Con una amplia convocatoria sindical y respaldo político, la Unión Obrera Metalúrgica realizó en San Juan un abrazo simbólico en defensa de la conducción nacional del gremio. En diálogo con Mundo Laboral SJ, el secretario adjunto Rubén Ortiz calificó la intervención judicial como “arbitraria y maliciosa”, advirtió sobre sus consecuencias en las negociaciones salariales y sostuvo que detrás del fallo existe un intento de disciplinamiento contra el movimiento obrero organizado.

La intervención judicial de la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica volvió a colocar al movimiento sindical en estado de alerta. En San Juan, la reacción no tardó en materializarse: dirigentes gremiales, organizaciones sociales y referentes políticos participaron de un abrazo simbólico frente a la sede local del sindicato, en una demostración de respaldo a la conducción encabezada a nivel nacional por Abel Furlán.

La movilización se realizó luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo dispusiera la intervención del gremio y anulara el proceso electoral que había ratificado a Furlán al frente de la organización metalúrgica. El fallo, que generó un fuerte rechazo en distintos sectores sindicales, fue interpretado por la dirigencia como parte de una avanzada política y judicial contra las estructuras gremiales.

En ese contexto, el secretario adjunto de la UOM San Juan, Rubén Ortiz, sostuvo que la resolución judicial “busca debilitar a los sindicatos y condicionar la capacidad de defensa de los trabajadores”.

La actividad realizada en la capital sanjuanina exhibió una postal poco habitual en tiempos de fragmentación sindical:gremios de distintos espacios, centrales obreras y organizaciones sociales confluyeron en una misma convocatoria.

Ortiz destacó la presencia de referentes de la CGT, las CTA, organizaciones territoriales y dirigentes políticos provinciales, entre ellos el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja, quien participó de la actividad “como un vecino y compañero”, según relató el dirigente metalúrgico.

“La respuesta fue muy importante. Esto no afecta solamente a la UOM, sino al conjunto del movimiento obrero”, afirmó Ortiz.

La lectura compartida entre los asistentes apuntó a un diagnóstico común: la intervención judicial no constituye un episodio aislado, sino parte de un escenario más amplio de confrontación entre el Gobierno, sectores del Poder Judicial y las organizaciones sindicales.

“Quieren sindicatos débiles”

El núcleo del rechazo gremial se centra en lo que consideran una intromisión directa sobre la autonomía sindical. Para la conducción sanjuanina de la UOM, la intervención vulnera principios básicos de representación democrática dentro de las organizaciones obreras.

Ortiz fue contundente al describir el fallo: “Es una decisión insólita, arbitraria y maliciosa. La vida interna de los sindicatos debe resolverla exclusivamente el voto de los trabajadores”.
El dirigente remarcó además que la resolución judicial fue firmada por magistrados que previamente habían tenido intervención en causas vinculadas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, lo que alimentó las sospechas de una articulación política detrás de la medida. “Son jueces abiertamente antisindicales. Esto forma parte de una maniobra de disciplinamiento”, señaló.

El impacto sobre las paritarias

Más allá de la dimensión política, la intervención abre interrogantes concretos sobre el funcionamiento cotidiano del gremio y las negociaciones salariales en curso.
Ortiz advirtió que la situación afecta directamente la capacidad de discusión paritaria de la organización, debido a que las negociaciones salariales de la actividad metalúrgica se desarrollan a nivel nacional.

“Hoy tenemos una incertidumbre enorme. Hay seis meses en los que no podríamos discutir paritarias normales, salvo acuerdos parciales con empresas a cuenta de futuros aumentos”, explicó.

La preocupación no es menor en un sector golpeado por la caída del poder adquisitivo y la desaceleración industrial. En ese sentido, la posibilidad de paralizar las discusiones salariales genera inquietud entre trabajadores y delegados de base.

La reacción sindical y las próximas medidas

Mientras la conducción nacional prepara la apelación judicial contra el fallo, las seccionales del interior aguardan definiciones sobre el plan de acción que seguirá el gremio en las próximas semanas.

Ortiz confirmó que el secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, viajó a Buenos Aires para participar de reuniones con la conducción nacional y recibir directivas sobre los pasos a seguir.

