La medida de fuerza de 96 horas impulsada por docentes y no docentes universitarios registró un importante nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan. Desde ADICUS advirtieron sobre la profundización del deterioro salarial, el abandono de cargos y el riesgo de complicaciones en el inicio del segundo cuatrimestre.

El conflicto salarial en las universidades nacionales volvió a escalar y expuso con crudeza el deterioro económico que atraviesa buena parte del sistema educativo superior. Con un elevado nivel de adhesión en distintas facultades e institutos preuniversitarios, comenzó este martes el paro de 96 horas convocado por los gremios docentes y no docentes, en una medida que impacta de lleno en el funcionamiento académico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La representante de ADICUS, Edith Liquitay, describió un panorama marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la sobrecarga laboral y la dificultad de numerosos docentes para sostener económicamente su actividad profesional.

“Hay compañeros que manejan Uber, venden comida los fines de semana o realizan emprendimientos artesanales para poder complementar ingresos”, señaló la dirigente sindical al reflejar el escenario que atraviesan numerosos trabajadores universitarios.

Según explicó, el nivel de adhesión a la protesta evidencia la profundidad del malestar acumulado en el sector. De acuerdo con el relevamiento realizado por el gremio, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento el acatamiento rondó el 70%, mientras que en el Colegio Central Universitario osciló entre el 40% y el 50%, condicionado por mesas de evaluación y actividades académicas programadas. En tanto, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes la actividad fue prácticamente nula durante la jornada.

Liquitay sostuvo que dentro del espacio gremial existieron sectores que promovían avanzar con medidas aún más severas, incluso con un paro por tiempo indeterminado. Sin embargo, las federaciones universitarias acordaron una instancia intermedia ante la necesidad de sostener la visibilidad del conflicto sin interrumpir completamente el calendario académico.

“La situación es extremadamente delicada y se viene agravando desde hace meses”, afirmó Liquitay, quien además cuestionó la ausencia de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional luego de las masivas movilizaciones universitarias realizadas en distintos puntos del país.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación dentro de la comunidad educativa es la continuidad normal del ciclo lectivo durante la segunda mitad del año. Desde el gremio advirtieron que el conflicto no se limita a una protesta coyuntural, sino que forma parte de un plan de lucha de alcance prolongado frente al deterioro salarial y presupuestario.

“Lo que empieza a ponerse en riesgo es el inicio mismo del segundo cuatrimestre”, alertó la referente de ADICUS, al tiempo que remarcó que las recomposiciones salariales otorgadas hasta el momento quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.

En ese sentido, explicó que el último instructivo salarial enviado por Nación contempló apenas un incremento del 1,5%, mientras que la evolución de los precios acumuló una diferencia cada vez más pronunciada respecto de los ingresos universitarios.

“El desfasaje es enorme y ya afecta la permanencia de profesionales altamente formados dentro de las universidades públicas”, sostienen desde el sector gremial, donde también reconocen una notable migración de docentes hacia otras actividades laborales ante la imposibilidad de sostenerse únicamente con el salario académico.

El endurecimiento de la crisis vuelve a colocar a las universidades nacionales en el centro de la discusión pública, en medio de un panorama económico que combina ajuste presupuestario, pérdida salarial e incertidumbre sobre el funcionamiento futuro del sistema de educación superior.

El gobernador sanjuanino encabezó la adjudicación de las viviendas del barrio Sierra de la Invernada, en Ullum. La obra fue sostenida con financiamiento provincial en medio de la paralización de partidas nacionales y forma parte de una estrategia orientada a garantizar acceso habitacional, empleo y desarrollo urbano.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este fin de semana la entrega de 105 viviendas correspondientes al barrio Sierra de la Invernada, en el departamento Ullum, en una jornada cargada de fuerte contenido social para decenas de familias que accedieron por primera vez a un hogar propio.

La inauguración del nuevo complejo habitacional se inscribe dentro del esquema de continuidad de obra pública impulsado por la administración provincial, que decidió sostener con recursos propios distintos proyectos residenciales que habían quedado afectados tras la interrupción del financiamiento nacional.

Acompañado por el intendente departamental David Domínguez y por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el mandatario provincial destacó el valor social de la política habitacional y remarcó que la construcción de viviendas continúa siendo una herramienta clave para generar empleo, dinamizar la economía y fortalecer el arraigo comunitario.

“Hoy entregamos 105 viviendas, cumpliendo el sueño de muchas familias y generando empleo digno. Todo esto se logra con recursos provinciales y esfuerzo conjunto; San Juan está fiscalmente fuerte y seguimos apostando a obras que mejoran la vida de la gente”, expresó Orrego durante el acto oficial.

