El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, confirmó un esquema escalonado de medidas de fuerza en San Juan en rechazo a la reforma laboral y a la propuesta del Gobierno sobre financiamiento universitario. Denuncian una pérdida salarial superior al 100% frente a la inflación y califican la oferta oficial como “insuficiente y regresiva”.

En una fuerte escalada de conflicto el Gobierno nacional y los gremios del sector educativo, la docencia universitaria volvió a declararse en estado de alerta. Desde el sindicato que nuclea a docentes universitarios, Barcelona— detalló el alcance de la medida de lucha que combinará paros, movilizaciones y asambleas para definir la continuidad de la problemática.

La primera medida será este viernes 27 de febrero, con un paro en rechazo a la reforma laboral y una concentración en la Plaza 25 de Mayo en el microcentro sanjuanino junto a otras organizaciones sindicales. El cronograma continuará el 2 y 3 de marzo con un paro articulado con CTERA y otros gremios de la educación. El 4 se realizará una asamblea para evaluar nuevas acciones, que podrían extenderse durante una semana completa.

El punto de mayor fricción se activará cuando el Congreso trate la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario: en ese momento, anticipó el dirigente, se convocará a un paro de 48 horas.

Una brecha salarial que no cierra

El eje del reclamo es estrictamente económico, aunque sus implicancias exceden el bolsillo. Según ADICUS, desde la asunción del actual gobierno la evolución de los salarios quedó más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada. La ley de financiamiento aprobada el año pasado por el Congreso —vetada luego por el Ejecutivo y posteriormente restituida por el Parlamento— contemplaba la recomposición de esa deuda y una actualización conforme a los acuerdos paritarios.

Sin embargo, la propuesta oficial, señaló Barcelona, consiste en un incremento del 12,3% a pagar en tramos durante marzo, julio y septiembre. “Es una cifra que no compensa la pérdida y que, de imponerse, consolidaría un deterioro superior al 50% del poder adquisitivo”, advirtió.

El dirigente fue más allá y calificó la coyuntura como la más crítica de la historia reciente del sector. “Nunca estuvimos tan mal los docentes y no docentes universitarios. Ni siquiera en períodos de hiperinflación o en intentos previos de recorte presupuestario se registró un retroceso de esta magnitud”, sostuvo, en referencia implícita a las crisis atravesadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y al ajuste impulsado por Ricardo López Murphy.

Más que un conflicto salarial

La discusión no se limita a porcentajes. En el trasfondo, los gremios cuestionan lo que interpretan como un intento de modificar por vía legislativa y administrativa compromisos ya ratificados por el Congreso y respaldados por fallos judiciales. Desde esa perspectiva, la puja remite a la autonomía universitaria y al modelo de financiamiento público del sistema superior.

La movilización prevista en San Juan replicará una dinámica que se observa en distintas provincias: rectores, docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles comenzaron a confluir en un frente común ante lo que describen como un escenario de asfixia presupuestaria. La articulación con sindicatos de otros niveles educativos y con centrales obreras amplía el alcance político del reclamo.

En ese marco, la protesta contra la reforma laboral y la defensa del financiamiento universitario convergen en una misma narrativa: la denuncia de una política de ajuste que, según los gremios, impacta de manera directa en la calidad educativa y en las condiciones de trabajo.

Un conflicto abierto

El calendario anunciado anticipa un marzo atravesado por medidas de fuerza y negociaciones tensas. La estrategia sindical combina presión en las calles con la expectativa de incidir en el debate parlamentario. El Gobierno, por su parte, sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reconfigurar el esquema de gasto.

Entre ambas posiciones se dirime no sólo una recomposición salarial, sino la orientación futura del sistema universitario argentino. Con la amenaza de un paro de 48 horas cuando el tema llegue al recinto, el conflicto promete escalar si no hay una señal de acercamiento.

La advertencia de ADICUS resume el clima del sector: para los docentes, aceptar la oferta actual implicaría convalidar una pérdida histórica; para el Ejecutivo, conceder más recursos tensiona un programa económico centrado en el equilibrio fiscal. En esa encrucijada, las universidades vuelven a convertirse en un termómetro sensible del rumbo político y social del país.

Marcelo Trujillo, referente de SOEESIT e integrante de la CGT Regional San Juan, sostuvo que la central obrera prioriza la vía judicial frente al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Alertó sobre el riesgo de despidos, cuestionó los índices oficiales de inflación y advirtió que la iniciativa “busca desarticular la organización colectiva”.