La organización no descarta avanzar con medidas gremiales y profundizar la conflictividad sindical si la intervención no es revertida.

Aun así, el dirigente dejó en claro que la legitimidad de Furlán continúa intacta para la estructura sindical metalúrgica. Recordó que el actual secretario general obtuvo un respaldo contundente en las elecciones internas, tanto en Campana como a nivel nacional.

“Nosotros reconocemos a Abel Furlán como el secretario general legítimo de todos los metalúrgicos del país. Fue elegido democráticamente por los trabajadores y eso no puede desconocerse”, sostuvo.

El abrazo simbólico realizado en San Juan dejó algo más que una imagen de solidaridad sindical. Expuso, en realidad, la profundidad de un conflicto que combina disputa judicial, tensión política y pelea por el control de las relaciones laborales.

Mientras la UOM prepara su estrategia legal y gremial, el movimiento obrero observa con preocupación un presente donde las decisiones de los tribunales comienzan a incidir directamente sobre la vida interna de las organizaciones sindicales.

La discusión ya no pasa únicamente por la continuidad de una conducción. Lo que emerge detrás de este episodio es una puja más amplia sobre el futuro del sindicalismo, el alcance de las paritarias y el lugar que ocuparán los trabajadores organizados en la nueva arquitectura laboral que intenta imponerse en el país.

La medida de fuerza de 96 horas impulsada por docentes y no docentes universitarios registró un importante nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan. Desde ADICUS advirtieron sobre la profundización del deterioro salarial, el abandono de cargos y el riesgo de complicaciones en el inicio del segundo cuatrimestre.

El conflicto salarial en las universidades nacionales volvió a escalar y expuso con crudeza el deterioro económico que atraviesa buena parte del sistema educativo superior. Con un elevado nivel de adhesión en distintas facultades e institutos preuniversitarios, comenzó este martes el paro de 96 horas convocado por los gremios docentes y no docentes, en una medida que impacta de lleno en el funcionamiento académico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La representante de ADICUS, Edith Liquitay, describió un panorama marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la sobrecarga laboral y la dificultad de numerosos docentes para sostener económicamente su actividad profesional.

“Hay compañeros que manejan Uber, venden comida los fines de semana o realizan emprendimientos artesanales para poder complementar ingresos”, señaló la dirigente sindical al reflejar el escenario que atraviesan numerosos trabajadores universitarios.

Según explicó, el nivel de adhesión a la protesta evidencia la profundidad del malestar acumulado en el sector. De acuerdo con el relevamiento realizado por el gremio, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento el acatamiento rondó el 70%, mientras que en el Colegio Central Universitario osciló entre el 40% y el 50%, condicionado por mesas de evaluación y actividades académicas programadas. En tanto, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes la actividad fue prácticamente nula durante la jornada.

Liquitay sostuvo que dentro del espacio gremial existieron sectores que promovían avanzar con medidas aún más severas, incluso con un paro por tiempo indeterminado. Sin embargo, las federaciones universitarias acordaron una instancia intermedia ante la necesidad de sostener la visibilidad del conflicto sin interrumpir completamente el calendario académico.

“La situación es extremadamente delicada y se viene agravando desde hace meses”, afirmó Liquitay, quien además cuestionó la ausencia de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional luego de las masivas movilizaciones universitarias realizadas en distintos puntos del país.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación dentro de la comunidad educativa es la continuidad normal del ciclo lectivo durante la segunda mitad del año. Desde el gremio advirtieron que el conflicto no se limita a una protesta coyuntural, sino que forma parte de un plan de lucha de alcance prolongado frente al deterioro salarial y presupuestario.

“Lo que empieza a ponerse en riesgo es el inicio mismo del segundo cuatrimestre”, alertó la referente de ADICUS, al tiempo que remarcó que las recomposiciones salariales otorgadas hasta el momento quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.

En ese sentido, explicó que el último instructivo salarial enviado por Nación contempló apenas un incremento del 1,5%, mientras que la evolución de los precios acumuló una diferencia cada vez más pronunciada respecto de los ingresos universitarios.

