Los docentes universitarios volverán a paralizar sus actividades durante 48 horas, el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en una nueva protesta contra la política salarial del Gobierno nacional y por el financiamiento de las universidades públicas. La medida fue convocada por los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y contará con la adhesión de distintas organizaciones, entre ellas FEDUBA.

La huelga se produce en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia quedó ratificada por el Congreso después del veto presidencial. Las organizaciones sindicales y las universidades sostienen que el Poder Ejecutivo todavía no transfirió la totalidad de los recursos previstos por la normativa, pese a los pronunciamientos judiciales que ordenaron avanzar con su cumplimiento.

El reclamo no se limita al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Los fondos cuestionados también comprenden partidas vinculadas con salarios, becas e investigación, mientras las universidades advierten sobre las dificultades crecientes para sostener sus servicios y programas académicos.

A ese conflicto presupuestario se suma el deterioro de los ingresos docentes. Los gremios cuestionan que las actualizaciones salariales aplicadas durante los últimos meses hayan sido insuficientes frente a la inflación y, en varios casos, definidas sin un acuerdo paritario integral.

Según las estimaciones sindicales, desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios acumularon una pérdida cercana al 30% de su poder adquisitivo. Para recuperar el nivel salarial de entonces, sostienen que sería necesario un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales.

La caída de las remuneraciones también repercute sobre las universidades como espacios de formación e investigación. Las organizaciones gremiales advierten que los bajos ingresos dificultan la retención de docentes, científicos y profesionales con posgrados, en un momento en que las instituciones compiten con el mercado privado y con oportunidades laborales en el exterior.

La protesta del 27 y 28 de agosto podría, además, no ser una medida aislada. Los sindicatos anticiparon que evaluarán nuevas acciones si no aparecen respuestas concretas tanto para recomponer los salarios como para garantizar los recursos establecidos por la legislación vigente.

Con una nueva instancia de negociación todavía pendiente, el conflicto universitario vuelve a concentrarse en dos reclamos que avanzan en paralelo: recuperar los ingresos perdidos y asegurar el financiamiento que permita sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

El Gobierno nacional afirma haber dictado 719 normas de desregulación que modificaron o eliminaron 2.803 disposiciones y 16.771 artículos. Entre las reformas impulsadas desde diciembre de 2023 figuran cambios en prepagas, alquileres, trabajo, transporte, telecomunicaciones, energía, alimentos y controles sanitarios.

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la desregulación se convirtió en una de las principales herramientas de transformación económica. El Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, contabiliza 719 normas que modificaron o eliminaron 2.803 disposiciones y 16.771 artículos de distintas regulaciones.

El alcance de las reformas atraviesa 11 grandes áreas, desde agroindustria y finanzas hasta transporte, salud, empleo, energía y vivienda. Detrás de ese volumen normativo hubo cambios que impactaron directamente sobre precios, contratos, derechos laborales y mecanismos de control estatal.

Prepagas y medicamentos

Una de las primeras modificaciones relevantes alcanzó a la medicina privada. En febrero de 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud dejó de establecer topes para los aumentos de las cuotas de las prepagas, en aplicación del DNU 70/2023.

Las empresas aplicaron fuertes incrementos durante los meses siguientes. El propio Gobierno terminó recurriendo a la Justicia para denunciar una presunta cartelización y buscar que las compañías retrotrajeran parte de las subas.

En paralelo, la ANMAT amplió progresivamente el listado de medicamentos de venta libre. El cambio también modificó su cobertura por obras sociales y prepagas y habilitó su comercialización fuera de las farmacias.

Alquileres y consumo

La derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023 eliminó el plazo mínimo de tres años y dejó librados a las partes aspectos centrales como la duración, la moneda de pago y la periodicidad de las actualizaciones.

En materia de consumo, el Gobierno discontinuó los programas de control de precios y eliminó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. También dejó sin efecto el esquema de Cortes Populares, que establecía valores de referencia para determinados cortes de carne.

Otro cambio alcanzó a la yerba mate: el DNU 70/2023 eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar precios mínimos de la hoja verde y la yerba canchada.

Trabajo: cambios en contratación y despidos

La reforma laboral incorporó modificaciones de amplio alcance. Entre ellas, extendió el período de prueba, eliminó determinadas multas vinculadas con el empleo no registrado y creó la figura del trabajador independiente con colaboradores.

También habilitó mecanismos como el banco de horas y modificó reglas sobre vacaciones. A esto se sumó un nuevo esquema para financiar eventuales indemnizaciones y cambios en la regulación de trabajadores de plataformas digitales.

La reforma introdujo además modificaciones sobre los convenios colectivos y la ultraactividad, alterando reglas que durante décadas habían regido las relaciones laborales.

Transporte y telecomunicaciones

La política desreguladora también alcanzó al transporte. En los micros de larga distancia se habilitó a las empresas a establecer recorridos, frecuencias, precios y modalidades con mayor libertad.

En el transporte aéreo, la política de “cielos abiertos” flexibilizó el ingreso de compañías extranjeras y eliminó determinadas restricciones tarifarias.

Las telecomunicaciones atravesaron otro cambio relevante: internet, telefonía celular y televisión por cable dejaron de estar alcanzados por el régimen de regulación de precios como servicios públicos esenciales, permitiendo a las empresas definir sus tarifas con mayor autonomía.

