directivos llegados desde Buenos Aires, acompañados por un escribano público, les entregaban los telegramas de despido. «Vinieron, nos reunieron y nos echaron», resumió uno de los trabajadores afectados al relatar cómo se desarrolló la reunión.

Entre los despedidos hubo empleados que se encontraban de vacaciones al momento de la notificación. Según señalaron, durante el encuentro no recibieron precisiones sobre una eventual reubicación en otras dependencias de la empresa, aunque permanece la expectativa de que algunos puedan ser incorporados al hipermercado que Carrefour posee en la capital santacruceña.

La compañía informó que abonará las indemnizaciones previstas por la legislación laboral vigente. No obstante, el impacto excede al personal propio. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó que la firma atribuyó el cierre a la persistente retracción del consumo y al complejo panorama económico. Además de los más de 30 trabajadores directos, la medida compromete alrededor de otros 40 empleos vinculados a empresas de seguridad, limpieza y servicios de verdulería que operaban en el establecimiento.

El local funcionaba sobre una de las principales arterias comerciales de Río Gallegos y ocupaba un inmueble históricamente asociado a la venta de productos de consumo masivo, por lo que su cierre representa un fuerte golpe para la economía de la ciudad.

La repercusión del caso trascendió el ámbito provincial debido al peso de Carrefour dentro del mercado argentino. La multinacional, con presencia en más de 40 países y una extensa red de sucursales en el país, concentra miles de puestos de trabajo, por lo que la decisión alimentó la preocupación entre sus empleados y el movimiento sindical ante la persistencia de la caída de las ventas y el deterioro del consumo.

Mientras avanza el proceso de desvinculación, no existen confirmaciones oficiales sobre posibles reubicaciones del personal. La incertidumbre se mantiene entre los trabajadores, en un momento en que el comercio continúa enfrentando uno de los períodos más complejos de los últimos años.