Trabajadores Aceiteros vuelven a cargar granos para exportación
Se retomó la actividad en los puertos de Gran Rosario y Bahía Blanca, por un valor de 2.000 millones de dólares

Decenas de barcos cargueros ingresaron desde las primeras horas de este miércoles a los puertos del Gran Rosario y Bahía Blanca para realizar operaciones de carga y descarga tras la resolución del conflicto laboral que paralizó los muelles exportadores a lo largo de las últimas tres semanas. Según estimaciones del sector cerealero, hasta las últimas horas de ayer 173 barcos aguardaban cargar cerca de 4,7 millones de toneladas de granos, aceite y harina de soja, por un valor de US$ 2.000 millones. Se estima que en los días de paro el sector perdió unos 1.500 millones de dólares que, después de determinados cálculos, se verán cuántos se recuperan.
En los puertos del Gran Rosario 162 buques esperaban acceder al tramo que va desde recalada hasta las terminales portuarias ubicadas sobre el río Paraná, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base al estado de los barcos publicado por la agencia marítima Nabsa al 28 de diciembre pasado.
De los 162 buques, “17 estaban ya amarrados en puerto, 38 en ruta a las terminales portuarias y 107 en recalada”, precisó el informe, que estimó, «deben cargar 3,4 millones de toneladas de diferentes productos agroindustriales por un valor aproximado de US$ 1.458 millones”, amplió.
En tanto, en el puerto de Bahía Blanca, ocho buques permanecían en fondeadero mientras otros tres se encontraban en distintas terminales para comenzar con las operaciones de carga de malta y maíz, tras el levantamiento del paro de los gremios agroexportadores.
«En la terminal de ADM se encuentra el buque Paraná Warrior de bandera de Liberia para la carga de 19.000 toneladas de malta con destino a Brasil, en Cargill el Sea Hermes de bandera de Islas Marschall para carga de 26.400 toneladas de maíz a Arabia Saudita y en Dreyfus el Yasa Unity de bandera Islas Marschall para cargar 20.000 toneladas de maíz con destino a Vietnam», señaló el informe del área de operaciones del Consorcio de Gestión de Puerto.
Otros ocho buques se encuentran en fondeadero a la espera de poder cargar trigo, maíz y malta, como así también en la descarga de crudo, entre otros. En el puerto de Bahía Blanca, según un informe de la Bolsa de Cereales local, entre el 9 y el 24 de diciembre, la carga de buques cayó 75% con respecto a las realizadas en el mismo período del año anterior, al embarcarse sólo 125.401 toneladas.
En el caso del puerto de Quequén, su gerente general Oscar Morán, aseguró que «no hubo problemas ni demoras en las exportaciones o movimiento en el puerto a raíz del conflicto aceitero». Y añadió: «Si bien hemos tenido un noviembre y diciembre escaso en exportaciones de granos, no se debió al conflicto aceitero sino que estuvo relacionado a la comercialización».
Los gremios y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) acordaron esta madrugada en la cartera laboral, bajo la supervisión del ministro Claudio Moroni, un aumento salarial adicional para 2020 y el pago de una gratificación y de un bono en cuotas. Luego de 12 horas de negociaciones, sindicalistas y empresarios acordaron una salida al grave conflicto, que mantuvo paralizados todos los puertos granarios durante 21 días y repercutió en los precios internacionales.
En un documento, Ciara sostuvo que privilegió «la paz social a partir de las consecuencias económicas para la industria, la comunidad, los propios trabajadores y la Nación», e instó al «trabajo mancomunado y sin conflictos». Para la entidad, «ello evitará una importante merma de competitividad, con penalizaciones por incumplimientos y pérdida de mercados, como también exportaciones con menor valor agregado nacional».
La protesta afectó las operaciones en las fábricas aceiteras y terminales portuarias localizadas en Quequén, Bahía Blanca, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Arroyo Seco, Rosario, General Lagos, Villa Constitución, Zarate, San Nicolás, Ramallo y Timbúes.
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Crece la discusión sobre quién se beneficia del auge minero
La decisión de incorporar desde China parte de la infraestructura destinada a un emprendimiento cuprífero encendió cuestionamientos de ASIMRA. El gremio reclama una mayor participación de fabricantes argentinos y reabre una discusión que excede a una obra puntual: cuánto valor agregado queda en el país cuando llegan grandes capitales.
La expansión minera volvió a colocar sobre la mesa una discusión que acompaña históricamente a los grandes proyectos vinculados a los recursos naturales. Esta vez, el debate no gira en torno a cuestiones ambientales ni fiscales, sino a la capacidad de las inversiones para dinamizar el entramado productivo argentino.
