Con la designación de María Gabriela Fernández en la Subsecretaría de Medios Públicos, el Gobierno acelera la reestructuración del sistema estatal de comunicación, anticipando nuevos recortes, retiros voluntarios y una redefinición profunda del rol del Estado en materia informativa.

La política de ajuste del Gobierno nacional sumó esta semana un nuevo capítulo con la designación de María Gabriela Fernández como subsecretaria de Medios Públicos. El nombramiento, formalizado mediante el Decreto 7/2026, consolida una estrategia que combina reordenamiento institucional, reducción presupuestaria y un repliegue deliberado del Estado en el sistema de comunicación pública.

De perfil técnico, bajo nivel de exposición pública y formación jurídica, Fernández asume la conducción de una subsecretaría clave que concentra Radio y Televisión Argentina (RTA), Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado, ex Télam. Se trata de un área neurálgica desde la cual se definen no solo políticas administrativas, sino también el alcance simbólico y democrático de los medios estatales.

La designación se produce en un contexto de reconfiguración profunda del esquema presidencial. Tras el corrimiento de Guillermo Francos y el ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el área de Comunicación quedó aún más concentrada. Bajo esa órbita opera ahora Javier Lanari, mientras que la reciente disolución de la Secretaría de Prensa —hasta entonces conducida por Eduardo Serenellini— terminó de cerrar un esquema reducido, centralizado y con dependencia directa de la Presidencia.

Este rediseño institucional no es neutro. Responde a una concepción ideológica explícita del Gobierno, que desconfía del rol del Estado como garante del derecho a la información y la libertad de expresión, principios consagrados por el derecho internacional como pilares del sistema democrático. En línea con esa mirada, la administración de Javier Milei sostiene que esos derechos deben quedar librados al mercado, aun cuando ello implique desigualdad de acceso, concentración de voces y pérdida de pluralismo.

En ese marco, los medios públicos vuelven a quedar en el centro del ajuste. Según versiones difundidas por medios oficialistas, el Gobierno planea reducir aún más la planta de personal en la TV Pública y Radio Nacional, bajo el argumento de que las estructuras actuales están “sobredimensionadas” y responden a herencias de gestiones anteriores. La herramienta elegida sería un esquema de retiros voluntarios, con compensaciones diferenciadas según antigüedad y función, y una implementación gradual.

La ejecución de ese proceso quedará en manos del interventor Carlos Curci, ex vocero de la Sociedad Rural, quien reemplazó a Eduardo González. Desde el Ejecutivo insisten en aplicar criterios propios de empresas comerciales, señalando que los medios estatales “funcionan a pérdida” y presentan dotaciones superiores a las de señales privadas, una comparación que omite deliberadamente su función social, federal y cultural.

Dentro de ese plan, Paka Paka aparece como una de las señales más comprometidas: podría ser transferida a otras áreas, privatizada o directamente cerrada. En el caso de RTA, el objetivo oficial sería reducir su estructura “casi a la mitad”. La ex Télam, encargada de administrar la pauta oficial, también figura entre las dependencias alcanzadas por los recortes.

La llegada de María Gabriela Fernández no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una política clara y sostenida: achicar, desarticular y resignificar el sistema de medios públicos bajo una lógica de mercado. Más que una discusión administrativa, lo que está en juego es el modelo de comunicación que el Estado argentino decide abandonar.

En tiempos de alta concentración mediática, fragmentación social y crisis de representación, el repliegue estatal en materia informativa no es una decisión inocua. Supone aceptar que el acceso a la información, la diversidad de voces y la construcción de sentido colectivo queden subordinados a la rentabilidad. El ajuste, en este caso, no solo recorta presupuestos: recorta derechos, presencia federal y pluralismo democrático.

La precarización del mercado laboral argentino empieza a mostrar su fase más descarnada. En un contexto signado por la destrucción del poder adquisitivo, el debilitamiento de las protecciones legales y una narrativa oficial que celebra la “flexibilización”, algunas empresas ya se adelantan a la reforma laboral con ofertas que rozan límites históricamente inaceptables.

En las últimas horas, un local de la franquicia de supermercados Día difundió a través de la red social X una propuesta de empleo para el sector fiambrería que desató una fuerte polémica: 407 mil pesos mensuales a cambio de jornadas de 12 horas diarias, de lunes a lunes. El aviso, lejos de ser un caso aislado, funciona como una radiografía anticipada del modelo laboral que sectores del empresariado parecen dispuestos a consolidar.

El salario ofrecido apenas alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica Total de noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y sin margen alguno para gastos adicionales. En términos reales, se trata de un ingreso de subsistencia. Incluso comparado con el Salario Mínimo Vital y Móvil, la cifra resulta engañosa: supera ese piso en unos 66 mil pesos, pero lo hace exigiendo cuatro horas diarias más de trabajo que la jornada legal de referencia.

La publicación detalla que el horario sería de 9 a 21, con una hora de descanso para almorzar, lo que implica 11 horas efectivas de trabajo diario, muy por encima de las 8 horas diarias o 48 semanales que establece la vigente Ley de Contrato de Trabajo. Como complemento, el aviso promete unos 20 mil pesos adicionales por presentismo y eventuales premios sujetos al “cumplimiento de objetivos de venta”, mecanismos que trasladan al trabajador la presión por resultados comerciales.

