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Cerró el programa 8, con el que se atenderá a los sectores más críticos que no se reactivaron

La séptima etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores. Así se destacó durante el encuentro de gabinete económico que se desarrolló este miércoles en la Casa de Gobierno, que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la que se volvió a destacar la recuperación en los niveles de actividad económica que se viene registrando en los últimos meses.

Con respecto al ATP 8, que permitirá continuar con la asistencia a las empresas que se desempeñan en sectores críticos para el pago de la nómina salarial devengada en noviembre, la inscripción se encuentra abierta hasta este jueves 26 de noviembre, a través de la página web de AFIP.

Al igual que en el ATP 7, podrán ser asistidas a través del pago de los salarios complementarios, los préstamos o el Repro II, teniendo en cuenta las diferencias sectoriales y los niveles de facturación observado en cada caso.

Al término de la reunión del gabinete económico, Kulfas destacó que se advierte «un escenario de recuperación económica que es heterogénea, que tiene que ver con sectores que están funcionando mucho mejor» y que en el caso de la industria reflejó en septiembre 10 de 16 ramas en crecimiento respecto de 2019.

«Esto también se ve en octubre y primeras semanas de noviembre pero conviviendo con sectores que están con un grado de dificultad no menor, caso gastronomía, hotelería que se están recuperando mucho más lentamente afectadas por las medidas de distanciamiento», dijo el ministro. En ese análisis de la evolución de la actividad de las empresas a la par de la paulatina apertura de la actividad económica, el Gobierno había decidido para este mes destinar el esfuerzo del Estado en el ATP a los sectores críticos.

Así, el ATP7 permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores.

En base a los números oficiales, en octubre también se inscribieron 11.400 empresas con una nómina de 175.000 trabajadores para acceder al crédito a tasa subsidiada, con tres meses de gracia y que deben ser abonados por las compañías en doce cuotas fijas. Estos préstamos pueden convertirse en subsidios si, al finalizar los mismos, las empresas demuestran un incremento en la cantidad en su plantilla de trabajadores.

Para el Gobierno, estos resultados demuestran que el número de empresas beneficiadas por el programa disminuyó considerablemente en virtud de la reactivación del entramado productivo que ya puede observarse en indicadores varios vinculados con el nivel de actividad.

Kulfas se refirió, en particular, al sector de la construcción, en el que dijo se observa «un crecimiento muy fuerte y que permitió ver en el mes pasado el mejor octubre de los últimos 20 años, en términos de venta de materiales para la construcción».

«Esto tiene que ver con que se reactivó una parte de las obras que habían quedado en alguna medida paralizadas por la pandemia y porque venimos de tres años con una reducción (de la actividad) del sector que está recuperándose fuertemente y en mejores condiciones», enfatizó. No obstante, destacó que «la producción no está al nivel de la demanda» por las restricciones de personal en las empresas pero también por «algunas prácticas especulativas que estamos controlando con la Ley de Abastecimiento para reprimir esas maniobras».

En la reunión también se expusieron diferentes ejes en desarrollo en el Ministerio de Salud para la transformación del sistema de salud, basados en la gobernanza y la asignación estratégica de recursos.

Más allá de la coyuntura, se analizó el fortalecimiento de la red prestacional asistencial, la promoción y extensión de la salud digital, el incremento de la articulación federal y la mayor interacción entre los subsistemas.

De la reunión también participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; de Salud, Ginés González García; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
También asistieron el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la jefa de Gabinete de la cartera de Economía, Melina Mallamace; el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini y el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso.

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San Juan, entre las provincias que liderarán el crecimiento del empleo minero

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que la industria podría alcanzar los 300.000 puestos de trabajo directos en la próxima década y acercarse al millón de empleos al sumar la cadena de valor. El desarrollo de los grandes proyectos de cobre será el principal impulso de esa expansión, con San Juan entre las provincias protagonistas.

La minería argentina se encamina a convertirse en uno de los mayores generadores de empleo del país. De acuerdo con las proyecciones difundidas por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la industria podría crear alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos durante los próximos diez años, una cifra que representa aproximadamente cuatro veces la dotación laboral de la industria automotriz y autopartista. Si se incorpora el efecto sobre proveedores, servicios y actividades vinculadas, el impacto ascendería a cerca de un millón de empleos.