La controversia surgió tras conocerse que parte de las instalaciones habitacionales previstas para un importante emprendimiento de cobre serían fabricadas fuera del país. La decisión despertó reparos dentro de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica (ASIMRA), desde donde advirtieron que la medida podría reducir significativamente la participación de empresas nacionales en una iniciativa que movilizará recursos por miles de millones de dólares.
La preocupación no se limita a la provisión de estructuras modulares. Detrás de esa contratación aparece una cadena de bienes y servicios que involucra a fabricantes metalúrgicos, empresas de ingeniería, contratistas especializados, talleres y proveedores tecnológicos. Para la organización sindical, el desafío consiste en aprovechar la magnitud de estos emprendimientos para fortalecer capacidades productivas ya instaladas en el país.
La discusión adquiere una dimensión estratégica porque coincide con el crecimiento de proyectos considerados fundamentales para el futuro exportador argentino. El cobre se perfila como uno de los minerales más demandados por la transición energética global y varias provincias aspiran a convertirse en protagonistas de ese mercado durante las próximas décadas.
En ese marco, distintos actores vinculados al mundo del trabajo sostienen que la llegada de capitales debería traducirse en algo más que generación de divisas. La aspiración es que también impulse procesos de industrialización, incorporación tecnológica y formación de proveedores capaces de integrarse de manera competitiva a cadenas de abastecimiento de gran escala.
El planteo dialoga además con una discusión más amplia sobre los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mientras el Gobierno nacional lo presenta como una herramienta destinada a atraer desembolsos de magnitud, organizaciones sindicales y cámaras empresarias insisten en que los beneficios otorgados deben producir efectos tangibles sobre el empleo, la producción y el desarrollo regional.
El debate excede la importación de una obra específica. En el fondo, vuelve a emerger una pregunta que acompaña cada ciclo de expansión extractiva: si la riqueza generada por los grandes emprendimientos será capaz de irradiar oportunidades hacia el tejido económico nacional o si permanecerá concentrada en circuitos productivos con escasa vinculación local.
Con nuevos proyectos en marcha y cifras récord de inversión en el corto plazo, esa discusión promete ganar cada vez más relevancia.
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A 17 años de su fundación, ASIJEMIN se consolida como referente gremial del sector minero jerárquico
Este 15 de junio, ASIJEMIN celebra 17 años de vida institucional junto al Día del Trabajador Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera, una fecha establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21, acordado con CAEM, que constituye una de las conquistas más significativas alcanzadas por la organización sindical en representación de los trabajadores mineros argentinos.
ASIJEMIN consolidó su representación sindical con la obtención de la Personería Gremial N.º 1904 y la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. Su aplicación en operaciones como Veladero, Gualcamayo y Vicuña Corp, en San Juan; Cerro Vanguardia, Newmont Cerro Negro, Minera Santa Cruz y Minera Don Nicolás, en Santa Cruz; permitió avanzar en conquistas vinculadas al reconocimiento de categorías profesionales, escalas salariales, paritarias, antigüedad y jornadas laborales, entre otros derechos para los trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos de la minería. A ello se suma la presencia gremial e institucional que la organización desarrolla en provincias como Salta y Córdoba.
Estos avances fueron posibles gracias al trabajo permanente de la Comisión Directiva Nacional, las Delegaciones Regionales Centro y Sur, los cuerpos de delegados y los trabajadores mineros que participan activamente en la consolidación de una organización sindical con presencia en las principales regiones mineras del país.
Asimismo, ASIJEMIN promovió diversas iniciativas vinculadas a la representación gremial, la salud, la seguridad laboral, la educación, el turismo, la vivienda, el deporte, la acción social, la asistencia legal y la igualdad de oportunidades, mediante el trabajo desarrollado por la Dirección de Género, OSJEMIN, MUJEMIN, el Comité Mixto de Seguridad, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Liga Minera Deportes.
Con una activa participación en espacios de diálogo con gobiernos, empresas, federaciones sindicales y organizaciones nacionales e internacionales, ASIJEMIN continúa promoviendo una representación sindical basada en la defensa de los derechos laborales, la profesionalización de la actividad y el desarrollo de una minería moderna y sustentable.

