La FAECyS selló un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias: un incremento del 5% en tres tramos y un bono de $120.000. En un clima de inflación persistente, el esquema refleja la presión entre la recomposición del ingreso y la sostenibilidad de las empresas.

En una negociación atravesada por las restricciones macroeconómicas y la necesidad de sostener la actividad, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, (FAECyS) – acordó con la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales una actualización salarial para el trimestre abril-junio de 2026.

El entendimiento establece un incremento total del 5%, distribuido en tres tramos mensuales —2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio— junto con el pago de un bono extraordinario de $120.000 que alcanzará a todas las categorías del convenio colectivo.

La arquitectura del acuerdo no es novedosa: replica el esquema de aumentos fragmentados y sumas fijas que viene predominando en las paritarias del sector desde 2025, cuando se implementaron incrementos escalonados y bonos no remunerativos como mecanismo para amortiguar el impacto inflacionario sin trasladar plenamente los costos a las estructuras empresariales . Esta modalidad, si bien aporta previsibilidad en el corto plazo, también expone una limitación estructural: la dificultad de recomponer el salario real de manera sostenida.

En este marco, el entendimiento incorpora una cláusula de monitoreo permanente que habilita la revisión de las condiciones salariales en función de la evolución de los precios. Se trata de una herramienta que se volvió habitual en las negociaciones recientes, en un ámbito donde la nominalidad pierde rápidamente vigencia frente a la inercia inflacionaria.

El incremento luce acotado frente a una subida de costos que, aunque desacelerada respecto de picos anteriores, continúa erosionando el poder adquisitivo. Por otro, las empresas —especialmente las de menor escala— enfrentan márgenes estrechos y caída del consumo, lo que limita su capacidad para absorber aumentos más agresivos.

La paritaria mercantil, la más numerosa del país, vuelve así a funcionar como un termómetro de la economía real. En ella confluyen las urgencias de más de un millón de trabajadores con las restricciones de un sector clave para la actividad interna. En ese cruce, el resultado suele ser una solución intermedia: acuerdos moderados, pagos complementarios y revisiones periódicas.

El nuevo entendimiento salarial de Comercio sintetiza el delicado equilibrio que domina la negociación colectiva en la Argentina actual. Lejos de una recomposición plena, el acuerdo busca administrar presiones: contener la pérdida del ingreso sin comprometer la viabilidad de las empresas.

La combinación de aumentos graduales, bonos extraordinarios y cláusulas de seguimiento configura una estrategia defensiva más que expansiva. En ese marco, el verdadero alcance del acuerdo no dependerá tanto de su letra como de la evolución de la inflación en los próximos meses. Allí, una vez más, se jugará el destino del poder adquisitivo de uno de los sectores laborales más extendidos del país.

En el inicio del debate parlamentario por la Ley de Glaciares, el sindicato que nuclea a los cuadros jerárquicos del sector minero fijó una posición que busca salir de la lógica binaria entre ambiente y producción. Reclamó una actualización profunda del marco normativo, propuso crear un organismo de control autónomo y volvió a poner en agenda la deuda previsional con los trabajadores.

La discusión por el futuro de la política minera argentina sumó un actor con peso específico en el inicio de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados. La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) irrumpió con una postura que intenta reconfigurar los términos del debate: ni negación del impacto ambiental ni defensa acrítica del extractivismo, sino una síntesis que articule desarrollo, regulación y derechos laborales.

La voz del sector fue encarnada por su secretario general, Marcelo Mena, quien desde el inicio marcó un reclamo de representación largamente postergado. “Es un orgullo que nos escuchen después de tanto tiempo”, expresó, en una frase que no sólo funcionó como apertura discursiva, sino como señal política: el sindicalismo minero busca ocupar un lugar activo en la definición de las reglas del sector.

Uno de los ejes más contundentes de su exposición fue la defensa explícita de los recursos estratégicos. “Proteger los glaciares es innegociable. Proteger la vida y el agua es innegociable”, afirmó, desmarcándose de cualquier lectura que ubique al gremio en una posición refractaria a las demandas ambientales. Sin embargo, ese posicionamiento no derivó en una aceptación pasiva del statu quo, sino en una crítica más amplia al enfoque fragmentado del debate.

