Un relevamiento privado expuso el fuerte deterioro económico y social que atraviesan miles de familias rurales en la Argentina. Pese a sostener parte del abastecimiento alimentario y las economías regionales, la mayoría de los hogares campesinos enfrenta pobreza, sobrecarga laboral y dificultades crecientes para continuar produciendo.

Mientras buena parte del debate público sobre el agro argentino gira alrededor de exportaciones, divisas y grandes complejos productivos, otra realidad avanza lejos de los indicadores de rentabilidad y los discursos oficiales. En vastas regiones rurales del país, quienes producen alimentos sobreviven en condiciones de marcada fragilidad económica, con ingresos insuficientes, jornadas agotadoras y una capacidad cada vez más limitada para sostener la actividad.

Un estudio privado elaborado a partir de relevamientos territoriales en Misiones, Jujuy, Córdoba, Mendoza y Neuquén reveló que cerca del 70% de los hogares campesinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El trabajo retrata la situación de familias vinculadas a la agricultura familiar, producción agroecológica y circuitos locales de comercialización.

El docuemnto advierte que más del 79% de los hogares rurales desarrolla producción primaria diversificada y participa de ferias, ventas directas o redes comunitarias. Sin embargo, la mayoría no logra generar ingresos suficientes para cubrir una canasta básica y depende, en gran medida, del autoconsumo para garantizar alimentación cotidiana.

La investigación vuelve a exponer una de las contradicciones más profundas del sistema productivo argentino: una parte importante de quienes abastecen de alimentos frescos a mercados locales y regionales permanece atrapada en condiciones económicas extremadamente precarias.

Aunque siete de cada diez familias comercializan al menos una parte de lo que producen, el esfuerzo cotidiano no alcanza para consolidar estabilidad económica ni mejorar condiciones materiales de vida. La reducción de márgenes de rentabilidad, el aumento de costos y la limitada capacidad de inversión profundizaron durante los últimos años la vulnerabilidad de pequeños productores rurales.

A esa realidad se suma el impacto cada vez más visible de la crisis climática sobre las economías campesinas. Sequías prolongadas, olas de calor, incendios y tormentas severas comenzaron a alterar de manera directa los ciclos productivos y la sostenibilidad de numerosas explotaciones familiares.

El reporte señala que el 78,7% de los hogares rurales atravesó episodios de sequía en los últimos años y que más del 60% sufrió pérdidas económicas severas derivadas de fenómenos climáticos extremos. Como consecuencia, el 65,3% debió modificar sistemas de producción para intentar sostener la actividad.

La vulnerabilidad estructural del sector se vuelve todavía más visible en territorios con escasa infraestructura, dificultades de acceso al agua, conectividad limitada y menor presencia estatal. En esos escenarios, la continuidad productiva suele depender exclusivamente del esfuerzo familiar.

Uno de los aspectos más duros del relevamiento aparece vinculado a la situación de las mujeres rurales. La investigación impulsada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra expone que numerosas trabajadoras campesinas e indígenas sostienen jornadas activas de entre 16 y 18 horas diarias.

Además, el 61,7% realiza simultáneamente tareas productivas, domésticas y de cuidado, configurando una dinámica de sobrecarga permanente que especialistas describen como “pobreza de tiempo estructural”.

Ese concepto refleja una realidad frecuente en hogares rurales: la ausencia de servicios, infraestructura y asistencia adecuada obliga a compensar carencias mediante más trabajo familiar, especialmente femenino. El resultado es una vida cotidiana atravesada por agotamiento físico, menor acceso a descanso y limitadas posibilidades de desarrollo personal o económico.

El deterioro social de la agricultura familiar también abre interrogantes sobre el futuro de las pequeñas producciones regionales y la continuidad de modelos agroalimentarios vinculados al abastecimiento local, la diversidad productiva y las economías de cercanía.

Tras el acuerdo firmado por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, San Juan y Mendoza avanzaron en una política coordinada de seguridad que ya permitió recuperar vehículos robados, desbaratar organizaciones criminales y reforzar controles preventivos en corredores estratégicos. El esquema apunta a consolidar un modelo regional basado en inteligencia criminal, interoperabilidad tecnológica y presencia conjunta de fuerzas policiales.

La coordinación entre ambas provincias en materia de seguridad comenzó a exhibir sus primeros resultados concretos luego del acuerdo impulsado por los gobernadores Orrego y Cornejo para fortalecer controles integrados y profundizar el intercambio de información entre ambas territorios.

A una semana de la firma del pacto que estableció un esquema unificado de trabajo en el puesto de control de San Carlos, las fuerzas de seguridad de ambos distritos ya desplegaron operativos conjuntos, investigaciones coordinadas y procedimientos preventivos sobre corredores considerados estratégicos para el tránsito interprovincial y la circulación de organizaciones delictivas.

