En el marco del plan de «transformación del Estado» que impulsa el presidente Javier Milei, el gobierno nacional profundizó el desmantelamiento del turismo social. Mediante una resolución oficial, se dispuso el cierre efectivo de los complejos hoteleros estatales de Embalse (Córdoba) y Chapadmalal (Buenos Aires), con el consiguiente despido de todo el personal que aún quedaba en funciones.

La medida alcanza a 101 trabajadores en total, según confirmó Leonardo Ladoux, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Unidad Turística Embalse. De ellos, 45 se desempeñaban en el complejo cordobés del Valle de Calamuchita, que quedará sin un solo empleado.

La resolución oficial establece un trato diferenciado según el tipo de vínculo laboral. Los aproximadamente 30 trabajadores de planta permanente fueron pasados a la figura de «disponibilidad», que implica un plazo de 12 meses para lograr una reubicación dentro de la Administración Pública Nacional. Si vence ese lapso sin una nueva designación, «quedarán automáticamente desvinculados, con derecho a percibir una indemnización conforme lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo».

En cambio, los cerca de 15 empleados contratados que aún quedaban en el complejo fueron despedidos de manera inmediata y sin contemplaciones. La misma lógica se aplicó al emblemático complejo de Chapadmalal, que también fue vaciado de personal y puesto en la misma condición.

Los dos centros turísticos fueron transferidos a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ya no depende de la Secretaría de Turismo de la Nación. Desde esa agencia se confirmó que los predios serán puestos «a la venta o concesión» para que inversores privados definan su futuro.

En el caso de Embalse, se trata de un extenso predio de más de 300 hectáreas junto al mayor lago de Córdoba, inaugurado en la década del 50 como parte de la política de turismo social del Estado argentino. «Es la primera vez desde la apertura de los hoteles que se despide a todo su personal», lamentó David Salto, secretario general de ATE de Río Tercero y zona.

El gremio ATE no tardó en reaccionar. Este sábado, los trabajadores cesanteados y sus familiares realizarán una protesta en el puente del dique de Embalse, sobre el vertedero, un punto neurálgico del tránsito en la ruta 5. Allí cortarán media calzada entre las 9 y las 13, en una medida que anticipa un conflicto creciente.

Pero antes de esa manifestación, el miércoles próximo los representantes gremiales mantendrán una reunión clave con funcionarios de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni. El objetivo es intentar modificar o al menos revisar la decisión gubernamental, aunque las fuentes sindicales se mostraron escépticas. «Nos dijeron que la decisión ya está tomada y que no hay marcha atrás», confió un delegado a La Voz.

El cierre definitivo de la Unidad Turística Embalse no fue repentino. En noviembre de 2024, el complejo ya había sufrido 20 despidos, y desde entonces otros empleados fueron perdiendo su trabajo de manera gradual. Con esta última resolución, el gobierno completa el vaciamiento total del personal, dejando el predio en manos de la AABE para su futura transferencia al sector privado.

La medida se inscribe en la política más amplia del gobierno de Milei de eliminar o reducir al mínimo las áreas vinculadas al turismo social, consideradas por el oficialismo como parte de un «Estado sobredimensionado e ineficiente». Los críticos, en cambio, hablan de «destrucción de fuentes de trabajo públicas sin planes de reconversión» y de «privatización encubierta del patrimonio estatal».

El conflicto promete escalar en los próximos días, mientras los 101 trabajadores despedidos o en disponibilidad aguardan una definición que, por ahora, parece inexorable.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que la desaceleración inflacionaria comenzó a estabilizar la economía, un relevamiento elaborado por trabajadores del INDEC expuso otra cara de la realidad social: en abril de 2026, una familia tipo necesitó ingresos superiores a los 2,4 millones de pesos para cubrir consumos esenciales y sostener condiciones mínimas de bienestar.

El cálculo surge del estudio periódico que realiza la junta interna de ATE en el organismo estadístico, una medición que busca establecer cuál debería ser el Salario Mínimo, Vital y Móvil necesario para garantizar vivienda, alimentación, transporte, salud, educación, esparcimiento y acceso a bienes básicos para un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos en edad escolar.

Según el documento, el ingreso requerido alcanzó exactamente los $2.400.186, en un escenario donde los salarios continúan corriendo muy por detrás de los costos cotidianos pese a la desaceleración de los índices inflacionarios.

La radiografía elaborada por los trabajadores del instituto pone el foco en un fenómeno que atraviesa amplios sectores asalariados: la pérdida persistente de capacidad de compra aun en un contexto de menor ritmo de aumento de precios. El documento sostiene que la desaceleración inflacionaria “no se traduce en alivio” para los hogares y advierte que el deterioro acumulado de los ingresos profundiza el endeudamiento y la fragilidad económica de miles de familias.

El documento también expone la situación salarial dentro de la propia administración pública nacional. De acuerdo con la medición de ATE-INDEC, un trabajador estatal encuadrado en la categoría testigo Nivel D Grado 0 del convenio SINEP percibe actualmente alrededor de $713.023 mensuales, una cifra que, según remarcan, quedó muy lejos de la evolución real del costo de vida.

