El Sindicato Jerárquico Minero organizó una charla–debate en San Juan con la participación de dirigentes nacionales de la CTA Autónoma. El encuentro puso en el centro la defensa de los derechos laborales, la organización colectiva y la unidad del movimiento obrero frente al avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

En el marco de una demandada agenda de acciones gremiales contra la reforma laboral, el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN) realizó este miércoles en su sede central de San Juan una charla–debate destinada a analizar los alcances del proyecto que impulsa el Gobierno nacional y a fortalecer la organización de las y los trabajadores frente a un escenario que consideran regresivo.

La actividad reunió a trabajadores mineros, dirigentes sindicales y referentes políticos y sociales, y se inscribió en una estrategia más amplia de formación, concientización y construcción colectiva que ASIJEMIN viene desarrollando en el territorio. Desde el sindicato advirtieron que las modificaciones propuestas implican un retroceso histórico en materia de derechos laborales, con impactos directos sobre la estabilidad, las condiciones de trabajo y la negociación colectiva.

El titular nacional de los jerárquicos mineros, Marcelo Mena, abrió la jornada destacando la importancia de generar estos espacios de debate en un contexto de ofensiva sobre las conquistas del movimiento obrero. Subrayó que ASIJEMIN sostiene una línea de trabajo basada en la participación activa de las bases, la articulación con otros sindicatos y una clara vocación de unidad.

Mena remarcó que el sindicato adhiere plenamente a lo resuelto en el plenario conjunto de las dos CTA y sostuvo que el proyecto de reforma laboral “viene a destruir derechos conquistados en casi un siglo de luchas sindicales”. En ese sentido, llamó a profundizar la organización y la movilización: “Esto no solo debe convocarnos a defender lo que tenemos, sino a salir a luchar para conquistar nuevos derechos”.

En su intervención, también planteó la necesidad de avanzar hacia un sindicalismo de nuevo tipo, que ponga en el centro la dignidad humana por sobre la lógica del capital, y propuso discutir iniciativas como la reducción de la jornada laboral y la mejora sustancial de los salarios, incluso con participación de los trabajadores en las ganancias.

Respaldo del movimiento obrero nacional

La jornada contó con la participación del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien realizó un análisis de la situación político y laboral nacional y advirtió sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la reforma. Godoy señaló que el proyecto forma parte de una ofensiva más amplia contra los derechos de la clase trabajadora y llamó a construir poder popular organizado para enfrentarla.

“Cuando el pueblo fue protagonista —el 17 de Octubre, el Cordobazo o en 2001— fue capaz de cambiar la historia”, afirmó, al tiempo que destacó las experiencias provinciales que, como la de San Juan, expresan la voluntad de construir un sindicalismo con fuerte anclaje territorial y protagonismo de las bases.

Godoy también alertó sobre las presiones externas que rodean el debate parlamentario y sostuvo que funcionarios de la embajada de Estados Unidos mantienen gestiones con legisladores y gobernadores para garantizar los votos necesarios que permitan avanzar con las reformas impulsadas por el oficialismo.

La batalla que viene

Por su parte, Ernesto “Kiki” Trigo, secretario general del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero y dirigente de la CTA Autónoma, remarcó la importancia de llevar el debate a cada lugar de trabajo y de informar con claridad a las y los trabajadores sobre el verdadero alcance del proyecto. “Es una reforma que nos retrotrae cien años en materia de contrato de trabajo”, advirtió, en referencia al tratamiento previsto en el Senado el próximo 11 de febrero.

Durante el encuentro también participaron dirigentes sindicales y referentes de organizaciones sociales y políticas de la provincia, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero como herramienta central para resistir el ajuste.

La actividad organizada por ASIJEMIN en San Juan dejó un mensaje contundente: frente al avance de una reforma laboral considerada regresiva, la respuesta pasa por más organización, más debate y más unidad. Con fuerte respaldo del sindicalismo nacional y una clara definición política, el gremio minero se posiciona como un actor activo en la resistencia, apostando a la construcción colectiva y a la defensa integral de los derechos laborales en un momento clave para el futuro del trabajo en la Argentina.

Los docentes universitarios rechazaron el aumento unilateral del 2% dispuesto por el Gobierno nacional y el bono extraordinario de $50.000, al que calificaron como insuficiente y ofensivo. Desde ADICUS advierten que la pérdida salarial ya ronda el 50%, denuncian incumplimientos en el financiamiento universitario y anticipan un plan de lucha con medidas duras a partir de mediados de marzo.

“Estamos frente a salarios de pobreza”, advirtió Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, al señalar que la evolución de los ingresos quedó muy por detrás del aumento general de precios, que acumuló más del 90% en el último período, mientras las recomposiciones salariales fueron mínimas y fragmentadas.

El bono extraordinario de $50.000, lejos de aliviar la situación, fue interpretado como un gesto provocador. Desde el sector docente remarcan que resulta insignificante frente a los bonos otorgados en provincias y en el sector privado, e incapaz de compensar el impacto del ajuste sobre los ingresos.

Sueldos congelados y docentes por debajo de la canasta básica

La crisis salarial tiene un correlato concreto en los recibos de sueldo. Según ADICUS, gran parte de los docentes universitarios percibe ingresos que oscilan entre los $250.000 y $300.000 mensuales, valores que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año.

Los cargos más frecuentes, como los Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación simple, quedan muy por debajo del costo de la canasta básica, que ronda los $900.000. Incluso cargos de mayor dedicación no alcanzan niveles que permitan cubrir gastos elementales como alquiler, servicios y transporte.

