La Provincia abrió oficialmente la licitación para construir un nuevo ordenador vial en el cruce de Ruta 20, Gorriti y calle Belgrano. La inversión supera los $3.653 millones y apunta a reducir accidentes en uno de los sectores con mayor complejidad vehicular del Gran San Juan.

El Gobierno sanjuanino puso en marcha la esperada licitación para ejecutar la mega rotonda del Monumento al Gaucho, una intervención destinada a reorganizar la circulación en uno de los puntos más conflictivos del tránsito provincial.

La obra se desarrollará en el estratégico cruce de Ruta Nacional 20, calle Gorriti y calle Belgrano, en Santa Lucía, un sector históricamente asociado a accidentes graves y a un intenso movimiento vehicular entre el Gran San Juan y Caucete.

La convocatoria fue oficializada por la Dirección Provincial de Vialidad mediante Licitación Pública y contará con un presupuesto superior a los $3.653 millones, financiados íntegramente con fondos provinciales.

El proyecto contempla la construcción de una rotonda de gran dimensión, derivadores de tránsito, rediseño de accesos, nueva señalización e iluminación integral para mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación en horarios de alta congestión.

Desde el Ejecutivo consideran que la intervención representa una solución estructural para un cruce que, durante años, acumuló reclamos vecinales y siniestros que instalaron en la comunidad la imagen de una de las zonas más peligrosas del mapa vial sanjuanino.

La iniciativa también refleja la decisión provincial de sostener obras de infraestructura pese al freno nacional de la obra pública. Para avanzar con los trabajos, la gestión de Marcelo Orrego debió firmar convenios con Vialidad Nacional que habilitaron a San Juan a intervenir con recursos propios sobre una traza de jurisdicción federal.

Ese esquema quedó ratificado en febrero de este año por la Cámara de Diputados provincial, mientras que en marzo se completó la audiencia pública necesaria para obtener la Declaración de Impacto Ambiental.

El proyecto retoma una vieja demanda vinculada al ordenamiento del acceso Este, aunque con un enfoque distinto al planteado años atrás, cuando la zona formaba parte de un plan integral ligado a una nueva terminal de ómnibus. Finalmente, la actual gestión decidió priorizar exclusivamente la seguridad vial y la conectividad.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 29 de mayo en el Centro Cívico. La apertura de sobres se realizará ese mismo día en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Si los plazos administrativos avanzan según lo previsto, la obra comenzará durante el segundo semestre del año y podría quedar terminada entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

El Gobierno de San Juan presentó una nueva edición del programa Garrafa Hogar, que comenzará esta semana en Rivadavia y se extenderá progresivamente al resto de la provincia. El operativo ofrecerá envases de 10 y 15 kilos con precios establecidos y un esquema reforzado de control y seguridad.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de la demanda energética en los hogares, el Gobierno de San Juan puso nuevamente en marcha el programa Garrafa Hogar, una herramienta destinada a facilitar el acceso al gas envasado a valores regulados y con controles de seguridad reforzados.

El lanzamiento oficial se realizó este lunes 18 de mayo durante una conferencia encabezada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto a la directora de Defensa al Consumidor de San Juan, Fabiana Carrizo.

Según informaron las autoridades provinciales, las garrafas de 10 kilos tendrán un valor de 20 mil pesos, mientras que los envases de 15 kilos costarán 30 mil pesos dentro del esquema oficial.

El operativo comenzará esta misma semana en Rivadavia y luego avanzará de manera progresiva hacia el resto de los departamentos sanjuaninos. La intención del Ejecutivo es alcanzar los 19 distritos provinciales antes de finalizar mayo, mediante un cronograma itinerante que priorizará tanto zonas urbanas como sectores alejados.

Desde el Ejecutivo provicnial remarcaron que el programa no sólo busca garantizar accesibilidad económica durante el invierno, sino también fortalecer las condiciones de seguridad vinculadas al uso de garrafas domiciliarias.

En ese sentido, desde Defensa al Consumidor explicaron que este año se intensificarán las inspecciones sobre los envases comercializados dentro del operativo. El objetivo apunta a evitar la circulación de garrafas vencidas, deterioradas o sin certificaciones reglamentarias.

La decisión responde a situaciones detectadas en ediciones anteriores, donde algunos controles permitieron identificar recipientes fuera de norma y con condiciones deficientes de conservación, una problemática que suele adquirir especial relevancia durante los meses de mayor consumo.

Las autoridades provinciales recomendaron adquirir únicamente envases incluidos dentro del circuito oficial habilitado y evitar operaciones informales que puedan comprometer condiciones de seguridad para los usuarios.

El esquema de distribución contemplará además operativos especiales en departamentos periféricos y localidades con menor acceso a centros de abastecimiento. Según precisaron, habrá dos puntos de atención diarios y se habilitarán modalidades de pago mediante billeteras virtuales para agilizar la operatoria.