Para el dirigente, discutir exclusivamente la Ley de Glaciares implica eludir un problema estructural: la obsolescencia del marco normativo que regula la actividad. Con un Código de Minería que arrastra más de 150 años, la actividad se desenvuelve —según planteó— bajo parámetros que no dialogan con las exigencias tecnológicas, ambientales ni productivas contemporáneas. “No solamente hay que discutir una ley de glaciares. Tenemos que discutir una ley nacional de minería”, enfatizó, en lo que constituye uno de los planteos más integrales surgidos hasta ahora en el ámbito parlamentario.

En ese sentido, ASIJEMIN propuso avanzar hacia una legislación moderna que otorgue previsibilidad, ordene la actividad y establezca estándares claros para todos los actores involucrados. La iniciativa no es menor: en un contexto de creciente interés por los recursos naturales, la falta de reglas actualizadas aparece como uno de los principales focos de conflicto entre empresas, comunidades y Estado.

El planteo incluyó además una propuesta institucional concreta: la creación de una Agencia Nacional de Control Medioambiental Minero. Concebida como un organismo autónomo y autárquico, su diseño prevé la participación de universidades, centros de investigación, empresas, sindicatos, comunidades y distintos niveles del Estado. El objetivo es claro: fortalecer los mecanismos de fiscalización y dotarlos de mayor transparencia.

“Si podemos tener un ente compuesto colectivamente entre todas las partes, vamos a lograr un control mucho más profundo”, sostuvo Mena Muñoz, al tiempo que subrayó la necesidad de generar información pública confiable y accesible. La iniciativa se inscribe en una demanda creciente por institucionalidad robusta en materia ambiental, en un escenario donde la legitimidad de los controles es tan relevante como su eficacia técnica.

El discurso de gremial también hizo foco en el impacto territorial de la minería. Tomando como referencia el caso de San Juan, el dirigente destacó las transformaciones económicas experimentadas en las últimas décadas, aunque introdujo una advertencia que complejiza la narrativa del progreso automático. “Si la minería es solamente un negocio, no nos interesa. Tiene que ser desarrollo, crecimiento real y participación colectiva”, afirmó, marcando un límite político a la lógica puramente extractiva.

Esa mirada se sintetizó en una consigna que atravesó toda la intervención: la necesidad de superar la dicotomía entre ambiente y producción. “Defendamos los glaciares, por supuesto. Pero también necesitamos trabajar”, señaló, condensando una presión estructural que el Congreso deberá administrar en los próximos meses.

Sobre el cierre, el dirigente incorporó un tema que excede la coyuntura legislativa pero que revela otra dimensión del conflicto: las condiciones laborales en la actividad. En ese marco, reclamó el tratamiento de un proyecto de jubilación minera presentado hace casi un año, subrayando las particularidades del trabajo en altura, las bajas temperaturas y las tareas en contextos subterráneos.

“Si tanto les importa la actividad minera, que realmente les importe lo más importante, que son los trabajadores”, concluyó, desplazando el eje del debate hacia una pregunta incómoda pero central: quiénes son los verdaderos destinatarios del desarrollo que se discute.

La intervención de ASIJEMIN en el Congreso no sólo aportó matices a una discusión atravesada por posiciones antagónicas, sino que introdujo una agenda propia que combina regulación, institucionalidad y derechos laborales. En un marco donde la minería se proyecta como uno de los vectores económicos estratégicos del país, el desafío no parece residir únicamente en habilitar o restringir actividades, sino en construir un marco integral capaz de equilibrar intereses, reducir conflictos y garantizar legitimidad social.

Entre la protección de los glaciares y la necesidad de desarrollo, el sindicalismo minero propone un tercer camino: uno donde el crecimiento no se desligue del control, ni el progreso de la justicia social. La discusión recién comienza, pero el tono del debate ya dejó de ser el mismo.

