Un estudio del CESBA y la OIT determinó que el 67% del empleo de la Ciudad de Buenos Aires presenta algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. La CGT llevó la preocupación al Vaticano y reclamó que la transformación tecnológica no quede exclusivamente en manos empresarias.

La expansión de la inteligencia artificial generativa comenzó a ocupar un lugar central en la agenda del movimiento obrero argentino. La discusión ya no se limita a sus efectos sobre la productividad: también alcanza la estabilidad laboral, la capacitación, las desigualdades entre trabajadores y el papel que tendrán los sindicatos en la definición de las nuevas reglas.

Uno de los datos más contundentes surgió de un estudio elaborado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe estableció que el 67% del empleo porteño presenta algún grado de exposición a la IA, con un índice de 0,353 sobre una escala de cero a uno. El registro supera los promedios de la Argentina —0,292— y de América Latina —0,257—, además de los correspondientes a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Solo Singapur aparece por encima.

La elevada exposición se explica por la composición de la economía porteña, fuertemente concentrada en servicios. Las mayores posibilidades de transformación se observan en la administración pública, las finanzas, las tecnologías de la información, los servicios profesionales, el comercio, el alojamiento y la gastronomía. En cambio, la construcción, el servicio doméstico y las ramas vinculadas con las artes y el entretenimiento presentan niveles inferiores al promedio.

Durante la presentación, el titular del CESBA, Manuel Socías, sostuvo que la estructura productiva de la Ciudad la vuelve especialmente permeable al cambio tecnológico. Por ese motivo, planteó la necesidad de establecer con urgencia instancias de diálogo social tripartito que permitan convertir la IA en una herramienta de desarrollo y no en una fuente de exclusión.

El relevamiento también mostró que el impacto no será uniforme. Los asalariados registrados, profesionales y trabajadores operativos aparecen entre los grupos más expuestos, mientras que los empleos no registrados y de menor calificación presentan una menor incidencia potencial. Las diferencias por género tampoco son lineales: los varones profesionales tienen una exposición superior a la de las mujeres con igual calificación, pero la relación se invierte en los puestos operativos. El cruce entre edad y género deja, sin embargo, un dato particularmente sensible: las mujeres jóvenes constituyen el grupo más vulnerable.

La explicación está vinculada con el tipo de tareas que la IA generativa puede transformar con mayor rapidez: redacción, procesamiento de información, análisis, programación y otras labores cognitivas desarrolladas principalmente en oficinas. El riesgo, por lo tanto, no se concentra únicamente en los empleos de baja calificación, sino también en ocupaciones profesionales y administrativas.

A escala nacional, un informe de la entonces Secretaría de Trabajo, elaborado a mediados de 2023, había estimado que más de la mitad del empleo formal privado —alrededor de tres millones de puestos— incluía tareas total o parcialmente automatizables mediante inteligencia artificial generativa. Ese diagnóstico todavía no fue actualizado oficialmente.

Desde el ámbito empresario, un estudio de la Unión Industrial Argentina y Accenture calculó que la incorporación de estas herramientas podría transformar hasta el 40% de la jornada laboral en las fábricas y elevar la productividad. El mismo trabajo advirtió, no obstante, que la Argentina recibe apenas el 2% de la inversión regional en inteligencia artificial y que solo una de cada tres empresas industriales destina recursos a estas tecnologías.

La CGT trasladó la discusión al plano internacional durante la audiencia que una delegación encabezada por Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo mantuvo con el papa León XIV en el Vaticano. En el encuentro, los dirigentes expusieron el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la pérdida de empleo, pero también incorporaron la expansión de la IA como uno de los factores que podrían alterar la estructura del mercado laboral.

La posición sindical apunta a evitar que la modernización tecnológica sea definida exclusivamente por las empresas. La central obrera reclama participación de los trabajadores, formación profesional, mecanismos de transición y garantías frente a eventuales desplazamientos de puestos.

La Asociación Bancaria aplicó una actualización del 1,7% correspondiente a agosto y llevó la remuneración inicial a $2.505.061,24. Con $72.413,50 de participación en ganancias, el ingreso alcanza $2.577.474,74. El incremento acumulado en los primeros ocho meses de 2026 igualó la inflación registrada por el INDEC.

La actualización impacta sobre los distintos componentes contemplados en el acuerdo paritario, incluidos conceptos remunerativos y no remunerativos, adicionales convencionales y otros adicionales que forman parte de los ingresos de los trabajadores.

