Un informe impulsado por sectores técnicos, sindicales y asociaciones de usuarios señala que cerca del 75% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. La advertencia pone el foco en la seguridad, la inversión pública y el rol del Estado.

La infraestructura vial argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Un relevamiento difundido por organizaciones vinculadas al sector advierte que aproximadamente tres de cada cuatro rutas nacionales presentan condiciones deficientes, un registro que enciende señales de alarma en torno a la seguridad de quienes transitan a diario por estos corredores estratégicos.

El diagnóstico, respaldado por trabajadores, especialistas y asociaciones de usuarios, atribuye el deterioro a la interrupción de obras y a la reducción de tareas de conservación básica. Según sostienen, la falta de intervención sostenida aceleró el desgaste de la red, afectando tanto la transitabilidad como los estándares de seguridad. La consecuencia inmediata —advierten— es una mayor exposición a siniestros, especialmente en tramos donde el deterioro del pavimento, la señalización insuficiente y la ausencia de mantenimiento configuran un riesgo permanente.

En este punto, se conformó un espacio multisectorial que reúne a empleados de Vialidad Nacional, técnicos de organismos vinculados al transporte y la seguridad vial, junto a familiares de víctimas y usuarios autoconvocados. El objetivo es visibilizar la situación y promover un abordaje integral que permita revertir el cuadro actual. La iniciativa incluye la participación de trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, entre otros actores con injerencia directa en la materia.

Desde estos sectores también surgieron cuestionamientos a la expansión de esquemas de concesión mediante peajes. Si bien reconocen la necesidad de financiamiento, plantean que este modelo no resuelve los problemas estructurales de la red y puede profundizar desigualdades territoriales. En particular, advierten que la lógica de rentabilidad podría relegar tramos menos transitados pero igualmente esenciales para la conectividad regional, consolidando un sistema fragmentado y con cobertura desigual.

Otro de los ejes de preocupación es el debilitamiento de organismos públicos clave. Referentes sindicales sostienen que la reducción de capacidades operativas y técnicas limita la posibilidad de planificar, ejecutar y controlar políticas viales de largo alcance. Esta situación, afirman, impacta de manera directa en la prevención de accidentes y en la calidad de los servicios asociados al transporte.

La problemática será expuesta este jueves 7 de mayo a las 12 en la sede del Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, junto a representantes sindicales y organizaciones del sector, presentará un diagnóstico detallado y un conjunto de propuestas orientadas a atender la emergencia. Bajo la consigna “en defensa de la vida”, los convocantes buscarán instalar el tema en la agenda pública y reclamar definiciones concretas.

Más allá de las diferencias en torno a los modelos de gestión, existe un consenso amplio respecto de la necesidad de intervenir con urgencia. La red vial no solo es un componente esencial para la circulación de bienes y personas, sino también un factor determinante en la reducción de la siniestralidad. Su estado, por lo tanto, trasciende la discusión técnica y se inscribe en el terreno de las políticas públicas prioritarias.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular y diversas organizaciones sociales iniciaron un plan de acción con movilizaciones en todo el país. Denuncian recortes en programas sociales y falta de asistencia alimentaria. Advierten que, sin respuestas oficiales, avanzarán hacia cortes masivos desde mayo.

La protesta social suma intensidad con la decisión de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de poner en marcha un esquema de acciones en todo el territorio nacional. El punto de partida será una “jornada de ollas vacías” prevista para este viernes 18 de abril, frente a centros de distribución de alimentos, una iniciativa que busca visibilizar el deterioro en el abastecimiento de comedores y merenderos comunitarios.

La convocatoria cuenta con el respaldo de organizaciones de peso en el entramado territorial, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En conjunto, estos espacios advierten que la situación social se ha agravado a partir de la reducción de programas de asistencia y la caída de ingresos en amplios sectores de la población.

El eje del reclamo se centra en la eliminación del programa Volver al Trabajo —heredero del Potenciar Trabajo— que alcanzaba a cerca de un millón de beneficiarios. Según denuncian, su reemplazo por esquemas de capacitación no logra compensar la pérdida de ingresos ni ofrecer soluciones concretas en el corto plazo. A ello se suma la disminución en la entrega de alimentos, lo que impacta de manera directa en la red de contención barrial.

