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Se retomó la actividad en los puertos de Gran Rosario y Bahía Blanca, por un valor de 2.000 millones de dólares

Decenas de barcos cargueros ingresaron desde las primeras horas de este miércoles a los puertos del Gran Rosario y Bahía Blanca para realizar operaciones de carga y descarga tras la resolución del conflicto laboral que paralizó los muelles exportadores a lo largo de las últimas tres semanas. Según estimaciones del sector cerealero, hasta las últimas horas de ayer 173 barcos aguardaban cargar cerca de 4,7 millones de toneladas de granos, aceite y harina de soja, por un valor de US$ 2.000 millones. Se estima que en los días de paro el sector perdió unos 1.500 millones de dólares que, después de determinados cálculos, se verán cuántos se recuperan.

En los puertos del Gran Rosario 162 buques esperaban acceder al tramo que va desde recalada hasta las terminales portuarias ubicadas sobre el río Paraná, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base al estado de los barcos publicado por la agencia marítima Nabsa al 28 de diciembre pasado.

De los 162 buques, “17 estaban ya amarrados en puerto, 38 en ruta a las terminales portuarias y 107 en recalada”, precisó el informe, que estimó, «deben cargar 3,4 millones de toneladas de diferentes productos agroindustriales por un valor aproximado de US$ 1.458 millones”, amplió.

En tanto, en el puerto de Bahía Blanca, ocho buques permanecían en fondeadero mientras otros tres se encontraban en distintas terminales para comenzar con las operaciones de carga de malta y maíz, tras el levantamiento del paro de los gremios agroexportadores.

«En la terminal de ADM se encuentra el buque Paraná Warrior de bandera de Liberia para la carga de 19.000 toneladas de malta con destino a Brasil, en Cargill el Sea Hermes de bandera de Islas Marschall para carga de 26.400 toneladas de maíz a Arabia Saudita y en Dreyfus el Yasa Unity de bandera Islas Marschall para cargar 20.000 toneladas de maíz con destino a Vietnam», señaló el informe del área de operaciones del Consorcio de Gestión de Puerto.

Otros ocho buques se encuentran en fondeadero a la espera de poder cargar trigo, maíz y malta, como así también en la descarga de crudo, entre otros. En el puerto de Bahía Blanca, según un informe de la Bolsa de Cereales local, entre el 9 y el 24 de diciembre, la carga de buques cayó 75% con respecto a las realizadas en el mismo período del año anterior, al embarcarse sólo 125.401 toneladas.


En el caso del puerto de Quequén, su gerente general Oscar Morán, aseguró que «no hubo problemas ni demoras en las exportaciones o movimiento en el puerto a raíz del conflicto aceitero». Y añadió: «Si bien hemos tenido un noviembre y diciembre escaso en exportaciones de granos, no se debió al conflicto aceitero sino que estuvo relacionado a la comercialización».

Los gremios y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) acordaron esta madrugada en la cartera laboral, bajo la supervisión del ministro Claudio Moroni, un aumento salarial adicional para 2020 y el pago de una gratificación y de un bono en cuotas. Luego de 12 horas de negociaciones, sindicalistas y empresarios acordaron una salida al grave conflicto, que mantuvo paralizados todos los puertos granarios durante 21 días y repercutió en los precios internacionales.

En un documento, Ciara sostuvo que privilegió «la paz social a partir de las consecuencias económicas para la industria, la comunidad, los propios trabajadores y la Nación», e instó al «trabajo mancomunado y sin conflictos». Para la entidad, «ello evitará una importante merma de competitividad, con penalizaciones por incumplimientos y pérdida de mercados, como también exportaciones con menor valor agregado nacional».

La protesta afectó las operaciones en las fábricas aceiteras y terminales portuarias localizadas en Quequén, Bahía Blanca, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Arroyo Seco, Rosario, General Lagos, Villa Constitución, Zarate, San Nicolás, Ramallo y Timbúes.

