La séptima etapa del ATP asistió a mas de 55000 trabajadores
Cerró el programa 8, con el que se atenderá a los sectores más críticos que no se reactivaron

La séptima etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores. Así se destacó durante el encuentro de gabinete económico que se desarrolló este miércoles en la Casa de Gobierno, que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la que se volvió a destacar la recuperación en los niveles de actividad económica que se viene registrando en los últimos meses.
Con respecto al ATP 8, que permitirá continuar con la asistencia a las empresas que se desempeñan en sectores críticos para el pago de la nómina salarial devengada en noviembre, la inscripción se encuentra abierta hasta este jueves 26 de noviembre, a través de la página web de AFIP.
Al igual que en el ATP 7, podrán ser asistidas a través del pago de los salarios complementarios, los préstamos o el Repro II, teniendo en cuenta las diferencias sectoriales y los niveles de facturación observado en cada caso.
Al término de la reunión del gabinete económico, Kulfas destacó que se advierte «un escenario de recuperación económica que es heterogénea, que tiene que ver con sectores que están funcionando mucho mejor» y que en el caso de la industria reflejó en septiembre 10 de 16 ramas en crecimiento respecto de 2019.
«Esto también se ve en octubre y primeras semanas de noviembre pero conviviendo con sectores que están con un grado de dificultad no menor, caso gastronomía, hotelería que se están recuperando mucho más lentamente afectadas por las medidas de distanciamiento», dijo el ministro. En ese análisis de la evolución de la actividad de las empresas a la par de la paulatina apertura de la actividad económica, el Gobierno había decidido para este mes destinar el esfuerzo del Estado en el ATP a los sectores críticos.
Así, el ATP7 permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores.
En base a los números oficiales, en octubre también se inscribieron 11.400 empresas con una nómina de 175.000 trabajadores para acceder al crédito a tasa subsidiada, con tres meses de gracia y que deben ser abonados por las compañías en doce cuotas fijas. Estos préstamos pueden convertirse en subsidios si, al finalizar los mismos, las empresas demuestran un incremento en la cantidad en su plantilla de trabajadores.
Para el Gobierno, estos resultados demuestran que el número de empresas beneficiadas por el programa disminuyó considerablemente en virtud de la reactivación del entramado productivo que ya puede observarse en indicadores varios vinculados con el nivel de actividad.
Kulfas se refirió, en particular, al sector de la construcción, en el que dijo se observa «un crecimiento muy fuerte y que permitió ver en el mes pasado el mejor octubre de los últimos 20 años, en términos de venta de materiales para la construcción».
«Esto tiene que ver con que se reactivó una parte de las obras que habían quedado en alguna medida paralizadas por la pandemia y porque venimos de tres años con una reducción (de la actividad) del sector que está recuperándose fuertemente y en mejores condiciones», enfatizó. No obstante, destacó que «la producción no está al nivel de la demanda» por las restricciones de personal en las empresas pero también por «algunas prácticas especulativas que estamos controlando con la Ley de Abastecimiento para reprimir esas maniobras».
En la reunión también se expusieron diferentes ejes en desarrollo en el Ministerio de Salud para la transformación del sistema de salud, basados en la gobernanza y la asignación estratégica de recursos.
Más allá de la coyuntura, se analizó el fortalecimiento de la red prestacional asistencial, la promoción y extensión de la salud digital, el incremento de la articulación federal y la mayor interacción entre los subsistemas.
De la reunión también participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; de Salud, Ginés González García; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
También asistieron el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la jefa de Gabinete de la cartera de Economía, Melina Mallamace; el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini y el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso.
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Víctor Menéndez: “La CGT acompañará la marcha universitaria y reclama recuperar el poder adquisitivo”
El dirigente sindical que representa a los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan confirmó que la CGT acompañará la movilización del 15 de octubre en defensa de las universidades públicas. También cuestionó los límites a las paritarias, detalló los aumentos acordados para la actividad y alertó sobre las consecuencias del Fondo de Asistencia Laboral.
Los aumentos salariales acordados para los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan volverán a quedar por detrás de las expectativas de recomposición del gremio. Víctor Menéndez, referente sindical de la actividad, confirmó una actualización del 1,9% para septiembre, otro 1,9% para octubre y un 1,7% para noviembre, porcentajes que se aplican sobre los salarios del mes anterior.
En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el dirigente sanjuanino reconoció las limitaciones económicas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del rubro, aunque sostuvo que esa realidad no elimina la necesidad de mejorar los ingresos. “El salario viene perdiendo día a día”, advirtió, y cuestionó que la Secretaría de Trabajo imponga límites a los acuerdos paritarios y restrinja la homologación de incrementos superiores.