El cronograma de medidas ya delineado anticipa una escalada progresiva. Tras la primera jornada, las organizaciones se movilizarán el lunes 20 de abril hacia el Ministerio de Capital Humano para exigir una audiencia con la ministra Sandra Pettovello. Posteriormente, el 30 de abril, confluirán en una marcha masiva junto a la CGT en la antesala del Día del Trabajador.

La agenda continuará en mayo con nuevas acciones en las calles. Para el domingo 5 y el martes 7 de mayo ya se definieron jornadas de protesta en distintos puntos del país, con el objetivo de extender el reclamo a nivel federal y reflejar el impacto en las economías regionales. Desde las organizaciones anticiparon que, si no hay respuestas oficiales tras esas instancias, avanzarán con cortes y bloqueos por tiempo indeterminado.

Los dirigentes sociales sostienen que miles de familias enfrentan dificultades crecientes para cubrir necesidades básicas y alertan sobre un deterioro acelerado en los niveles de consumo en los barrios populares. En este marco, cuestionan la falta de interlocución con las autoridades nacionales y reclaman la apertura de canales de negociación.

Desde la conducción de la UTEP, su secretario general, Alejandro Gramajo, fue categórico al señalar que la ausencia de diálogo agrava la situación. El dirigente cuestionó la efectividad de las políticas implementadas y advirtió que las herramientas actuales no logran generar empleo genuino ni atender la urgencia social.

Organizaciones del sector sanitario advirtieron que el achicamiento del Plan Remediar compromete el acceso a medicamentos esenciales para millones de personas. Denuncian que la medida profundiza la desigualdad y debilita la atención primaria en todo el país.

El sistema de salud pública enfrenta una nueva controversia tras las críticas de organizaciones profesionales y sindicales al recorte del Plan Remediar, una política que durante más de dos décadas garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales en todo el territorio nacional.

La denuncia fue encabezada por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, cuyo secretario general, Pablo Maciel, calificó la medida como “un ajuste brutal e inhumano” y sostuvo que implica un retroceso en materia de derechos sanitarios. Según planteó, el programa —creado en 2002 en plena crisis socioeconómica— nació con el objetivo de asegurar la provisión gratuita de medicamentos a través de la red de atención primaria.

A lo largo de su implementación, el Plan Remediar permitió distribuir botiquines con más de 70 fármacos esenciales en cerca de 8.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), alcanzando a más de 15 millones de personas. Además, su esquema de compra centralizada generó ahorros significativos para el Estado, al optimizar costos frente a los precios del mercado farmacéutico.

Desde FESINTRAS advierten que los efectos del desfinanciamiento ya comienzan a evidenciarse. “Miles de pacientes con enfermedades crónicas han dejado de tomar su medicación por no poder costearla”, señaló Maciel, quien alertó sobre un aumento de internaciones por cuadros evitables y una mayor presión sobre hospitales de mayor complejidad. A su entender, la reducción del programa no implica un ahorro, sino un traslado de costos hacia otros niveles del sistema, con consecuencias sanitarias más graves.

El dirigente fue enfático al definir el rol del programa: “No es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias”. En esa línea, convocó a gobernadores, legisladores y organizaciones sociales a impulsar una campaña nacional en defensa del Remediar y a exigir la restitución plena de su presupuesto.

La preocupación también fue expresada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, que subrayó el papel del programa en la consolidación de la atención primaria y en la reducción de brechas territoriales. Desde la entidad señalaron que su desarticulación deja a provincias y municipios —muchos con limitaciones presupuestarias— sin herramientas para garantizar la provisión de medicamentos básicos.

Según señalan, la interrupción de esta política pública genera un escenario en el que el acceso a tratamientos queda condicionado por la capacidad de pago de cada paciente, lo que profundiza desigualdades y debilita la cobertura sanitaria. “Las consecuencias son previsibles: tratamientos interrumpidos, enfermedades que se agravan y mayor demanda hospitalaria”, indicaron.

En ese sentido, remarcaron que la discontinuidad de programas de esta naturaleza no constituye una decisión meramente administrativa, sino una determinación con impacto directo sobre la salud de la población. Para la entidad, el retiro de estos recursos incrementa la vulnerabilidad social y deteriora la capacidad de respuesta del sistema público.