El Gobierno de Javier Milei se dispone a reabrir un frente de conflicto con el sindicalismo, al impulsar un nuevo proyecto para eliminar las cuotas solidarias que sostienen parte del financiamiento de los gremios. La medida, que figura entre las prioridades del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuenta con el respaldo del titular de Economía, Luis Caputo, y forma parte del paquete de reformas laborales que el Ejecutivo pretende debatir en el Congreso antes de fin de año.

La iniciativa no es nueva. Ya había sido incorporada en el DNU 70/2023, que buscó modificar las bases del sistema laboral argentino y fue suspendido parcialmente por la Justicia. Ahora, con un escenario político más favorable tras los comicios legislativos, el oficialismo planea retomar la ofensiva. En el reciente Coloquio de IDEA, Sturzenegger definió las cuotas solidarias como “impuestos privados ilegales” y “peajes” que, según su visión, distorsionan los salarios y encarecen los costos empresariales.

El funcionario incluso puso cifras sobre la mesa: en el convenio de Camioneros, esas contribuciones representan un descuento anual promedio de $845.401 por trabajador y generan ingresos al gremio de más de $200 mil millones. El decreto 149/25 —aún en borrador— propone prohibir esos descuentos automáticos, incluso si están pactados en los convenios, salvo autorización expresa de cada trabajador.

El artículo 9 de la Ley 14.250 ampara la existencia de esas contribuciones, al permitir que los acuerdos colectivos incluyan aportes destinados a las asociaciones que los negocian, aplicables tanto a afiliados como a no afiliados. Su espíritu es claro: los beneficios obtenidos por la negociación sindical —salarios, licencias, condiciones laborales— alcanzan a todo el universo comprendido en el convenio, por lo que se considera razonable que todos contribuyan a sostener la estructura que los consigue.

Para el Gobierno, sin embargo, esta figura consagra una “colectivización compulsiva” que contradice la libertad individual. En el trasfondo, la disputa no se limita a una cuestión económica: implica un choque ideológico entre el modelo libertario de atomización contractual y la lógica colectiva del sindicalismo tradicional.

El trasfondo político: Milei frente a la CGT

La embestida libertaria llega en un momento particularmente sensible. La CGT se encamina a renovar su Consejo Directivo el 5 de noviembre, mientras mantiene la cohesión interna tras meses de fricciones por la reforma laboral. En ese marco, el intento del Ejecutivo por restringir las fuentes de financiamiento sindical es leído como un movimiento para debilitar la capacidad de acción gremial antes del debate parlamentario.

El cotitular de la central obrera, Héctor Daer, advirtió que la CGT no cederá ante medidas que impliquen retrocesos:

“Si es para retroceder, no vamos a negociar. No hay indicios claros del borrador que pretende el Gobierno. Si no alcanza con el Parlamento, ejerceremos la presión política y gremial necesaria, como hicimos con el DNU 70”.

El mensaje fue directo. El sindicalismo ya frenó una parte sustancial del decreto en los tribunales y construyó mayorías legislativas circunstanciales para limitar la Ley Bases. La eliminación de la cuota solidaria, según advierten, no solo afectaría el financiamiento de los gremios, sino también la representación colectiva, ya que muchas organizaciones dependen de esos recursos para sostener servicios de salud, asesoramiento jurídico y beneficios sociales.

La ofensiva oficial expone dos visiones antagónicas sobre el sistema laboral argentino. Por un lado, la mirada libertaria de desregulación absoluta, que busca reducir la intermediación sindical y promover acuerdos individuales. Por otro, la concepción histórica del sindicalismo argentino como pilar de la negociación colectiva, cuya fortaleza reside precisamente en la solidaridad contributiva que garantiza su funcionamiento.

El debate, en el fondo, no es técnico sino político: ¿Quién representa a los trabajadores en un mercado desregulado?. Eliminar la cuota solidaria puede interpretarse como un avance en la libertad individual, pero también como un ataque directo a la estructura institucional que equilibra la relación entre capital y trabajo.

Mientras tanto, la CGT enfrenta un doble desafío: defender su autonomía financiera y demostrar que su representatividad no depende solo de los aportes, sino de la legitimidad frente a los trabajadores. El Gobierno, por su parte, apuesta a erosionar el poder sindical sin perder estabilidad parlamentaria ni generar conflicto social.

La batalla por la cuota solidaria no es una discusión marginal: es la prueba de fuego del modelo laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende instaurar. En nombre de la libertad individual, el oficialismo busca desarticular uno de los mecanismos centrales de la estructura gremial argentina.

Para la CGT, el desafío será resistir sin quedar atrapada en una defensa corporativa, y revalidar su papel en una sociedad que reclama representaciones más transparentes y democráticas.
El resultado de esta pulseada marcará si el país avanza hacia un esquema de individualización del trabajo o si logra sostener un sistema colectivo, solidario y equilibrado entre los derechos laborales y las libertades económicas.