Energía y tarifas

El Gobierno reemplazó el esquema de segmentación de subsidios N1, N2 y N3 por un sistema focalizado en determinados hogares vulnerables. La modificación derivó en mayores costos para numerosos usuarios residenciales.

También se eliminaron los precios máximos obligatorios para las garrafas, reemplazados por valores de referencia. El Programa Hogar continuó para determinados beneficiarios, aunque con modificaciones en las cantidades subsidiadas.

En el mercado eléctrico, la administración nacional avanzó además hacia una mayor participación de contratos directos entre empresas y redujo las facultades de intervención de CAMMESA.

Menos controles sobre alimentos y productos

Otra de las transformaciones más sensibles se produjo en los organismos encargados de fiscalizar alimentos, productos industriales y medicamentos.

El Gobierno flexibilizó mecanismos de importación y permitió, bajo determinadas condiciones, reconocer certificaciones de organismos sanitarios extranjeros. También redujo funciones del SENASA y modificó atribuciones del INTI en materia de certificación y controles técnicos.

Las medidas alcanzaron desde alimentos y productos fitosanitarios hasta autopartes, juguetes, maquinaria y otros bienes sometidos anteriormente a verificaciones específicas.

La discusión sobre estos cambios excede el costo administrativo de los controles: involucra estándares sanitarios, seguridad de productos y capacidad del Estado para fiscalizar bienes que ingresan al mercado argentino.

Tasas de interés y dólar

En marzo de 2024, el Banco Central eliminó el piso obligatorio para las tasas de los plazos fijos. Desde entonces, la tasa de política monetaria pasó a funcionar como referencia y cada entidad definió con mayor libertad la remuneración de los depósitos.

La liberalización cambiaria tuvo otro capítulo relevante en abril de 2025, cuando se eliminó para las personas físicas el límite mensual de US$200 para acceder al mercado oficial y se levantaron determinadas restricciones cruzadas con los mercados financieros.

La modificación no implicó una liberación absoluta para las empresas, que conservaron restricciones sobre determinados stocks de dividendos y obligaciones anteriores.

Una transformación transversal

El alcance de las medidas muestra que la política de desregulación no quedó limitada a una reforma administrativa. Desde el comienzo de la gestión, el Gobierno modificó reglas que incidían sobre salud, vivienda, empleo, consumo, transporte, tarifas, comercio exterior y controles sanitarios.

El resultado es una estructura regulatoria sustancialmente diferente de la vigente antes de diciembre de 2023. La discusión política que ahora atraviesa al oficialismo no pasa solamente por la cantidad de normas eliminadas, sino por una cuestión de fondo: hasta dónde puede avanzar la reducción de controles estatales sin trasladar mayores costos, riesgos o incertidumbre a consumidores, trabajadores y usuarios.

El consumo de carne vacuna atraviesa uno de sus períodos más débiles de los últimos años. Durante los primeros siete meses de 2026, la demanda interna cayó 12% interanual, mientras que el consumo anual por habitante descendió a 46,3 kilos, casi cinco kilos menos que un año atrás, según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

Entre enero y julio se consumieron aproximadamente 1,202 millones de toneladas, unas 163.400 toneladas menos que durante el mismo período de 2025. La retracción refleja la dificultad de los hogares para sostener el consumo de un alimento cuyo precio avanzó por encima del nivel general de inflación.

El contraste con la evolución de los precios resulta significativo. Mientras el IPC acumuló una suba del 34% interanual, el rubro carnes y derivados aumentó 42,9%. La diferencia es todavía mayor cuando se observan exclusivamente los cortes vacunos: el incremento llegó al 52% en julio.

El pollo, en cambio, tuvo una evolución considerablemente más moderada, con un aumento del 22,9% interanual. Como consecuencia, la carne vacuna se encareció un 23,7% en términos relativos frente al pollo, reforzando la sustitución entre ambas fuentes de proteína en las compras de los hogares.

Los cortes muestran una leve moderación

La evolución más reciente muestra cierta estabilización de los precios, aunque desde niveles elevados. En julio, el valor promedio de los cortes vacunos retrocedió 0,6% mensual, mientras que el pollo entero bajó 0,3%, hasta $4.806 por kilo.

Algunos cortes tradicionales también registraron bajas: el asado cayó 1,3%, hasta $16.708 por kilo, acumulando cuatro meses consecutivos de descenso; la nalga bajó 0,8%, a $21.448, y la carne picada común disminuyó 0,7%, hasta $10.554.

La excepción fueron las hamburguesas congeladas, cuyo precio aumentó 3,3% mensual y alcanzó $8.192 por kilo. Esa suba compensó parcialmente las reducciones registradas en otros productos y contribuyó a moderar la caída promedio del rubro.

Exportaciones en alza y mercado interno en retroceso

La contracción doméstica convive con una expansión de las ventas al exterior. En los primeros siete meses del año, las exportaciones de carne vacuna aumentaron 8,8% interanual en volumen, impulsadas principalmente por el crecimiento de los despachos hacia Estados Unidos.

El incremento de las ventas al mercado estadounidense compensó la reducción de los embarques hacia China, tradicionalmente uno de los principales destinos de la carne argentina.

La combinación de menor demanda interna y mayor colocación internacional expone una transformación relevante para la cadena cárnica. Mientras los productores y frigoríficos encuentran mayor dinamismo fuera del país, el consumo doméstico continúa condicionado por el poder adquisitivo y por una estructura de precios que mantiene a la carne vacuna por encima de otras alternativas.