El modelo de cooperación busca responder a una problemática creciente en la región cuyana: la movilidad del delito entre provincias, especialmente en casos vinculados al robo automotor, comercialización ilegal de autopartes, narcotráfico y traslado clandestino de vehículos adulterados.

En ese sentido, las autoridades provinciales comenzaron a consolidar una estructura de intervención conjunta apoyada en controles simultáneos, intercambio de bases de datos y articulación entre áreas investigativas especializadas.

Los operativos se concentraron principalmente sobre Ruta Nacional 40 y distintos accesos limítrofes entre San Juan y Mendoza. Participaron divisiones especializadas de ambas policías, efectivos de Policía Vial, áreas de Drogas Ilegales, el Registro Único Provincial de Verificación Automotor y Autopartes (RUPVAA) y personal de Gendarmería Nacional.

El despliegue incluyó controles vehiculares, verificaciones biométricas, chequeos documentales y monitoreo preventivo orientado a detectar maniobras asociadas a delitos complejos.

Uno de los puntos neurálgicos del nuevo esquema de seguridad fue el control policial instalado en San Carlos, donde las fuerzas policiales comenzaron a operar de manera coordinada con intercambio permanente de información y supervisión conjunta de vehículos y personas.

La coordinación ya permitió avanzar en investigaciones de relevancia vinculadas al robo automotor. Uno de los procedimientos más importantes derivó en la identificación de una camioneta Ford Ranger Raptor sustraída, cuya numeración de chasis había sido adulterada para encubrir su origen ilícito.

El trabajo técnico realizado por especialistas sanjuaninos permitió reconstruir la identificación original del vehículo y aportar pruebas claves para el avance de la causa judicial.
La cooperación entre ambas jurisdicciones también posibilitó desarticular una organización dedicada al robo de vehículos en Mendoza que luego eran comercializados en San Juan mediante maniobras de adulteración y documentación irregular.

La investigación concluyó con más de veinte allanamientos simultáneos, detenciones y secuestros de vehículos y autopartes presuntamente vinculadas a la banda criminal.

Otro de los procedimientos destacados permitió recuperar en territorio sanjuanino un Toyota Etios robado en Mendoza. La localización del automóvil fue posible gracias al intercambio de información en tiempo real entre las áreas investigativas de ambas provincias.

Además, los controles preventivos desplegados sobre caminos alternativos y pasos secundarios permitieron detectar motocicletas y bicicletas robadas que eran trasladadas fuera de circuitos habituales para evitar controles policiales.

Detrás de estos resultados aparece uno de los ejes centrales del acuerdo político firmado entre Orrego y Cornejo: la interoperabilidad tecnológica y el trabajo regional coordinado frente a delitos que exceden las fronteras provinciales.

El nuevo esquema apunta a compartir información sensible sobre personas buscadas, vehículos con pedidos judiciales y movimientos sospechosos mediante sistemas integrados capaces de reducir tiempos de respuesta y optimizar recursos operativos.

La lógica de funcionamiento parte de un diagnóstico común entre ambas administraciones: las organizaciones criminales operan cada vez con mayor movilidad territorial y requieren respuestas coordinadas entre provincias para evitar vacíos operativos o superposición de competencias.

El titular nacional de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, formuló duras críticas a la orientación de la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre los riesgos de consolidar un esquema centrado exclusivamente en la rentabilidad empresaria. Reclamó mayor participación sindical, fortalecimiento de proveedores locales y una estrategia de formación laboral para afrontar el crecimiento de la actividad.

La expansión minera que atraviesa la Argentina, con San Juan convertida en uno de los principales epicentros de inversión y exploración, abrió una discusión que excede ampliamente la producción de minerales y la llegada de capitales. La disputa ya no gira únicamente en torno a cifras, exportaciones o proyectos estratégicos: el debate se desplaza hacia la distribución de beneficios, el rol del Estado, las condiciones laborales y la participación efectiva de las comunidades en un proceso que promete transformar regiones enteras.

En ese clima de redefiniciones, Marcelo Mena Muñoz, titular nacional de ASIJEMIN, en diálogo con Mundo Laboral SJ, realizó uno de los pronunciamientos más duros surgidos desde el sindicalismo minero en los últimos meses. Sus cuestionamientos apuntaron directamente a la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y al perfil que, según sostiene, está adquiriendo la política minera argentina.

“El problema comienza cuando los trabajadores no son convocados a discutir el modelo”, señaló el dirigente, al explicar por qué considera que el esquema actual corre el riesgo de quedar subordinado exclusivamente a intereses económicos. Desde su mirada, la ausencia de representación sindical en los espacios de debate revela una concepción donde la minería es observada únicamente como un negocio y no como una actividad con impacto social, laboral y territorial.

