Tras quedar relegada por la prioridad otorgada a la reforma laboral, la actualización de la Ley N° 26.639 sobre preservación de glaciares y ambiente periglacial será tratada el 26 de febrero en sesión especial. El debate combina aristas ambientales, intereses mineros estratégicos y discusiones constitucionales sobre competencias entre Nación y provincias.

Después de semanas de especulaciones y versiones cruzadas, el Senado fijó fecha para uno de los debates más sensibles del período de sesiones extraordinarias: la actualización de la Ley de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La convocatoria, formalizada en el marco del Decreto 24/2026, establece que el proyecto será tratado el jueves 26 de febrero a las 11, en una sesión pública especial que podría reconfigurar el equilibrio entre preservación ambiental y desarrollo extractivo.

La iniciativa busca introducir precisiones técnicas y normativas sobre el ambiente periglacial contemplado en la Ley 26.639, vigente desde 2010. Su tratamiento había sido postergado a comienzos de mes cuando el oficialismo —alineado con la agenda del presidente Javier Milei— decidió concentrar capital político en la reforma laboral. En este sentido, fuentes parlamentarias admitieron que no estaban garantizados los votos necesarios para avanzar con una discusión que combina tecnicismo jurídico y alta sensibilidad social.

“En el Senado lo tenemos más complicado”, deslizó entonces un legislador bajo reserva, en alusión a resistencias dentro de bloques justicialistas y radicales. La controversia no es meramente terminológica: detrás de la definición de “ambiente periglacial” se juega el alcance de las restricciones que pueden pesar sobre emprendimientos mineros en zonas cordilleranas.

San Juan como epicentro del debate

La discusión adquiere especial relevancia en San Juan, donde la actividad minera constituye uno de los pilares de la economía provincial. Allí confluyen áreas protegidas y proyectos de gran escala que, bajo la redacción actual, quedan alcanzados por limitaciones estrictas.

El caso paradigmático es el yacimiento de cobre El Pachón, ubicado en Calingasta. El emprendimiento incluye un glaciar de escombro o “glaciar petrificado” que, según estudios técnicos locales, no cumpliría funciones hídricas relevantes. Sin embargo, la normativa vigente lo encuadra dentro de la protección del ambiente periglacial, lo que dificulta su desarrollo.

Los impulsores de la reforma sostienen que el objetivo no es flexibilizar la tutela ambiental, sino otorgar mayor claridad conceptual y herramientas a las provincias para evaluar casos específicos en función de criterios científicos. Desde el sector minero reconocen, no obstante, que el asunto presenta complejidades constitucionales. La distribución de competencias entre la Nación —que dicta los presupuestos mínimos de protección— y las jurisdicciones provinciales, titulares del dominio originario de los recursos naturales, constituye un punto neurálgico que podría derivar en futuros litigios.

Estrategia política y cálculo parlamentario

El oficialismo optó por desdoblar el tratamiento respecto de la reforma laboral para evitar la superposición de conflictos en la calle. La simultaneidad de manifestaciones sindicales y ambientales, evaluaron en la Casa Rosada, habría elevado el costo político de ambas discusiones.

Desde ámbitos vinculados a la minería descartan una oposición monolítica del radicalismo y relativizan la idea de un rechazo frontal. Más bien describen un escenario de negociación fina, donde el texto deberá ajustarse para cosechar adhesiones sin desnaturalizar su espíritu.

El factor sanjuanino: votos bajo la lupa

La atención se concentra ahora en el posicionamiento de los senadores por San Juan. Sergio Uñac, con antecedentes de gestión favorable al desarrollo minero pero señales recientes de cautela política, mantiene su voto en reserva, lo que añade incertidumbre a la aritmética parlamentaria.

Por su parte, Celeste Giménez, alineada con La Cámpora, se perfila como una voz crítica a cualquier modificación que pueda interpretarse como una ampliación de márgenes para el sector extractivo. En el oficialismo, el senador Bruno Olivera acompañaría la postura del Gobierno nacional, respaldando la actualización normativa.

Un debate que excede la coyuntura

Más allá del resultado, la votación del 26 de febrero trasciende la agenda inmediata. La discusión expone una tensión estructural: cómo compatibilizar estándares ambientales exigentes con la explotación de recursos estratégicos en un país que necesita divisas y crecimiento productivo.

El desafío radica en evitar simplificaciones. Ni el desarrollo puede prescindir de la sustentabilidad, ni la protección ambiental puede desentenderse de las realidades económicas regionales. La clave estará en la calidad técnica del texto y en la capacidad del sistema político para alcanzar consensos que trasciendan la coyuntura.

La sesión del jueves, en definitiva, pondrá a prueba algo más que una mayoría circunstancial: medirá la aptitud del Senado para deliberar con rigor sobre un asunto donde confluyen ciencia, derecho, economía y política. En ese cruce de intereses se juega no solo el destino de un proyecto minero o de una norma ambiental, sino la credibilidad institucional frente a un debate que interpela al modelo de desarrollo argentino.

