La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines fue violentada durante el fin de semana. Destruyeron oficinas, equipos y documentación. El hecho ocurre a pocos días de la movilización del 18 de diciembre contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Un grave episodio de violencia sacudió al movimiento sindical argentino en las últimas horas. La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), conducido por el co–secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue blanco de un ataque vandálico de gran magnitud durante el fin de semana.

El edificio, ubicado sobre la avenida Juan de Garay 371, en la Ciudad de Buenos Aires, fue violentado por personas que ingresaron por la parte superior del inmueble en un horario que aún no pudo ser determinado. Según las primeras informaciones, los atacantes desactivaron y arrancaron las cámaras de seguridad antes de avanzar con los destrozos en el interior del sindicato.

Puertas forzadas, oficinas destruidas, computadoras inutilizadas y abundante documentación revuelta componen el saldo del ataque. El nivel de daño registrado refuerza la gravedad del episodio y encendió alarmas dentro del gremio y en el conjunto de la dirigencia sindical.

“Está todo el sindicato revuelto, puertas y computadoras rotas, papelerío por todos lados. Destruyeron el gremio, está todo destruido”, describió Jerónimo en declaraciones radiales. El dirigente expresó además su preocupación por el mensaje implícito del ataque y reclamó una respuesta inmediata del sistema judicial: “Esperamos que actúe rápida y eficazmente la Justicia, que investigue lo que pasó. Nos preocupa por demás”.

Tras el hecho, se radicó la denuncia correspondiente y personal de la Policía Científica trabaja en el lugar para relevar daños, levantar rastros y avanzar con las pericias que permitan esclarecer lo sucedido. Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas, aunque la investigación continúa en curso.

El ataque se produce en un contexto de elevada conflictividad política y sindical, marcado por el debate en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, la CGT convocó a una movilización para el próximo 18 de diciembre, en rechazo a los cambios propuestos, y Jerónimo fue uno de los dirigentes que se expresó públicamente contra la iniciativa y participó activamente de la organización de la protesta.

Si bien desde fuentes cercanas a la causa evitaron adelantar conclusiones, el episodio es analizado dentro del clima de tensión que atraviesa al movimiento obrero. La destrucción selectiva de infraestructura y documentación, sumada a la desactivación previa de las cámaras, refuerza la preocupación en torno a una posible maniobra de intimidación.

El hecho reaviva además el debate sobre los límites de la confrontación política y el riesgo de que la violencia se instale como método de presión en un escenario ya atravesado por profundas disputas sociales y económicas.

El nuevo integrante del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, analizó los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que los cambios propuestos afectan salarios, financiamiento sindical y negociación colectiva. Según sostuvo, el proyecto avanza hacia un modelo de relaciones individuales que deja al trabajador en una posición de mayor vulnerabilidad frente al empleador.

La reforma laboral que el Gobierno impulsa en el Congreso sigue generando un fuerte rechazo en el movimiento sindical. En ese marco, el secretario general del Sindicato del Seguro y flamante cotitular de la CGT, Jorge Sola, planteó una advertencia directa: los cambios propuestos no solo modifican reglas administrativas, sino que alteran principios estructurales del derecho del trabajo y del sistema de representación gremial.

“Este proyecto ataca principios básicos de protección y deja al trabajador mucho más indefenso”, afirmó Sola, al analizar el impacto que la iniciativa tendría sobre la negociación colectiva, los salarios y el rol histórico de los sindicatos como contrapeso del poder empresarial.

Uno de los ejes centrales del debate es la cuestión de la cuota sindical y el mecanismo de afiliación. En ese punto, Sola buscó aclarar conceptos que —según señaló— suelen ser distorsionados en la discusión pública. Recordó que la afiliación gremial es una opción constitucional del trabajador y que el descuento de la cuota solo se realiza cuando existe una manifestación expresa de voluntad. “Si el trabajador no firma su ficha de afiliación, no se le descuenta nada. No es un aporte automático ni uniforme”, subrayó.

Actualmente, las empresas cumplen el rol de agentes de retención de esa cuota, que financia la actividad sindical, desde la negociación paritaria hasta los servicios sociales y de asistencia. Sola diferenció este mecanismo de las contribuciones solidarias acordadas en algunas paritarias, aclarando que no se aplican en todos los gremios ni de manera generalizada. “Son figuras distintas y hay que entenderlas como tales”, remarcó.

Análisis: el trasfondo del financiamiento y la negociación colectiva

Según explicó el dirigente, la cuota sindical suele representar entre el 1% y el 2% del salario, y permite sostener no solo la representación gremial, sino también una red de prestaciones que, en muchos casos, alcanza incluso a trabajadores no afiliados: turismo social, subsidios escolares, cobertura de salud y beneficios sociales.