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El Gobierno endurece los controles y aplicará multas por la reducción de frecuencias de colectivos

El Ministerio de Gobierno advirtió que sancionará a las empresas de transporte que no respeten las frecuencias establecidas. La decisión se produce mientras RedTulum realiza inspecciones para determinar si las prestatarias redujeron la cantidad de unidades en circulación, en medio de crecientes reclamos de los usuarios.

El Ejecutivo provincial endureció los controles sobre el transporte público y anticipó que aplicará multas a las empresas que incumplan las frecuencias autorizadas. La advertencia surgió luego de que se multiplicaran las denuncias de pasajeros por extensas demoras y de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reconociera una disminución en la cantidad de colectivos que prestan servicio.

RedTulum realiza controles diarios para detectar si las prestatarias redujeron su flota en violación del contrato. El objetivo es constatar si existe un incumplimiento efectivo antes de avanzar con sanciones económicas.

Las autoridades provinciales señalaron que, en caso de comprobarse irregularidades durante las inspecciones, las penalidades alcanzarán tanto a las empresas como a las unidades que no respeten la programación establecida para cada línea.

La decisión oficial responde al creciente malestar de los usuarios, quienes durante los últimos días reportaron largas esperas en distintas paradas del Gran San Juan y otros departamentos.

Los reclamos apuntan principalmente al aumento de los tiempos entre colectivos, una situación que afecta la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y jubilados.

En este cuadro, la UTA San Juan confirmó que actualmente las frecuencias presentan una reducción cercana al 30%, aunque aclaró que esa disminución no obedece a un conflicto gremial ni a medidas sindicales. Según explicó el sindicato, la menor cantidad de servicios responde exclusivamente a determinaciones adoptadas por las empresas prestatarias.

Las autoridades del ministerio aguardarán el reporte de RedTulum para tomar una decisión. Una vez finalizado ese proceso, la Provincia definirá si corresponde aplicar las sanciones previstas por incumplimientos en la prestación del servicio público.

La fiscalización cobra especial relevancia porque el sistema RedTulum constituye el principal medio de transporte para miles de sanjuaninos. El cumplimiento de las frecuencias no solo impacta en la calidad del servicio, sino también en la organización de la vida laboral, educativa y comercial de la provincia. Los relevamientos definirán las sanciones empresariales y la mejora del servicio.

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Nuevo acuerdo para fortalecer la educación de profesionales y técnicos de la minería

La Universidad Kennedy, MAGNA Group y el Sindicato Jerárquico Minero Argentino (ASIJEMIN) firmaron un convenio marco de cooperación para desarrollar propuestas de formación destinadas a trabajadores jerárquicos, profesionales, técnicos y sus familias, fortaleciendo la capacitación de uno de los principales motores productivos del país.

La rúbrica estuvo encabezada por el rector de la Universidad Kennedy, Alejandro Gómez; el secretario de Extensión de esa casa de estudios, Juan Manuel Di Teodoro; el gerente general de MAGNA Group, Raúl Ignacio Dellagiovanna; el gerente comercial de la firma, Juan Pablo Mac Farlin; y el responsable de la Secretaría de Formación y Capacitación Nacional de ASIJEMIN, Fabián Gasco.

La iniciativa establece un marco de cooperación para desarrollar una agenda conjunta de actividades orientadas al perfeccionamiento profesional. La Universidad Kennedy pondrá a disposición su oferta educativa, integrada por carreras de grado y posgrado, diplomaturas, tecnicaturas, cursos y programas de actualización en diversas disciplinas.

A ese esquema se incorporará la experiencia técnica de MAGNA Group, empresa especializada en servicios industriales vinculados con Calidad, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene (QHSE), que brinda asistencia, auditorías y soluciones para compañías de los rubros minero, energético e industrial.

Desde ASIJEMIN destacaron que la articulación entre el ámbito académico, el sector privado y la representación sindical permitirá generar nuevas herramientas de formación continua, acompañando la creciente demanda de perfiles especializados que requiere la minería argentina.

