El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, junto al secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, y el referente gremial Roberto Velázquez, mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la actividad minera en la provincia y el rol de los trabajadores profesionales en la industria.

Durante el encuentro, el Ministerio de Producción y Minería presentó los lineamientos estratégicos del Gobierno para el desarrollo de la minería, destacando su rol en la planificación de proyectos, fomento de inversiones, generación de empleo, apoyo a las empresas locales, impulso de energías y cuidado del medio ambiente.

Por su parte, ASIJEMIN subrayó la importancia del aporte técnico de los trabajadores profesionales, la capacitación continua, la seguridad laboral, la defensa de derechos laborales, paritarias y la promoción de buenas prácticas ambientales dentro de los proyectos mineros.

El encuentro permitió intercambiar perspectivas y avanzar en una línea de trabajo conjunta entre el Gobierno provincial y ASIJEMIN, con el objetivo de consolidar un sector minero seguro, profesional y sustentable, que impulse el desarrollo económico y laboral de la provincia. La reunión reafirma el compromiso del Gobierno de Salta y de ASIJEMIN en fortalecer la minería con visión profesional y garantizar que los trabajadores mineros cuenten con las herramientas, formación y derechos necesarios para su desempeño.

Un fallo del Cuarto Juzgado del Trabajo de San Juan declaró inconstitucional el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802, al considerar que reduce de manera significativa los montos indemnizatorios. La decisión abre un debate judicial con impacto en todo el sistema laboral.

La reciente implementación de la Ley de Modernización Laboral comenzó a mostrar sus primeras fricciones en el ámbito judicial. El pronunciamiento del juez Federico Soria marcó un punto de inflexión al declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 en un caso concreto, encendiendo una discusión que promete escalar en los próximos meses.

El núcleo del conflicto radica en el sistema de cálculo de intereses sobre créditos laborales. Según el magistrado, la aplicación de la nueva normativa implica una reducción sustancial en los montos que perciben los trabajadores, estimada en torno al 33% respecto del esquema anterior. La situación se vuelve particularmente sensible en causas iniciadas antes de la entrada en vigencia de la ley, el pasado 6 de marzo, donde la modificación impacta sobre derechos ya en curso.

En su argumentación, Soria sostuvo que esta diferencia configura una vulneración del principio de igualdad ante la ley, al establecer tratamientos distintos en función de la fecha del despido. En consecuencia, resolvió mantener el criterio previo y aplicar la tasa activa del Banco Nación, en línea con la jurisprudencia histórica del fuero.

El fallo no es un hecho aislado, sino parte de un mosaico de interpretaciones judiciales que reflejan la complejidad del cambio normativo. La jueza Gabriela Padín, del Tercer Juzgado, centró su análisis en el principio de irretroactividad de la ley, al considerar que una norma no puede alterar condiciones jurídicas preexistentes. Bajo ese enfoque, dispuso que los casos iniciados antes de la reforma continúen rigiéndose por el sistema anterior, apoyándose en el precedente “Huaquinchay” de la Corte de Justicia provincial.

En este sentido, los jueces Matías Pallito y Mariela Berón adoptaron una postura intermedia. Su criterio propone un esquema mixto: aplicar la tasa activa hasta la entrada en vigencia de la ley y, a partir de allí, utilizar el nuevo mecanismo basado en la tasa pasiva del Banco Central, con los límites establecidos por la normativa.

Este abanico de decisiones —emitidas entre el 16 y el 30 de marzo— anticipa un panorama de alta litigiosidad y falta de uniformidad en los tribunales de primera instancia. Ninguna de las resoluciones se encuentra firme, por lo que será la instancia superior —la Cámara de Apelaciones del Trabajo o la Corte de Justicia de San Juan— la que deberá fijar un criterio definitivo.

El debate local se inscribe, además, en un contexto nacional más amplio. Una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo ya suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma, incluyendo aspectos sensibles como el derecho de huelga y modificaciones en el régimen indemnizatorio. En ese marco, las decisiones sanjuaninas refuerzan la idea de que la ley enfrenta cuestionamientos estructurales tanto en el plano político como judicial.

Los primeros fallos en San Juan revelan que la reforma laboral no solo será discutida en el ámbito legislativo o sindical, sino también en los tribunales. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 introduce un elemento de incertidumbre sobre la aplicación efectiva de la norma y sus consecuencias económicas.

El desenlace dependerá de la capacidad del sistema judicial para unificar criterios y establecer límites claros. Mientras tanto, la coexistencia de interpretaciones divergentes impacta directamente en trabajadores y empleadores, reconfigurando la previsibilidad del sistema laboral. En ese terreno, la disputa ya no es solo jurídica: es, en esencia, una discusión sobre el alcance de los derechos en un nuevo entorno económico.

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa confirmó un balance positivo para San Juan durante Semana Santa, con un importante flujo de visitantes impulsado por el turismo religioso, la naturaleza y una agenda cultural activa, en un contexto nacional de consumo más cauteloso.

En un escenario económico atravesado por la moderación del gasto, San Juan logró consolidarse como uno de los destinos con mejor desempeño durante el fin de semana largo de Semana Santa 2026. El balance, respaldado por datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, refleja un movimiento turístico sostenido, apalancado en una propuesta que articula identidad cultural, atractivos naturales y experiencias religiosas.

El eje central de la convocatoria volvió a ser el turismo de fe. La tradicional Ruta de los Cristos, que atraviesa departamentos como Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta, se posicionó como uno de los circuitos más elegidos. El recorrido, que combina patrimonio religioso y paisajes característicos de la provincia, se consolida año a año como una marca distintiva para estas fechas.

Otro de los puntos de mayor afluencia fue el santuario de la Difunta Correa, que volvió a convocar a miles de promesantes y visitantes. La tradicional devoción popular se vio acompañada por una agenda de actividades culturales y gastronómicas, mientras que la ya clásica cabalgata previa reforzó el atractivo del lugar como epicentro espiritual y turístico.

En este aspecto, el departamento Iglesia sumó un componente internacional con la competencia Cuesta del Viento Big Air, que reunió a deportistas y aficionados del kitesurf. La propuesta deportiva se integró con actividades tradicionales como el Vía Crucis Viviente y el Evangelio Criollo, ampliando la diversidad de la oferta.

La agenda provincial se completó con iniciativas recreativas y culturales en distintos puntos. En el dique Punta Negra se desarrolló el ciclo “Viví Punta Negra”, con espectáculos en vivo y propuestas familiares, mientras que bodegas locales participaron del programa Música Clásica por los Caminos del Vino, una experiencia que vincula el enoturismo con la producción cultural.

A nivel país, el informe de CAME aporta un marco interpretativo más amplio. Durante el fin de semana se movilizaron alrededor de 2,8 millones de turistas, con un impacto económico estimado en más de $808.000 millones. Sin embargo, los datos también reflejan un cambio en el comportamiento del consumo: el gasto promedio diario cayó en términos reales y las estadías se acortaron a un promedio de 2,6 noches.

Este contraste permite dimensionar el desempeño de San Juan. En un marco donde los turistas ajustan sus presupuestos, la provincia logró sostener niveles de ocupación y circulación, apoyada en una oferta competitiva y diversificada.