Garrafa Hogar aparece como una de las políticas de asistencia más relevantes de la temporada invernal. En numerosos hogares sanjuaninos, el gas envasado continúa siendo esencial no sólo para cocinar y calefaccionar ambientes, sino también para sostener pequeños emprendimientos familiares y actividades domésticas cotidianas.

El programa adquiere además especial importancia en un período donde el encarecimiento sostenido de servicios y combustibles impacta con fuerza sobre la economía doméstica, particularmente en sectores medios y populares.

La combinación entre subsidio provincial, control estatal y distribución territorial busca amortiguar parte de ese impacto en los meses de mayor demanda energética.

Tras el acuerdo firmado por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, San Juan y Mendoza avanzaron en una política coordinada de seguridad que ya permitió recuperar vehículos robados, desbaratar organizaciones criminales y reforzar controles preventivos en corredores estratégicos. El esquema apunta a consolidar un modelo regional basado en inteligencia criminal, interoperabilidad tecnológica y presencia conjunta de fuerzas policiales.

La coordinación entre ambas provincias en materia de seguridad comenzó a exhibir sus primeros resultados concretos luego del acuerdo impulsado por los gobernadores Orrego y Cornejo para fortalecer controles integrados y profundizar el intercambio de información entre ambas territorios.

A una semana de la firma del pacto que estableció un esquema unificado de trabajo en el puesto de control de San Carlos, las fuerzas de seguridad de ambos distritos ya desplegaron operativos conjuntos, investigaciones coordinadas y procedimientos preventivos sobre corredores considerados estratégicos para el tránsito interprovincial y la circulación de organizaciones delictivas.

El modelo de cooperación busca responder a una problemática creciente en la región cuyana: la movilidad del delito entre provincias, especialmente en casos vinculados al robo automotor, comercialización ilegal de autopartes, narcotráfico y traslado clandestino de vehículos adulterados.

En ese sentido, las autoridades provinciales comenzaron a consolidar una estructura de intervención conjunta apoyada en controles simultáneos, intercambio de bases de datos y articulación entre áreas investigativas especializadas.

Los operativos se concentraron principalmente sobre Ruta Nacional 40 y distintos accesos limítrofes entre San Juan y Mendoza. Participaron divisiones especializadas de ambas policías, efectivos de Policía Vial, áreas de Drogas Ilegales, el Registro Único Provincial de Verificación Automotor y Autopartes (RUPVAA) y personal de Gendarmería Nacional.

El despliegue incluyó controles vehiculares, verificaciones biométricas, chequeos documentales y monitoreo preventivo orientado a detectar maniobras asociadas a delitos complejos.

Uno de los puntos neurálgicos del nuevo esquema de seguridad fue el control policial instalado en San Carlos, donde las fuerzas policiales comenzaron a operar de manera coordinada con intercambio permanente de información y supervisión conjunta de vehículos y personas.

La coordinación ya permitió avanzar en investigaciones de relevancia vinculadas al robo automotor. Uno de los procedimientos más importantes derivó en la identificación de una camioneta Ford Ranger Raptor sustraída, cuya numeración de chasis había sido adulterada para encubrir su origen ilícito.

El trabajo técnico realizado por especialistas sanjuaninos permitió reconstruir la identificación original del vehículo y aportar pruebas claves para el avance de la causa judicial.
La cooperación entre ambas jurisdicciones también posibilitó desarticular una organización dedicada al robo de vehículos en Mendoza que luego eran comercializados en San Juan mediante maniobras de adulteración y documentación irregular.

La investigación concluyó con más de veinte allanamientos simultáneos, detenciones y secuestros de vehículos y autopartes presuntamente vinculadas a la banda criminal.

Otro de los procedimientos destacados permitió recuperar en territorio sanjuanino un Toyota Etios robado en Mendoza. La localización del automóvil fue posible gracias al intercambio de información en tiempo real entre las áreas investigativas de ambas provincias.

Además, los controles preventivos desplegados sobre caminos alternativos y pasos secundarios permitieron detectar motocicletas y bicicletas robadas que eran trasladadas fuera de circuitos habituales para evitar controles policiales.

Detrás de estos resultados aparece uno de los ejes centrales del acuerdo político firmado entre Orrego y Cornejo: la interoperabilidad tecnológica y el trabajo regional coordinado frente a delitos que exceden las fronteras provinciales.

El nuevo esquema apunta a compartir información sensible sobre personas buscadas, vehículos con pedidos judiciales y movimientos sospechosos mediante sistemas integrados capaces de reducir tiempos de respuesta y optimizar recursos operativos.

La lógica de funcionamiento parte de un diagnóstico común entre ambas administraciones: las organizaciones criminales operan cada vez con mayor movilidad territorial y requieren respuestas coordinadas entre provincias para evitar vacíos operativos o superposición de competencias.