Docentes porteños ponen e peligro el inicio de clases
Los gremios docentes aseguraron que si las condiciones no están dadas, no volverán a la presencialidad

Los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires advierten que si no están dadas las condiciones sanitarias y epidemiológicas no van a acompañar el regreso a las clases presenciales, previsto por el Ministerio de Educación porteño para el 17 de febrero.
«Si las condiciones no están dadas, no vamos a acompañar. Lo venimos diciendo desde un principio a nivel nacional. Hoy la situación está cambiando y es esencial que el gobierno de la Ciudad garantice las condiciones para la presencialidad: insumos, máscaras, alcohol en gel, y docentes auxiliares», dijo Norberto Cabanas, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) seccional Capital.
Si bien el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, expresó que «el inicio de clases no está asociado a la vacuna, pero la vacuna fortalece», algunos gremios docentes vinculan la presencialidad con la eventual inmunidad de los docentes, en un escenario difícil de proyectar por las dudas que rodean la provisión de dosis.
Eduardo López, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y dirigente de Ctera, también asoció el inicio de las clases con las vacunas. «Si los maestros van a estar vacunados, el riesgo de contagio es muy bajo. El hecho de que el personal docente y no docente sea considerado esencial y se vaya a vacunar hace que los riesgos que tengan sean bajos», dijo.
Las escuelas van a estar abiertas desde el 8 de febrero para que los directivos y los docentes prepararen lo necesario para recibir a los estudiantes, aseguraron fuentes del ministerio de Educación de la ciudad. Sin embargo, Mariana Scayola, la secretaria general del gremio Ademys, anticipó: «En esa misma semana decidiremos en asamblea cuál es la situación, para priorizar la salud de los estudiantes y los docentes. La docencia decidirá cómo se vuelve en febrero».
En el marco de un aumento de casos de coronavirus Covid-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los gremios docentes manifestaron que, como la situación epidemiológica actual es compleja, se dificulta evaluar qué puede suceder en febrero para que las condiciones permitan comenzar las clases de forma presencial.
«El gobierno se ha venido manejando como si fuéramos a encontrarnos mágicamente con un escenario de normalidad. Eso generó expectativas en la vacunación, pero estamos lejos de una situación que pueda resolverse para febrero con ella», argumentó la secretaria general de Ademys.
A lo largo del año pasado, el gobierno porteño encabezó los intentos por reabrir las aulas.
Si bien en la Ciudad de Buenos Aires sostuvieron que «se está llevando a cabo un proceso participativo para debatir los detalles del ciclo lectivo 2021 a través de reuniones con padres, alumnos, docentes, gremios, especialistas», los gremios consultados dijeron no haber participado de esos encuentros con el Ministerio.
Por su parte, el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires está previsto que comience el 1° de marzo y con modalidad presencial, siempre que lo permita la situación epidemiológica de cada municipio. «Seguramente haya un esquema bimodal que combine encuentros presenciales y no presenciales», informaron desde la Dirección General de Cultura y Educación, que encabeza Agustina Vila.
«Desde octubre estamos aplicando en la provincia un plan jurisdiccional para el regreso seguro a clases presenciales», agregaron, para completar: «Las clases presenciales ya se implementaron en 26 distritos que están en bajo riesgo epidemiológico y al terminar el ciclo lectivo estaban habilitados en todos los distritos de la provincia los actos de egreso y las actividades de revinculación».
Sin embargo, los gremios docentes de la provincia advierten que, por el momento, el gobierno de Axel Kicillof no los convocó para empezar a definir cuáles serán estas condiciones seguras y saludables.
Los gremios se preparan para comenzar con los distintos esquemas que se elaboraron a fin de 2020, «según la situación epidemiológica garantizando las condiciones que indica el protocolo jurisdiccional». Así lo informó la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini.
«Nosotros estamos dispuestos a la presencialidad. Y eso esperamos. Pero en condiciones seguras y saludables», indicaron desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
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Crece el rechazo a la ley de extranjerización de tierras y anuncian nuevas protestas
La CGT, las dos CTA y la UTEP confirmaron movilizaciones para el 6 y 7 de agosto. El primer reclamo será frente al Senado, donde se debatirá la reforma de la Ley de Tierras Rurales, mientras que al día siguiente participarán de la tradicional marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo.
