
Docentes porteños ponen e peligro el inicio de clases
Los gremios docentes aseguraron que si las condiciones no están dadas, no volverán a la presencialidad

Los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires advierten que si no están dadas las condiciones sanitarias y epidemiológicas no van a acompañar el regreso a las clases presenciales, previsto por el Ministerio de Educación porteño para el 17 de febrero.
«Si las condiciones no están dadas, no vamos a acompañar. Lo venimos diciendo desde un principio a nivel nacional. Hoy la situación está cambiando y es esencial que el gobierno de la Ciudad garantice las condiciones para la presencialidad: insumos, máscaras, alcohol en gel, y docentes auxiliares», dijo Norberto Cabanas, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) seccional Capital.
Si bien el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, expresó que «el inicio de clases no está asociado a la vacuna, pero la vacuna fortalece», algunos gremios docentes vinculan la presencialidad con la eventual inmunidad de los docentes, en un escenario difícil de proyectar por las dudas que rodean la provisión de dosis.
Eduardo López, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y dirigente de Ctera, también asoció el inicio de las clases con las vacunas. «Si los maestros van a estar vacunados, el riesgo de contagio es muy bajo. El hecho de que el personal docente y no docente sea considerado esencial y se vaya a vacunar hace que los riesgos que tengan sean bajos», dijo.
Las escuelas van a estar abiertas desde el 8 de febrero para que los directivos y los docentes prepararen lo necesario para recibir a los estudiantes, aseguraron fuentes del ministerio de Educación de la ciudad. Sin embargo, Mariana Scayola, la secretaria general del gremio Ademys, anticipó: «En esa misma semana decidiremos en asamblea cuál es la situación, para priorizar la salud de los estudiantes y los docentes. La docencia decidirá cómo se vuelve en febrero».
En el marco de un aumento de casos de coronavirus Covid-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los gremios docentes manifestaron que, como la situación epidemiológica actual es compleja, se dificulta evaluar qué puede suceder en febrero para que las condiciones permitan comenzar las clases de forma presencial.
«El gobierno se ha venido manejando como si fuéramos a encontrarnos mágicamente con un escenario de normalidad. Eso generó expectativas en la vacunación, pero estamos lejos de una situación que pueda resolverse para febrero con ella», argumentó la secretaria general de Ademys.
A lo largo del año pasado, el gobierno porteño encabezó los intentos por reabrir las aulas.
Si bien en la Ciudad de Buenos Aires sostuvieron que «se está llevando a cabo un proceso participativo para debatir los detalles del ciclo lectivo 2021 a través de reuniones con padres, alumnos, docentes, gremios, especialistas», los gremios consultados dijeron no haber participado de esos encuentros con el Ministerio.
Por su parte, el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires está previsto que comience el 1° de marzo y con modalidad presencial, siempre que lo permita la situación epidemiológica de cada municipio. «Seguramente haya un esquema bimodal que combine encuentros presenciales y no presenciales», informaron desde la Dirección General de Cultura y Educación, que encabeza Agustina Vila.
«Desde octubre estamos aplicando en la provincia un plan jurisdiccional para el regreso seguro a clases presenciales», agregaron, para completar: «Las clases presenciales ya se implementaron en 26 distritos que están en bajo riesgo epidemiológico y al terminar el ciclo lectivo estaban habilitados en todos los distritos de la provincia los actos de egreso y las actividades de revinculación».
Sin embargo, los gremios docentes de la provincia advierten que, por el momento, el gobierno de Axel Kicillof no los convocó para empezar a definir cuáles serán estas condiciones seguras y saludables.
Los gremios se preparan para comenzar con los distintos esquemas que se elaboraron a fin de 2020, «según la situación epidemiológica garantizando las condiciones que indica el protocolo jurisdiccional». Así lo informó la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini.
«Nosotros estamos dispuestos a la presencialidad. Y eso esperamos. Pero en condiciones seguras y saludables», indicaron desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
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Mario Quinteros: “Estamos en una libertad a medias, el ajuste nos asfixia y la homologación se vuelve una traba”

Mario Quinteros, representante del sindicato de trabajadores de televisión, servicios TIC, video y conectividad (SATSAID) en San Juan, trazó un panorama claro y preocupante sobre el presente del empleo en Argentina, particularmente en su sector. En diálogo con Mundo Laboral, el dirigente hizo foco en la precarización del trabajo, la informalidad creciente y la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional.