Con este movimiento, los salarios bancarios acumularon un 21,3% de incremento entre enero y agosto de 2026, tomando como referencia los valores de diciembre del año pasado. El porcentaje coincide con la inflación acumulada durante el mismo período, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

La comparación adquiere relevancia porque el mecanismo acordado por el gremio y las cámaras empresariales busca que las remuneraciones acompañen la evolución de los precios mediante revisiones periódicas. En agosto, el IPC avanzó 1,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.

La organización sindical también actualizó la compensación correspondiente al Día del Bancario. El monto mínimo quedó establecido en $2.233.175,44, con la previsión de que sea recalculado en las próximas revisiones de acuerdo con la evolución de los precios.

El mecanismo permite que el adicional no quede congelado frente a nuevas variaciones inflacionarias y mantiene vinculada su actualización a la misma pauta utilizada para las remuneraciones de la actividad.

Desde la Asociación Bancaria destacaron que el esquema busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar que los incrementos salariales queden rezagados frente al costo de vida.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó las iniciativas que comenzaron a debatirse en el Congreso después de la crisis provocada por el fentanilo adulterado. Marcelo Peretta sostuvo que la trazabilidad y la farmacovigilancia ya están contempladas por la legislación argentina y reclamó que se garantice su cumplimiento efectivo.

La tragedia provocada por el fentanilo adulterado volvió a instalar en el Congreso la discusión sobre los controles que deben atravesar los medicamentos antes de llegar a los pacientes. Sin embargo, desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cuestionaron que la respuesta parlamentaria vuelva a concentrarse en crear o modificar normas cuando, según advierten, los principales mecanismos de vigilancia ya están contemplados por la legislación vigente.

El titular del gremio, Marcelo Peretta, calificó de oportunista el impulso de nuevas iniciativas después de la crisis sanitaria y sostuvo que el problema central radica en la falta de aplicación efectiva de los controles. “La trazabilidad es una ley, la farmacovigilancia es una ley en la Argentina, pero no se cumple”, afirmó.

La discusión parlamentaria cobró fuerza después de la investigación por los lotes de fentanilo adulterado vinculados con HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El expediente judicial avanzó sobre las responsabilidades de funcionarios y responsables de los controles regulatorios, mientras familiares de las víctimas y especialistas reclamaron revisar el sistema de fiscalización.

En ese marco comenzaron a circular cuatro proyectos destinados a establecer o reforzar mecanismos de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos. Dos habían sido presentados en 2025, por Silvana Giudici y Pablo Juliano, y otros dos durante este año, impulsados por Marcela Pagano y Victoria Tolosa Paz.

Las iniciativas fueron incorporadas al debate de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. El objetivo declarado es fortalecer la capacidad de seguimiento de medicamentos considerados críticos, desde su elaboración hasta su utilización.

Para Peretta, esa discusión debería comenzar por otra pregunta: por qué los instrumentos existentes no funcionaron. Explicó que la trazabilidad debería permitir reconstruir todo el recorrido del producto, desde la elaboración y sus componentes hasta los distintos eslabones de distribución y la entrega al paciente.

A esa herramienta se suma la farmacovigilancia, destinada a detectar y comunicar reacciones adversas, efectos inesperados y otros problemas que puedan aparecer después del consumo. El dirigente sostuvo que ambos mecanismos requieren aplicación cotidiana y no solamente respuestas excepcionales frente a una tragedia.

“La farmacovigilancia tampoco se cumple”, cuestionó Peretta, quien consideró que una detección temprana de síntomas o reacciones vinculadas con el producto podría haber permitido advertir antes sobre la existencia de un problema.

La causa por el fentanilo adulterado convirtió esa discusión en una cuestión de máxima gravedad. La investigación judicial atribuyó responsabilidad, en esta etapa, a exfuncionarias vinculadas con los organismos regulatorios, mientras el Congreso elaboró un informe con recomendaciones surgidas de la investigación parlamentaria y de los testimonios de familiares, especialistas y entidades involucradas.

Peretta reclamó además una revisión profunda del funcionamiento de la ANMAT y sostuvo que la fiscalización de los establecimientos productores y de toda la cadena de comercialización debe ser permanente. En su diagnóstico, agregar disposiciones sin garantizar los controles existentes puede generar una apariencia de respuesta institucional sin resolver las fallas que permitieron que el producto contaminado llegara a los pacientes.