El oficialismo busca aprobar sin cambios el proyecto votado en Diputados, mientras crecen las tensiones con la oposición por la metodología de votación y los artículos vinculados al financiamiento universitario.

Con el quórum reglamentario asegurado, el Senado de la Nación inició este martes una sesión decisiva en la que La Libertad Avanza (LLA) intenta convertir en ley el Presupuesto 2026, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo, acompañado por la UCR, el PRO y bloques provinciales, avanza además en el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal.

La sesión se desarrolla sin un acuerdo previo con los bloques peronistas, que mantienen fuertes objeciones tanto al contenido del proyecto como a la estrategia parlamentaria del Gobierno. En ese marco, el oficialismo impulsa una votación por capítulos, una modalidad resistida por la oposición, que exige el debate y votación artículo por artículo para visibilizar los puntos más controvertidos.

Tensiones por el financiamiento universitario

Entre los aspectos más cuestionados del Presupuesto 2026 se destacan los artículos vinculados al financiamiento de las Universidades Nacionales. Incluso sectores aliados al Gobierno manifestaron reparos ante las exigencias adicionales que el Poder Ejecutivo pretende imponer como condición para el giro de fondos, así como por la derogación de artículos de leyes vigentes que garantizan recursos para el sistema educativo.

Estos puntos generaron críticas transversales y podrían convertirse en el principal foco de conflicto durante el debate en el recinto, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y reclamos sostenidos desde el ámbito académico y científico.

Nueva correlación de fuerzas en la Cámara Alta

La sesión marca además un hito institucional: es la primera convocatoria extraordinaria con la nueva composición del Senado. En este escenario, La Libertad Avanza se consolida como la segunda fuerza, con 21 senadores, por detrás del bloque peronista, que conserva la primera minoría con 28 integrantes.

Este nuevo equilibrio obliga al oficialismo a depender de alianzas circunstanciales para avanzar con su agenda legislativa, en un Congreso fragmentado y con una oposición que busca condicionar el rumbo del ajuste presupuestario.

Un debate que excede lo fiscal

Más allá de los números, el tratamiento del Presupuesto 2026 se convirtió en una discusión de fondo sobre el rol del Estado, la prioridad del gasto público y el impacto social de las políticas económicas. La falta de consensos amplios anticipa un debate extenso y cargado de tensión política, en el que cada voto será determinante.

La definición de esta sesión no solo marcará el rumbo financiero del próximo año, sino también el clima político con el que el Gobierno enfrentará el nuevo ciclo legislativo.

El proyecto de “modernización laboral” que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso no solo propone una profunda reconfiguración de las relaciones laborales: también avanza silenciosamente hacia un cambio estructural en el uso de los recursos del trabajo, reeditando mecanismos que remiten de manera directa al modelo de capitalización privada que encarnaron las AFJP.

Aunque su tratamiento en el Senado fue postergado hasta febrero, en las últimas horas comenzaron a emerger con mayor nitidez los objetivos de fondo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las piezas centrales de la iniciativa. Lejos de limitarse a facilitar el pago de indemnizaciones por despido, el esquema apunta a inyectar hasta 4.000 millones de dólares anuales al mercado de capitales, utilizando aportes obligatorios vinculados al empleo formal.

Indemnizaciones financiadas con recursos públicos

El propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicitó sin eufemismos el espíritu del proyecto: el FAL funcionará como un sistema de financiamiento anticipado de despidos, con el objetivo declarado de reducir litigios laborales y bajar el costo empresario de las indemnizaciones.

“Uno de los pedidos era que bajen las indemnizaciones. Hay que evitar llegar a juicio”, sostuvo el funcionario, al tiempo que reconoció que los fondos provendrán de recursos que hoy se destinan a cargas laborales y previsionales. En otras palabras, se reasignan aportes del trabajo activo para cubrir despidos futuros, debilitando deliberadamente el sistema previsional.

La definición no es menor. Cordero llegó incluso a afirmar que el sistema jubilatorio “ya no puede ser financiado por el trabajo activo”, justificando así la reducción de contribuciones patronales que, según el Gobierno, encarecen el contrato laboral. El resultado es un esquema en el que se desfinancian las jubilaciones mientras se subsidia al capital, bajo la promesa de mayor empleo que nunca se garantiza.

