Un estudio de QSocial sostiene que cuatro de cada diez argentinos no se sienten representados ni por el oficialismo ni por el kirchnerismo. El dato reactivó el análisis entre dirigentes sindicales y referentes políticos que observan la posibilidad de consolidar una alternativa competitiva de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a instalarse en distintos ámbitos políticos y sindicales. En ese marco, un relevamiento de opinión pública elaborado por la consultora QSocial despertó interés entre dirigentes gremiales no alineados con los principales espacios nacionales, al identificar un amplio universo de votantes que hoy no encuentra representación en la oferta política vigente.

El sondeo, realizado sobre 1.880 casos, concluye que el 40% de los consultados rechaza tanto al gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo, un segmento que la consultora define como la «pecera del medio», integrada por ciudadanos que no adhieren a ninguno de los dos polos que dominan la discusión política.

Según el documento, ese electorado no responde a un perfil de apatía o desinterés. Por el contrario, se trata de votantes con posiciones críticas, expectativas definidas y demandas concretas respecto del tipo de liderazgo que esperan para los próximos años. Esa característica alimenta la hipótesis de que podría emerger una fuerza capaz de disputar el poder por fuera de la actual polarización.

Entre dirigentes sindicales y referentes que impulsan alternativas políticas alejadas tanto del oficialismo como del kirchnerismo, la encuesta fue interpretada como un indicio de que podría consolidarse un esquema electoral de tercios, similar al que comenzó a insinuarse en 2023 con la irrupción de Javier Milei, quien pasó de ser un dirigente ajeno a las estructuras tradicionales a imponerse en el balotaje presidencial.

No obstante, el propio estudio advierte que esa oportunidad tiene un plazo limitado. La consultora sostiene que, si no aparece una propuesta con capacidad de interpelar a ese universo de votantes y construir competitividad desde el inicio, terminará prevaleciendo nuevamente la lógica del voto útil, favoreciendo a los dos espacios con mayores posibilidades electorales.

El informe señala que la polarización continúa funcionando como un factor de fuerte atracción sobre el electorado y sostiene que, en ausencia de una opción con volumen político suficiente, una parte importante de ese 40% podría volver a optar por alguno de los dos bloques predominantes para evitar el triunfo del adversario.

La discusión también comienza a trasladarse al movimiento sindical. Diversos dirigentes consideran que el reordenamiento político de los próximos meses será determinante para definir alianzas y candidaturas de cara a 2027. Algunos espacios observan con interés el surgimiento de figuras ajenas a la política tradicional, mientras otros promueven la construcción de una propuesta con fuerte respaldo social, productivo y gremial.

El trabajo de QSocial concluye que la posibilidad de conformar una alternativa competitiva permanece vigente, aunque advierte que su éxito dependerá de la aparición de un liderazgo con capacidad para capitalizar el descontento antes de que la dinámica de la polarización vuelva a concentrar el voto en los dos principales bloques políticos.

La cadena cerró su sucursal de Río Gallegos y despidió a toda la plantilla. La decisión afectó a más de 30 empleados directos y puso en riesgo otros 40 puestos vinculados a servicios tercerizados, en un marco de fuerte caída del consumo.

El cierre definitivo de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos, en Santa Cruz, volvió a reflejar el deterioro que atraviesa el comercio minorista en distintos puntos del país. La empresa resolvió cesar las operaciones del establecimiento y desvincular a la totalidad de sus trabajadores, una medida que dejó sin empleo a más de 30 personas y generó inquietud entre el personal de la cadena en otras provincias.

La decisión fue comunicada de forma intempestiva. Al presentarse a trabajar en el local de la avenida Néstor Kirchner 742, los empleados encontraron el establecimiento cerrado, mientras directivos llegados desde Buenos Aires, acompañados por un escribano público, les entregaban los telegramas de despido. «Vinieron, nos reunieron y nos echaron», resumió uno de los trabajadores afectados al relatar cómo se desarrolló la reunión.

Entre los despedidos hubo empleados que se encontraban de vacaciones al momento de la notificación. Según señalaron, durante el encuentro no recibieron precisiones sobre una eventual reubicación en otras dependencias de la empresa, aunque permanece la expectativa de que algunos puedan ser incorporados al hipermercado que Carrefour posee en la capital santacruceña.

La compañía informó que abonará las indemnizaciones previstas por la legislación laboral vigente. No obstante, el impacto excede al personal propio. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó que la firma atribuyó el cierre a la persistente retracción del consumo y al complejo panorama económico. Además de los más de 30 trabajadores directos, la medida compromete alrededor de otros 40 empleos vinculados a empresas de seguridad, limpieza y servicios de verdulería que operaban en el establecimiento.