El trasfondo de esta oferta no puede leerse de manera aislada. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el salario mínimo sufrió una pérdida acumulada de hasta el 36% de su poder adquisitivo, producto de laudos oficiales muy por debajo de la inflación. Al mismo tiempo, la economía expulsó cientos de miles de empleos registrados, mientras la precarización laboral supera hoy el 40% de la población ocupada.

Este escenario no solo profundiza desigualdades, sino que habilita prácticas que normalizan la sobreexplotación. En rubros como el comercio, donde históricamente ya existían tensiones por condiciones laborales, el deterioro actual expone niveles de exigencia que rozan lo inhumano y reinstalan debates que se creían saldados hace décadas.

La oferta difundida por el supermercado Día no es una anomalía: es una señal de época. Funciona como una ventana al futuro laboral que algunos sectores económicos imaginan y que el Gobierno busca legitimar bajo el rótulo de “modernización”. Jornadas extensas, salarios de hambre y derechos reducidos a su mínima expresión configuran el horizonte de una reforma que promete profundizar la desigualdad.

Antes incluso de que el Congreso debata los cambios, el mercado ya comenzó a aplicarlos. Y lo hace sobre una población trabajadora debilitada, con escaso margen de negociación y urgida por la necesidad. El riesgo es claro: que la precarización deje de ser una excepción para convertirse en la nueva norma del trabajo en la Argentina.

Las intensas lluvias que afectaron la provincia provocaron severos daños en la producción de hortalizas. Desde la Sociedad de Chacareros advirtieron que la pérdida de cultivos generará un bache productivo y aumentos de hasta el 30% en frutas y verduras durante las próximas semanas.

Las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días en San Juan encendieron la alarma entre los productores hortícolas, que ya advierten un impacto directo en la oferta de frutas y verduras. Según estimaciones del sector, las pérdidas provocadas por el temporal derivarán en subas de precios que podrían alcanzar hasta el 30% en los mercados locales.

Desde la Sociedad de Chacareros de San Juan explicaron que los meses de verano representan una etapa crítica para la producción, debido a la recurrencia de tormentas intensas, granizo y lluvias abundantes que afectan de manera significativa el rendimiento de los cultivos. En esta oportunidad, el volumen de agua caída generó inundaciones en las chacras y daños generalizados.

El presidente de la entidad, Sergio López, señaló que el temporal afectó prácticamente a toda la provincia. “Nos ha afectado mucho y nos va a afectar a futuro porque ha llovido en todo San Juan”, afirmó. Entre los productos más perjudicados se encuentran el tomate y las verduras de hoja, como la lechuga, la acelga y la espinaca, que resultan especialmente sensibles al exceso de agua.

Según explicó el dirigente, gran parte de los cultivos recientemente sembrados o en etapas iniciales de crecimiento se perdió por completo debido a la saturación de los suelos. “Todo lo que se había sembrado o estaba chico se ha perdido por las inundaciones”, detalló.

El escenario abre ahora un período de escasez temporaria. López anticipó que habrá un bache productivo de entre 10 y 15 días, tiempo necesario para que los terrenos se sequen y pueda retomarse la siembra. “Tenemos que esperar que los suelos drenen. Eso implica una demora de al menos dos semanas”, explicó, y agregó que las lluvias intensas afectan con mayor fuerza a los cultivos de menor porte.

En el corto plazo, los productores deberán concentrarse en la recolección y selección de las hortalizas que aún puedan ser comercializadas. “Se intenta rescatar lo que queda. Donde antes se sacaba un fardo completo de lechuga, ahora se pueden salvar 30 o 40 plantas”, indicó López. El resto de la producción, sin embargo, debe ser descartada, lo que reduce drásticamente la oferta.

Impacto en los precios

La caída en la producción ya comenzó a reflejarse en los precios y, según el sector, la tendencia se profundizará en los próximos días. Desde la Sociedad de Chacareros estiman que el aumento promedio rondará el 30%, con variaciones según el producto.

“El precio va a influir en todos los productos”, sostuvo López, quien aclaró que hasta ahora la inflación no había impactado de manera directa en las hortalizas. Por el contrario, explicó que durante 2024 los precios habían caído entre un 30% y un 40% debido a un sobrestock en el mercado. “Ahora va a pasar lo contrario: se van a levantar los precios por efecto de los temporales”, advirtió.

De hecho, algunos aumentos ya comenzaron a registrarse. “Con los aguaceros en Pocito, que es la principal zona productora de San Juan, la lechuga y la acelga ya subieron un 30%, y calculamos que podría haber otro 30% adicional en los próximos días”, finalizó.

El temporal dejó al descubierto la vulnerabilidad de la producción hortícola frente a eventos climáticos extremos y anticipa un impacto inmediato en los precios de frutas y verduras. Mientras los productores intentan recomponerse y retomar la actividad, los consumidores sanjuaninos deberán enfrentar subas que reflejan las pérdidas en el campo y la interrupción momentánea del abastecimiento.