La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) da continuidad a las medidas de protesta en demanda de mejoras salariales, tras denunciar una caída del 23% de poder adquisitivo hasta septiembre.

El gremio que lidera Julio Piumato realizará este jueves batucadas en dependencias judiciales de la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país, junto a otras formas de manifestaciones que definirá cada seccional. En Mar del Plata habrá un «escritorazo» y en Córdoba se instalará una «carpa de la dignidad».

Además, la conducción de la UEJN ratificó el paro nacional de este viernes 25 «frente al ajuste, por la urgente recomposición y contra el impuesto al trabajo», en el marco del plan de lucha que desarrolla desde hace semanas en la Justicia.

Piumato encabezó el pasado martes un nuevo banderazo en el Palacio de Justicia desde donde exigió a la Corte Suprema que determine una recomposición salarial para los trabajadores judiciales, acorde a las demandas del sindicato.

«Seguimos adelante con la dignidad de siempre, con la conducta, convicción y coherencia que tenemos como judiciales frente a quienes quieren seguir degradando con este ajuste brutal e inhumano nuestro salarios mientras nuestras tareas se multiplican día a día», apuntó el titular de la UEJN.

El dirigente advirtió con más protestas en casa de no haber respuestas. «Los judiciales estamos de pie para pelear por la recomposición salarial y para luchar contra el ajuste que hasta el mes de septiembre nos recortó un 23% de nuestro salario», señaló ante los trabajadores que participaron del banderazo

Ante las recientes «agresiones sistemáticas al sector público», el Frente de Gremios Estatales se reunió en la sede central de UPCN para definir acciones frente a la «profundización de un escenario político, económico y social que agrede sistemáticamente la existencia del Estado y a sus trabajadores y trabajadoras».

Este frente denunció a través de un comunicado la existencia de «dos modelos de país: uno especulativo que favorece claramente a las grandes corporaciones financieras y otro que propone producción, desarrollo y trabajo».

El documento que firmaron AEFIP. AGOEC, APES, APJAE, APL, FATUN, FEDUN, SGBATOS, SUPARA, SUTECBA, UEJN y el anfitrión UPCN señaló que «los ataques permanentes tanto al Estado como a las organizaciones sindicales» son un intento de desmantelar las instituciones que, según el Frente, representan «la última barrera contra la implementación de un capitalismo salvaje sin límites».

En este contexto, llaman a las demás organizaciones sindicales, movimientos sociales y a la clase política a «defender los derechos laborales y sindicales», así como el empleo y los Convenios Colectivos de Trabajo.

El Frente también se solidarizó con las luchas de otros sectores del Estado, expresando su rechazo a «las privatizaciones y la eliminación de organismos públicos en forma indiscriminada e irracional», tal es el caso del reciente anuncio para la AFIP. Además, decretaron el «estado de alerta y movilización con una medida de acción directa que será definida por los gremios integrantes de este frente», como respuesta a las políticas que consideran un ataque al Estado y a los trabajadores públicos.

Finalmente, el comunicado reafirma que «sin Estado no hay Nación» y respalda la consigna de la CGT: «Por un país con Producción, Desarrollo y Trabajo», defendiendo que este es el único camino hacia «la Independencia económica, la Soberanía Política y la Justicia Social».

Las dos CTA y otras 60 organizaciones presentaron hoy en el Congreso unas 500 mil firmas en rechazo del mega DNU firmado por el presidente Javier Milei que aplica varias desregulaciones del Estado y sigue vigente, a excepción de algunos artículos como el de la reforma laboral que quedó trabado en la Justicia.

Las firmas fueron recolectadas en la campaña «Un pueblo firme contra el DNU», impulsada por estas organizaciones que «trabajaron durante meses para llevar esta iniciativa al conjunto de la sociedad», se informó en un comunicado. 

Los referentes de las dos CTA, que están en medio de un proceso de reunificación, Hugo «Cachorro» Godoy, Claudio Lozano y Hugo Yasky encabezaron la actividad que contó con la presencia de los diputados: Germán Martínez (Unión por la Patria), Paula Penaca (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Federal), Esteban Paulón (Hacemos Federal), Vanina Biasi (FITU) y Cristian Castillo (FITU), entre otros.

«Somos 60 organizaciones que venimos a pedir la derogación del Decreto 70/23 a través del cual Milei quiere gobernar por decreto en contra de los derechos democráticos de la sociedad argentina. Con en esta campaña, se han recorrido barrios, lugares de trabajo, oficinas, talleres, las calles y encontramos un pueblo necesitado de ser reconocido, valorado», sostuvo Godoy.

Y agregó: «Estamos presentando más de 500 mil firmas que hemos recogido durante varios meses y seguiremos trabajando para que se pueda materializar su derogación con el empuje de los y las diputadas de los diferentes bloques que hoy las están recibiendo».

«A 40 años de democracia, ver un decreto de esta naturaleza implicaba que algunas cosas no habían estado funcionando bien. Nos parecía grave, porque el decreto en sí mismo es una reforma constitucional de hecho, y marcaba que el Ejecutivo buscaba la suma del poder público», agregó Lozano.

El diputado Martínez, por su parte, dijo que ahora deberán «ir despacho por despacho pidiendo el voto positivo, o que al menos den quórum» para luego tratar de voltear el DNU.

«El DNU 70 es inconstitucional, y debe ser nulo inmediatamente. No nos va bien en este punto porque hay una ley que da más valor a un DNU que a una ley votada en ambas cámaras. Es muy importante saber que debemos derogar la ley 26.122, que es la que permite hoy al gobierno gobernar con DNU», opinó a su turno Stolbizer.