“El desfasaje es enorme y ya afecta la permanencia de profesionales altamente formados dentro de las universidades públicas”, sostienen desde el sector gremial, donde también reconocen una notable migración de docentes hacia otras actividades laborales ante la imposibilidad de sostenerse únicamente con el salario académico.

El endurecimiento de la crisis vuelve a colocar a las universidades nacionales en el centro de la discusión pública, en medio de un panorama económico que combina ajuste presupuestario, pérdida salarial e incertidumbre sobre el funcionamiento futuro del sistema de educación superior.

El gobernador sanjuanino encabezó la adjudicación de las viviendas del barrio Sierra de la Invernada, en Ullum. La obra fue sostenida con financiamiento provincial en medio de la paralización de partidas nacionales y forma parte de una estrategia orientada a garantizar acceso habitacional, empleo y desarrollo urbano.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este fin de semana la entrega de 105 viviendas correspondientes al barrio Sierra de la Invernada, en el departamento Ullum, en una jornada cargada de fuerte contenido social para decenas de familias que accedieron por primera vez a un hogar propio.

La inauguración del nuevo complejo habitacional se inscribe dentro del esquema de continuidad de obra pública impulsado por la administración provincial, que decidió sostener con recursos propios distintos proyectos residenciales que habían quedado afectados tras la interrupción del financiamiento nacional.

Acompañado por el intendente departamental David Domínguez y por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el mandatario provincial destacó el valor social de la política habitacional y remarcó que la construcción de viviendas continúa siendo una herramienta clave para generar empleo, dinamizar la economía y fortalecer el arraigo comunitario.

“Hoy entregamos 105 viviendas, cumpliendo el sueño de muchas familias y generando empleo digno. Todo esto se logra con recursos provinciales y esfuerzo conjunto; San Juan está fiscalmente fuerte y seguimos apostando a obras que mejoran la vida de la gente”, expresó Orrego durante el acto oficial.

El barrio Sierra de la Invernada representa una respuesta concreta a una demanda histórica vinculada al acceso habitacional en uno de los departamentos con mayor crecimiento residencial de los últimos años. Buena parte de los adjudicatarios atravesaba situaciones de alquiler, convivencia familiar o condiciones de vulnerabilidad, mientras que las unidades fueron destinadas principalmente a matrimonios, parejas con hijos y hogares monoparentales.

La urbanización cuenta con 105 casas, incluidas dos unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz, en línea con criterios de accesibilidad e inclusión. Cada vivienda posee dos dormitorios, baño, cocina-comedor integrada y sector de lavado, con una superficie aproximada de 61 metros cuadrados.

Desde el punto de vista constructivo, el complejo fue desarrollado con sistema tradicional y estructura sismorresistente, incorporando muros cerámicos, hormigón armado y cubiertas con aislamiento térmico. Las unidades fueron entregadas con equipamiento esencial, entre ellos cocina eléctrica, termotanque, campana de ventilación, placares y carpintería de aluminio.

Además del componente habitacional, la obra incluyó infraestructura urbana integral: alumbrado público, red de agua potable, tendido eléctrico, desagües cloacales, veredas, calles enripiadas, forestación y espacios verdes destinados al uso comunitario.

La continuidad de este tipo de desarrollos quedó en el centro de la estrategia provincial luego del freno de numerosos programas financiados anteriormente por Nación. Al asumir la gestión, el Ejecutivo sanjuanino se encontró con más de 4.000 viviendas ya sorteadas y con distintos niveles de ejecución, muchas de ellas atadas a fondos nacionales posteriormente discontinuados.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial resolvió sostener las obras con partidas propias para evitar la paralización de proyectos y garantizar que las familias adjudicatarias pudieran concretar finalmente el acceso a una vivienda.

La entrega en Ullum volvió a exhibir el peso político y social que la gestión provincial le asigna a la obra pública habitacional como mecanismo de contención social, generación de empleo y planificación urbana. En un presente económico limitado por restricciones presupuestarias y retracción de inversiones estatales, la continuidad de los barrios se transformó además en uno de los principales ejes de gestión del Ejecutivo sanjuanino.