Durante el 3° Encuentro de Mujeres Trabajadoras realizado en la CGT San Juan, referentes nacionales como Marina Jaureguiberry, Maia Volcovinsky y Paula Martínez reclamaron mayor representación femenina en los espacios de conducción sindical. El pedido llega en vísperas de la renovación de autoridades de la central obrera y expone una deuda estructural del movimiento obrero con la igualdad de género.

El sindicalismo argentino atraviesa una etapa de redefinición interna. A pocos días de que la Confederación General del Trabajo (CGT) elija una nueva conducción, un grupo de dirigentas nacionales levantó la voz para plantear un reclamo que ya no puede ser postergado: la participación efectiva de las mujeres en la estructura de poder del movimiento obrero.

El 3° Encuentro de Mujeres, reunió a decenas de delegadas sindicales de distintos puntos del país. La jornada estuvo encabezada por tres figuras de peso: Marina Jaureguiberry, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); Maia Volcovinsky, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); y Paula Martínez, de la UOCRA. Todas coincidieron en un punto: la CGT necesita una conducción que refleje la diversidad del mundo laboral actual, donde las mujeres ya no son minoría, pero siguen sin ocupar los principales puestos de decisión.

“Tenemos muchas secretarias generales en todo el país, pero están invisibilizadas. Queremos compañeras en los máximos cargos de conducción y con poder real para decidir”, sostuvo Jaureguiberry, en una frase que sintetizó la demanda colectiva. El planteo va más allá de la representación simbólica: se trata de acceder al núcleo donde se definen las políticas, las estrategias gremiales y las alianzas de poder.

Durante la jornada se discutieron las brechas laborales y sindicales que persisten a pesar de los avances en la agenda de género. Las oradoras destacaron la necesidad de incorporar una mirada transversal sobre las desigualdades, no solo en la distribución de cargos, sino también en las condiciones de trabajo, los salarios y el reconocimiento de las tareas de cuidado. Recordaron que, durante la pandemia, las mujeres sostuvieron sectores esenciales —salud, educación, asistencia comunitaria— sin recibir un reconocimiento proporcional.

En uno de los pasajes más destacados del encuentro, Paula Martínez, representante de UOCRA Mujeres, abordó la transformación de sectores históricamente masculinizados. “La construcción sigue siendo un espacio dominado por varones, pero las mujeres siempre estuvieron ahí, solo que nadie las veía. Hoy empezamos a ocupar lugares y a organizarnos para cambiar esa cultura desde adentro”, afirmó. Su reflexión marcó un punto clave: la inclusión no se decreta, se conquista en el terreno y se consolida con formación, presencia y persistencia.

Por su parte, Maia Volcovinsky apeló a una idea de sindicalismo renovado: “La participación no se impone desde un estrado; se construye desde la confianza y la horizontalidad. Si queremos debatir el país que viene, necesitamos que las mujeres estén en esa mesa”. Su mirada aportó una lectura política de fondo: sin una reforma cultural dentro del movimiento obrero, no habrá paridad genuina, y las conquistas formales seguirán siendo parciales.

El reclamo no se da en el vacío. Llega en un contexto en el que la CGT se prepara para elegir nuevas autoridades el 5 de noviembre, tras la decisión de los actuales secretarios generales —Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello— de no buscar la reelección. Ese recambio abre una oportunidad inédita para revisar la composición de la conducción y dar lugar a una dirigencia más representativa del nuevo mapa laboral argentino.

La cuestión de género en el sindicalismo no es solo un tema de justicia interna: es también un desafío estratégico. El rol de las mujeres trabajadoras en la economía, en el sector público y privado, en la industria y los servicios, creció de manera sostenida en las últimas décadas. Sin embargo, las estructuras gremiales continúan respondiendo a una lógica vertical y masculina, heredera de un tiempo donde la representación obrera era casi exclusivamente masculina.

El debate abierto en San Juan excede los límites del sindicalismo: interpela a toda la estructura de poder del país. Las mujeres de la CGT no reclaman un gesto simbólico, sino un cambio cultural que democratice la toma de decisiones y refleje la pluralidad del movimiento obrero.

A medida que la central sindical se encamina hacia una nueva etapa, el reclamo por la igualdad de género deja de ser una demanda sectorial y se convierte en un test de modernidad institucional.

El futuro de la CGT —y del sindicalismo argentino— dependerá, en gran parte, de su capacidad para incorporar esa diversidad sin perder cohesión ni fuerza política.
En definitiva, el desafío no es solo abrir espacios, sino redefinir el poder desde una perspectiva más justa, inclusiva y representativa.