La decisión también adquiere relevancia para provincias con fuerte desarrollo extractivo, como San Juan, donde la incorporación permanente de nuevas tecnologías y estándares internacionales exige una actualización constante de conocimientos. En ese sentido, el convenio apunta a fortalecer las competencias del capital humano y contribuir al crecimiento sostenible de una industria que continúa expandiendo su participación en la economía nacional.

El acuerdo representa el inicio de un trabajo coordinado entre las tres instituciones, con el propósito de promover oportunidades de capacitación, especialización y desarrollo profesional que fortalezcan la competitividad de la actividad minera y amplíen las posibilidades de crecimiento para sus trabajadores y sus familias.

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Docentes y nodocentes reclamaron recomposición salarial y paritarias urgentes

La FEDUN y la FATUN reclamaron una recomposición salarial del 28,5%, la convocatoria inmediata a paritarias y el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Además, respaldaron un proyecto para garantizar la sostenibilidad del sistema científico nacional.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales renovaron sus reclamos al Gobierno nacional para que convoque de manera urgente a la negociación paritaria, otorgue una recomposición salarial del 28,5% y dé cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ratificada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La posición fue difundida por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), encabezada por Daniel Ricci, tras la publicación del decimotercer informe elaborado junto con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI). El estudio analizó la evolución de los salarios, el financiamiento de las universidades y la situación de las becas estudiantiles desde el inicio de la actual administración nacional.

De acuerdo con el relevamiento, el acuerdo salarial alcanzado en junio permitió recuperar un 21,3% del poder adquisitivo. Sin embargo, los ingresos de docentes y trabajadores universitarios aún permanecen un 22,2% por debajo, en términos reales, de los registrados en noviembre de 2023.

El informe también advierte que el salario universitario perdió 43 puntos respecto del máximo alcanzado en 2011, reflejando un deterioro acumulado durante más de una década que se profundizó en los últimos años.

Las cifras difundidas por la FEDUN indican que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 los incrementos salariales totalizaron un 226,8%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 320%. Como consecuencia de esa diferencia, la organización sostuvo que los haberes registran una pérdida del 93,2% desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y estimó que sería necesario un incremento adicional del 28,5% para recuperar el poder de compra perdido.

Aunque el sindicato destacó que durante los últimos doce meses los salarios crecieron un 8,5% en términos reales y acumulan una mejora del 14,5% en lo que va de 2026, consideró que esos avances todavía resultan insuficientes para compensar el fuerte retroceso sufrido entre fines de 2023 y 2025.

En ese marco, la FEDUN solicitó adelantar la revisión paritaria prevista originalmente para el 15 de septiembre. El planteo se apoya en la resolución de la Corte Suprema que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que, según el gremio, obliga a actualizar las partidas destinadas a las universidades nacionales y garantizar la recuperación de los salarios.

La defensa del sistema universitario también se extendió al ámbito científico. La FEDUN y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) expresaron su respaldo al proyecto de ley de Condiciones Base para la Sostenibilidad y Protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentado durante un encuentro que reunió a dirigentes sindicales, legisladores, rectores y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Desde la FATUN sostuvieron que el fortalecimiento del sistema científico constituye una condición indispensable para el desarrollo del país y remarcaron que la producción de conocimiento representa un componente central para alcanzar mayor autonomía tecnológica y crecimiento económico.

El pronunciamiento recibió además el acompañamiento del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que busca consolidar una posición común en defensa del financiamiento de las casas de altos estudios y de los organismos de ciencia y tecnología frente a las restricciones presupuestarias.

En San Juan, el reclamo adquiere una dimensión particular por su impacto sobre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), institución que forma profesionales e investigadores en áreas clave para la provincia, como ingeniería, minería, ciencias básicas, salud y tecnología. La evolución del financiamiento universitario y de las políticas científicas incide de manera directa en la continuidad de proyectos de investigación, la formación de recursos humanos y el desarrollo de actividades de extensión que mantienen un fuerte vínculo con el entramado productivo y social sanjuanino.

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