Para Menéndez, la negociación quedó condicionada por una política salarial que impide recuperar lo perdido frente a la inflación. Su reclamo excedió a los trabajadores de estaciones de servicio: planteó la necesidad de recomponer los ingresos de los distintos gremios y de recuperar capacidad de compra para jubilados y pensionados.
Respaldo a la UTA y críticas al financiamiento del transporte
El representante gremial respaldó la protesta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan, que paralizó el servicio de colectivos durante casi dos días por salarios adeudados. Felicitó al secretario general, Héctor Ruiz, y a los trabajadores que sostuvieron la medida hasta alcanzar un acuerdo para regularizar los haberes pendientes.
Menéndez cuestionó que las empresas de transporte recurran al Estado provincial para cubrir obligaciones que, a su juicio, deben afrontar los propios empleadores. Si bien reconoció el esfuerzo oficial para sostener beneficios como el boleto gratuito para estudiantes y docentes, sostuvo que el costo de mantener el sistema no puede recaer sobre quienes dependen de su salario.
“La única lucha que se pierde es la que se abandona”, afirmó al valorar el resultado de la protesta. La resolución del conflicto, consideró, demuestra la importancia de la organización colectiva cuando están en juego derechos salariales básicos.
Reforma laboral: preocupación por las indemnizaciones
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que, según Menéndez, podría tener la reforma laboral sobre los derechos adquiridos. En particular, cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo vinculado al financiamiento de las indemnizaciones por despido, y alertó sobre sus posibles consecuencias para los recursos destinados al sistema previsional.
El dirigente advirtió que desviar fondos con otros destinos para financiar ese mecanismo podría debilitar el sistema jubilatorio. Asimismo, señaló que la nueva medida no debería ser retroactiva para los contratos vigentes, aunque aclaró que su alcance real dependerá de la normativa final.
Su planteo se inscribe en la resistencia sindical a los cambios en las reglas laborales impulsados por el Gobierno nacional. Para Menéndez, la CGT debe sostener una posición común frente a las modificaciones que puedan afectar la estabilidad, las indemnizaciones y la protección social.
En esa línea, confirmó que la central obrera acompañará la marcha federal universitaria del 15 de octubre, en reclamo del financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria tendrá también una instancia de organización sindical previa, con participación de gremios que buscan ampliar el respaldo a las demandas del sistema universitario.
El deporte como herramienta de unidad gremial
La entrevista también incluyó el desarrollo del Campeonato Unidad Estaciones de Servicio 2026, una iniciativa que reúne a trabajadores de distintas localidades y categorías. La competencia contempla tres divisiones: fútbol libre, equipos femeninos y mayores de 40 años.
Menéndez explicó que el objetivo no se limita a la competencia deportiva: busca fortalecer los vínculos entre empleados que trabajan en establecimientos geográficamente dispersos y que, por sus horarios y tareas, tienen pocas oportunidades de encontrarse fuera del ámbito laboral. La entrega de premios y la cena de cierre están previstas para el 11 de noviembre.
La postura de Víctor Menéndez frente a la paritaria, la reforma laboral y la solidaridad intergremial expone el dilema del sindicalismo para proteger el poder adquisitivo ante la moderación salarial. El líder gremial sostiene que la clave radica en fortalecer la estructura sindical y unificar los reclamos para evitar la fragmentación de las luchas.
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San Juan quedó entre las pocas provincias con crecimiento del empleo privado
El empleo asalariado registrado privado cayó 0,2% en julio y acumuló varios meses consecutivos de retroceso. Desde comienzos de año se perdieron 134.034 puestos, con fuertes bajas en la industria, el comercio y la construcción. Aunque los salarios reales mejoraron en agosto, la recuperación sigue siendo dispar.
El empleo privado registrado volvió a retroceder en julio y prolongó una racha negativa que ya suma 14 meses consecutivos. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante ese mes se perdieron 12.716 puestos de trabajo, una baja mensual del 0,2%. Desde comienzos de 2026, la destrucción neta de empleos alcanzó los 134.034 puestos, equivalente a una contracción del 2,2%.
La caída tuvo especial incidencia en la construcción, la industria manufacturera y el comercio, tres ramas con peso significativo en la ocupación formal. En julio, la construcción redujo sus plantillas un 0,6%; la intermediación financiera, un 0,4%; y la industria, el comercio, el transporte y los hoteles y restaurantes registraron retrocesos del 0,3% cada uno.