Las estimaciones fueron presentadas durante Arminera 2026, encuentro que reunió a empresas, especialistas y autoridades para analizar las perspectivas de la industria. Allí se destacó que el crecimiento estará impulsado principalmente por la entrada en construcción de grandes proyectos de cobre, considerados el próximo gran salto productivo de la minería nacional.

Según la CAEM, un emprendimiento cuprífero de clase mundial puede requerir hasta 7.000 trabajadores durante la etapa de construcción. A esa demanda se suma la contratación de empresas de ingeniería, metalurgia, transporte, logística, obras civiles, mantenimiento, gastronomía, hotelería y otros servicios que acompañan el desarrollo de cada iniciativa.

El efecto económico trasciende ampliamente a las compañías mineras. Cada nuevo proyecto moviliza inversiones en infraestructura, fortalece las cadenas de proveedores locales y promueve la creación de empleo en múltiples rubros, favoreciendo el crecimiento de las economías regionales donde se emplazan los yacimientos.

Las perspectivas más favorables se concentran en San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, provincias que reúnen algunos de los principales proyectos de cobre y litio del país. En particular, San Juan aparece como uno de los polos con mayor potencial de expansión gracias al avance de emprendimientos de gran escala que podrían modificar la estructura productiva provincial y consolidar a la minería como uno de los pilares de su economía.

No obstante, la industria reconoce que el crecimiento previsto también plantea desafíos. Entre ellos sobresale la necesidad de formar recursos humanos especializados capaces de responder a la creciente demanda de técnicos, ingenieros, geólogos, operadores de equipos pesados y profesionales vinculados con seguridad, ambiente, mantenimiento y nuevas tecnologías aplicadas a la producción minera.

En ese sentido, distintas empresas, universidades y organizaciones sindicales ya comenzaron a impulsar programas de capacitación para fortalecer la oferta de mano de obra calificada. El objetivo es anticiparse a la demanda que generarán los nuevos emprendimientos y maximizar el impacto del empleo local.

Si las inversiones previstas avanzan dentro de los plazos proyectados, la minería no solo incrementará su participación en las exportaciones argentinas, sino que también consolidará su lugar como uno de los principales motores del empleo formal, la inversión productiva y el desarrollo regional, con un protagonismo creciente de San Juan en esa transformación.

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Nuevo acuerdo para fortalecer la educación de profesionales y técnicos de la minería

La Universidad Kennedy, MAGNA Group y el Sindicato Jerárquico Minero Argentino (ASIJEMIN) firmaron un convenio marco de cooperación para desarrollar propuestas de formación destinadas a trabajadores jerárquicos, profesionales, técnicos y sus familias, fortaleciendo la capacitación de uno de los principales motores productivos del país.

La rúbrica estuvo encabezada por el rector de la Universidad Kennedy, Alejandro Gómez; el secretario de Extensión de esa casa de estudios, Juan Manuel Di Teodoro; el gerente general de MAGNA Group, Raúl Ignacio Dellagiovanna; el gerente comercial de la firma, Juan Pablo Mac Farlin; y el responsable de la Secretaría de Formación y Capacitación Nacional de ASIJEMIN, Fabián Gasco.

La iniciativa establece un marco de cooperación para desarrollar una agenda conjunta de actividades orientadas al perfeccionamiento profesional. La Universidad Kennedy pondrá a disposición su oferta educativa, integrada por carreras de grado y posgrado, diplomaturas, tecnicaturas, cursos y programas de actualización en diversas disciplinas.

A ese esquema se incorporará la experiencia técnica de MAGNA Group, empresa especializada en servicios industriales vinculados con Calidad, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene (QHSE), que brinda asistencia, auditorías y soluciones para compañías de los rubros minero, energético e industrial.

Desde ASIJEMIN destacaron que la articulación entre el ámbito académico, el sector privado y la representación sindical permitirá generar nuevas herramientas de formación continua, acompañando la creciente demanda de perfiles especializados que requiere la minería argentina.

