La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la adenda al convenio con Vialidad Nacional que habilita a la gestión de Marcelo Orrego a ejecutar obras en tramos de las rutas nacionales 20 y 150. El peronismo acompañó la iniciativa, pero cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por el deterioro vial y la paralización de inversiones.

En una sesión extraordinaria que combinó consenso institucional y fricción política, la Cámara de Diputados dio luz verde a la adenda que permitirá a la Provincia intervenir en corredores viales cuya jurisdicción corresponde a la Nación. La decisión, adoptada sobre tablas y con respaldo de todos los bloques, habilita al Ejecutivo local a avanzar sobre puntos críticos de la Ruta Nacional 20 y la Ruta Nacional 150, ante el deterioro acumulado y la falta de ejecución de obras por parte del Estado nacional.

El acuerdo con Vialidad Nacional constituye, en los hechos, una cesión operativa para que la provinncia asuma tareas de infraestructura en tramos considerados estratégicos para la seguridad y el desarrollo productivo. La intervención más inmediata se concretará en la intersección de la Ruta 20 con calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía, un nodo de alto tránsito que concentra circulación urbana e interdepartamental.

En este sentido, la Provincia encarará mejoras en distintos cruces de la Ruta 150, en el departamento Iglesia: calle Santa Lucía, Ruta Provincial 405 (acceso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli. Se trata de sectores con relevancia turística y minera, donde la conectividad y la seguridad vial resultan determinantes para la actividad económica.

Acompañamiento con críticas

El respaldo legislativo no estuvo exento de cuestionamientos. Desde el bloque peronista se acompañó la herramienta legal, aunque con fuertes objeciones hacia la administración libertaria. El diputado Mario Herrero, del espacio San Juan Vuelve, planteó que las rutas nacionales evidencian un marcado deterioro y denunció una “ausencia total” del Estado nacional en materia de mantenimiento.

El señalamiento apunta a un debate más amplio: la recaudación de fondos específicos para infraestructura vial frente a la falta de ejecución de obras. En ese marco, legisladores del arco opositor subrayaron que la Provincia se ve obligada a intervenir para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad en corredores clave para la producción, el turismo y la integración regional.

La discusión trasciende la coyuntura provincial. La decisión de asumir competencias sobre rutas federales refleja el reordenamiento de responsabilidades que atraviesan las provincias en un contexto de ajuste del gasto nacional. Mientras la Casa Rosada sostiene la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, los gobiernos provinciales enfrentan la presión de sostener servicios e infraestructura esenciales.

Federalismo en tensión

La adenda aprobada expone, además, una presión estructural en el esquema federal: la administración nacional conserva la titularidad de las rutas, pero la ejecución material queda en manos de la Provincia. Este mecanismo, que requiere coordinación técnica y financiera, evidencia la complejidad de sostener infraestructura estratégica en tiempos de restricciones presupuestarias.

En términos políticos, el gobernador Orrego logró un respaldo transversal que le permite avanzar con obras largamente demandadas. El consenso alcanzado en el recinto —más allá de las diferencias expresadas— revela una prioridad compartida: evitar que la discusión partidaria paralice soluciones concretas.

La aprobación unánime de la adenda vial sintetiza una doble dinámica. Por un lado, la necesidad pragmática de garantizar seguridad y conectividad en rutas neurálgicas para San Juan. Por otro, la creciente tirantez entre la Nación y las provincias respecto del financiamiento y la ejecución de infraestructura.

El desafío inmediato será traducir el aval legislativo en obras efectivas. En un escenario de restricciones fiscales y debates sobre el rol del Estado, la decisión de la Legislatura marca una definición política clara: cuando la infraestructura crítica se deteriora, la responsabilidad pública no admite dilaciones, aun cuando ello implique asumir competencias que formalmente pertenecen a otro nivel de gobierno.

Tras quedar relegada por la prioridad otorgada a la reforma laboral, la actualización de la Ley N° 26.639 sobre preservación de glaciares y ambiente periglacial será tratada el 26 de febrero en sesión especial. El debate combina aristas ambientales, intereses mineros estratégicos y discusiones constitucionales sobre competencias entre Nación y provincias.

Después de semanas de especulaciones y versiones cruzadas, el Senado fijó fecha para uno de los debates más sensibles del período de sesiones extraordinarias: la actualización de la Ley de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La convocatoria, formalizada en el marco del Decreto 24/2026, establece que el proyecto será tratado el jueves 26 de febrero a las 11, en una sesión pública especial que podría reconfigurar el equilibrio entre preservación ambiental y desarrollo extractivo.

La iniciativa busca introducir precisiones técnicas y normativas sobre el ambiente periglacial contemplado en la Ley 26.639, vigente desde 2010. Su tratamiento había sido postergado a comienzos de mes cuando el oficialismo —alineado con la agenda del presidente Javier Milei— decidió concentrar capital político en la reforma laboral. En este sentido, fuentes parlamentarias admitieron que no estaban garantizados los votos necesarios para avanzar con una discusión que combina tecnicismo jurídico y alta sensibilidad social.

“En el Senado lo tenemos más complicado”, deslizó entonces un legislador bajo reserva, en alusión a resistencias dentro de bloques justicialistas y radicales. La controversia no es meramente terminológica: detrás de la definición de “ambiente periglacial” se juega el alcance de las restricciones que pueden pesar sobre emprendimientos mineros en zonas cordilleranas.

San Juan como epicentro del debate

La discusión adquiere especial relevancia en San Juan, donde la actividad minera constituye uno de los pilares de la economía provincial. Allí confluyen áreas protegidas y proyectos de gran escala que, bajo la redacción actual, quedan alcanzados por limitaciones estrictas.