El barrio Sierra de la Invernada representa una respuesta concreta a una demanda histórica vinculada al acceso habitacional en uno de los departamentos con mayor crecimiento residencial de los últimos años. Buena parte de los adjudicatarios atravesaba situaciones de alquiler, convivencia familiar o condiciones de vulnerabilidad, mientras que las unidades fueron destinadas principalmente a matrimonios, parejas con hijos y hogares monoparentales.

La urbanización cuenta con 105 casas, incluidas dos unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz, en línea con criterios de accesibilidad e inclusión. Cada vivienda posee dos dormitorios, baño, cocina-comedor integrada y sector de lavado, con una superficie aproximada de 61 metros cuadrados.

Desde el punto de vista constructivo, el complejo fue desarrollado con sistema tradicional y estructura sismorresistente, incorporando muros cerámicos, hormigón armado y cubiertas con aislamiento térmico. Las unidades fueron entregadas con equipamiento esencial, entre ellos cocina eléctrica, termotanque, campana de ventilación, placares y carpintería de aluminio.

Además del componente habitacional, la obra incluyó infraestructura urbana integral: alumbrado público, red de agua potable, tendido eléctrico, desagües cloacales, veredas, calles enripiadas, forestación y espacios verdes destinados al uso comunitario.

La continuidad de este tipo de desarrollos quedó en el centro de la estrategia provincial luego del freno de numerosos programas financiados anteriormente por Nación. Al asumir la gestión, el Ejecutivo sanjuanino se encontró con más de 4.000 viviendas ya sorteadas y con distintos niveles de ejecución, muchas de ellas atadas a fondos nacionales posteriormente discontinuados.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial resolvió sostener las obras con partidas propias para evitar la paralización de proyectos y garantizar que las familias adjudicatarias pudieran concretar finalmente el acceso a una vivienda.

La entrega en Ullum volvió a exhibir el peso político y social que la gestión provincial le asigna a la obra pública habitacional como mecanismo de contención social, generación de empleo y planificación urbana. En un presente económico limitado por restricciones presupuestarias y retracción de inversiones estatales, la continuidad de los barrios se transformó además en uno de los principales ejes de gestión del Ejecutivo sanjuanino.

La administración nacional dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas destinado a las empresas de larga distancia por la emisión de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con patologías oncológicas. Aunque el beneficio continuará vigente para los usuarios alcanzados por la normativa, el costo quedará íntegramente bajo responsabilidad de las compañías del sector.

En una nueva señal de profundización del proceso de desregulación del sistema de transporte, el Gobierno nacional resolvió eliminar el mecanismo mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de ómnibus de larga distancia por los boletos gratuitos otorgados a sectores protegidos por ley.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y representa el cierre definitivo de un esquema implementado en 2018 para cubrir parcialmente el impacto financiero derivado de la entrega de pasajes sin cargo a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, ciudadanos en lista de espera para trasplantes y menores con enfermedades oncológicas.

Desde la administración libertaria aclararon que el derecho de acceso gratuito al transporte continuará plenamente vigente y que las empresas seguirán obligadas a garantizar esos viajes. Sin embargo, el costo operativo ya no contará con respaldo presupuestario estatal, en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por la gestión de Javier Milei.

La Secretaría de Transporte argumentó que el régimen de compensaciones había perdido razonabilidad tras las modificaciones introducidas por el Decreto 883/2024, normativa que avanzó sobre una fuerte flexibilización del transporte automotor interjurisdiccional. A partir de ese esquema, las compañías adquirieron mayores márgenes de autonomía para definir recorridos, frecuencias, modalidades de servicio y estructuras tarifarias.

En ese aspecto, el Ejecutivo consideró que las empresas ya cuentan con herramientas suficientes para absorber internamente el costo derivado de los pasajes gratuitos establecidos por ley.

“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señalaron oficialmente desde el área de Transporte, intentando despejar cuestionamientos respecto de una eventual pérdida de derechos para los beneficiarios del sistema.

La disposición también ratificó el rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como organismo encargado de supervisar el cumplimiento efectivo de la normativa y controlar que las compañías continúen entregando los boletos correspondientes.

Al mismo tiempo, el texto incorporó una cláusula transitoria destinada a garantizar la continuidad administrativa de trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición, evitando interrupciones en solicitudes ya gestionadas por los usuarios.

Aunque el Gobierno sostiene que la eliminación de estas compensaciones responde a criterios de eficiencia y equilibrio fiscal, desde distintos sectores advierten que el traslado total del costo hacia las empresas podría derivar en futuras tensiones operativas, reclamos judiciales o eventuales restricciones indirectas en la disponibilidad de pasajes gratuitos.

Con esta resolución, la administración nacional consolida otro paso dentro de un modelo económico orientado a reducir la participación financiera del Estado en actividades reguladas, trasladando progresivamente responsabilidades al sector privado bajo una lógica de mercado y autosustentabilidad empresarial.