La decisión también adquiere relevancia para provincias con fuerte desarrollo extractivo, como San Juan, donde la incorporación permanente de nuevas tecnologías y estándares internacionales exige una actualización constante de conocimientos. En ese sentido, el convenio apunta a fortalecer las competencias del capital humano y contribuir al crecimiento sostenible de una industria que continúa expandiendo su participación en la economía nacional.

El acuerdo representa el inicio de un trabajo coordinado entre las tres instituciones, con el propósito de promover oportunidades de capacitación, especialización y desarrollo profesional que fortalezcan la competitividad de la actividad minera y amplíen las posibilidades de crecimiento para sus trabajadores y sus familias.

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Docentes y nodocentes reclamaron recomposición salarial y paritarias urgentes

La FEDUN y la FATUN reclamaron una recomposición salarial del 28,5%, la convocatoria inmediata a paritarias y el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Además, respaldaron un proyecto para garantizar la sostenibilidad del sistema científico nacional.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales renovaron sus reclamos al Gobierno nacional para que convoque de manera urgente a la negociación paritaria, otorgue una recomposición salarial del 28,5% y dé cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ratificada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La posición fue difundida por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), encabezada por Daniel Ricci, tras la publicación del decimotercer informe elaborado junto con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI). El estudio analizó la evolución de los salarios, el financiamiento de las universidades y la situación de las becas estudiantiles desde el inicio de la actual administración nacional.

De acuerdo con el relevamiento, el acuerdo salarial alcanzado en junio permitió recuperar un 21,3% del poder adquisitivo. Sin embargo, los ingresos de docentes y trabajadores universitarios aún permanecen un 22,2% por debajo, en términos reales, de los registrados en noviembre de 2023.

El informe también advierte que el salario universitario perdió 43 puntos respecto del máximo alcanzado en 2011, reflejando un deterioro acumulado durante más de una década que se profundizó en los últimos años.

Las cifras difundidas por la FEDUN indican que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 los incrementos salariales totalizaron un 226,8%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 320%. Como consecuencia de esa diferencia, la organización sostuvo que los haberes registran una pérdida del 93,2% desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y estimó que sería necesario un incremento adicional del 28,5% para recuperar el poder de compra perdido.

Aunque el sindicato destacó que durante los últimos doce meses los salarios crecieron un 8,5% en términos reales y acumulan una mejora del 14,5% en lo que va de 2026, consideró que esos avances todavía resultan insuficientes para compensar el fuerte retroceso sufrido entre fines de 2023 y 2025.

En ese marco, la FEDUN solicitó adelantar la revisión paritaria prevista originalmente para el 15 de septiembre. El planteo se apoya en la resolución de la Corte Suprema que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que, según el gremio, obliga a actualizar las partidas destinadas a las universidades nacionales y garantizar la recuperación de los salarios.

La defensa del sistema universitario también se extendió al ámbito científico. La FEDUN y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) expresaron su respaldo al proyecto de ley de Condiciones Base para la Sostenibilidad y Protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentado durante un encuentro que reunió a dirigentes sindicales, legisladores, rectores y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Desde la FATUN sostuvieron que el fortalecimiento del sistema científico constituye una condición indispensable para el desarrollo del país y remarcaron que la producción de conocimiento representa un componente central para alcanzar mayor autonomía tecnológica y crecimiento económico.

El pronunciamiento recibió además el acompañamiento del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que busca consolidar una posición común en defensa del financiamiento de las casas de altos estudios y de los organismos de ciencia y tecnología frente a las restricciones presupuestarias.

En San Juan, el reclamo adquiere una dimensión particular por su impacto sobre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), institución que forma profesionales e investigadores en áreas clave para la provincia, como ingeniería, minería, ciencias básicas, salud y tecnología. La evolución del financiamiento universitario y de las políticas científicas incide de manera directa en la continuidad de proyectos de investigación, la formación de recursos humanos y el desarrollo de actividades de extensión que mantienen un fuerte vínculo con el entramado productivo y social sanjuanino.

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