La contradicción se profundiza, subrayan desde el gremio, cuando el Gobierno autoriza fuertes aumentos en tarifas de luz y gas —con subas promedio del 17%— mientras mantiene incrementos salariales marginales para el sector universitario.

Éxodo docente y vaciamiento silencioso

El deterioro de las condiciones laborales comienza a tener efectos estructurales. Cada vez más docentes reducen su carga horaria o directamente abandonan la universidad para buscar ingresos en el sector privado o en otras actividades.

Este fenómeno, advierten desde ADICUS, compromete la calidad académica y el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, que dependen de planteles docentes altamente calificados pero cada vez más precarizados.

Incumplimiento del financiamiento universitario y conflicto político

Desde el gremio también denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de resoluciones judiciales que ordenan la recomposición salarial. Para Barcelona, no se trata sólo de un ajuste presupuestario, sino de una “voluntad política deliberada de estigmatizar y empobrecer” a los trabajadores docentes y no docentes.

El conflicto se inscribe así en un marco más amplio de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que ya fue blanco de cuestionamientos discursivos y recortes presupuestarios desde el inicio de la actual gestión.

Medidas de fuerza en camino y posible impacto en el ciclo lectivo

El malestar comienza a traducirse en organización. ADICUS y los gremios nucleados en la CONADU Histórica iniciaron una ronda de reuniones internas que derivará en consultas a las bases y un congreso nacional para definir los próximos pasos.

Si bien las medidas no se activarían de inmediato para no afectar las mesas de exámenes de febrero y comienzos de marzo, el gremio anticipa un endurecimiento del plan de lucha a partir de la segunda quincena de marzo, con interrupciones prolongadas de actividades académicas.
Aunque el inicio de clases podría darse de manera dispar según cada universidad, desde el sector advierten que la continuidad del dictado está seriamente comprometida si no hay una respuesta salarial concreta.

Universitarios se suman al rechazo a la reforma laboral

El conflicto docente también se entrelaza con el debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno. ADICUS confirmó su adhesión al paro y a las movilizaciones que convoquen las centrales sindicales, en rechazo a un proyecto que consideran regresivo y perjudicial tanto para trabajadores del sector público como privado.

“La reforma impone condiciones de subordinación extrema y elimina derechos básicos”, señalan desde el gremio, que cuestiona el debilitamiento de la negociación colectiva, las restricciones al derecho de huelga y la flexibilización de los despidos.

El rechazo al aumento del 2% expuso algo más profundo que una disputa salarial coyuntural: reveló el deterioro sostenido de los ingresos docentes, el incumplimiento de compromisos legales y el riesgo de un vaciamiento progresivo de la universidad pública. Con salarios por debajo de la línea de pobreza y un clima de creciente conflictividad, los gremios universitarios se preparan para un escenario de confrontación que amenaza con impactar de lleno en el normal desarrollo del ciclo lectivo y en el futuro del sistema universitario nacional.

Las intensas lluvias que azotaron a distintos departamentos de la provincia dejaron a numerosas familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Frente a este escenario, Cáritas San Juan puso en marcha una colecta solidaria con el objetivo de brindar asistencia inmediata a quienes sufrieron las consecuencias de la tormenta.

Desde la institución explicaron que la iniciativa busca responder a las necesidades más urgentes, en un momento donde muchas familias vieron afectadas sus viviendas y perdieron bienes esenciales. En ese marco, remarcaron que la solidaridad de la comunidad resulta clave para mitigar el impacto social del fenómeno climático. “Un pequeño aporte puede convertirse en un gran alivio para quienes más lo necesitan”, señalaron desde la organización.

Tres días para organizar la ayuda

La campaña solidaria se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de febrero, en el horario de 9 a 12. Las donaciones se recibirán en la sede de Cáritas San Juan, ubicada en Güemes 936 Sur, entre Belgrano y Mariano Moreno, en la ciudad Capital.

La convocatoria está centrada en la recolección de alimentos no perecederos, que posteriormente serán distribuidos entre las familias afectadas por las lluvias en distintos puntos de la provincia, priorizando los casos de mayor urgencia.

Desde Cáritas destacaron que el trabajo territorial permitirá canalizar la ayuda de manera rápida y eficiente, articulando con referentes comunitarios y parroquiales para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

Solidaridad en tiempos difíciles

La colecta se inscribe en un entorno social complejo, donde los fenómenos climáticos extremos profundizan desigualdades preexistentes y golpean con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. En ese escenario, el acompañamiento comunitario se vuelve una herramienta fundamental para reconstruir y sostener a quienes atraviesan momentos críticos.

“San Juan nos necesita”, expresaron desde la institución, al tiempo que renovaron la invitación a vecinos, organizaciones y empresas a sumarse a la campaña solidaria. Bajo el lema de “organizar la esperanza”, Cáritas vuelve a apelar al compromiso colectivo como respuesta frente a la emergencia.

Un gesto que hace la diferencia

Más allá de la ayuda material, desde la organización subrayan que la colecta también busca generar un mensaje de cercanía y contención para las familias damnificadas. En situaciones como esta, la solidaridad no solo cubre necesidades básicas, sino que refuerza el tejido social y la confianza comunitaria.

La iniciativa de Cáritas San Juan vuelve a poner en evidencia el rol central de las organizaciones sociales ante la emergencia y la importancia de una comunidad activa y comprometida, capaz de transformar la adversidad en un gesto concreto de acompañamiento.