El Primer Juzgado Civil, a cargo de Héctor Rollán, hizo lugar al amparo presentado por la Fiscalía de Estado y dictó una medida cautelar innovativa. UTA, ATAP y las empresas concesionarias deberán levantar las retenciones y garantizar la prestación normal y continua de todas las líneas una vez notificadas.

La orden establece que las partes deberán garantizar la prestación normal, habitual, regular y continua de todas las líneas de transporte automotor de pasajeros de la provincia, respetando los diagramas horarios establecidos. También exige poner a disposición de manera inmediata las unidades y la infraestructura necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó la resolución y explicó que desde el organismo comenzaron a diligenciar las notificaciones correspondientes. La restitución efectiva del servicio comenzará a regir una vez que UTA, ATAP y las compañías involucradas sean notificadas judicialmente.

El argumento del Gobierno

La Fiscalía de Estado fundamentó el amparo en la necesidad de preservar los derechos constitucionales de los usuarios. El planteo sostuvo que la interrupción prolongada del transporte afecta el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la circulación, además del derecho a utilizar el servicio público.

La intervención judicial se produjo después de más de 30 horas de interrupción del transporte, en medio de una disputa salarial entre los choferes y las empresas. La UTA sostiene que existen diferencias en el pago de las recomposiciones salariales acordadas a nivel nacional, mientras ATAP argumenta que las compañías atraviesan restricciones económicas que limitan su capacidad para afrontar los montos reclamados.

El dictamen judicial no modifica esa discusión de fondo, pero impone una condición concreta para su continuidad: el transporte debe volver a funcionar mientras las partes resuelven sus diferencias por las vías administrativas, laborales y judiciales correspondientes.

El fallo contempla además apercibimientos y eventuales sanciones frente a un incumplimiento de la medida cautelar. De este modo, el conflicto por los salarios y la situación económica del transporte ingresa en una nueva instancia, ahora bajo una orden judicial que obliga a garantizar la continuidad del servicio público.

La central obrera se moviliza este jueves a las 15 frente a la Secretaría de Industria, en el microcentro porteño, bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. La protesta pone el foco en la caída de la producción, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

La CGT decidió avanzar con la protesta mientras mantiene sus cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. El reclamo sindical apunta al deterioro de la producción manufacturera, el cierre de empresas y la pérdida de puestos laborales, en contraste con la lectura oficial sobre la evolución de la economía.

Uno de los datos utilizados por la central sindical para fundamentar la movilización es la continuidad de la caída de la industria pyme, que acumularía ocho meses consecutivos de retroceso. A eso suma el cierre de 138 empresas manufactureras durante junio, indicadores que, según la central, reflejan el impacto de la menor actividad sobre la economía real.

La conducción cegetista reclama una política industrial que combine producción, empleo formal y capacidad de generación de valor. Jorge Sola, integrante del triunvirato de la CGT, cuestionó que sectores como la minería, el litio, el cobre, el petróleo y el gas puedan compensar por sí solos los puestos laborales que se pierden en otras ramas productivas. El dirigente planteó la necesidad de avanzar hacia un proyecto industrial orientado a la creación de empleo registrado y salarios con derechos.

La movilización tendrá además una fuerte carga simbólica. La CGT eligió como consigna una adaptación de la bandera que la Selección argentina exhibió tras el triunfo frente a Inglaterra en el Mundial: “Las Malvinas son argentinas. La industria nacional también”. Frente a la Secretaría de Industria está previsto un acto con la participación de los integrantes del triunvirato cegetista: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

La protesta no estará acompañada por un paro general. La conducción de la central resolvió continuar con un esquema de movilizaciones escalonadas y, por ahora, mantener abierta la discusión sobre una nueva huelga nacional.

El próximo capítulo de ese cronograma será el 15 de octubre, cuando la CGT acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria. La central también mantiene en agenda su participación en actividades vinculadas con el mundo del trabajo durante la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

La UTA mantuvo la retención de servicios pese a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo y el transporte público continuará paralizado este jueves.La medida, que inicialmente había sido anunciada como retenciones intermitentes, terminó extendiéndose durante toda la jornada del miércoles y dejó paralizado el transporte urbano e interurbano.

La primera audiencia de conciliación fue convocada para este jueves a las 11:30, con la discusión salarial como punto central. El gremio sostiene que las empresas no cumplieron con las recomposiciones acordadas el 23 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y reclama que se actualicen los haberes de los choferes.

Según explicó la conducción sindical, un trabajador debería percibir actualmente alrededor de $2,3 millones, mientras que los salarios efectivamente abonados rondarían los $1,4 millones. La diferencia, de acuerdo con el planteo de la UTA, se aproxima al millón de pesos por trabajador.

Desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que reúne a las empresas del transporte sanjuanino, respondieron que las compañías abonaron los montos que estuvieron en condiciones de afrontar y argumentaron que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de las sumas reclamadas.

El panorama cambió durante la tarde del miércoles cuando Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que obligó a frenar la medida de fuerza y normalizar el transporte. Desde el organismo oficial criticaron la postura del gremio, argumentando que el paro no se notificó bajo los canales formales y que se descuidó el porcentaje de servicio que exige la ley para actividades esenciales.

La orden, sin embargo, no modificó la decisión de los choferes. Un dirigente gremial sostuvo que el servicio no fue restablecido porque los trabajadores no recibieron una propuesta concreta para recomponer los salarios adeudados. De esta manera, la conciliación comenzó sin que se produjera el retorno efectivo a las calles.

La audiencia de este jueves será, por lo tanto, el primer ámbito formal para intentar acercar posiciones entre UTA, empresas y autoridades laborales. El Gobierno provincial podría exigir previamente el levantamiento de la medida como condición para avanzar en la negociación, mientras que el sindicato reclama que el cumplimiento salarial forme parte de la discusión.

El impacto sobre los usuarios

Desde el Ministerio de Educación se comunicó que quedarían exceptuadas del cómputo de inasistencias aquellas personas —tanto estudiantes como educadores— afectadas por el paro de micros. La ausencia de colectivos también incrementó la demanda sobre las plataformas de transporte particular. Usuarios que recurrieron a servicios como Uber afrontaron tarifas superiores a las habituales, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

Con posiciones encontradas, las partes se miden hoy en una instancia clave de conciliación. La UTA mantiene su reclamo por la deuda salarial, frente a unas empresas que se declaran en crisis para pagarla. Del resultado de este jueves dependerá si se restablece el servicio o se prolonga el paro.