En ese punto, Sola cuestionó el uso del concepto de free rider —frecuente en los argumentos oficiales— para justificar la eliminación o restricción de las contribuciones. “Se plantea que hay quienes pagan y quienes reciben los mismos beneficios sin aportar, pero ese razonamiento no refleja la diversidad de situaciones reales ni el funcionamiento del sistema sindical argentino”, sostuvo.

Uno de los cambios más sensibles del proyecto es que las empresas “podrán” retener las cuotas sindicales, en lugar de hacerlo de manera obligatoria cuando existe afiliación. Para Sola, esa modificación introduce una desregulación que afecta la previsibilidad financiera de los gremios. “La empresa queda liberada a decidir si retiene o no, siempre con aval del trabajador. Eso altera el sistema solidario y debilita la estructura de financiamiento sindical”, advirtió.

Desde su mirada, la reforma rompe con dos pilares del derecho laboral: el principio protector y la progresividad de los derechos. En lugar de fortalecer la negociación colectiva, el proyecto promueve acuerdos individuales entre trabajador y empleador. “Se fomenta una relación mano a mano que, en un contexto de desigualdad, siempre deja al trabajador en desventaja”, afirmó.

Sola también alertó sobre la intención de fortalecer sindicatos por empresa en detrimento de los sindicatos por actividad, un esquema que, según señaló, fragmenta la representación y debilita el poder de negociación. “Es una lógica que va a la baja del reconocimiento del trabajo y del rol colectivo de los laburantes”, sintetizó.

Para el dirigente de la CGT, la reforma laboral no puede analizarse solo como un conjunto de cambios técnicos. Detrás del proyecto —advirtió— existe una redefinición profunda del modelo de relaciones laborales en la Argentina. “No se trata únicamente de salarios o aportes, sino de qué tipo de protección va a tener el trabajador y qué lugar van a ocupar los sindicatos en la defensa de esos derechos”, concluyó.

ATEPSA anunció un paro progresivo a partir del 18 de diciembre en reclamo de mejoras salariales y por presuntos incumplimientos paritarios por parte de EANA. El conflicto podría escalar e impactar en vuelos nacionales e internacionales en pleno comienzo de la temporada alta.

La tranquilidad previa a las fiestas de fin de año quedó en suspenso tras el anuncio de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). El gremio adelantó un plan de lucha progresivo que comenzará el miércoles 18 de diciembre y que amenaza con interrumpir o demorar vuelos en todos los aeropuertos del país.

El detonante del conflicto está en los reclamos salariales y en lo que los trabajadores denuncian como incumplimientos paritarios por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). También señalan el desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la “falta de diálogo” y la ausencia de respuestas a los planteos elevados en los últimos meses.

La medida se definió en una asamblea en la sede central de EANA, donde los controladores expresaron su “repudio a la falta de negociación” y ratificaron que retomarán un plan de acción iniciado el 3 de noviembre y que había quedado en suspenso por la conciliación obligatoria dictada en agosto.

Aumenta la tensión: paros progresivos y la posibilidad de escalar a vuelos internacionales

ATEPSA informó que el cese de actividades comenzará afectando a los vuelos nacionales, pero advirtió que, de persistir el conflicto, las medidas podrían extenderse a los vuelos internacionales, complicando uno de los períodos de mayor demanda de todo el año.

Aunque el gremio todavía no difundió el cronograma detallado, anticipó que durante los próximos días realizará asambleas nacionales para definir horarios, modalidades y alcances de cada instancia del plan de lucha. “Meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un convenio colectivo desconocido”, argumentaron desde el sindicato.

Desde la empresa, en cambio, aseguran que el acuerdo paritario sigue vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales, una postura que profundizó el malestar entre los controladores.

Un conflicto que se agrava por el deterioro del diálogo

La reactivación de la protesta refleja la falta de avances en las negociaciones. El gremio acusa a EANA de incumplir un acuerdo firmado hace más de dos meses, mientras que la empresa sostiene su posición y niega irregularidades. La distancia entre ambas partes llevó a un nuevo foco de tensión que amenaza con expandirse durante la temporada alta.

“Instamos a EANA a dar respuestas. Sin diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, advirtió ATEPSA. Para este viernes está prevista una audiencia en la Secretaría de Trabajo que buscará acercar posiciones y evitar una paralización que podría afectar a miles de pasajeros.

Desde EANA afirmaron que “el paro aún no está confirmado”, aunque no mostraron señales de flexibilizar la postura que originó el conflicto. Así, la principal expectativa para desactivar las medidas parece quedar en manos de la Secretaría de Trabajo, que podría dictar una nueva conciliación obligatoria, como ya ocurrió en reclamos anteriores.

Sin embargo, incluso esa alternativa sólo patearía la disputa hacia enero, otro mes de alto movimiento turístico, sin resolver de fondo la discusión salarial ni las diferencias sobre el convenio colectivo.