La industria metalúrgica argentina enfrenta una crisis profunda, con una caída del 6,1% en la actividad en agosto comparado con el mismo mes del año pasado. La utilización de la capacidad instalada también experimentó una importante reducción alcanzando niveles similares a los de la pandemia de coronavirus. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, advirtió que la situación es crítica y requiere políticas activas para fortalecer el sector.

 El sector metalúrgico enfrenta un escenario crítico con el paso del tiempo. Durante agosto, la actividad se desplomó un 6,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, y un 2,3% con respecto a julio. La utilización de la capacidad instalada también descendió significativamente, alcanzando el 44,8% en agosto, lo que es similar a los niveles de marzo y junio de 2020, durante la pandemia de coronavirus.

La situación es particularmente grave en algunos subsectores estratégicos, como Fundición (-14,4%), Autopartes (-12,6%) y Bienes de Capital (-8,1%). Solo Carrocerías y Remolques mostró un incremento del 6,8%. La cantidad de trabajadores metalúrgicos también se redujo, con una caída del 2,9% interanual en agosto y un 0,5% con respecto a julio.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos y que es necesario implementar políticas activas para reactivar el sector. «Necesitamos políticas que reconstituyan el tejido productivo, porque de lo contrario los niveles actuales pondrán en riesgo el empleo», remarcó.

El Congreso Nacional se prepara para tratar una serie de leyes decisivas que afectan a la ciencia, la universidad y la salud en Argentina. La comunidad científica, universitaria y médica se moviliza para respaldar las iniciativas y repudiar las acciones del gobierno que ponen en riesgo la estabilidad y el futuro de estos sectores fundamentales para el desarrollo del país.

La ciencia argentina enfrenta un ajuste brutal que llevó a una caída del 65% en la inversión en equipos científicos. Esto causó una situación de emergencia en los institutos y centros de investigación, donde los científicos y técnicos se ven obligados a trabajar con equipamiento obsoleto y sin recursos suficientes para desarrollar sus proyectos. La consecuencia es una pérdida significativa de la capacidad de investigación y desarrollo del país, lo que puede tener un impacto negativo en la economía y la sociedad en general.

Por otro lado, las universidades nacionales han perdido más del 20% de su presupuesto en 2024 y se espera que pierdan un 8,6% adicional en 2025. Esto generó una situación de incertidumbre y preocupación entre los estudiantes, docentes y no docentes, que ven en peligro la calidad de la educación y la investigación en las universidades. La falta de recursos ha llevado a una reducción en la oferta de carreras y programas, lo que puede afectar la formación de profesionales y la generación de conocimiento en el país.

La salud pública también está en crisis. Los hospitales enfrentan dificultades para mantener sus servicios y personal capacitado. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo han llevado a una situación de agotamiento y desmotivación entre los profesionales de la salud, lo que puede afectar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. La situación es particularmente grave en los hospitales públicos, donde la demanda de servicios es alta y los recursos son limitados.

En estas circunstancias, la comunidad científica, universitaria y médica se une para exigir una solución. La Ley de Emergencia Pediátrica, la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia del sistema científico-tecnológico son algunas de las iniciativas que se tratarán en el Congreso Nacional. Estas leyes buscan garantizar el sostenimiento de los programas científicos y tecnológicos, actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional y proteger los salarios del personal de salud.

La importancia de la ciencia, la universidad y la salud es fundamental para el desarrollo y la innovación en Argentina. La ciencia es clave para generar conocimiento y tecnología, la universidad es esencial para la formación de profesionales y la creación del saber, y la salud pública es fundamental para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó un llamado a los países de América Latina para que reconsideren sus actuales horarios semanales de 48 horas y avancen hacia una reducción, según su más reciente informe. La OIT sostiene que esta modificación podría tener efectos beneficiosos en la salud y el bienestar de los trabajadores, así como en los niveles de productividad y empleo digno.

La OIT analizó experiencias en distintos países y llegaron a la conclusión de que la reducción de la jornada laboral puede ser beneficiosa para los trabajadores y la sociedad en general. Sin embargo, el informe también advierte que los resultados positivos dependen en gran medida del diseño de la política, las condiciones institucionales y las medidas complementarias.

La OIT insta a que cualquier cambio se efectúe mediante un diálogo tripartito entre gobiernos, empleadores y representantes sindicales, para que la ordenación del tiempo de trabajo promueva políticas sostenibles y equilibradas. Esto implica que los países deben considerar cuidadosamente las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados en el proceso.

Beneficios de la reducción de la jornada laboral:

• Mejora de la salud y el bienestar: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a reducir el estrés y la fatiga en el lugar de trabajo, lo que puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de los trabajadores.
• Aumento de la productividad: La reducción de la jornada laboral también puede ayudar a aumentar la productividad, ya que los trabajadores pueden ser más eficientes y enfocados durante sus horas de trabajo.
• Promoción del empleo digno: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a promover el empleo digno y a reducir la desigualdad en el lugar de trabajo.

Aunque algunos países ya comenzaron reformas escalonadas o debates legislativos en esta dirección, en muchos lugares la jornada de 48 horas permanece vigente. La OIT considera que esto representa una deuda pendiente en materia laboral y que es necesario abordar este tema de manera prioritaria.