Los gremios del PAMI iniciaron un nuevo plan de lucha en rechazo al aumento menor al 3% ofrecido por el Gobierno nacional para todo 2025. Tras doce meses de salarios congelados, las organizaciones sindicales consideran la propuesta “una provocación” y denuncian el deterioro en la atención a jubilados y pensionados. Las medidas incluyen paros parciales y una marcha al Ministerio de Desregulación.

El conflicto salarial en el PAMI ingresó en una etapa crítica. Tras un año sin actualizaciones, los trabajadores de la obra social de los jubilados decidieron profundizar las medidas de fuerza luego de que el Gobierno ofreciera un incremento del 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, un total que no supera el 2,8% trimestral.

La propuesta, presentada por funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, fue rechazada de plano por los sindicatos ATE, SUTEPA, APPAMIA y UTI, que la consideraron insuficiente y “desconectada de la realidad inflacionaria”.

“El último aumento fue en octubre del año pasado, de apenas 3,5%. Desde entonces, los sueldos permanecen congelados, mientras los precios crecieron más del 100%. Los trabajadores del PAMI perdieron más del 60% de su poder adquisitivo”, señaló un documento conjunto difundido por los gremios.

El cronograma de medidas comenzó este martes 28 con un paro de dos horas entre las 12 y las 14, continuará el miércoles 29 con una nueva interrupción de tres horas, y culminará el jueves 30 con una movilización nacional. Los sindicatos se concentrarán al mediodía frente a la sede central de la entidad, en avenida Corrientes 655, y marcharán hacia el Ministerio de Desregulación, donde exigirán una reapertura inmediata de la negociación paritaria.

“Una política de recorte que afecta también a los jubilados”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la postura oficial. “Esta política de recorte salarial no solo golpea a los trabajadores, sino que repercute directamente en la atención de más de cinco millones de jubilados. No se trata de un reclamo sectorial, sino de una situación que afecta a todo el sistema previsional”, afirmó.

Aguiar describió la última oferta del Gobierno como “una provocación destinada a agravar el conflicto” y adelantó que las medidas podrían extenderse si no hay respuestas. “Vamos a profundizar el plan de acción, porque nuestras demandas son legítimas. No pedimos privilegios, exigimos respeto y una compensación mínima por el esfuerzo que sostenemos día a día”, agregó.

Durante los paros, las oficinas del PAMI funcionan con dotaciones reducidas, lo que genera demoras en trámites, entrega de medicamentos y atención médica. Los sindicatos advirtieron que el deterioro en las condiciones laborales ya tiene un correlato directo en la calidad del servicio: “Con salarios congelados y personal agotado, es imposible garantizar la atención que los jubilados merecen”, indicaron en un comunicado.

Silencio oficial y malestar creciente

Hasta el momento, el Gobierno no se pronunció públicamente sobre el nuevo plan de lucha ni sobre la posibilidad de revisar la pauta ofrecida. La falta de interlocutores claros y la decisión de centralizar las negociaciones en el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger incrementaron el malestar en los sindicatos, que reclaman un canal de diálogo “serio y con responsabilidad institucional”.

Fuentes gremiales señalan que el congelamiento salarial del PAMI se inscribe en un marco de ajuste generalizado en el sector público, que ya afecta a organismos como el ANSES, la Superintendencia de Salud y el propio Ministerio de Trabajo. “El problema no es solo el porcentaje, sino la falta de voluntad de discutir una recomposición real. Es una decisión política de achicar el Estado a costa de los trabajadores y de los jubilados”, advirtieron desde ATE.

Analistas laborales consultados coinciden en que el conflicto del PAMI puede transformarse en un caso testigo. La paritaria del organismo, congelada desde noviembre de 2024, refleja la tensión estructural entre la política de contención del gasto público y la presión sindical por recuperar ingresos en un contexto de inflación persistente.

Contexto económico y desgaste institucional

El reclamo del PAMI no ocurre en el vacío. Se da en medio de una contracción del consumo, aumento de la pobreza y deterioro de los salarios públicos, que acumulan más de una década de pérdida sostenida frente a la inflación. La promesa de “orden fiscal” del Gobierno convive con un creciente descontento social, y el sistema previsional —por su magnitud y su impacto directo en la vida de millones de personas— se convierte en un escenario sensible.

“Mientras el Ejecutivo busca mostrar disciplina en el gasto, lo que se ve en la base es desfinanciamiento y desmotivación. Los trabajadores del PAMI están sosteniendo la estructura con salarios de hace un año y sin horizonte de recomposición”, señaló un economista especializado en políticas públicas.

La erosión también se percibe en la estructura institucional. En varias provincias, los empleados de la obra social argumentan que faltan insumos básicos, personal administrativo y recursos tecnológicos, lo que profundiza los retrasos y eleva la conflictividad interna.