Al cumplirse 17 años de vida institucional y en el marco del Día del Trabajador Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera, el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, saludó a todos los trabajadores mineros del país: “Quiero felicitar a cada trabajador jerárquico, profesional y técnico de la actividad minera argentina. Este día y estos 17 años de ASIJEMIN reflejan el valor de la organización sindical y el compromiso de miles de trabajadores que hicieron posible cada conquista alcanzada. Sigamos construyendo más derechos, más oportunidades y más futuro para nuestra actividad”.
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Los gremios sellan una alianza y crean una nueva Intersindical en San Juan
Más de veinte organizaciones sindicales y sociales conformaron un espacio común para coordinar acciones en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales. El lanzamiento reunió a dirigentes de distintas centrales obreras y recibió respaldo de referentes nacionales.
La fragmentación quedó al margen. En una muestra de unidad poco frecuente en el mapa sindical sanjuanino, más de veinte organizaciones gremiales y sociales formalizaron este sábado la creación de la Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos, una estructura que buscará articular posiciones y promover acciones conjuntas frente al deterioro de las condiciones laborales, la pérdida del poder adquisitivo y el retroceso de distintas actividades productivas.
La presentación se realizó en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Rawson, donde dirigentes, delegados y trabajadores de distintos ámbitos coincidieron en la necesidad de construir una herramienta común capaz de trascender pertenencias sectoriales y consolidar una voz colectiva para el movimiento obrero provincial.

El nuevo espacio reúne a sindicatos de la industria, los servicios, el transporte, la administración pública, la educación, la minería, la seguridad privada y la economía popular, además de organizaciones sociales y comunitarias. La amplitud de la convocatoria constituyó uno de los rasgos más destacados del lanzamiento y reflejó la búsqueda de una representación transversal dentro del universo laboral sanjuanino.
Durante el encuentro se difundió el documento fundacional de la Intersindical, en el que se expresa preocupación por la evolución del empleo, la caída de los ingresos, la paralización de la obra pública y las dificultades que atraviesan numerosas ramas de la economía. Los dirigentes sostuvieron que la defensa de las conquistas laborales debe complementarse con una agenda orientada a recuperar la producción, fortalecer la industria nacional y generar puestos de trabajo con pleno acceso a derechos.

Entre los principales lineamientos aparecen la protección del mercado interno, el impulso a la contratación de mano de obra local, el combate a la precarización, el acceso a la vivienda y la preservación de la educación pública, la salud y la seguridad social. Los organizadores plantearon además la necesidad de incorporar a los trabajadores en las discusiones vinculadas al desarrollo económico y la planificación estratégica de la provincia.
«La unidad no se espera, se construye», fue una de las consignas que atravesó la jornada y sintetizó el espíritu de una iniciativa que busca transformarse en un ámbito permanente de coordinación sindical. En la misma línea, los referentes remarcaron que la generación de riqueza tiene como protagonista central al trabajo y reivindicaron el papel histórico de las organizaciones gremiales en la defensa de los derechos sociales.
La constitución formal de la Intersindical profundiza un proceso de acercamiento que había comenzado semanas atrás. Una de sus primeras expresiones públicas ocurrió a fines de mayo, cuando varias de las entidades que hoy integran el espacio participaron de un abrazo simbólico a la sede local de la UOM en rechazo a la intervención judicial del sindicato a nivel nacional.

El lanzamiento también recibió respaldo de dirigentes sindicales de alcance federal. Entre los saludos enviados se destacaron los de Abel Furlán, Octavio Argüello, Rodolfo Aguiar, Hugo «Cachorro» Godoy, Roberto Baradel, Graciela Aleñá y Luis Cáceres, quienes coincidieron en valorar la construcción de ámbitos de unidad para enfrentar los desafíos que atraviesa el mundo del trabajo.
La nueva organización está integrada por la UOM, UTEP, Unión Ferroviaria, AJEPROC, ADICUS, Sindicato Químico, Trabajadores Viales Nacionales, UOLRA, APA, SATSAID, SAMC, SAMEL, ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, SiDUNSJ, UPSRA, SUTCA, ASEC, UOYEP, Amas de Casa del País, SITRAVIAP, ASIJEMIN, y Asociación Bancaria, entre otras entidades.
Con su puesta en marcha, el sindicalismo sanjuanino inaugura una instancia de coordinación inédita en los últimos años. El desafío será transformar esa convergencia en una agenda común capaz de incidir en el debate público y ofrecer respuestas a las demandas de un universo laboral atravesado por incertidumbres económicas, transformaciones productivas y crecientes exigencias sociales.
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