El gremio ADICUS confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CONADU, con medidas de fuerza en dos etapas. La protesta impactará en la Universidad Nacional de San Juan y pone en el centro el reclamo por recomposición salarial y financiamiento educativo.

El sistema universitario vuelve a tensarse en San Juan. ADICUS, el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de San Juan, confirmó su adhesión al paro nacional impulsado por CONADU, en el marco de un plan de lucha que se desplegará de manera escalonada durante abril y comienzos de mayo.

La medida fue definida en articulación con las distintas representaciones docentes del país, en el ámbito de la federación que coordina las estrategias gremiales a nivel nacional. Según explicó el secretario adjunto Sergio Castro, la decisión responde a una construcción colectiva que busca sostener la presión sobre el Gobierno en torno a los reclamos del sector.

El cronograma prevé dos semanas de paro: la primera del 13 al 18 de abril y la segunda del 27 de abril al 3 de mayo. Entre ambas instancias habrá una semana de actividad normal, aunque desde el gremio aclararon que forma parte de la continuidad del mismo plan de lucha.

El eje central del conflicto sigue siendo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y la falta de una ley de financiamiento universitario que garantice estabilidad presupuestaria. “Las medidas van a continuar hasta que se logre una recomposición salarial”, advirtió Castro, marcando el tono de un conflicto que no parece cercano a resolverse.

Sin embargo, el impacto trasciende lo estrictamente salarial. Desde ADICUS alertan sobre un fenómeno que comienza a afectar la estructura del sistema: el desplazamiento de docentes hacia otros ámbitos laborales. La pérdida de competitividad de los salarios universitarios —históricamente más altos que los del sistema provincial— ha invertido esa lógica y empuja a muchos profesionales a migrar hacia otros sectores o a retomar cargos anteriores.

Este proceso, aún en desarrollo, abre interrogantes sobre la capacidad de las universidades para sostener su plantel docente y preservar estándares académicos en el mediano plazo.

En este sentido, el gremio busca que la protesta no se limite a la suspensión de clases. Durante las jornadas de paro se llevarán adelante actividades de visibilización, reuniones y recorridas por las distintas unidades académicas. El objetivo es mantener presencia institucional y ampliar el alcance del reclamo dentro de la comunidad universitaria.

La crisis en la UNSJ refleja, en escala local, una problemática estructural que atraviesa al sistema universitario argentino: la tensión entre financiamiento, salarios y sostenibilidad. En ese marco, cada medida de fuerza no solo interrumpe el ciclo lectivo, sino que también evidencia las dificultades para garantizar su continuidad.

El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, junto al secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, y el referente gremial Roberto Velázquez, mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la actividad minera en la provincia y el rol de los trabajadores profesionales en la industria.

Durante el encuentro, el Ministerio de Producción y Minería presentó los lineamientos estratégicos del Gobierno para el desarrollo de la minería, destacando su rol en la planificación de proyectos, fomento de inversiones, generación de empleo, apoyo a las empresas locales, impulso de energías y cuidado del medio ambiente.

Por su parte, ASIJEMIN subrayó la importancia del aporte técnico de los trabajadores profesionales, la capacitación continua, la seguridad laboral, la defensa de derechos laborales, paritarias y la promoción de buenas prácticas ambientales dentro de los proyectos mineros.

El encuentro permitió intercambiar perspectivas y avanzar en una línea de trabajo conjunta entre el Gobierno provincial y ASIJEMIN, con el objetivo de consolidar un sector minero seguro, profesional y sustentable, que impulse el desarrollo económico y laboral de la provincia. La reunión reafirma el compromiso del Gobierno de Salta y de ASIJEMIN en fortalecer la minería con visión profesional y garantizar que los trabajadores mineros cuenten con las herramientas, formación y derechos necesarios para su desempeño.

Un fallo del Cuarto Juzgado del Trabajo de San Juan declaró inconstitucional el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802, al considerar que reduce de manera significativa los montos indemnizatorios. La decisión abre un debate judicial con impacto en todo el sistema laboral.

La reciente implementación de la Ley de Modernización Laboral comenzó a mostrar sus primeras fricciones en el ámbito judicial. El pronunciamiento del juez Federico Soria marcó un punto de inflexión al declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 en un caso concreto, encendiendo una discusión que promete escalar en los próximos meses.

El núcleo del conflicto radica en el sistema de cálculo de intereses sobre créditos laborales. Según el magistrado, la aplicación de la nueva normativa implica una reducción sustancial en los montos que perciben los trabajadores, estimada en torno al 33% respecto del esquema anterior. La situación se vuelve particularmente sensible en causas iniciadas antes de la entrada en vigencia de la ley, el pasado 6 de marzo, donde la modificación impacta sobre derechos ya en curso.

En su argumentación, Soria sostuvo que esta diferencia configura una vulneración del principio de igualdad ante la ley, al establecer tratamientos distintos en función de la fecha del despido. En consecuencia, resolvió mantener el criterio previo y aplicar la tasa activa del Banco Nación, en línea con la jurisprudencia histórica del fuero.

El fallo no es un hecho aislado, sino parte de un mosaico de interpretaciones judiciales que reflejan la complejidad del cambio normativo. La jueza Gabriela Padín, del Tercer Juzgado, centró su análisis en el principio de irretroactividad de la ley, al considerar que una norma no puede alterar condiciones jurídicas preexistentes. Bajo ese enfoque, dispuso que los casos iniciados antes de la reforma continúen rigiéndose por el sistema anterior, apoyándose en el precedente “Huaquinchay” de la Corte de Justicia provincial.

En este sentido, los jueces Matías Pallito y Mariela Berón adoptaron una postura intermedia. Su criterio propone un esquema mixto: aplicar la tasa activa hasta la entrada en vigencia de la ley y, a partir de allí, utilizar el nuevo mecanismo basado en la tasa pasiva del Banco Central, con los límites establecidos por la normativa.

Este abanico de decisiones —emitidas entre el 16 y el 30 de marzo— anticipa un panorama de alta litigiosidad y falta de uniformidad en los tribunales de primera instancia. Ninguna de las resoluciones se encuentra firme, por lo que será la instancia superior —la Cámara de Apelaciones del Trabajo o la Corte de Justicia de San Juan— la que deberá fijar un criterio definitivo.

El debate local se inscribe, además, en un contexto nacional más amplio. Una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo ya suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma, incluyendo aspectos sensibles como el derecho de huelga y modificaciones en el régimen indemnizatorio. En ese marco, las decisiones sanjuaninas refuerzan la idea de que la ley enfrenta cuestionamientos estructurales tanto en el plano político como judicial.

Los primeros fallos en San Juan revelan que la reforma laboral no solo será discutida en el ámbito legislativo o sindical, sino también en los tribunales. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 introduce un elemento de incertidumbre sobre la aplicación efectiva de la norma y sus consecuencias económicas.

El desenlace dependerá de la capacidad del sistema judicial para unificar criterios y establecer límites claros. Mientras tanto, la coexistencia de interpretaciones divergentes impacta directamente en trabajadores y empleadores, reconfigurando la previsibilidad del sistema laboral. En ese terreno, la disputa ya no es solo jurídica: es, en esencia, una discusión sobre el alcance de los derechos en un nuevo entorno económico.