El local funcionaba sobre una de las principales arterias comerciales de Río Gallegos y ocupaba un inmueble históricamente asociado a la venta de productos de consumo masivo, por lo que su cierre representa un fuerte golpe para la economía de la ciudad.

La repercusión del caso trascendió el ámbito provincial debido al peso de Carrefour dentro del mercado argentino. La multinacional, con presencia en más de 40 países y una extensa red de sucursales en el país, concentra miles de puestos de trabajo, por lo que la decisión alimentó la preocupación entre sus empleados y el movimiento sindical ante la persistencia de la caída de las ventas y el deterioro del consumo.

Mientras avanza el proceso de desvinculación, no existen confirmaciones oficiales sobre posibles reubicaciones del personal. La incertidumbre se mantiene entre los trabajadores, en un momento en que el comercio continúa enfrentando uno de los períodos más complejos de los últimos años.

Organizaciones sociales, gremios y referentes de la economía popular marcharon por el microcentro sanjuanino para exigir la continuidad del programa Volver al Trabajo, cuya finalización está prevista para agosto. Los manifestantes advirtieron que la medida afectará a unas 20.000 personas en la provincia y a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

San Juan fue una de las provincias que se incorporó a la jornada nacional de protesta impulsada por organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el programa Volver al Trabajo. La movilización recorrió el microcentro de la capital provincial, provocó demoras en la circulación vehicular y concluyó con la entrega de un petitorio en la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

De la convocatoria participaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), SATSAID y otras organizaciones sindicales y sociales que coincidieron en reclamar la restitución del beneficio económico y una revisión de la política oficial hacia la economía popular.

La protesta se produjo luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto una medida cautelar que ordenaba mantener el pago mensual del programa. Esa resolución despejó el camino para que el Poder Ejecutivo avance con la finalización del beneficio y la implementación de un nuevo esquema de asistencia.

«No reclamamos un subsidio, reclamamos trabajo»

Durante la manifestación, la referente del MTE Ivana Saavedra sostuvo que la decisión dejará sin ingresos a miles de trabajadores que desarrollan tareas comunitarias en barrios populares.
«Lo que estamos reclamando es un derecho que se nos quita desde agosto. Los 78.000 pesos permitían sostener espacios comunitarios, comedores, merenderos y ollas populares. Lo que buscamos es acceder a un trabajo digno; las capacitaciones ya las realizamos», expresó.
Según indicó, la eliminación del programa alcanzará a aproximadamente 20.000 personas en San Juan, muchas de las cuales complementaban esos recursos con actividades de la economía popular.

Saavedra explicó además que únicamente continuará vigente el programa Acompañamiento Social para los grupos comprendidos por la Resolución 90/2026, principalmente personas mayores de 50 años, mientras que el resto de los beneficiarios dejará de percibir la prestación a partir de agosto.

Un reclamo dirigido a la Nación

El petitorio fue recibido por autoridades de la Agencia Territorial local, aunque los propios manifestantes reconocieron que la decisión depende exclusivamente del Gobierno nacional.

El dirigente de la UTEP Fidel Maric señaló que el documento busca que el planteo llegue a las autoridades nacionales y permita revisar la medida.
«La delegación fue recibida con respeto, pero sabemos que la definición no está en la oficina local. El objetivo es que nuestro reclamo llegue a quienes tienen la responsabilidad de resolver la continuidad del programa», sostuvo.

Qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo fue creado en 2024 tras la disolución de Potenciar Trabajo, con el propósito de favorecer la inserción laboral de trabajadores de la economía popular mediante capacitación, formación profesional, prácticas laborales y el fortalecimiento de emprendimientos productivos.

Como complemento de esas acciones, contemplaba una prestación mensual de 78.000 pesos, destinada a acompañar los procesos de incorporación al mercado laboral. Hasta su eliminación, alcanzaba a cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país.

Una protesta con alcance nacional

La importante movilización desarrollada en San Juan formó parte de una jornada coordinada en distintas provincias, donde organizaciones sociales y gremiales cuestionaron el rediseño de las políticas de asistencia impulsado por la administración de Javier Milei.

Los convocantes sostienen que la eliminación de Volver al Trabajo reducirá los recursos disponibles para miles de familias vinculadas a la economía popular y afectará el funcionamiento de comedores, merenderos y otros espacios comunitarios. Frente a ese panorama, anticiparon que continuarán impulsando gestiones y nuevas acciones para reclamar la restitución del programa o la implementación de un mecanismo que garantice la continuidad del acompañamiento económico y la generación de empleo genuino.