Un informe de la consultora Scentia reveló una nueva contracción del consumo masivo en febrero, con desplomes en casi todos los canales tradicionales. Mientras tanto, sectores asociados a mayores ingresos muestran dinamismo, profundizando un patrón de consumo cada vez más desigual.

El consumo masivo en Argentina continúa sin mostrar señales de recuperación. Según los últimos datos de Scentia, en febrero las ventas registraron una caída interanual del 3,4%, mientras que en la comparación mensual —frente a enero— el descenso fue aún más pronunciado, alcanzando el 6,3%.

La tendencia no es aislada. En enero ya se había verificado una baja del 1,1% interanual y un retroceso del 7% respecto de diciembre, configurando un inicio de año marcado por la debilidad del consumo. De este modo, el primer bimestre de 2026 acumuló una contracción del 2,1%, ubicándose entre los niveles más bajos desde 2024 y encendiendo señales de alerta en el comercio.

El golpe más fuerte se sintió en los supermercados, donde las ventas se desplomaron un 5,9% interanual en febrero. También registraron caídas los autoservicios independientes (-3,8%) y los mayoristas (-3,6%), confirmando que el deterioro atraviesa a todos los formatos tradicionales. Incluso rubros sensibles como farmacias (-2,9%) y kioscos y almacenes (-1,9%) evidenciaron retrocesos, lo que refleja un ajuste directo sobre el consumo cotidiano.

En contraste, el comercio electrónico fue el único canal que logró crecer, con un salto interanual del 26,5%. Este comportamiento no solo marca una transformación en los hábitos de compra, sino también una segmentación del consumo: el crecimiento se explica principalmente por rubros como alimentos, bebidas y productos de limpieza, muchas veces impulsados por promociones y estrategias digitales.

Sin embargo, el análisis mensual muestra que incluso este canal sufrió un leve retroceso del 2,6% en febrero, lo que refuerza la idea de un contexto generalizado de restricción del gasto.
El detalle por categorías es aún más contundente. Las bebidas sin alcohol lideraron las caídas con un 12,3%, seguidas por alimentos perecederos (-7,5%), bebidas alcohólicas (-7,4%) y productos de higiene y cosmética (-7%). También retrocedieron los productos de desayuno y merienda (-3,7%) y los artículos de limpieza (-3,2%). Se trata, en todos los casos, de bienes esenciales o de consumo frecuente, lo que da cuenta de un ajuste que impacta directamente en la vida diaria de los hogares.

Desde la consultora señalaron que la evolución de precios fue un factor determinante. La persistencia de la inflación, combinada con salarios que no logran recomponerse, redujo el poder adquisitivo y obligó a las familias a recortar gastos o modificar hábitos de consumo.
En este contexto, la economista y diputada nacional Julia Strada advirtió sobre la creciente desigualdad en el patrón de consumo. Según explicó, el nivel actual se ubica cerca de 13 puntos por debajo del promedio de 2023, con caídas significativas en supermercados y mayoristas.

La clave del fenómeno, sostuvo, radica en la heterogeneidad: mientras el consumo agregado puede mostrar mejoras —según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos—, ese crecimiento está impulsado por sectores de mayores ingresos, como la compra de inmuebles, autos o el turismo en el exterior.

En contrapartida, los rubros ligados al consumo cotidiano presentan retrocesos profundos. Si se compara 2025 con 2023, las ventas en supermercados caen 19%, la indumentaria 24% y los autoservicios 13,5%, evidenciando un deterioro estructural del consumo popular.

El mapa del consumo en Argentina muestra hoy una fractura cada vez más evidente. Mientras algunos sectores vinculados a altos ingresos logran sostener e incluso expandir su nivel de gasto, la mayoría de los hogares ajusta sobre bienes esenciales. La caída persistente en supermercados, almacenes y farmacias no solo refleja un escenario difícil, sino también un cambio más profundo: el pasaje hacia un modelo de consumo más desigual, donde el crecimiento agregado convive con una marcada contracción en la vida cotidiana.