La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.

La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.

Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.

Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.

La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.

La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.

Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.

La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.

La disputa entre UPCN y ATE escaló con acusaciones personales y cuestionamientos sobre la política salarial del Gobierno de Javier Milei. La organización conducida por Andrés Rodríguez respondió con dureza a las críticas de Rodolfo Aguiar, a quien acusó de mantener un discurso contradictorio frente a los acuerdos paritarios que firma en distintos ámbitos de la Administración Pública.

En un comunicado titulado “Aguiar firma todas las paritarias: siempre”, UPCN sostuvo que el secretario general de ATE cuestiona públicamente los aumentos negociados, pero suscribe actas en organismos como ANSES y ACUMAR, además de acuerdos en Río Negro. La conducción sindical fue tajante: “Todos sabemos que mentís y les mentís a los trabajadores”.

El gremio también cuestionó los resultados de la conducción de ATE y reclamó que Aguiar exhiba qué mejoras salariales consiguió para sus afiliados. Al mismo tiempo, reivindicó su papel como organización mayoritaria en la Administración Pública Nacional y defendió su participación en las negociaciones colectivas.

La respuesta llegó después de que Aguiar responsabilizara a UPCN por aceptar incrementos que, según su evaluación, profundizan la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. En declaraciones a la prensa, afirmó que el Gobierno no impuso unilateralmente los acuerdos y apuntó contra Rodríguez por haberlos firmado.

Una disputa por los salarios y el poder sindical

La diferencia quedó expuesta en la negociación correspondiente al período septiembre-diciembre. Según los datos difundidos en el material de origen, UPCN aceptó aumentos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, junto con una suma fija de $80.000 prevista para fin de año. ATE rechazó la pauta por considerarla insuficiente frente a la inflación y anticipó nuevas medidas de fuerza.

Para Aguiar, aceptar esos porcentajes implica convalidar el deterioro salarial. UPCN, en cambio, defiende su participación en las paritarias como una herramienta para preservar derechos y representar a los empleados públicos, aun cuando los resultados no satisfagan las expectativas gremiales.

La pugna busca cambiar el peso de cada gremio en las negociaciones. Aguiar propuso aumentar el padrón de ATE para ganar la mayoría y quitar a Rodríguez de la paritaria. Desde UPCN respondieron que ellos mantienen la representatividad gracias al contacto diario con los estatales en las oficinas.

Retiros voluntarios: otra diferencia frente al Gobierno

El enfrentamiento se extiende a la política de reducción del empleo público. Mientras ATE rechaza los retiros voluntarios impulsados por el Ejecutivo y los considera parte de un proceso de achicamiento estatal, UPCN sostiene una posición diferente: cuestiona su conveniencia general, pero entiende que cada trabajador debe contar con información suficiente para evaluar una eventual adhesión.

Aguiar calificó el programa como un “despido extorsivo” y anunció una movilización a la Quinta de Olivos. Desde UPCN, en cambio, plantearon que la decisión individual debe analizarse según las circunstancias de cada empleado, sin que esa postura implique un respaldo sindical a la reducción de la planta estatal.

Las diferencias reflejan dos formas de enfrentar las decisiones oficiales. ATE prioriza la movilización, los paros y el rechazo público de los acuerdos que considera regresivos; UPCN apuesta por la negociación colectiva y la preservación de espacios de representación dentro de la administración.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales anunciaron que sostendrán las movilizaciones hasta que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El pronunciamiento llegó después de la quinta Marcha Federal que, según la estimación de la Federación de Docentes (FEDUN), reunió a más de un millón de personas en distintos puntos del país.

La organización que conduce Daniel Ricci reivindicó la masividad de la convocatoria y sostuvo que la movilización expresó el respaldo social a la educación pública, en medio de los reclamos por la recomposición salarial y los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

“Haremos todas las marchas y acciones que sean necesarias hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento y se garantice el futuro de nuestras universidades”, advirtió la FEDUN. La federación también consideró que la convocatoria trascendió las reivindicaciones gremiales y reunió a estudiantes, trabajadores, graduados y ciudadanos en defensa de la universidad pública.

En la misma línea se pronunció la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), encabezada por Walter Merkis, que ratificó la continuidad de las protestas si persiste el incumplimiento de la norma. La entidad destacó la participación de los sindicatos de base y la convergencia de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias.

“La lucha es federal. La Universidad Pública también. Y mientras la ley siga sin cumplirse, vamos a seguir con las marchas”, sostuvo la FATUN, que vinculó el reclamo con la defensa de los salarios, la educación, la soberanía y la democracia.