La agenda oficial de la visita de León XIV confirmó para el 9 de noviembre un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. La CGT prevé además una reunión reservada con dirigentes de su mesa chica y busca ampliar la convocatoria a organizaciones sindicales, movimientos sociales y referentes empresariales.

Según el cronograma oficial difundido este lunes, el encuentro ampliado se llevará a cabo el 9 de noviembre a las 16:10 en un auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La central obrera trabaja, además, sobre una instancia previa de carácter reservado con dirigentes de su mesa chica. La intención es trasladar a León XIV las principales preocupaciones del sindicalismo sobre la realidad económica y social argentina y plantear una visión centrada en la producción, el empleo y la inclusión, según anticiparon fuentes gremiales.

La convocatoria posterior tendrá una dimensión considerablemente mayor. Desde la CGT pretenden que participen alrededor de 300 representantes y que la composición no quede limitada a la conducción de la central. La intención expresada por dirigentes cegetistas es que estén representadas distintas expresiones del movimiento obrero y que puedan incorporarse la UTEP y las CTA, además de otros actores vinculados con el mundo laboral.

El programa oficial del Vaticano no identifica individualmente a las organizaciones participantes, sino que establece para las 16.10 un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la UCA. La definición de los asistentes y la organización concreta de la convocatoria quedarán, por lo tanto, sujetas a las gestiones previas entre los distintos actores.

Un diálogo que comenzó en Roma

La reunión en Buenos Aires tendrá como antecedente inmediato el encuentro que Cristian Jerónimo, co-secretario general de la CGT, y Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central y titular de la UOCRA, mantuvieron con León XIV en el Vaticano el 12 de septiembre.

La delegación sindical presentó allí un diagnóstico sobre la realidad laboral y social argentina y abordó, entre otros asuntos, la evolución del empleo, los ingresos y el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado de trabajo. La audiencia se produjo en el marco del Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, que reunió a dirigentes sindicales, empresarios, referentes sociales y representantes de la Iglesia.

Ese contacto en Roma fue también el punto de partida para avanzar sobre la convocatoria argentina. Desde la CGT señalaron que la organización del encuentro ampliado quedó en manos del Vaticano y que la central procurará que la participación sea lo más amplia posible.

La posibilidad de incorporar representantes empresarios agrega otra dimensión a la iniciativa. Dentro de las conversaciones aparece el denominado G6, integrado por las principales entidades empresariales y financieras del país. De concretarse esa participación, el encuentro podría reunir en un mismo ámbito a representantes sindicales y empresarios, aunque la composición definitiva todavía no fue oficializada.

El planteo adquiere relevancia porque la agenda de León XIV contempla una jornada específicamente dedicada al trabajo dentro de una visita que se extenderá del 8 al 11 de noviembre y que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján. El lunes 9, antes del encuentro en la UCA, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

La presencia del mundo sindical en la agenda papal se produce, además, mientras la CGT mantiene diferencias con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y prepara nuevas acciones gremiales. La central deberá ahora definir la representación que llevará a la UCA y los planteos que buscará instalar ante León XIV, en una jornada que reunirá a trabajadores, dirigentes sindicales y otros referentes de la realidad productiva y laboral argentina.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una decisión de primera instancia y ordenó al Ministerio de Capital Humano emitir en cinco días una certificación provisoria de las autoridades elegidas el 29 de diciembre de 2025. La medida cautelar también consideró el impacto de la demora sobre trámites sindicales y acuerdos paritarios.

La disputa por la conducción nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) sumó una definición judicial que obliga al Gobierno a avanzar con el reconocimiento administrativo de las autoridades surgidas de las elecciones de diciembre. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emitir en un plazo de cinco días una certificación provisoria.

Los comicios se realizaron el 29 de diciembre de 2025, luego de una extensa disputa interna y de anteriores actuaciones judiciales vinculadas al proceso electoral. La Lista Celeste “17 de Octubre”, encabezada por Luis Barrionuevo, fue proclamada por la Junta Electoral Central con 121.334 votos positivos. Al día siguiente, el 30 de diciembre, se inició ante la autoridad laboral el trámite para obtener la certificación de las autoridades, pero no hubo respuesta administrativa durante los meses posteriores.

El planteo llegó nuevamente a los tribunales mediante una acción de amparo promovida por Barrionuevo. La Cámara revocó ahora el rechazo de primera instancia y consideró que estaban reunidos los requisitos para dictar una medida cautelar, en particular ante las consecuencias que la falta de certificación estaba produciendo sobre el funcionamiento de la organización sindical.