Capitales, CNV y fondos cautivos

El diseño del FAL incluye un aspecto aún más controvertido: los fondos acumulados no quedarán inmovilizados, sino que podrán ser invertidos en el mercado de capitales, bajo lineamientos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con supervisión del Ministerio de Economía y la ARCA.

El argumento oficial es “preservar el valor” de los recursos mediante inversiones financieras. En la práctica, se trata de fondos cautivos de origen laboral que pasarán a alimentar instrumentos financieros, en un contexto histórico donde experiencias similares terminaron en pérdidas para los trabajadores y ganancias concentradas para intermediarios y grandes actores del mercado.

El paralelismo con las AFJP no es casual ni forzado: aportes obligatorios, administración financiera, promesas de rentabilidad y un Estado que se corre de la responsabilidad directa sobre la protección social.

Caputo y la reivindicación explícita del modelo AFJP

El ministro de Economía, Luis Caputo, terminó de despejar cualquier duda conceptual. En declaraciones públicas, no solo defendió el rol financiero del FAL, sino que reivindicó abiertamente el sistema de capitalización privada eliminado en 2008.

“Te llevás las AFJP y te quedás sin mercado”, sostuvo, atribuyendo al kirchnerismo la destrucción del mercado de capitales local. En esa misma línea, confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral —estimado en unos 4.000 millones de dólares— será una de las columnas vertebrales para desarrollar un nuevo mercado financiero interno y reducir la dependencia de Wall Street.

El planteo invierte la lógica social: no es el mercado el que debe servir al desarrollo productivo, sino el trabajo el que pasa a servir como combustible del sistema financiero.

Modernización o regresión estructural

Más allá del envoltorio discursivo, el proyecto expone una definición ideológica clara. La “modernización” no apunta a mejorar salarios, reducir informalidad ni fortalecer el empleo de calidad, sino a flexibilizar despidos, desfinanciar la seguridad social y canalizar recursos laborales hacia la especulación financiera.

La experiencia argentina ofrece antecedentes contundentes sobre este tipo de esquemas. Lejos de promover crecimiento sostenido, la financiarización del ahorro previsional derivó en crisis, endeudamiento y pérdida de derechos. Reactualizar ese modelo, en un contexto de salarios deprimidos y alta precarización, implica asumir riesgos sociales de enorme magnitud.

Una decisión política de largo alcance

El Fondo de Asistencia Laboral no es un detalle técnico ni una herramienta neutra. Es una decisión política estructural que redefine el destino del ahorro social y reconfigura la relación entre trabajo, Estado y capital.

Si el Congreso avanza en esta dirección, el debate ya no será únicamente laboral: será previsional, financiero y profundamente político. Y volverá a poner sobre la mesa una pregunta que la Argentina ya se hizo —y respondió— hace menos de dos décadas: ¿quién debe administrar los recursos del trabajo y en beneficio de quién?

Con tarjetas de hasta 250 mil dólares, casi 500 empresarios y funcionarios participaron del cierre de año de la Fundación Faro, el think tank libertario. La velada dejó una recaudación estimada en 15 millones de dólares y exhibió, sin matices, el alineamiento del poder económico con el proyecto oficial.

El llamado Círculo Rojo volvió a reunirse para dejar un mensaje político inequívoco: el respaldo al presidente Javier Milei no solo se sostiene, sino que se profundiza. El pasado 16 de diciembre, en el exclusivo Yacht Club de Puerto Madero, la Fundación Faro —el think tank ideológico de La Libertad Avanza que preside Agustín Laje— organizó su evento de cierre de año con una asistencia récord de empresarios de primera línea, funcionarios nacionales y referentes del establishment.