El caso paradigmático es el yacimiento de cobre El Pachón, ubicado en Calingasta. El emprendimiento incluye un glaciar de escombro o “glaciar petrificado” que, según estudios técnicos locales, no cumpliría funciones hídricas relevantes. Sin embargo, la normativa vigente lo encuadra dentro de la protección del ambiente periglacial, lo que dificulta su desarrollo.

Los impulsores de la reforma sostienen que el objetivo no es flexibilizar la tutela ambiental, sino otorgar mayor claridad conceptual y herramientas a las provincias para evaluar casos específicos en función de criterios científicos. Desde el sector minero reconocen, no obstante, que el asunto presenta complejidades constitucionales. La distribución de competencias entre la Nación —que dicta los presupuestos mínimos de protección— y las jurisdicciones provinciales, titulares del dominio originario de los recursos naturales, constituye un punto neurálgico que podría derivar en futuros litigios.

Estrategia política y cálculo parlamentario

El oficialismo optó por desdoblar el tratamiento respecto de la reforma laboral para evitar la superposición de conflictos en la calle. La simultaneidad de manifestaciones sindicales y ambientales, evaluaron en la Casa Rosada, habría elevado el costo político de ambas discusiones.

Desde ámbitos vinculados a la minería descartan una oposición monolítica del radicalismo y relativizan la idea de un rechazo frontal. Más bien describen un escenario de negociación fina, donde el texto deberá ajustarse para cosechar adhesiones sin desnaturalizar su espíritu.

El factor sanjuanino: votos bajo la lupa

La atención se concentra ahora en el posicionamiento de los senadores por San Juan. Sergio Uñac, con antecedentes de gestión favorable al desarrollo minero pero señales recientes de cautela política, mantiene su voto en reserva, lo que añade incertidumbre a la aritmética parlamentaria.

Por su parte, Celeste Giménez, alineada con La Cámpora, se perfila como una voz crítica a cualquier modificación que pueda interpretarse como una ampliación de márgenes para el sector extractivo. En el oficialismo, el senador Bruno Olivera acompañaría la postura del Gobierno nacional, respaldando la actualización normativa.

Un debate que excede la coyuntura

Más allá del resultado, la votación del 26 de febrero trasciende la agenda inmediata. La discusión expone una tensión estructural: cómo compatibilizar estándares ambientales exigentes con la explotación de recursos estratégicos en un país que necesita divisas y crecimiento productivo.

El desafío radica en evitar simplificaciones. Ni el desarrollo puede prescindir de la sustentabilidad, ni la protección ambiental puede desentenderse de las realidades económicas regionales. La clave estará en la calidad técnica del texto y en la capacidad del sistema político para alcanzar consensos que trasciendan la coyuntura.

La sesión del jueves, en definitiva, pondrá a prueba algo más que una mayoría circunstancial: medirá la aptitud del Senado para deliberar con rigor sobre un asunto donde confluyen ciencia, derecho, economía y política. En ese cruce de intereses se juega no solo el destino de un proyecto minero o de una norma ambiental, sino la credibilidad institucional frente a un debate que interpela al modelo de desarrollo argentino.

La Dirección de Educación Privada dispuso un nuevo incremento sobre el valor vigente a diciembre de 2025. Los establecimientos deberán presentar una declaración jurada antes del 31 de marzo para poder aplicar el ajuste. La medida completa el esquema de actualización previsto para el ciclo 2025.

A días del inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección de Educación Privada confirmó el aumento en las cuotas de los colegios de gestión privada. El ajuste será del 5,80% y comenzará a regir con la cuota correspondiente a marzo, según lo establece la Disposición N° 009-DEP-2026.

La resolución se inscribe en el cuarto tramo del esquema de actualización arancelaria definido para el ciclo 2025. Durante el año pasado ya se habían autorizado tres subas: en mayo, del 9,04%; en agosto, del 7,49%; y en noviembre, del 7,47%. Con el porcentaje dispuesto ahora, la autoridad educativa completa el cronograma previsto para acompañar el impacto inflacionario y los mayores costos operativos que afrontan las instituciones.

La suba alcanza a todos los establecimientos públicos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. No obstante, la aplicación del nuevo valor no será automática. Cada institución deberá presentar, antes del 31 de marzo de 2026, una declaración jurada ante el organismo de control para formalizar la actualización.

Ese documento deberá consignar el valor de la matrícula, el monto actualizado de la cuota, el porcentaje de aporte estatal que recibe el establecimiento, la cantidad de alumnos matriculados, la fecha prevista de implementación y la constancia de que la medida fue debidamente comunicada a padres o tutores.

La presentación deberá estar firmada por el representante legal del colegio. Solo una vez cumplido ese requisito administrativo quedará habilitada la aplicación del nuevo arancel.

Desde el sector educativo privado argumentan que los incrementos buscan preservar la sustentabilidad del sistema, especialmente ante el aumento de salarios docentes, servicios y mantenimiento edilicio. Sin embargo, para los hogares con ingresos medios y medios bajos, cada ajuste representa un desafío adicional para sostener la continuidad educativa en instituciones aranceladas.

La dinámica de aumentos escalonados —cuatro tramos en menos de un año— refleja el delicado equilibrio entre la necesidad de garantizar la prestación del servicio y la capacidad de pago de las familias.

Con la oficialización del incremento del 5,80%, el esquema de actualización arancelaria correspondiente al ciclo 2025 queda formalmente completado. Ahora, el foco se traslada al cumplimiento de los requisitos administrativos por parte de las instituciones y al impacto concreto que el nuevo cuadro tarifario tendrá en la economía doméstica al comenzar el año escolar 2026.