En medio de un nuevo capítulo del debate por la reforma laboral, el sindicalismo vuelve a exhibir matices en su estrategia. Mientras el Frente de Sindicatos Unidos impulsa movilizaciones frente al Congreso, la conducción de la CGT resolvió concentrar sus esfuerzos en el plano judicial. Desde San Juan, Trujillo defendió esa decisión y explicó los fundamentos políticos y económicos que la sustentan.

“La CGT no es que no quiera acompañar. Está integrada por gremios estatales y privados, y en el sector privado hoy salir a la calle implica un riesgo concreto de despido”, afirmó. Según su mirada, la eventual aprobación de la reforma podría habilitar un escenario de mayor vulnerabilidad laboral. “Podemos terminar con una cuarta parte o la mitad de la gente afuera sin siquiera haber protestado”, sostuvo.

Judicializar antes de que la norma entre en vigencia

La central obrera marchará el lunes a los tribunales para presentar el primer planteo de inconstitucionalidad, replicando la estrategia utilizada contra el DNU 70/2023. Para Trujillo, la anticipación es clave: “Si esto se aprueba y se pone en marcha, los tiempos judiciales no son los mismos que los tiempos políticos. Hay que actuar rápido”.

El dirigente calificó la iniciativa como una “ley que apunta a desarmar lo colectivo”. En su interpretación, el trasfondo no es meramente institucional sino estructural: “No atacan a las instituciones, atacan a los hombres y mujeres que trabajan. Buscan que la pelea sea individual, y sabemos que el trabajador solo no tiene fuerza”.

La coincidencia entre la CGT y la CTA en avanzar con amparos y presentaciones sectoriales configura una ofensiva legal amplia, que podría incluir demandas individuales y recursos colectivos. El objetivo es frenar o al menos limitar la aplicación de los artículos más controvertidos.

Economía, paritarias y desconfianza en los índices

Más allá del debate legislativo, Trujillo expuso una crítica sobre la situación económica. Señaló que las paritarias se ajustan al IPC oficial, pero cuestionó la representatividad de ese indicador frente a la dinámica real de precios en góndola. “No condice con lo que vive el trabajador. Hay gastos que no se contemplan en la canasta básica, como impuestos y tasas, que también impactan en el bolsillo”, deslizó.

En esa línea, anticipó que la inflación podría ubicarse por encima de las previsiones oficiales y sumó críticas hacia la conducción del organismo estadístico nacional. “Se manejan índices que no reflejan la realidad completa”, afirmó, en alusión al rol del Ministerio de Economía en la definición de las cifras.

El señalamiento no es menor: si los acuerdos salariales se estructuran sobre parámetros que el sindicalismo considera subestimados, la pérdida de poder adquisitivo se profundiza. Y en un contexto de desaceleración inflacionaria aún frágil, cualquier desfasaje repercute de manera directa en el consumo y en la estabilidad laboral.

Un debate que excede la coyuntura

La discusión sobre la reforma laboral trasciende el articulado específico. Para el dirigente sanjuanino, lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales. “Todos somos trabajadores, seamos representantes gremiales o no. Esto nos afecta en mayor o menor medida”, enfatizó.

La tensión entre movilización y judicialización refleja dos tácticas dentro del mismo universo sindical. Mientras algunos sectores privilegian la presión en la calle, la CGT apuesta a una disputa institucional en los tribunales. El denominador común es la convicción de que la reforma alterará el equilibrio vigente.

En ese cruce de estrategias se define la próxima etapa del conflicto. La marcha a tribunales será el primer movimiento de una batalla que promete extenderse en el tiempo. Para Trujillo, el desafío es preservar la organización colectiva frente a un escenario que, según advierte, tiende a fragmentar la defensa del trabajo.

La pulseada recién comienza. Y el desenlace no dependerá únicamente del Senado, sino también de la capacidad del sindicalismo para sostener cohesión interna y articular una respuesta eficaz en el plano judicial y social.

La Provincia rescindió el vínculo con la empresa Moovit como proveedora exclusiva de la app oficial de la Red Tulum, liberó la base de datos del sistema de transporte y lanzó un proceso licitatorio para definir una nueva plataforma institucional. El Ejecutivo asegura que la decisión generará un ahorro anual de 300 millones de pesos y ampliará la oferta para los usuarios.

