Un informe del Instituto Argentina Grande – (IAG) – revela que el 47,7% de los hogares debió utilizar ahorros, endeudarse o vender bienes para cubrir sus gastos durante el primer trimestre. El doble endeudamiento creció 117,9% desde 2023 y afecta a más de 600.000 familias.

La utilización de ahorros alcanzó al 36,1% de los hogares, equivalente a 3.690.760 familias en las que viven alrededor de 11,1 millones de personas. Se trata del registro más elevado de la última década, con excepción de 2024, y representa un incremento del 18,1% respecto del primer trimestre de 2023.

Pero el endeudamiento adquirió una dimensión todavía mayor. Unos 2,5 millones de hogares contrajeron obligaciones para afrontar gastos corrientes. La deuda bancaria alcanzó a 1.505.803 familias, un 55,9% más que en 2023, mientras que 1.655.833 recurrieron a familiares, amigos o conocidos.

El dato más crítico aparece entre quienes debieron utilizar ambas vías simultáneamente. 603.943 hogares se endeudaron tanto con entidades financieras como con personas de su entorno, un universo que aumentó 117,9% desde el primer trimestre de 2023. En apenas tres años, 326.810 familias ingresaron a esta condición de mayor vulnerabilidad financiera.

Otra señal del deterioro aparece en la venta de bienes. Casi un millón de hogares —el 9,8% del total— tuvo que desprenderse de pertenencias para cubrir sus necesidades. La cantidad creció 35,4% frente a 2023, con unos 261.000 hogares adicionales obligados a utilizar sus bienes como fuente de ingresos.

Mujeres y adultos mayores, entre los más afectados

La presión sobre los ingresos tampoco se distribuye de manera uniforme. En los hogares encabezados por mujeres, la necesidad de recurrir a mecanismos extraordinarios aumentó 6,4 puntos porcentuales desde 2023, el doble del incremento registrado entre aquellos con jefatura masculina.

Los adultos mayores también enfrentan un deterioro significativo. El informe señala que el 41% de los hogares encabezados por personas de 66 años o más tuvo que recurrir a alguna de estas alternativas, 7,1 puntos por encima del registro de 2023. La combinación de menores ingresos previsionales y mayores gastos en salud y medicamentos empuja a parte de este grupo a buscar nuevamente ingresos laborales.

Entre los hogares encabezados por personas de 51 a 65 años, la proporción llega al 49,8%, el nivel más elevado de todos los grupos etarios relevados.

La presión también alcanza a los hogares de ingresos medios: 51,9% no consigue cubrir sus gastos mensuales con los salarios. Allí, el recurso más utilizado es el ahorro, al que apela el 40,3%, mientras que el endeudamiento bancario alcanza al 18,8%. En las familias de menores ingresos, en cambio, predomina el recurso a familiares y conocidos, utilizado por el 20,4%.

La pérdida salarial detrás del endeudamiento

El IAG vincula este deterioro con la pérdida del poder de compra. Según sus cálculos, durante el primer trimestre el salario real de los trabajadores privados registrados se encontraba 5,4% por debajo de 2023. La pérdida llega al 14,8% entre los empleados públicos provinciales y al 38,2% entre los trabajadores de la administración pública nacional.

La sucesión de datos muestra una transformación en la economía cotidiana de millones de familias: cuando el ingreso laboral deja de alcanzar, primero aparecen los ahorros, luego el crédito y, en los casos más extremos, la venta de bienes. El crecimiento simultáneo de esas alternativas refleja una capacidad de respuesta familiar cada vez más limitada frente al costo de vida.

Los docentes universitarios volverán a paralizar sus actividades durante 48 horas, el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en una nueva protesta contra la política salarial del Gobierno nacional y por el financiamiento de las universidades públicas. La medida fue convocada por los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y contará con la adhesión de distintas organizaciones, entre ellas FEDUBA.

