Tras la resolución del Gobierno nacional que otorgó prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión destinada al proyecto Vicuña, ASIJEMIN sostuvo que la inversión debe ser afrontada por las empresas mineras y no mediante regalías futuras, recursos públicos o mayores costos para los usuarios. También reclamó mayor participación de San Juan en las decisiones sobre una infraestructura considerada estratégica.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) manifestó su rechazo a que la construcción de la infraestructura eléctrica destinada a abastecer al proyecto minero Vicuña sea financiada con regalías mineras futuras o recursos del Estado. El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional ratificara, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), la prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión prevista para el emprendimiento, una obra cuya inversión ronda los 800 millones de dólares.

La decisión de la administración nacional dejó sin efecto los planteos formulados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que había expresado reparos sobre la asignación prioritaria de la capacidad de transporte eléctrico. Para ASIJEMIN, la resolución implica ceder durante los próximos 25 años el uso preferencial de una infraestructura estratégica a una compañía privada, reduciendo la participación de la provincia en la definición de un recurso considerado clave para su desarrollo productivo.

No obstante, el sindicato aclaró que no se opone a la ejecución de la obra. Por el contrario, consideró que resulta indispensable para acompañar el crecimiento de los grandes proyectos mineros previstos en San Juan. Su principal objeción radica en el esquema de financiamiento y en la necesidad de que la inversión sea absorbida por las empresas beneficiarias, sin comprometer regalías futuras, fondos públicos ni trasladar costos adicionales a los usuarios del sistema eléctrico.

La organización también reclamó que la construcción incorpore una fuerte participación de empresas sanjuaninas, proveedores locales, trabajadores de la provincia e industria nacional. A su entender, una iniciativa de esta magnitud debe transformarse en una herramienta para fortalecer la licencia social de la minería mediante la generación de empleo, el desarrollo de las pymes y la creación de valor agregado en las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos.

En ese sentido, ASIJEMIN objetó los modelos de contratación con predominio de operadores externos y sostuvo que la infraestructura energética vinculada a la minería debe convertirse en un factor de crecimiento para toda la economía provincial y no limitarse a satisfacer las necesidades operativas de los proyectos extractivos.

Como alternativa, el gremio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional y provincial, las empresas mineras, los sindicatos, las comunidades y los sectores productivos. El objetivo sería consensuar un esquema de ejecución que contemple tanto las demandas energéticas de los futuros desarrollos mineros como los beneficios permanentes para las localidades involucradas.

El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, afirmó que el crecimiento de la infraestructura energética asociada a la minería debe traducirse en mejoras concretas para la población. En esa línea, sostuvo que las inversiones deben generar más empleo, fortalecer los servicios públicos y acompañar el desarrollo económico y social de San Juan, consolidando un modelo en el que la expansión minera también impulse beneficios duraderos para la provincia.

La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) presentarán una batería de medidas gremiales que incluirá un paro nacional y acciones en todo el país. Reclaman la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.

Los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciarán el próximo 3 de agosto un conjunto de medidas de fuerza que se extenderá durante todo el mes, en respuesta a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento que, según denuncian, afecta al sistema educativo argentino.

La presentación se realizará a las 14 en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo 802, con la participación de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Secretaría de Políticas Educativas de la central obrera, encabezada por Sergio Romero, y miembros del Consejo Directivo Nacional.

Las organizaciones adelantaron que el cronograma incluirá un paro nacional docente y distintas acciones de visibilización en establecimientos educativos de todo el país. El objetivo, señalaron, es exponer la crítica realidad que atraviesa la educación pública y reclamar respuestas concretas del Gobierno nacional frente a la pérdida salarial y la falta de negociación colectiva.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de convocatorias por parte de las secretarías de Educación y de Trabajo de la Nación para reactivar la Paritaria Nacional Docente. Desde la CEA, conducida por Fabián Felman, recordaron que el último encuentro se realizó en abril y sostuvieron que el salario docente permanece congelado en 500.000 pesos desde febrero de 2025, una cifra que consideran completamente desactualizada frente al incremento sostenido del costo de vida.

Durante la última reunión del Consejo Directivo de la CEA, los dirigentes analizaron la evolución del conflicto y resolvieron coordinar una respuesta conjunta con los restantes sindicatos docentes de la CGT. Felman confirmó que la decisión busca fortalecer una postura común para exigir la reapertura de las negociaciones salariales y una mayor inversión destinada a sostener el funcionamiento del sistema educativo.

El conflicto también suma otros actores sindicales. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, alineada con la CTA, convocó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el inicio de agosto estará marcado por una fuerte convergencia de reclamos impulsados por las principales organizaciones docentes del país. La coincidencia de las medidas anticipa un comienzo de mes con alto impacto en el dictado de clases y vuelve a colocar la política educativa y salarial en el centro de la agenda gremial nacional.

El sindicato renovará sus autoridades el próximo 4 de septiembre en una votación sin precedentes. Guillermo Villalón buscará continuar al frente de la organización, mientras que Natalia González liderará la primera lista opositora de la historia del gremio y se convertirá en la primera mujer en competir por la Secretaría General nacional.

El próximo 4 de septiembre, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) vivirá unos comicios inéditos en sus 80 años de historia al competir dos listas por la conducción nacional, dejando atrás la tradicional lista única.

La contienda enfrentará a la actual conducción, encabezada por el secretario general Guillermo Villalón, con una nómina opositora liderada por Natalia González, secretaria general de la Seccional Telecom-B. Su candidatura representa otro hecho inédito: será la primera mujer en disputar la máxima responsabilidad del gremio a nivel nacional.

Los comicios convocarán a trabajadores y trabajadoras de Correo Argentino, Radio Nacional y emisoras privadas de todo el país, quienes además de elegir la Comisión Directiva Nacional votarán a congresales, delegados e integrantes de las comisiones ejecutivas de las distintas seccionales.

Villalón asumió la conducción del sindicato en julio de 2023, tras el fallecimiento de Juan Palacios, histórico dirigente que encabezó AATRAC desde 2002 y dejó una fuerte impronta en la organización. Lo acompañan en la conducción nacional Guillermo Guerrero, como secretario general adjunto, y Hugo Fernández, como secretario gremial. Ahora el oficialismo buscará renovar su mandato frente a una oposición que competirá por primera vez en igualdad de condiciones.

La elección se desarrollará en un momento especialmente delicado para los trabajadores de las comunicaciones. Los conflictos que atraviesan Correo Argentino y Radio Nacional, con denuncias sindicales por el deterioro de ambas empresas, despidos, reducción de estructuras e incertidumbre sobre el futuro de los servicios, colocan a la representación gremial en un lugar central dentro del debate laboral.

A ello se suma un elemento de peso institucional. Correo Argentino tendrá un papel determinante en la organización logística de las elecciones nacionales de 2027, cuando el país vuelva a las urnas para elegir autoridades ejecutivas y legislativas. En ese marco, la conducción que surja de los comicios de septiembre deberá afrontar una etapa de alta complejidad para la defensa de las condiciones laborales y el funcionamiento de una empresa considerada vital para el sistema democrático.

La convocatoria electoral quedó formalizada durante los congresos ordinario y extraordinario realizados en junio, donde AATRAC fijó el cronograma para la renovación de autoridades nacionales. Desde entonces, ambas listas comenzaron el proceso de campaña con el objetivo de captar el respaldo de los afiliados en todo el territorio argentino.