La Dirección de Educación Privada dispuso un nuevo incremento sobre el valor vigente a diciembre de 2025. Los establecimientos deberán presentar una declaración jurada antes del 31 de marzo para poder aplicar el ajuste. La medida completa el esquema de actualización previsto para el ciclo 2025.

A días del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección de Educación Privada confirmó el aumento en las cuotas de los colegios de gestión privada. El ajuste será del 5,80% y comenzará a regir con la cuota correspondiente a marzo, según lo establece la Disposición N° 009-DEP-2026.

La resolución se inscribe en el cuarto tramo del esquema de actualización arancelaria definido para el ciclo 2025. Durante el año pasado ya se habían autorizado tres subas: en mayo, del 9,04%; en agosto, del 7,49%; y en noviembre, del 7,47%. Con el porcentaje dispuesto ahora, la autoridad educativa completa el cronograma previsto para acompañar el impacto inflacionario y los mayores costos operativos que afrontan las instituciones.

La suba alcanza a todos los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. No obstante, la aplicación del nuevo valor no será automática. Cada institución deberá presentar, antes del 31 de marzo de 2026, una declaración jurada ante el organismo de control para formalizar la actualización.

Ese documento deberá consignar el valor de la matrícula, el monto actualizado de la cuota, el porcentaje de aporte estatal que recibe el establecimiento, la cantidad de alumnos matriculados, la fecha prevista de implementación y la constancia de que la medida fue debidamente comunicada a padres o tutores.

La presentación deberá estar firmada por el representante legal del colegio. Solo una vez cumplido ese requisito administrativo quedará habilitada la aplicación del nuevo arancel.

Desde el sector educativo privado argumentan que los incrementos buscan preservar la sustentabilidad del sistema, especialmente ante el aumento de salarios docentes, servicios y mantenimiento edilicio. Sin embargo, para los hogares con ingresos medios y medios bajos, cada ajuste representa un desafío adicional para sostener la continuidad educativa en instituciones aranceladas.

La dinámica de aumentos escalonados —cuatro tramos en menos de un año— refleja el delicado equilibrio entre la necesidad de garantizar la prestación del servicio y la capacidad de pago de las familias.

Con la oficialización del incremento del 5,80%, el esquema de actualización arancelaria correspondiente al ciclo 2025 queda formalmente completado. Ahora, el foco se traslada al cumplimiento de los requisitos administrativos por parte de las instituciones y al impacto concreto que el nuevo cuadro tarifario tendrá en la economía doméstica al comenzar el año escolar 2026.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad impuso a Naturgy una sanción de $2.218,52 millones correspondiente al segundo semestre de 2025, tras constatar una frecuencia de interrupciones y una duración acumulada superiores a los límites contractuales, además de desvíos en los niveles de tensión. El monto duplica holgadamente las penalidades aplicadas en la primera mitad del año.

El organismo concluyó que la empresa excedió el umbral de contingencias previsto en el contrato de concesión —esto es, la cantidad máxima de interrupciones toleradas— y también superó el tiempo acumulado permitido para esas contingencias. En términos prácticos, se registraron más cortes de los admitidos y con una extensión mayor a la autorizada, afectando de manera directa a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

A esas deficiencias se sumaron apartamientos en los niveles de tensión establecidos contractualmente, tanto en suministros monofásicos como trifásicos, un aspecto técnico que incide en la seguridad de las instalaciones y en la integridad de los equipos eléctricos.

Escalada en las penalidades

La magnitud de la sanción marca un salto significativo respecto del primer semestre de 2025, cuando las multas totalizaron $825 millones. El incremento supera el 50% y configura un endurecimiento en la respuesta regulatoria frente a incumplimientos reiterados.

El contraste interanual también resulta elocuente. En 2024, las penalidades habían alcanzado $1.217 millones en el primer semestre y $1.486 millones en el segundo. El monto correspondiente al cierre de 2025 no solo supera esas cifras, sino que establece un nuevo umbral en materia de sanciones económicas aplicadas a la concesionaria.

Destino de los fondos

De acuerdo con la normativa vigente, las sumas impuestas no permanecen en la órbita administrativa del ente regulador. El esquema prevé su transferencia íntegra a los usuarios, ya sea mediante bonificaciones en las facturas o a través del Fondo de Contención Tarifaria. Este instrumento se orienta a financiar intervenciones en infraestructura, como la modernización del alumbrado público y otras mejoras vinculadas al sistema eléctrico.

Un servicio estratégico bajo exigencia creciente

La reiteración de penalidades millonarias revela un cuadro de desempeño que no logra alinearse con los estándares contractuales. En un contexto en el que la energía constituye un insumo crítico para la actividad económica y la vida cotidiana, la discusión excede la dimensión administrativa y se proyecta sobre la necesidad de inversiones, mantenimiento preventivo y modernización de redes.

La decisión del EPRE envía una señal clara: el margen de tolerancia frente a desvíos en la calidad del servicio se estrecha. El desafío, ahora, será traducir la sanción en mejoras verificables que restituyan previsibilidad y confianza a los usuarios.