Los trabajadores aseguran que, si esos haberes hubiesen acompañado la inflación acumulada desde diciembre de 2015, deberían ubicarse hoy por encima de $1,6 millones. En ese período —afirman— la pérdida de poder adquisitivo alcanzó niveles históricos y se profundizó con fuerza desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La publicación cuestiona además la narrativa oficial sobre la recuperación económica y plantea que los indicadores macroeconómicos todavía no logran reflejarse en el bolsillo de gran parte de la población asalariada. El informe menciona especialmente el incremento sostenido de alimentos, alquileres, tarifas de servicios, transporte y gastos vinculados a salud y educación, variables que continúan presionando sobre los ingresos familiares.

En ese sentido, el estudio advierte sobre una caída del consumo que ya comienza a impactar en distintos sectores comerciales y productivos, alimentando un círculo de retracción económica que combina salarios deprimidos, menor capacidad de compra y aumento en la precarización.

“El problema no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto se redujo la capacidad real de los ingresos para sostener una vida digna”, señalaron desde la organización gremial al presentar el relevamiento.

El informe vuelve a colocar en el centro del debate la discusión sobre salarios, paritarias y condiciones de vida en un país donde la desaceleración de la inflación todavía convive con fuertes dificultades para recomponer el tejido social y el poder adquisitivo de los trabajadores.

La crisis institucional desatada en la Unión Obrera Metalúrgica escaló este viernes luego de que la conducción nacional del sindicato respondiera con dureza al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que anuló las elecciones internas y dispuso la intervención judicial de la organización por 180 días. Desde el gremio calificaron la resolución como “arbitraria” y “antidemocrática”, apuntaron contra los magistrados que firmaron la sentencia y denunciaron un intento de disciplinamiento sobre uno de los principales sindicatos industriales del país.

A través de un extenso comunicado, la organización encabezada por Abel Furlán sostuvo que la medida judicial constituye un ataque directo contra la autonomía sindical y vinculó la decisión con el clima de confrontación abierto entre el movimiento obrero y el gobierno de Javier Milei.

La conducción metalúrgica cuestionó especialmente a los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII del tribunal laboral, a quienes acusó de actuar en línea con los intereses empresarios y con las reformas impulsadas por el oficialismo nacional.

“El mismo sector judicial que acompañó los cambios laborales promovidos por el Gobierno ahora avanza sobre la estructura sindical”, expresaron desde la organización, que interpretó la resolución como parte de una ofensiva orientada a debilitar la capacidad de negociación gremial en plena discusión salarial de la actividad metalúrgica.

La UOM atraviesa desde hace meses una fuerte disputa interna derivada del proceso electoral desarrollado en la seccional Campana, origen de la causa judicial que terminó impactando sobre toda la estructura nacional del sindicato. El fallo declaró inválidos los comicios celebrados entre el 2 y el 4 de marzo al considerar que no existieron garantías suficientes sobre la custodia de urnas y la transparencia del procedimiento. Esa nulidad fue posteriormente extendida a la elección nacional que había ratificado a Furlán al frente del gremio.

Para la conducción metalúrgica, sin embargo, detrás de la sentencia existe una construcción política más amplia. El comunicado aseguró que la intervención “no comenzó con este fallo”, sino que responde a una estrategia de desgaste impulsada desde sectores empresariales, judiciales y políticos para erosionar a una organización sindical con fuerte presencia en la industria.

En ese sentido, el sindicato también cargó contra la Lista Naranja de Campana, sector opositor que promovió la demanda judicial, al que acusó de haberse transformado en una herramienta funcional a intereses ajenos a los trabajadores.

La organización reivindicó además el resultado de las urnas y aseguró que tanto la conducción nacional como las autoridades seccionales obtuvieron un respaldo contundente de los afiliados. “Los metalúrgicos ya se expresaron democráticamente”, sostuvieron desde el espacio que lidera Furlán.

El pronunciamiento incluyó además una convocatoria explícita al conjunto del movimiento obrero. La UOM llamó a centrales sindicales, cuerpos de delegados y organizaciones gremiales a pronunciarse en defensa de la autonomía sindical y advirtió que la disputa excede la situación interna del gremio metalúrgico.

“Lo que está en juego no es solamente una conducción sindical, sino el alcance de la representación obrera frente a un modelo económico que necesita sindicatos debilitados”, afirmaron desde la entidad.

En este cuadro, la resolución judicial abrió un escenario de enorme incertidumbre dentro del histórico sindicato industrial. La intervención quedó a cargo del abogado Alberto Biglieri, designado por la Cámara para administrar la organización y convocar a nuevas elecciones en un plazo máximo de seis meses.

El conflicto irrumpe además en un momento de elevada sensibilidad para el sector metalúrgico, atravesado por negociaciones salariales tensas, caída del poder adquisitivo y preocupación permanente por la retracción de la actividad industrial.

Con 83 años de historia y un peso determinante dentro de la estructura sindical argentina, la UOM quedó ahora en el centro de uno de los episodios institucionales más delicados de los últimos años para el movimiento obrero organizado.