La huelga se produce en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia quedó ratificada por el Congreso después del veto presidencial. Las organizaciones sindicales y las universidades sostienen que el Poder Ejecutivo todavía no transfirió la totalidad de los recursos previstos por la normativa, pese a los pronunciamientos judiciales que ordenaron avanzar con su cumplimiento.

El reclamo no se limita al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Los fondos cuestionados también comprenden partidas vinculadas con salarios, becas e investigación, mientras las universidades advierten sobre las dificultades crecientes para sostener sus servicios y programas académicos.

A ese conflicto presupuestario se suma el deterioro de los ingresos docentes. Los gremios cuestionan que las actualizaciones salariales aplicadas durante los últimos meses hayan sido insuficientes frente a la inflación y, en varios casos, definidas sin un acuerdo paritario integral.

Según las estimaciones sindicales, desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios acumularon una pérdida cercana al 30% de su poder adquisitivo. Para recuperar el nivel salarial de entonces, sostienen que sería necesario un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales.

La caída de las remuneraciones también repercute sobre las universidades como espacios de formación e investigación. Las organizaciones gremiales advierten que los bajos ingresos dificultan la retención de docentes, científicos y profesionales con posgrados, en un momento en que las instituciones compiten con el mercado privado y con oportunidades laborales en el exterior.

La protesta del 27 y 28 de agosto podría, además, no ser una medida aislada. Los sindicatos anticiparon que evaluarán nuevas acciones si no aparecen respuestas concretas tanto para recomponer los salarios como para garantizar los recursos establecidos por la legislación vigente.

Con una nueva instancia de negociación todavía pendiente, el conflicto universitario vuelve a concentrarse en dos reclamos que avanzan en paralelo: recuperar los ingresos perdidos y asegurar el financiamiento que permita sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

El Gobierno nacional afirma haber dictado 719 normas de desregulación que modificaron o eliminaron 2.803 disposiciones y 16.771 artículos. Entre las reformas impulsadas desde diciembre de 2023 figuran cambios en prepagas, alquileres, trabajo, transporte, telecomunicaciones, energía, alimentos y controles sanitarios.

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la desregulación se convirtió en una de las principales herramientas de transformación económica. El Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, contabiliza 719 normas que modificaron o eliminaron 2.803 disposiciones y 16.771 artículos de distintas regulaciones.

El alcance de las reformas atraviesa 11 grandes áreas, desde agroindustria y finanzas hasta transporte, salud, empleo, energía y vivienda. Detrás de ese volumen normativo hubo cambios que impactaron directamente sobre precios, contratos, derechos laborales y mecanismos de control estatal.

Prepagas y medicamentos

Una de las primeras modificaciones relevantes alcanzó a la medicina privada. En febrero de 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud dejó de establecer topes para los aumentos de las cuotas de las prepagas, en aplicación del DNU 70/2023.

Las empresas aplicaron fuertes incrementos durante los meses siguientes. El propio Gobierno terminó recurriendo a la Justicia para denunciar una presunta cartelización y buscar que las compañías retrotrajeran parte de las subas.

En paralelo, la ANMAT amplió progresivamente el listado de medicamentos de venta libre. El cambio también modificó su cobertura por obras sociales y prepagas y habilitó su comercialización fuera de las farmacias.

Alquileres y consumo

La derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023 eliminó el plazo mínimo de tres años y dejó librados a las partes aspectos centrales como la duración, la moneda de pago y la periodicidad de las actualizaciones.

En materia de consumo, el Gobierno discontinuó los programas de control de precios y eliminó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. También dejó sin efecto el esquema de Cortes Populares, que establecía valores de referencia para determinados cortes de carne.

Otro cambio alcanzó a la yerba mate: el DNU 70/2023 eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar precios mínimos de la hoja verde y la yerba canchada.

Trabajo: cambios en contratación y despidos

La reforma laboral incorporó modificaciones de amplio alcance. Entre ellas, extendió el período de prueba, eliminó determinadas multas vinculadas con el empleo no registrado y creó la figura del trabajador independiente con colaboradores.