La CGT, las CTA y la UTEP convocan a dos marchas contra la ley de tierras del Gobierno
La conflictividad entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical sumará un nuevo capítulo la próxima semana. La CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron una doble jornada de movilización para rechazar el proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras Rurales y para volver a reclamar cambios en la política económica impulsada por la administración de Javier Milei.
La primera convocatoria será el jueves 6 de agosto frente al Congreso, en coincidencia con la reanudación del debate en el Senado sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Un día después, el viernes 7, las organizaciones volverán a las calles en el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, con una concentración que culminará en Plaza de Mayo.
La propuesta oficial introduce cambios sustanciales en la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Entre sus puntos más discutidos elimina el límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y suprime las restricciones que impedían la adquisición de grandes extensiones en zonas productivas. El Gobierno sostiene que las modificaciones permitirán atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica, mientras que sus detractores advierten que comprometen el control nacional sobre recursos considerados estratégicos.
La iniciativa también reforma el régimen de expropiaciones, estableciendo indemnizaciones calculadas sobre el valor de mercado, con un tope para el lucro cesante, y condiciona la transferencia del dominio al pago efectivo de la compensación. A ello se suma la incorporación de procedimientos judiciales más rápidos para los desalojos y la derogación de disposiciones de la Ley de Manejo del Fuego que impedían modificar el destino de tierras afectadas por incendios durante un plazo de treinta años.
El rechazo excedió el ámbito sindical. Diversas organizaciones sociales y rurales se integraron a la denominada Coalición Federal en Defensa de la Tierra y a la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, que durante los últimos días impulsaron radios abiertas, campañas de recolección de firmas, encuentros públicos y un banderazo bajo la consigna «Argentina no se vende».
A ese pronunciamiento se sumaron entidades religiosas. La Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío expresaron públicamente su preocupación por el contenido del proyecto y solicitaron a los legisladores un análisis profundo de las modificaciones propuestas antes de avanzar con su sanción.
En el plano parlamentario, el debate en el Senado acumula cuatro postergaciones debido a las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios. La discusión volverá al recinto este jueves tras un cuarto intermedio solicitado durante la última sesión, en medio de intensas negociaciones entre el Gobierno y distintos bloques legislativos.
Para la CGT, las CTA y la UTEP, la movilización busca influir en esa definición parlamentaria y consolidar un frente común frente a las reformas impulsadas por la Casa Rosada. La convocatoria se suma a las recientes marchas junto a organizaciones de jubilados y anticipa un segundo semestre condicionado por la agitación gremial y las protestas comunitarias frente a la gestión oficial.
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Paritaria de encargados de edificios: aumento para julio y agosto y revisión en septiembre
La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal pactó incrementos para julio y agosto, mantuvo una suma fija remunerativa de $25.000 hasta septiembre y estableció una cláusula de revisión para redefinir los salarios de los próximos meses según la evolución de la economía.
La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que fija las remuneraciones de los encargados de edificios para el trimestre julio-septiembre de 2026. El entendimiento incorpora incrementos escalonados sobre los salarios básicos, mantiene una suma fija remunerativa mensual y deja abierta la negociación mediante una cláusula de revisión prevista para septiembre.
El convenio, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 589/10, fue suscripto entre la organización sindical y las entidades empleadoras del sector: la Unión Administradores de Inmuebles, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal. El objetivo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores en un proceso de negociación que continúa adaptándose a la evolución de la inflación y de los ingresos reales.
Para los haberes de julio se estableció un incremento del 2% sobre los salarios básicos vigentes en junio para la cuarta categoría del convenio, porcentaje que se traslada de manera proporcional al resto de las categorías y a los adicionales convencionales. Además, se actualizó la suma fija remunerativa mensual, que quedó establecida en $25.000.
En agosto, los salarios volverán a incrementarse un 1,9% sobre las escalas vigentes de julio, manteniendo el mismo criterio de aplicación para todas las categorías previstas en el convenio colectivo. La suma fija de $25.000 también continuará abonándose junto con los haberes mensuales.

Para septiembre no se incorporó un nuevo porcentaje de incremento sobre los básicos, aunque se resolvió sostener el pago de la suma fija remunerativa. Ese mes será determinante para la continuidad de la negociación, ya que las partes acordaron volver a reunirse para evaluar la evolución de los principales indicadores económicos y definir una eventual recomposición para el último tramo del año.