La comparación interanual confirma el deterioro. La intermediación financiera acumuló una baja del 4,8%, la industria manufacturera retrocedió un 4,4% y el comercio perdió un 3,4% de sus puestos. En total, ocho ramas redujeron su dotación de personal durante julio, mientras tres mostraron avances y otras tres no registraron variaciones.
El retroceso también se extendió a las provincias: 21 de las 24 jurisdicciones tuvieron menos trabajadores privados registrados que un año antes. Las mayores caídas correspondieron a Tierra del Fuego (-12,6%), Misiones (-6%), Corrientes (-5,6%), Formosa (-5,2%) y Santa Cruz (-4,9%). En contraste, Neuquén creció un 6,4%, Río Negro un 4,8% y San Juan un 0,5%, entre las jurisdicciones con resultados positivos.
La evolución salarial mostró una señal favorable, aunque insuficiente para revertir las pérdidas acumuladas. En agosto, la remuneración media real del empleo privado registrado aumentó un 1,3% mensual, en términos desestacionalizados, mientras que los salarios correspondientes a los principales convenios colectivos avanzaron un 0,9%.
Sin embargo, las trayectorias desde noviembre de 2023 mantienen diferencias importantes. El salario promedio del empleo privado registrado se ubicó un 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el promedio de las remuneraciones negociadas en los principales convenios colectivos permaneció un 6,9% por debajo.
Las brechas entre gremios también son pronunciadas. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, los salarios reales de entidades deportivas crecieron un 15% y los del sector gráfico, un 13,2%. En el extremo opuesto, los trabajadores textiles acumularon una pérdida del 32% de su poder adquisitivo y los de comercio, del 18%. Transporte de pasajeros y encargados de edificios registraron retrocesos del 13% y el 12,1%, respectivamente.
En términos nominales, la remuneración bruta promedio de julio alcanzó los $2.256.861, con una suba interanual del 29,3%. La mediana salarial fue de $1.689.227, un 28,2% superior a la de julio de 2025. Estas cifras, sin embargo, no reflejan por sí solas la evolución del poder de compra, que depende de la comparación con la inflación.
La contracción laboral coincide, además, con una reducción del número de empresas con personal. Durante el primer trimestre de 2026 cerraron más firmas de las que abrieron, con una disminución neta superior a las 4.000 compañías, equivalente al 0,7%. Pese a ello, la pérdida asociada de empleo fue de poco más de 800 puestos, una cifra inferior a la registrada en el tercer y cuarto trimestre de 2025, cuando una reducción empresarial similar estuvo vinculada con la eliminación de unos 9.400 empleos.
La diferencia, según la Secretaría de Trabajo, respondió al tamaño de las empresas involucradas: las nuevas firmas incorporaron más trabajadores, mientras que las que cesaron sus operaciones tenían plantillas más reducidas.
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El Gobierno activa cambios en los convenios colectivos y la CGT se prepara para resistir
La Secretaría de Trabajo comenzó a notificar a sindicatos y cámaras empresarias para adecuar 446 acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802. La revisión alcanza cláusulas sindicales y reglas de negociación, mientras los cuestionamientos judiciales y las limitaciones operativas del organismo añaden incertidumbre al proceso.
El Gobierno nacional puso en marcha la revisión de 446 convenios colectivos de trabajo, una de las medidas de mayor alcance de la reforma laboral. Las primeras notificaciones enviadas por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo convocan a sindicatos y cámaras empresarias a discutir la adecuación de sus acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802 y al decreto 407/2026.
La iniciativa había sido anticipada por el Ministerio de Capital Humano el 11 de junio. Ahora, con las convocatorias formales, comienza una etapa de negociación que puede modificar reglas históricas de las relaciones laborales, desde la vigencia de determinadas cláusulas hasta la estructura de los acuerdos salariales.
Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento de las cláusulas obligacionales, entre ellas las cuotas solidarias que financian a organizaciones sindicales. La reforma modifica el régimen de ultraactividad, que permite mantener vigentes determinadas disposiciones de un convenio una vez vencido. En cambio, las cláusulas normativas —como salarios básicos, jornadas y licencias— tienen un tratamiento diferenciado durante la transición prevista por la ley.
La nueva legislación también promueve la negociación colectiva por empresa frente a los acuerdos por actividad y habilita mecanismos de remuneración vinculados con la productividad. Para los gremios, la revisión abre una discusión sobre la capacidad de negociación conjunta, el financiamiento sindical y la preservación de derechos laborales adquiridos.
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