La desvinculación de Moovit como titular de la aplicación oficial de la Red Tulum no se limita a un cambio de proveedor: configura un viraje en la arquitectura digital del sistema y en la lógica de contratación estatal.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, encuadró la decisión en una estrategia de eficiencia presupuestaria y apertura tecnológica. Según precisó, la provincia dejará de erogar alrededor de 300 millones de pesos anuales que se abonaban por el uso de la marca y la prestación exclusiva del servicio. “Ese monto ya no se va a pagar”, subrayó el funcionario, al poner el foco en el impacto fiscal de la medida.

Del modelo cerrado a la apertura de datos

La novedad central es la liberación de la información del sistema: recorridos, paradas y datos en tiempo real quedaron disponibles para desarrolladores interesados en crear planificadores de viaje sin costo para el Estado ni para los usuarios. El Gobierno apuesta a que esta política genere competencia, diversidad de interfaces y mejoras en la experiencia del pasajero.

La transición no implicará —según la cartera de Gobierno— una merma en el acceso a la información. El servicio de datos que brindaba Moovit cesará en marzo, pero San Juan gestionó la incorporación gratuita de los recorridos a Google Maps, además de habilitar otras aplicaciones que ya operan con seguimiento en tiempo real.

En la actualidad, los usuarios pueden optar entre distintas plataformas: Moovit (hasta el vencimiento definitivo), Wara, Google Maps, Trip, Budop, OpenStreetMap y Cuándo Subo.

Todas funcionan en Android y iOS y ofrecen planificación de recorridos con datos actualizados.

“De tener una sola opción pasamos a seis, y estamos trabajando con dos más”, sostuvo Molina, quien remarcó que cualquier desarrollador local podrá acceder a la base de datos para crear nuevas alternativas. La intención oficial es consolidar un ecosistema abierto donde el usuario elija la interfaz que mejor se adapte a sus preferencias.

La licitación y el rol del Estado

Pese a la multiplicidad de aplicaciones gratuitas, el Ejecutivo confirmó que avanzará con una licitación para definir la app institucional. La convocatoria está prevista para el próximo mes de marzo y buscará establecer una plataforma oficial bajo estándares de transparencia y competencia.

“La licitación hay que hacerla para tener la aplicación oficial. Son los procesos normales del Estado”, señaló el funcionario, al defender la necesidad de contar con una herramienta que represente formalmente al sistema de transporte provincial.

Aquí emerge un problema estructural: si el mercado ya ofrece soluciones sin costo directo para la administración, ¿Cuál debe ser el rol del Estado en la provisión de una app propia? La respuesta oficial combina dos argumentos: garantizar continuidad institucional y evitar la dependencia exclusiva de un proveedor, como ocurrió en la etapa anterior.

El cambio, en este sentido, no solo persigue ahorro fiscal, sino también autonomía estratégica. La experiencia con un único operador dejó expuesta la vulnerabilidad del esquema cerrado. La apertura de datos busca reducir ese riesgo y distribuir la prestación del servicio en un entorno más competitivo.

Impacto en usuarios y proyección

Para el pasajero cotidiano, la prioridad es la certeza de que podrá consultar en tiempo real la ubicación del colectivo y planificar su viaje sin sobresaltos. La Provincia insiste en que el servicio no se interrumpirá y que la migración será gradual.

El desafío, no obstante, será sostener la calidad de la información y la integración entre plataformas. La apertura de datos amplía oportunidades, pero también exige una supervisión técnica constante para evitar inconsistencias o fragmentación en la experiencia digital.

En términos políticos, la decisión se inscribe en la gestión del gobernador Marcelo Orrego y proyecta una señal de austeridad en un momento económico restrictivo. El ahorro anunciado —300 millones de pesos anuales— se convierte en un fundamento de peso frente a la opinión pública, aunque su efectividad deberá medirse en la práctica.

La salida de Moovit y la liberación de los datos de la Red Tulum marcan un cambio de paradigma en la gestión del transporte público sanjuanino. El Gobierno apuesta a conjugar eficiencia presupuestaria, competencia tecnológica y mayor libertad de elección para el usuario.

El éxito de la estrategia dependerá de dos variables decisivas: que el ahorro prometido se consolide sin deteriorar la calidad del servicio y que la futura licitación garantice transparencia y estándares técnicos sólidos. En una coyuntura donde la digitalización del transporte es clave para la movilidad urbana, San Juan ensaya un modelo más abierto. La incógnita será si esa apertura logra traducirse en innovación sostenida y en una experiencia superadora para quienes, a diario, dependen del colectivo para organizar su vida.