La postal fue elocuente. Casi 500 invitados, tarjetas individuales valuadas en 40 mil dólares y mesas completas que alcanzaron los 250 mil. El monto final, según reconstrucciones periodísticas, rondó los 15 millones de dólares, una cifra que expresa con crudeza la magnitud del apoyo económico que el sector concentrado decidió volcar sobre el proyecto libertario.
No se trató de una reunión más. Fue una demostración de fuerza, un gesto político y financiero de quienes hace dos años apostaron por Milei y hoy celebran que el programa económico que impulsan desde hace décadas comience a ejecutarse sin mediaciones.

Una noche para ratificar el rumbo

El evento se desarrolló en dos tiempos. Primero, un cóctel al aire libre en el deck del Yacht Club; luego, tras el discurso presidencial, la cena formal. Los anfitriones fueron Georgie, Juan y Patricio “Paddy” Neuss, empresarios con intereses en energía, transporte y servicios públicos. Paddy Neuss, además, está casado con María Blaquier, heredera del grupo Ledesma, uno de los símbolos históricos del poder económico argentino.

El discurso de Milei fue recibido con entusiasmo por un auditorio compuesto mayoritariamente por CEOs y grandes accionistas. Allí, el Presidente volvió a plantear su ya conocida narrativa: el crecimiento económico —según su visión— no llegará de manera homogénea y será cuestionado por la oposición. En su estilo frontal, reafirmó su rechazo a la justicia social, a la que volvió a calificar como “un robo”.

Lejos de incomodar, esas definiciones fueron celebradas. El aplauso cerrado dejó en claro que el público presente se reconoce entre los ganadores del modelo que se está consolidando: un esquema donde la rentabilidad empresaria ocupa el centro y las consecuencias sociales quedan relegadas a un segundo plano.

Funcionarios, CEOs y una mesa común

La organización del evento cuidó cada detalle simbólico. La disposición de las mesas intercaló dirigentes políticos y empresarios, una puesta en escena pensada para exhibir la cercanía entre el sector privado concentrado y los actuales conductores del Estado. La logística estuvo a cargo de Mariana Galante, titular de la Fundación Banco Nación.

Entre los funcionarios presentes se destacaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el exministro Luis Petri. La imagen fue clara: el poder político y el poder económico compartiendo mesa, estrategia y horizonte.

Los nombres del respaldo empresarial

La lista de asistentes expuso la amplitud y profundidad del respaldo empresarial al gobierno libertario. Entre ellos estuvieron Martín y Hugo Eurnekian, sobrinos del titular de Corporación América; Horacio Marín, CEO de YPF; Alejandro Simón, de Sancor Seguros; Martín Cabrales; y Manuel Santos Uribelarrea, de MSU Energy, recientemente beneficiado por procesos de reprivatización de centrales hidroeléctricas.

También dijeron presente Damián Pozzoli y Carlos Giovanelli, del Grupo Inverlat (Havanna), recientemente asociados a los Neuss en la adquisición de distribuidoras eléctricas en distintas regiones del país. Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedor estratégico de AySA, ocupó una de las mesas principales.

El sector tecnológico estuvo representado por Martín Migoya, fundador de Globant y referente de Endeavor junto a Marcos Galperín, mientras que el comercio y la industria sumaron figuras como Federico y Sebastián Braun (La Anónima y hotelería), Francisco De Narváez, Juan Nápoli (Banco de Valores), Martín Rappallini (UIA), Luis Galli y Rubén Cherñajovsky (Newsan).
Entre los asistentes que despertaron mayor curiosidad apareció el ex presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, acompañado por Zulemita Menem, en una postal que mezcló poder económico, política y herencias históricas del poder argentino.

La cena del Yacht Club no fue solo un evento social ni una recaudación exitosa. Fue una escena condensada del modelo político y económico que se está desplegando. Empresarios que financian, funcionarios que ejecutan y un presidente que enuncia sin rodeos quiénes serán los ganadores y quiénes cargarán con los costos.

Mientras el discurso oficial insiste en las virtudes del ajuste y la desregulación, la imagen de una elite dispuesta a pagar cientos de miles de dólares por una mesa confirma que el poder real ya eligió su lugar. Y también deja una pregunta abierta, que trasciende los aplausos de salón: ¿quiénes quedarán afuera cuando llegue la cuenta social de este proyecto?