La incorporación de una cláusula de revisión refleja una modalidad que comenzó a consolidarse en las negociaciones colectivas de distintos convenios. Frente a una inflación que continúa condicionando las paritarias, los acuerdos de corto plazo permiten ajustar las escalas con mayor frecuencia y reducir el riesgo de un nuevo atraso salarial entre una negociación y otra.
El acta será remitida a la Secretaría de Trabajo para su homologación. No obstante, las partes establecieron que, si el trámite administrativo no concluye antes del vencimiento de los salarios correspondientes a julio, agosto o septiembre, los empleadores deberán liquidar igualmente los incrementos previstos bajo el concepto de «a cuenta del acuerdo paritario», tomando como referencia las escalas salariales difundidas por FATERYH.
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Supermercados activan retiros voluntarios en San Juan y crece la preocupación gremial
El Sindicato Empleados de Comercio confirmó que las cadenas Vea y Átomo impulsan retiros voluntarios dirigidos principalmente a empleados de 57 y 58 años, con más de 30 años de antigüedad. El gremio advirtió que las propuestas, en algunos casos, representan entre el 60% y el 70% de la indemnización legal y recomendó analizar cada ofrecimiento antes de aceptar.
La persistente retracción del consumo comenzó a reflejarse con mayor intensidad en el mercado laboral sanjuanino. Las principales cadenas de supermercados iniciaron un proceso de retiros voluntarios orientado a reducir sus dotaciones, una decisión que encendió la preocupación del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) por el alcance que podría adquirir esta modalidad en los próximos meses.
La secretaria general del gremio, Mirna Moral, confirmó que las propuestas fueron impulsadas por Vea y Átomo, aunque precisó que el mayor número de ofrecimientos corresponde a la firma perteneciente al grupo Cencosud, una de las empresas con mayor presencia en la provincia.
Según explicó la dirigente, los acuerdos están dirigidos principalmente a personas de 57 y 58 años, especialmente aquellas que ya reúnen los años de aportes requeridos para acceder a la jubilación. En la mayoría de los casos se trata de empleados con alrededor de tres décadas de servicio, cuyos ingresos incorporan adicionales convencionales que incrementan significativamente el costo salarial.
En Vea, las compensaciones ofrecidas representan entre el 60% y el 70% de la indemnización prevista por ley. Debido a la extensa trayectoria de muchos de los alcanzados, las cifras pueden oscilar entre 60 y 70 millones de pesos, montos que, si bien resultan elevados, no siempre compensan la pérdida de un ingreso estable hasta el momento del retiro definitivo de la vida laboral.
En Átomo, la operatoria también comenzó a implementarse, aunque con ofrecimientos de menor magnitud económica. De acuerdo con el SEC, esas condiciones despertaron escaso interés entre quienes fueron convocados a negociar su desvinculación.
Desde la organización sindical remarcaron que cada propuesta es analizada de manera individual. Antes de aceptar cualquier convenio, el gremio evalúa la realidad familiar, la cercanía de la jubilación, la existencia de personas a cargo y las posibilidades concretas de reinserción laboral, con el propósito de brindar un asesoramiento integral y evitar decisiones apresuradas.
Moral recordó que existen antecedentes de trabajadores que aceptaron este tipo de acuerdos atraídos por una importante compensación económica y, tiempo después, regresaron al sindicato tras agotar esos recursos sin haber logrado reincorporarse al mercado laboral.
La preocupación no es nueva. A fines del año pasado, el cierre de la sucursal de Vea Villa Krause dejó 16 personas alcanzadas por un proceso que concluyó con indemnizaciones abonadas en su totalidad, reubicaciones en otros establecimientos y retiros voluntarios.
Para el gremio, la expansión de este mecanismo constituye un nuevo indicador del deterioro que atraviesa el comercio minorista. La desaceleración de las ventas, el aumento de los costos operativos y la necesidad de las empresas de reorganizar sus estructuras comienzan a traducirse en cambios dentro de uno de los principales generadores de empleo privado de San Juan, un fenómeno que el movimiento sindical sigue con especial atención ante su posible profundización.
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