Marcelo Mena, titular nacional de los jerárquicos mineros, cuestionó con dureza a la empresa a cargo del proyecto Vicuña por la falta de diálogo, deficiencias en la planificación y riesgos en materia de seguridad. En medio de la disputa entre San Juan y La Rioja, advirtió sobre el impacto en el empleo y reclamó definiciones urgentes.

La paralización del proyecto minero Vicuña ha reavivado una confrontación de gran alcance entre las provincias de San Juan y La Rioja, pero también ha dejado al descubierto tensiones más profundas vinculadas a la gestión empresarial, la seguridad operativa y la relación con las comunidades. En esa estructura, el posicionamiento del gremio que representa a los jerárquicos mineros introduce un elemento clave: la responsabilidad directa de la compañía en la interrupción de las tareas.

Marcelo Mena, fue categórico al señalar que el conflicto no puede reducirse a una puja política. A su juicio, el foco debe ponerse en la conducta de la empresa, a la que acusa de no haber generado los mecanismos institucionales necesarios para garantizar previsibilidad. “No cuesta nada conformar una mesa de diálogo y ordenar la actividad con todos los actores involucrados”, planteó.

El dirigente insistió en que cualquier emprendimiento de esta magnitud requiere no solo inversiones, sino también una estrategia integral que contemple la denominada “licencia social”. En esa línea, remarcó la necesidad de involucrar a las comunidades cercanas, coordinar con autoridades locales y definir de manera transparente aspectos sensibles como el uso del territorio, la circulación de vehículos y la contratación de mano de obra.

Uno de los puntos más críticos señalados por Mena está vinculado a la seguridad. Según explicó, la empresa habría introducido modificaciones en los accesos y condiciones de traslado sin cumplir con los protocolos establecidos. Esta situación, advirtió, podría derivar en consecuencias graves tanto para los trabajadores como para el entorno. “Si ocurre un accidente, no solo hablamos de un hecho laboral, sino también de un posible impacto ambiental”, alertó.

El planteo no es menor en una actividad donde los estándares de seguridad constituyen un pilar central. El representante gremial reclamó la conformación urgente de comités específicos para evaluar riesgos, definir circuitos seguros y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. “Las condiciones deben ser analizadas previamente; no se puede improvisar en una actividad de estas características”, subrayó.

El freno en las tareas ya tiene efectos concretos en el empleo. De acuerdo con los datos aportados por el gremio, alrededor de 80 trabajadores jerárquicos vinculados directamente al proyecto se encuentran afectados, a lo que se suman operarios de empresas contratistas. La cifra, aunque acotada en términos absolutos, adquiere relevancia por el tipo de actividad y la especialización requerida.

Mena también puso el foco en las condiciones laborales de quienes prestan servicios indirectos. En particular, expresó preocupación por aquellos trabajadores que deben trasladarse por sus propios medios para cumplir con sus tareas, lo que expone a situaciones de riesgo adicionales. “Nos interesa que todos tengan condiciones adecuadas, no solo los afiliados directos”, sostuvo, ampliando el alcance del reclamo.

Más allá de las responsabilidades empresariales, la disputa entre San Juan y La Rioja agrega un componente político que complejiza la resolución. En este punto, el titular de ASIJEMIN fue enfático al defender la posición sanjuanina en materia de jurisdicción y regalías. “Los recursos pertenecen a la provincia y eso debe respetarse”, afirmó, al tiempo que consideró que no corresponde ceder en aspectos vinculados a la renta minera.

No obstante, también planteó la necesidad de que La Rioja tenga participación en términos sociales y laborales, especialmente en lo relativo al paso por su territorio y la integración de trabajadores locales. Esta visión busca equilibrar intereses sin desvirtuar la titularidad de los recursos, promoviendo acuerdos que permitan avanzar sin profundizar el conflicto.

El mensaje hacia la empresa fue igualmente directo: debe abandonar posturas unilaterales y asumir un rol activo en la construcción de consensos. “No se puede imponer una lógica propia en un territorio donde intervienen múltiples actores”, sostuvo. En ese sentido, reclamó una conducción más cercana a la realidad local y menos condicionada por decisiones tomadas a distancia.

La reactivación del proyecto, depende de la capacidad de articular intereses y restablecer condiciones mínimas de confianza. Para ello, propuso una mesa de trabajo que incluya a gobiernos provinciales, representantes sindicales, comunidades y directivos de la compañía. Solo a partir de ese diálogo, reiteró, será posible recuperar la actividad y brindar certidumbre a los trabajadores.

