Numerosas organizaciones sociales realizarán este martes una Jornada Nacional de lucha con cortes “contra el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores” que lleva adelante el Gobierno de Milei.

Así lo anunciaron los movimientos territoriales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y en el Frente de Lucha Piquetero, los que bajo la consigna “En Defensa del Trabajo de la Economía Popular”, a partir de las 10 de la mañana del martes, procederán a realizar cortes de rutas en 500 puntos del país.

Mediante un comunicado difundido ayer, las organizaciones advirtieron que ante “la decisión del Ministerio de Capital Humano ya hay varios recursos de amparo presentados en la justicia para que intervenga frente a la grave crisis humanitaria que se vive en los barrios populares y principalmente en los comedores comunitarios que se encuentran desabastecidos”.

En otro tramo, indicaron que los “cortes de rutas con ollas populares en todas las rutas del país” apuntan a “impedir que le quiten el salario a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, el que según afirman “se conquistó con la sanción de la ley de emergencia social en el 2016”.

En una nueva jornada de negociaciones paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del sector sumó un nuevo fracaso, en el marco del conflicto por el pago de los aumentos de los choferes de AMBA. La secretaría de Trabajo de la Nación citó a las partes a una nueva reunión el próximo 10 de mayo a las 13 horas.

El gremio que lidera Roberto Fernández manifestó en la reunión que, “la situación de los trabajadores es de una gran incertidumbre” y apuntó al gobierno porque el sector se encuentra sin una autoridad pertinente para el área de Transporte, luego de que el Poder Ejecutivo disolvió el Ministerio de Transporte.

La UTA recordó que “los compromisos estatales y precisamente no con estos trabajadores, derivaron en ofrecimientos salariales de los empresarios, incluso reconocidos por el mismo Estado y que fueron debidamente firmados”, y agregó que “los pactos se firman para cumplirse”, remarcó la delegación del sindicato.

El gremio reclama que las cámaras cumplan con el acuerdo salarial firmado meses atrás y resaltó que “los empresarios pueden disponer de estrategias para cumplir y no cumplir, reducir costos, diagramas, servicios y los trabajadores deben sostener el sistema con su fuerza y sangre de trabajo” y que desde UTA, “escuchamos razones múltiples, pero ya esa etapa terminó, necesitamos cumplimientos”, afirmó la parte sindical.

A su vez, UTA advirtió que realizará “todas las vías legales nacionales e internacionales con el fin de restablecer la lesión de los derechos sindicales tan vulnerados”, si las empresas no abonan el día de trabajo del 11 de abril pasado, cuando el gremio llevó a cabo una medida de fuerza de retención de tareas en el marco del conflicto por el pago del aumento salarial.

Por su parte, la parte empresarial, que unificó su posición y solicitó una nueva audiencia a fin de fijar una posición sobre lo expresado por el gremio y continuar con las negociaciones.

La Ley Bases ya consiguió media sanción en Diputados y aprobara en el Senado, y de ser aprobada pondría en peligro más de 100.000 puestos de trabajo de estatales de planta permanente. Una parte del proyecto plantea la disolución de algunas áreas y la creación de un régimen especial para el personal estatal de esos organismos que pretenden desaparecer.

El Gobierno de Milei espera la aprobación por parte del Congreso de la nueva Ley Bases, que le permitiría, no solo disolver algunas áreas del Estado, sino también contar con un marco jurídico para aquellos empleados públicos que busque despedir. El desguace sería imparable.

Como ya ocurrió con las anteriores olas de despidos, en los principales medios empezaron a circular estimaciones de fuentes oficiales de cuántos puestos de trabajo se destruirán. Esta vez la amenaza alcanzaría a más de 100 mil trabajadores, cuyos contratos ya están en la mira y que durante el plazo de un año pasarían a estar en “situación de disponibilidad”, hasta que las autoridades nacionales definan su futuro.

El Gobierno se encontraría facultado a modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades y los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, aunque hayan sido creados por ley, cuyo mantenimiento la gestión del presidente Javier Milei considere «innecesario».

Asimismo, el primer artículo del Capítulo IV de la Ley Bases «Empleo Público» ordena sustituir el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 por uno que indica que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”.

Durante ese tiempo, los trabajadores “deberán recibir la capacitación que se les imparta; o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado y, cumplido ese término, si el empleado no consiguió “una nueva relación de trabajo” en otro sector, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”.

En ese caso, “tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía”.

“Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, se aclaró. Aunque nada impide que no puedan desfinanciarlo todo.

También se prohibió la disolución del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).