Uno de los elementos centrales de la resolución es que, según el tribunal, no se observaban decisiones que afectaran la regularidad de los comicios del 29 de diciembre. La Cámara también señaló que la autoridad administrativa tiene entre sus funciones mantener los registros correspondientes a las asociaciones sindicales y sus autoridades.

La ausencia de una certificación vigente había comenzado a generar obstáculos concretos. Entre ellos, el fallo menciona una observación vinculada con la rúbrica de libros de UTHGRA, debido a que la Comisión Directiva figuraba con mandato vencido desde el 14 de diciembre de 2025. Para la Cámara, la demora excedía una cuestión meramente formal porque comprometía el funcionamiento institucional de la entidad.

La Justicia también puso el foco en los acuerdos paritarios suscriptos y ratificados por las partes que permanecían sin homologación. En su análisis, el perjuicio derivado de la falta de reconocimiento no recaía únicamente sobre la estructura del sindicato, sino que podía proyectarse sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esas negociaciones.

El recurso pendiente y el argumento de la Cámara

La primera instancia había rechazado la cautelar porque permanecía pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Superior de Justicia contra una resolución anterior de la propia Sala VI.

La Cámara adoptó una interpretación diferente. Señaló que la sola presentación de ese recurso no tenía efecto suspensivo y recordó que la resolución del 17 de diciembre de 2025 ya había sido ejecutada: las elecciones se realizaron, la Junta Electoral proclamó a las autoridades y el sindicato inició posteriormente el trámite administrativo para obtener la certificación.

En ese sentido, los camaristas consideraron que supeditar la certificación a una resolución favorable del recurso pendiente implicaría incorporar una exigencia que no correspondía para el dictado de la medida cautelar. La documentación presentada por el propio Estado ante la Justicia, además, daba cuenta de que el proceso electoral había sido reanudado y concluido.

Una medida provisoria que no resuelve la disputa de fondo

La Cámara estableció expresamente los límites de su decisión. La certificación ordenada tiene carácter provisorio, mutable y revocable y no implica una definición definitiva sobre la procedencia de la acción de amparo.

Por esa razón, si el recurso judicial todavía pendiente tuviera posteriormente un resultado que modificara el cuadro jurídico, la certificación podría quedar sin efecto. La Sala VI buscó así preservar la discusión de fondo mientras evita que la falta de reconocimiento administrativo continúe paralizando cuestiones vinculadas con la conducción del sindicato.

El conflicto salarial y presupuestario de las universidades nacionales volvió a escalar después de una nueva reunión paritaria sin acuerdo. El Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazó la propuesta oficial y resolvió convocar a un paro nacional para el 18 y el 22 de septiembre, además de fijar 23 jornadas de protestas en distintos puntos del país y una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

La decisión fue adoptada luego de que el Gobierno volviera a presentar una actualización salarial del 3%, oferta que las organizaciones gremiales ya habían rechazado. Para el Frente Sindical, ese porcentaje no responde al deterioro acumulado de los ingresos y tampoco contempla, según su interpretación, los alcances de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El artículo 5 de la Ley 27.795 establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas tomando como referencia la evolución del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de disponer que los aumentos sean remunerativos y bonificables.

Los gremios sostienen que, a partir de esa referencia y de una medida cautelar judicial, existe un retraso salarial del 33,4% y una deuda acumulada que estiman equivalente a unos cuatro salarios. Esas cifras corresponden al cálculo difundido por las organizaciones sindicales y forman parte de su argumentación para rechazar la propuesta oficial.

El nuevo cronograma tendrá alcance a nivel nacional. Las jornadas de lucha se extenderán durante las próximas semanas y buscarán mantener la discusión sobre salarios, financiamiento y funcionamiento de las universidades hasta la movilización prevista para octubre.

La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre, será la principal expresión colectiva del nuevo ciclo de medidas. El Frente Sindical vinculó la convocatoria con la defensa de salarios, becas estudiantiles, recursos para docencia, investigación y extensión y financiamiento de los hospitales universitarios.

En San Juan, los gremios docentes y no docentes de la UNSJ se suman al paro nacional previsto para el viernes 18 y el martes 22 de septiembre.

El Frente Sindical reúne a organizaciones docentes y no docentes como FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, que resolvieron sostener una acción conjunta frente a la falta de acuerdo en las negociaciones.

La disputa combina así dos planos que los gremios consideran inseparables: la recomposición de los ingresos del personal universitario y el financiamiento de las instituciones. Con dos nuevas jornadas de paro inmediatas, 23 días de movilización y una Marcha Federal ya fijada, la discusión salarial vuelve a ocupar el centro de la agenda universitaria nacional.