El Ministerio de Capital Humano resolvió cumplir con la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana y transferirá $72 mil millones antes del 7 de mayo. La decisión alcanza a más de 950 mil titulares del programa y reconfigura la relación del Gobierno con los reclamos sociales y judiciales.

El Ejecutivo nacional dispuso finalmente la reactivación de los pagos correspondientes al programa Volver al Trabajo, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana. La resolución implica el desembolso de $72 mil millones destinados a más de 950 mil beneficiarios, quienes percibirán $78.000 antes del 7 de mayo.

La decisión, formalizada a través de la Resolución Nº 317/2026 firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, marca un punto de crucial en la postura oficial frente a los reclamos vinculados a políticas sociales. Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, el Ejecutivo optó por acatar el fallo judicial, en contraste con antecedentes recientes en los que había sostenido una línea más restrictiva frente a resoluciones de la Justicia.

El pronunciamiento judicial se apoyó en el carácter alimentario de la prestación y en la dimensión colectiva del derecho involucrado, argumentos que resultaron determinantes para ordenar la continuidad de los pagos. La intervención del tribunal introdujo un elemento de urgencia en la gestión del conflicto, que había escalado a partir de la suspensión de transferencias y la consecuente reacción de organizaciones sociales.

En este aspecto, la respuesta de los movimientos territoriales contribuyó a acelerar el desenlace. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Lucha Piquetero, que nuclea a decenas de agrupaciones, habían articulado un plan de protesta de alcance nacional, con cortes previstos en numerosos puntos del país. La medida fue desactivada tras conocerse la resolución judicial y la decisión administrativa de avanzar con los pagos.

Desde los espacios organizados que impulsaron las acciones, la determinación fue interpretada como el resultado de una estrategia combinada de judicialización y movilización. Voceros de estas organizaciones destacaron la relevancia del fallo y subrayaron la necesidad de sostener la vigilancia sobre su cumplimiento efectivo, ante la posibilidad de nuevas instancias judiciales que definan la continuidad del programa.

El episodio también deja expuesta la presión entre el enfoque de ajuste promovido por la administración nacional y las demandas de los sectores más desfavorecidos, para quienes estas transferencias representan un ingreso esencial. La decisión de cumplir con la cautelar introduce un matiz en esa dinámica, al evidenciar los límites que imponen tanto el sistema judicial como la capacidad de articulación de los actores sociales.

Organizaciones sindicales del sistema universitario rechazaron una comunicación del Ministerio de Capital Humano que, aseguran, busca limitar el derecho a huelga. Convocaron a una movilización federal en defensa del financiamiento, los salarios y la autonomía de las instituciones.

La disputa en torno al financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo punto de fricción tras el rechazo de los gremios docentes y nodocentes a una comunicación oficial que, según denuncian, pretende condicionar el ejercicio del derecho a huelga. La respuesta sindical incluyó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, con concentraciones previstas en distintos puntos del país.

El pronunciamiento fue impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a las principales organizaciones del sector, y se suma al reclamo sostenido por rectores y federaciones estudiantiles en torno al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde estos espacios sostienen que la norma acumula demoras en su aplicación y advierten sobre el deterioro presupuestario que afecta el funcionamiento académico, la investigación y la extensión.

El eje de la controversia se desplazó en los últimos días hacia la relación entre el Gobierno y los trabajadores del sistema. Los gremios interpretaron como una advertencia institucional la nota enviada por el Ministerio de Capital Humano a las casas de estudio, en la que se insta a garantizar la continuidad de las clases. A su entender, el contenido del mensaje supone un intento de disciplinamiento sobre quienes participan de medidas de fuerza. “Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito”, afirmaron en un comunicado.

La reacción sindical también se apoya en una tradición que consideran fundacional: la autonomía universitaria y el cogobierno, consagrados desde la Reforma Universitaria de 1918. En esa línea, plantean que la defensa del sistema público de educación superior excede la discusión salarial y se vincula con la preservación de un modelo institucional con reconocimiento histórico en el país.

Desde el ámbito oficial, en tanto, se sostiene la necesidad de garantizar el dictado de clases y el derecho de los estudiantes a cursar con normalidad. Esa posición quedó explicitada en el comunicado que atribuyó a las huelgas la interrupción del servicio educativo, lo que motivó una rápida respuesta de las organizaciones sindicales.