La definición no fue casual. Mena apeló a una comparación histórica extrema —al mencionar el “Congo belga de Leopoldo II”— para advertir sobre los riesgos de un extractivismo desprovisto de controles y sin articulación con las necesidades locales. Aunque la referencia buscó generar impacto, el dirigente la utilizó para subrayar una preocupación concreta: la posibilidad de consolidar un modelo donde la rentabilidad quede concentrada y las consecuencias recaigan sobre las comunidades.

La Expo San Juan Minera 2026, considerada una de las principales vitrinas del sector en América Latina, también formó parte de su análisis. Si bien reconoció la magnitud del evento y el potencial económico que exhibe la actividad, sostuvo que existen aspectos que no pueden ser ignorados. Entre ellos, mencionó la escasa presencia de pequeñas y medianas empresas locales, muchas de las cuales —afirmó— quedan excluidas por barreras económicas y decisiones políticas.

“Una minería sólida no puede construirse dejando afuera a las economías regionales”, planteó. Para el sindicalista, el crecimiento del sector debería funcionar como motor de desarrollo integral, impulsando proveedores, industria nacional y cadenas de valor vinculadas a cada proyecto.

El reclamo no se limita al plano económico. Mena insistió en que la actividad necesita fortalecer su legitimidad social y evitar errores históricos que terminaron erosionando la confianza pública. En ese sentido, defendió la necesidad de construir una “minería colectiva”, donde el crecimiento productivo vaya acompañado por controles efectivos, participación comunitaria y respeto irrestricto por las condiciones laborales y ambientales.

“Hay cuestiones que no pueden presentarse como concesiones extraordinarias”, afirmó al referirse a prácticas que algunas compañías exhiben como logros empresariales. El pago de salarios en blanco, el cumplimiento de normas de seguridad o la protección ambiental —subrayó— no constituyen beneficios opcionales, sino obligaciones elementales de cualquier actividad formal.

El dirigente también rechazó de manera enfática cualquier intento de revisar derechos adquiridos bajo el argumento de mejorar la competitividad. “No vamos a renegociar conquistas históricas”, sostuvo, al remarcar que el sindicalismo minero no solo busca preservar condiciones existentes, sino también ampliar derechos vinculados al conjunto de la sociedad.

Otro de los ejes centrales de su planteo estuvo relacionado con la formación laboral. Frente a la posibilidad de una expansión acelerada de proyectos vinculados al cobre y al litio, Mena advirtió que el país aún no cuenta con la estructura suficiente para abastecer la futura demanda de trabajadores calificados.

Según explicó, la preparación debe comenzar antes de que los emprendimientos entren en etapas de mayor producción. “No se puede esperar al momento de necesitar miles de operarios para salir a buscarlos de urgencia”, señaló. A su entender, improvisar en ese punto no solo deteriora la calidad del empleo, sino que incrementa los riesgos operativos y expone a los trabajadores a situaciones para las que no fueron preparados adecuadamente.

Por ese motivo, reclamó una articulación más profunda entre Estado, universidades, sindicatos y empresas para desarrollar programas de capacitación sostenidos en el tiempo. La formación técnica, insistió, debe convertirse en una política estratégica y no en una respuesta tardía frente a la demanda de mano de obra.

La reflexión final del dirigente se vinculó con el clima social y sindical que atraviesa el país. Al referirse a las recientes movilizaciones gremiales y universitarias, llamó a fortalecer la unidad entre organizaciones y sectores laborales. “Hoy atacan a un sector; mañana puede ser cualquiera”, advirtió.

La frase sintetiza una visión más amplia sobre el momento político y económico actual: la convicción de que el debate sobre minería no puede separarse de una discusión mayor sobre el modelo de desarrollo, el papel del trabajo y el alcance de los derechos sociales en la Argentina que viene.

El crecimiento de la minería argentina abre oportunidades económicas inéditas, pero también obliga a discutir con profundidad qué tipo de desarrollo pretende construirse alrededor de esa expansión. La magnitud de las inversiones y el potencial exportador conviven con interrogantes decisivos sobre empleo, participación social, control estatal y distribución de beneficios.

Las críticas formuladas por ASIJEMIN exponen una preocupación que comienza a ganar espacio dentro del propio sector: evitar que el avance productivo quede reducido a indicadores financieros mientras se debilitan las instancias de representación y planificación colectiva. En esa disputa se juega algo más que el futuro de la minería. También se define qué lugar ocuparán los trabajadores, las comunidades y las economías regionales en uno de los procesos productivos más trascendentes de las próximas décadas.