El conflicto en torno al proyecto Vicuña expone con nitidez las presiones que atraviesan a la actividad minera cuando convergen intereses económicos, jurisdiccionales y sociales sin una coordinación efectiva. La paralización no solo refleja un litigio territorial, sino también falencias en la gestión y en la construcción de acuerdos.

Bajo estas circunstancias, la responsabilidad empresarial aparece como un factor determinante para encauzar la situación. Sin mecanismos de diálogo, planificación rigurosa y respeto por las normas, cualquier intento de avanzar queda condicionado. La resolución a la problemática exigirá algo más que definiciones políticas: demandará una conducción capaz de integrar actores, garantizar seguridad y sostener un desarrollo que no quede librado a decisiones unilaterales.

El gremio docente ADICUS despliega una semana de protestas con actividades abiertas y un abrazo simbólico a la Escuela Industrial. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten sobre una pérdida salarial acumulada desde 2023.

El conflicto universitario suma un nuevo episodio en San Juan con la profundización del plan de lucha impulsado por la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus). En sintonía con la estrategia definida a nivel nacional por la Conadu Histórica, el gremio adoptó una modalidad de protesta que combina interrupciones parciales de actividades con acciones de visibilización en espacios públicos.

La iniciativa, que se extiende durante toda la semana, busca trasladar el reclamo fuera del ámbito académico y acercarlo a la comunidad. La consigna es clara: exponer el impacto de la crisis presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario.

Edith Liquitay delineó el eje del reclamo con cifras contundentes. Según detalló, la pérdida acumulada en los ingresos docentes equivale a aproximadamente diez salarios completos desde 2023. “Estamos percibiendo cerca de la mitad de lo que correspondería”, afirmó, al tiempo que responsabilizó al Gobierno nacional por la demora en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El cronograma de actividades incluye intervenciones de alto perfil simbólico. Tras una clase abierta realizada por la Escuela de Música en el Parque de Mayo, el gremio avanza con nuevas acciones. Entre ellas, se destaca un abrazo simbólico a la Escuela Industrial previsto para el miércoles por la mañana, durante el horario de recreo extendido, con participación exclusiva de adultos.

La agenda continuará el jueves con iniciativas diferenciadas. En la Escuela de Comercio se desarrollará una jornada orientada a la salud mental dentro del establecimiento, mientras que por la tarde se realizará una clase pública de la carrera de Geografía en inmediaciones de la Facultad de Filosofía, trasladando nuevamente la actividad académica al espacio urbano.

El giro hacia estrategias de divulgación refleja una variación en el comportamiento del conflicto universitario. Lejos de limitarse a medidas tradicionales, el sector docente busca construir legitimidad social mediante la exposición directa de sus demandas. La ocupación simbólica del espacio público no solo amplifica el reclamo, sino que también interpela a una ciudadanía que, en muchos casos, percibe de manera indirecta las consecuencias del deterioro presupuestario.

El núcleo del conflicto permanece anclado en la cuestión salarial y en la falta de ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La demora en su implementación no solo impacta en los ingresos del personal, sino que condiciona el funcionamiento general de las instituciones, afectando la planificación académica, la investigación y la extensión.

En ese sentido, la prolongación de las medidas evidencia una negociación estancada y un contexto en el que los gremios buscan sostener presión sin romper completamente el vínculo pedagógico. De allí que muchas de las acciones adoptadas mantengan un componente educativo, aun fuera de los espacios formales.

El Ejecutivo provincial confirmó que los trabajadores de la Administración Pública tendrán disponibles sus salarios el próximo jueves 30 de abril, en línea con el cronograma habitual que sostiene la gestión. La comunicación fue difundida por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, que precisó que los haberes estarán acreditados desde esa jornada en los cajeros automáticos.

La definición llega en un escenario donde la regularidad en el pago de sueldos adquiere un valor central para el funcionamiento del sector público y la organización financiera de miles de familias. En ese marco, la confirmación oficial despeja cualquier incertidumbre y ratifica un esquema que, hasta el momento, se ha mantenido sin alteraciones significativas.

Según detallaron desde la cartera económica, el depósito corresponde a los salarios del mes de abril de 2026 e incluye a la totalidad de los agentes de la administración provincial. Como es habitual, los fondos podrán ser retirados o utilizados a través de los canales electrónicos disponibles desde el inicio de la jornada bancaria.

Más allá de su carácter administrativo, la puntualidad en el pago de salarios estatales funciona como un indicador de orden financiero y capacidad de gestión. La continuidad del cronograma no solo impacta en el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también incide en la dinámica del consumo interno, especialmente en economías regionales donde el empleo público tiene un peso significativo.