Con este panorama, la situación salarial ocupa un lugar central en la agenda del conflicto. El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, advirtió sobre el impacto de la inflación en los ingresos del sector y reclamó la apertura de negociaciones paritarias. “Sin recomposición salarial y sin financiamiento adecuado, el sistema universitario enfrenta serias dificultades para sostener su funcionamiento”, sostuvo.

Las medidas de fuerza ya tienen expresiones concretas en algunas instituciones. En la Universidad de Buenos Aires, las asociaciones docentes y del personal anunciaron un paro en rechazo a la postura oficial y denunciaron una política de deterioro progresivo de las condiciones laborales y presupuestarias. En un documento conjunto, señalaron que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo profundizan las dificultades operativas y afectan la calidad educativa.

El calendario judicial también introduce elementos relevantes. La controversia por la ley de financiamiento continúa su curso en los tribunales, con instancias de apelación en marcha y plazos procesales que aún deben cumplirse antes de una eventual intervención de la Corte Suprema. En el entorno de los rectores reconocen que una movilización masiva podría reinstalar el tema con mayor intensidad en la agenda pública.

Datos oficiales confirman una reducción sostenida en la cantidad de empleadores y trabajadores registrados. La contracción no sólo responde a cierres, sino a la escasa generación de nuevas unidades productivas, en un escenario de consumo retraído y dificultades para consolidar emprendimientos.

El inicio de 2026 ratificó una tendencia que se venía insinuando en los últimos meses: la pérdida sostenida de empresas en actividad y el consecuente deterioro del empleo formal. Según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), durante enero se registró una baja neta de 1.572 empleadores, lo que equivale a un promedio cercano a 70 firmas menos por día hábil.

Más allá del impacto puntual, el dato adquiere relevancia al observar su continuidad. El stock de empleadores descendió de 500.141 en diciembre de 2024 a 489.749 un año más tarde, y volvió a reducirse a 488.177 en el primer mes de 2026. En términos interanuales, la merma asciende a 11.194 empresas, con un ritmo de caída que ronda el millar mensual.

La comparación con noviembre de 2023 —antes del recambio presidencial— acentúa la magnitud del retroceso. En ese entonces, el sistema contabilizaba 512.357 empleadores y más de 9,85 millones de trabajadores registrados. Dos años después, esas cifras se ubican en 488.177 empresas y 9,56 millones de trabajadores. La contracción alcanza así al 5% del entramado empresarial y al 3% del empleo formal, lo que en valores absolutos representa 24.180 firmas menos y una reducción de 290.123 puestos registrados.

Este doble movimiento —menor cantidad de unidades productivas y caída del empleo formal— sintetiza el estado actual del mercado laboral, donde la pérdida de densidad empresarial se traduce en una menor capacidad de absorción de mano de obra.

El comportamiento de enero presentó, no obstante, algunos matices asociados a factores estacionales. Se registró un incremento de 7.593 trabajadores, impulsado principalmente por actividades vinculadas al agro y la construcción. Sin embargo, ese repunte no logró revertir la tendencia general, que continúa mostrando retrocesos en sectores como la industria, la enseñanza y la intermediación financiera.

Desde la SRT precisan que el concepto de empleador incluye tanto a grandes compañías como a pequeñas y medianas empresas, así como a entidades públicas y privadas. En este universo, las pymes tienen un peso determinante y explican buena parte de la dinámica reciente, especialmente en lo que refiere a salidas del sistema.

El elemento más significativo no radica exclusivamente en la cantidad de cierres, sino en la debilidad en la creación de nuevas firmas. La propia Secretaría de Trabajo advirtió que la reducción del stock empresarial no responde únicamente a un aumento excepcional de bajas, sino a una insuficiente generación de emprendimientos capaces de compensarlas.

Esta asimetría revela una dificultad estructural: el entramado productivo pierde volumen porque no se renueva al ritmo necesario. La escasa apertura de nuevas unidades económicas limita la recomposición del tejido empresarial y condiciona la recuperación del empleo formal.

Entre los especialistas, existe coincidencia en que los cierres afectan con mayor intensidad a empresas jóvenes, particularmente aquellas con menos de tres años de actividad. Se trata de iniciativas que enfrentan elevados costos iniciales, acceso restringido al financiamiento y una demanda interna debilitada, factores que reducen sus posibilidades de consolidación.