“Dicen que crece el empleo, pero lo que crece es el trabajo informal: gente que perdió su puesto registrado y ahora trabaja como chofer de Uber, delivery o cualquier otra actividad no regulada”, advirtió.
Paritarias a contrarreloj: acuerdos mensuales frente a una inflación imparable
La negociación salarial ya no se realiza ni anualmente ni semestralmente. Quinteros confirmó que el gremio está cerrando acuerdos prácticamente mes a mes, dado el contexto inflacionario que licúa cualquier recomposición en cuestión de semanas. “Hoy firmamos paritarias que duran un mes, cuando antes alcanzaban para todo el año. Es muy difícil sostener cualquier planificación en estas condiciones”.
En este marco, se aprobó recientemente un aumento salarial para los trabajadores del circuito cerrado de televisión (cables y conectividad), correspondiente al último trimestre. “Logramos recuperar una pérdida de más de tres puntos frente a la inflación. Las cámaras empresarias lo aceptaron y el acuerdo fue aprobado por los trabajadores”, indicó.
Sin embargo, el gran escollo actual es la homologación por parte del Estado. “Las partes —los trabajadores y los empleadores— llegamos a un acuerdo legítimo, pero luego dependemos de que un tercero, que no participó del proceso, lo convalide. Y eso no ocurre. Es una locura”, denunció Quinteros.
Según el dirigente, la dilación de estos trámites impide que los aumentos se apliquen en tiempo y forma, generando desigualdades entre grandes empresas, que suelen anticipar los pagos, y pequeños canales locales, que deben esperar la aprobación formal.
“Estamos en una libertad a medias. Nos dejan negociar, pero después nos traban lo acordado. Es un desgaste permanente”, sostuvo.
Medios tradicionales en crisis: baja pauta y escasa inversión
El panorama no es más alentador para los canales de aire. El convenio colectivo 131 —que regula las condiciones de estos trabajadores— avanza lentamente, en un contexto de crisis profunda para los medios tradicionales. La reducción de la pauta oficial y la retracción de anunciantes privados han generado un pasivo financiero que impacta de lleno en el empleo.
“Los canales abiertos la están pasando muy mal. No hay inversión, no hay crecimiento, y apenas pueden sostener su estructura. Pelean por mantener a sus abonados y con eso subsistir”, explicó Quinteros.
Sobre el final del diálogo, Mario Quinteros se mostró agradecido por el espacio para visibilizar la situación del sector, pero no ocultó su preocupación. “Estamos muy complicados. Llevamos muchos meses de angustia y desgaste. Ojalá el país pueda encontrar un rumbo, porque hace falta un respiro para los trabajadores y para todos los argentinos”.
En medio de un ajuste implacable, SATSAID continúa negociando por la dignidad de sus afiliados, con la esperanza de que la estabilidad vuelva a ser una palabra con sentido en la Argentina que viene.
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La lucha global por los derechos laborales en la era digital

Organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña global para exigir garantías laborales para quienes trabajan a través de aplicaciones digitales, en el marco de la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. La iniciativa busca frenar la precarización estructural que enfrentan millones de personas repartidoras y conductoras en todo el mundo.
La economía de plataformas ha revolucionado la forma en que trabajamos y nos relacionamos con el mercado laboral. Sin embargo, detrás de la promesa de flexibilidad y autonomía, se esconde una realidad de precarización y desprotección para millones de trabajadores en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca visibilizar esta problemática y exigir cambios estructurales para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de plataformas.
La precarización laboral en la era digital
Los algoritmos de las aplicaciones definen turnos, ingresos y sanciones, sin transparencia ni participación de las personas afectadas. A pesar de la promesa de flexibilidad, en la práctica los trabajadores carecen de estabilidad, protección social y derechos básicos. Las empresas son las mayores beneficiarias de este modelo de negocio, que les permite externalizar costos y maximizar ganancias a costa de la desprotección de los trabajadores.
