El Sindicato Jerárquico Minero ASIJEMIN amplió las prestaciones destinadas a sus afiliados con la incorporación de un servicio de acompañamiento psicológico virtual para trabajadores y sus familias. La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, encabezada por Maximiliano Arias, y estará a cargo de la licenciada en Psicología Virginia Pantano (MP 15.686).

La modalidad fue diseñada teniendo en cuenta las particularidades de la actividad minera, especialmente los períodos de trabajo y descanso que atraviesan muchos trabajadores. Los turnos podrán coordinarse de manera virtual para facilitar el acceso a la atención profesional independientemente del lugar donde se encuentre el el operario.

ASIJEMIN cubrirá el costo de la primera consulta. La continuidad del tratamiento, nuevas sesiones o eventuales derivaciones serán acordadas posteriormente entre la profesional y el trabajador o su grupo familiar.

Desde la organización remarcaron además que las consultas tendrán carácter privado y confidencial. El objetivo es generar un espacio profesional en el que los afiliados puedan expresar sus preocupaciones, ser escuchados y recibir orientación ante distintas circunstancias personales o familiares.

Arias destacó que la iniciativa parte de una concepción integral del acompañamiento sindical. “Detrás de cada trabajador hay una persona, una familia y una realidad”, señaló, al remarcar que la tarea gremial también implica atender necesidades que exceden las cuestiones estrictamente laborales, señaló Arias.

La psicóloga Virginia Pantano, responsable del servicio, explicó que la propuesta busca ofrecer escucha y acompañamiento profesional mediante una modalidad compatible con las características de las jornadas y los períodos de permanencia de los trabajadores mineros.

Mediante esta herramienta, ASIJEMIN robustece el catálogo de prestaciones destinadas al desarrollo integral de sus afiliados, maximizando el impacto de sus programas de asistencia.

El diputado nacional presentó una iniciativa que crea un régimen voluntario para personas humanas, microempresas y pequeñas empresas con hasta cinco empleados. Propone un pago mensual unificado, trámites digitales y beneficios para quienes incorporen a su primer trabajador.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Simplificado de Registración Laboral y Seguridad Social destinado a empleadores que tengan hasta cinco trabajadores. La propuesta apunta a reducir las cargas administrativas y facilitar la incorporación de empleados al sistema formal.

El mecanismo sería voluntario y establecería una contribución mensual unificada por cada trabajador, destinada a cubrir aportes jubilatorios, obra social, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y riesgos del trabajo. Los montos serían determinados por ARCA mediante escalas vinculadas con la remuneración.

La iniciativa también contempla una plataforma digital gratuita que permitiría realizar altas y bajas, liquidar salarios, calcular obligaciones y emitir certificaciones de servicios y remuneraciones mediante clave fiscal.

Uno de los puntos centrales es un régimen especial para regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados. Los empleadores con hasta cinco personas en esa condición que adhieran durante los primeros seis meses de vigencia podrían acceder a la condonación de multas, sanciones y parte de las deudas previsionales, además de la baja del REPSAL, siempre que regularicen a todo su personal.

El proyecto incorpora, además, un incentivo para la contratación del primer empleado. El beneficio establece una reducción del 75% de la contribución unificada durante los primeros seis meses y del 50% durante el semestre siguiente, siempre que el empleador no haya tenido personal registrado durante el año anterior.

Para impedir el uso abusivo del régimen, la propuesta excluye a quienes fragmenten artificialmente sus empresas o actividades para permanecer dentro del límite de cinco trabajadores. Si el empleador supera esa cantidad, quedaría automáticamente fuera del sistema simplificado.

En los fundamentos, Pichetto sostiene que la informalidad continúa siendo uno de los principales problemas del mercado laboral argentino y que las mayores dificultades se concentran en pequeñas unidades productivas, que afrontan procedimientos administrativos similares a los de compañías de mayor tamaño.

El legislador asegura que su iniciativa no modifica derechos laborales ni prestaciones de la seguridad social, sino que procura simplificar la registración y ampliar la cantidad de trabajadores incorporados formalmente al sistema. La propuesta deberá ahora iniciar su recorrido parlamentario y ser debatida en las comisiones correspondientes.

La CGT y las dos CTA abandonaron la reunión del Consejo del Salario luego de rechazar una propuesta empresaria que contemplaba aumentos inferiores al 2% mensual. El piso legal permanece en $376.600 y acumula una pérdida real del 40,5% desde noviembre de 2023.

La reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes sin consenso. Los representantes de la CGT y las dos CTA se retiraron en rechazo a la propuesta presentada por las cámaras empresarias, que contemplaba incrementos inferiores al 2% mensual para los próximos meses.

El salario mínimo permanece actualmente en $376.600 para los trabajadores mensualizados y no registra una actualización desde agosto. El monto funciona como piso legal para quienes no están comprendidos por convenios colectivos y también interviene en la determinación de la prestación por desempleo.

La discusión sindical estuvo acentuada por el deterioro acumulado del poder adquisitivo. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP-UBA) calculó que el salario mínimo perdió 40,5% de su valor real entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Solo durante julio retrocedió otro 0,8% frente a la inflación.

El estudio también ubicó el poder de compra del mínimo por debajo del nivel registrado en 2001, lo que dimensiona la magnitud del deterioro acumulado durante los últimos años.

La negociación tiene además una particularidad: el Gobierno impulsa que los salarios iniciales de determinados convenios colectivos alcancen al menos $1 millón, pero esa discusión no reemplaza la obligación de actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La falta de acuerdo deja ahora en manos del Gobierno la continuidad del procedimiento para establecer un nuevo valor. Hasta que exista una definición oficial, el piso legal continuará en $376.600, pese a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.