También habilitó mecanismos como el banco de horas y modificó reglas sobre vacaciones. A esto se sumó un nuevo esquema para financiar eventuales indemnizaciones y cambios en la regulación de trabajadores de plataformas digitales.

La reforma introdujo además modificaciones sobre los convenios colectivos y la ultraactividad, alterando reglas que durante décadas habían regido las relaciones laborales.

Transporte y telecomunicaciones

La política desreguladora también alcanzó al transporte. En los micros de larga distancia se habilitó a las empresas a establecer recorridos, frecuencias, precios y modalidades con mayor libertad.

En el transporte aéreo, la política de “cielos abiertos” flexibilizó el ingreso de compañías extranjeras y eliminó determinadas restricciones tarifarias.

Las telecomunicaciones atravesaron otro cambio relevante: internet, telefonía celular y televisión por cable dejaron de estar alcanzados por el régimen de regulación de precios como servicios públicos esenciales, permitiendo a las empresas definir sus tarifas con mayor autonomía.

Energía y tarifas

El Gobierno reemplazó el esquema de segmentación de subsidios N1, N2 y N3 por un sistema focalizado en determinados hogares vulnerables. La modificación derivó en mayores costos para numerosos usuarios residenciales.

También se eliminaron los precios máximos obligatorios para las garrafas, reemplazados por valores de referencia. El Programa Hogar continuó para determinados beneficiarios, aunque con modificaciones en las cantidades subsidiadas.

En el mercado eléctrico, la administración nacional avanzó además hacia una mayor participación de contratos directos entre empresas y redujo las facultades de intervención de CAMMESA.

Menos controles sobre alimentos y productos

Otra de las transformaciones más sensibles se produjo en los organismos encargados de fiscalizar alimentos, productos industriales y medicamentos.

El Gobierno flexibilizó mecanismos de importación y permitió, bajo determinadas condiciones, reconocer certificaciones de organismos sanitarios extranjeros. También redujo funciones del SENASA y modificó atribuciones del INTI en materia de certificación y controles técnicos.

Las medidas alcanzaron desde alimentos y productos fitosanitarios hasta autopartes, juguetes, maquinaria y otros bienes sometidos anteriormente a verificaciones específicas.

La discusión sobre estos cambios excede el costo administrativo de los controles: involucra estándares sanitarios, seguridad de productos y capacidad del Estado para fiscalizar bienes que ingresan al mercado argentino.

Tasas de interés y dólar

En marzo de 2024, el Banco Central eliminó el piso obligatorio para las tasas de los plazos fijos. Desde entonces, la tasa de política monetaria pasó a funcionar como referencia y cada entidad definió con mayor libertad la remuneración de los depósitos.

La liberalización cambiaria tuvo otro capítulo relevante en abril de 2025, cuando se eliminó para las personas físicas el límite mensual de US$200 para acceder al mercado oficial y se levantaron determinadas restricciones cruzadas con los mercados financieros.

La modificación no implicó una liberación absoluta para las empresas, que conservaron restricciones sobre determinados stocks de dividendos y obligaciones anteriores.

Una transformación transversal

El alcance de las medidas muestra que la política de desregulación no quedó limitada a una reforma administrativa. Desde el comienzo de la gestión, el Gobierno modificó reglas que incidían sobre salud, vivienda, empleo, consumo, transporte, tarifas, comercio exterior y controles sanitarios.

El resultado es una estructura regulatoria sustancialmente diferente de la vigente antes de diciembre de 2023. La discusión política que ahora atraviesa al oficialismo no pasa solamente por la cantidad de normas eliminadas, sino por una cuestión de fondo: hasta dónde puede avanzar la reducción de controles estatales sin trasladar mayores costos, riesgos o incertidumbre a consumidores, trabajadores y usuarios.