La lucha por la regulación
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) juega un papel fundamental en la regulación de los derechos laborales en todo el mundo. La campaña «Con los derechos no se juega» busca presionar a la OIT para que establezca normas internacionales que garanticen derechos laborales en el entorno digital. La aprobación de un instrumento normativo vinculante que regule estas tecnologías del trabajo es imprescindible para garantizar la transparencia en el uso de los datos y proteger los derechos de los trabajadores.
La situación en América Latina
En América Latina, también hay intentos por legislar sobre el trabajo en plataformas. Sin embargo, aún quedan desafíos como el uso de datos, los seguros, la libertad de asociación y la gestión algorítmica. La región necesita una regulación efectiva que proteja los derechos de los trabajadores y garantice condiciones laborales justas.
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Víctor Menéndez: Los trabajadores no pueden seguir siendo el pato de la boda

El titular de estaciones de servicio en San Juan, Víctor Menéndez, analizó la crítica situación que atraviesan los trabajadores ante el ajuste del gobierno nacional, el estancamiento paritario y la falta de voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo.
En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, referente sindical del sector de estaciones de servicio en San Juan, expresó su profunda preocupación por el contexto económico actual y su impacto directo en los trabajadores. Según afirmó, el poder adquisitivo ha sufrido un deterioro alarmante, los sueldos no alcanzan y las paritarias se encuentran prácticamente congeladas.
“La situación es muy complicada. No recuerdo una etapa tan difícil en los últimos tiempos. Los salarios están destruidos y no vemos una solución cercana”, sentenció Menéndez.
El dirigente explicó que, si bien recientemente lograron un acuerdo salarial del 3% para mayo, el mismo quedó muy lejos de cubrir las necesidades reales del sector. Además, reconoció que la Secretaría de Trabajo impuso un techo en las negociaciones, lo que dificultó aún más las conversaciones. “Teníamos que llevar algo a los compañeros, aunque sea insuficiente”, lamentó.
Paritarias en tensión: el Gobierno propone aumento cero
Uno de los puntos más críticos del diálogo fue la referencia a la nueva postura del Gobierno nacional: no homologar aumentos y avanzar hacia una “paritaria cero” en junio. Para Menéndez, esta propuesta es “una locura” que amenaza con desatar un conflicto generalizado en distintas actividades laborales, especialmente en el ámbito estatal.
“Los compañeros están saliendo a la calle porque la situación ya no da para más. Vemos casos como el del Hospital Garrahan, donde los trabajadores hacen un esfuerzo enorme por salvar vidas y ni siquiera se les reconoce con un salario digno”, denunció.
Asimismo, criticó duramente el doble discurso del gobierno de Javier Milei: “No hay plata para aumentos ni para jubilados, pero sí para viajes, viáticos y premios absurdos que nadie entiende. El ajuste siempre cae sobre los mismos”.
Un llamado urgente al diálogo y al consenso
Menéndez subrayó que es indispensable retomar el diálogo entre el gobierno, los sindicatos y los empleadores para encontrar soluciones sostenibles y justas. “Se necesita responsabilidad política y apertura al diálogo. No puede ser que el gobierno tenga los oídos sordos frente a los reclamos legítimos de los trabajadores”, insistió.
A su vez, destacó la importancia de que las pequeñas y medianas empresas –como la mayoría de las estaciones de servicio– no queden al margen de esta discusión, ya que también son víctimas de la crisis económica. “No solo se castiga al trabajador; las pymes también están asfixiadas”, señaló.
Víctor Menéndez cerró la entrevista con un mensaje esperanzador, aunque con los pies en la tierra: “Espero equivocarme, pero no veo voluntad del gobierno para buscar consensos. Aun así, deseo que esto se revierta y que pronto podamos transitar un camino de diálogo real y respeto hacia los trabajadores”.
El análisis de Mnéndez deja al descubierto una realidad que golpea con fuerza a miles de familias en todo el país: salarios bajos, aumentos congelados y una creciente desconexión entre el poder político y las necesidades del pueblo trabajador. En este contexto, las voces gremiales se alzan, no solo en defensa del salario, sino también del derecho básico a una vida digna.
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