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Cerró el programa 8, con el que se atenderá a los sectores más críticos que no se reactivaron

La séptima etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores. Así se destacó durante el encuentro de gabinete económico que se desarrolló este miércoles en la Casa de Gobierno, que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la que se volvió a destacar la recuperación en los niveles de actividad económica que se viene registrando en los últimos meses.

Con respecto al ATP 8, que permitirá continuar con la asistencia a las empresas que se desempeñan en sectores críticos para el pago de la nómina salarial devengada en noviembre, la inscripción se encuentra abierta hasta este jueves 26 de noviembre, a través de la página web de AFIP.

Al igual que en el ATP 7, podrán ser asistidas a través del pago de los salarios complementarios, los préstamos o el Repro II, teniendo en cuenta las diferencias sectoriales y los niveles de facturación observado en cada caso.

Al término de la reunión del gabinete económico, Kulfas destacó que se advierte «un escenario de recuperación económica que es heterogénea, que tiene que ver con sectores que están funcionando mucho mejor» y que en el caso de la industria reflejó en septiembre 10 de 16 ramas en crecimiento respecto de 2019.

«Esto también se ve en octubre y primeras semanas de noviembre pero conviviendo con sectores que están con un grado de dificultad no menor, caso gastronomía, hotelería que se están recuperando mucho más lentamente afectadas por las medidas de distanciamiento», dijo el ministro. En ese análisis de la evolución de la actividad de las empresas a la par de la paulatina apertura de la actividad económica, el Gobierno había decidido para este mes destinar el esfuerzo del Estado en el ATP a los sectores críticos.

Así, el ATP7 permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores.

En base a los números oficiales, en octubre también se inscribieron 11.400 empresas con una nómina de 175.000 trabajadores para acceder al crédito a tasa subsidiada, con tres meses de gracia y que deben ser abonados por las compañías en doce cuotas fijas. Estos préstamos pueden convertirse en subsidios si, al finalizar los mismos, las empresas demuestran un incremento en la cantidad en su plantilla de trabajadores.

Para el Gobierno, estos resultados demuestran que el número de empresas beneficiadas por el programa disminuyó considerablemente en virtud de la reactivación del entramado productivo que ya puede observarse en indicadores varios vinculados con el nivel de actividad.

Kulfas se refirió, en particular, al sector de la construcción, en el que dijo se observa «un crecimiento muy fuerte y que permitió ver en el mes pasado el mejor octubre de los últimos 20 años, en términos de venta de materiales para la construcción».

«Esto tiene que ver con que se reactivó una parte de las obras que habían quedado en alguna medida paralizadas por la pandemia y porque venimos de tres años con una reducción (de la actividad) del sector que está recuperándose fuertemente y en mejores condiciones», enfatizó. No obstante, destacó que «la producción no está al nivel de la demanda» por las restricciones de personal en las empresas pero también por «algunas prácticas especulativas que estamos controlando con la Ley de Abastecimiento para reprimir esas maniobras».

En la reunión también se expusieron diferentes ejes en desarrollo en el Ministerio de Salud para la transformación del sistema de salud, basados en la gobernanza y la asignación estratégica de recursos.

Más allá de la coyuntura, se analizó el fortalecimiento de la red prestacional asistencial, la promoción y extensión de la salud digital, el incremento de la articulación federal y la mayor interacción entre los subsistemas.

De la reunión también participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; de Salud, Ginés González García; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
También asistieron el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la jefa de Gabinete de la cartera de Economía, Melina Mallamace; el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini y el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso.

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San Juan busca preparar su infraestructura para dos décadas de expansión minera

En la Cumbre Federal de Logística 2026, el gobernador Orrego advirtió que San Juan deberá prepararse para un flujo de transporte pesado creciente durante las próximas dos décadas. Reivindicó los fondos del Bono San Juan para la Ruta 40 Norte, los US$ 250 millones vinculados a Vicuña y la necesidad de ampliar la infraestructura eléctrica y vial.

Esta fue una de las principales definiciones del gobernador Marcelo Orrego durante la Segunda Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, donde advirtió que las proyecciones para las próximas dos décadas anticipan un flujo de transporte pesado de gran magnitud. “Hasta diría un camión cada 46 segundos de alto porte”, señaló el mandatario al describir la circulación que podría generar el desarrollo de los proyectos mineros. La dimensión de esa demanda, sostuvo, obliga a anticipar inversiones para evitar que las limitaciones de conectividad condicionen la expansión productiva.

Orrego remarcó que San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre de la Argentina y que el 73% de su territorio es montañoso. Esa combinación de potencial geológico y complejidad geográfica exige obras capaces de conectar yacimientos, centros industriales y corredores de transporte.

Vicuña y el Bono San Juan, fuentes de financiamiento

El gobernador vinculó esa preparación con dos instrumentos de financiamiento. Por un lado, mencionó el acuerdo relacionado con el proyecto Vicuña, por US$ 250 millones destinados al desarrollo eléctrico y vial, con beneficios previstos también para otras industrias y el turismo.

Por otro, destacó la colocación del Bono San Juan para financiar obras prioritarias. Según detalló, la Legislatura había autorizado una emisión de US$ 600 millones, pero la colocación recibió ofertas por más de US$ 1.030 millones, un monto equivalente al 72% por encima de la autorización original. Los recursos permitirán financiar trabajos en la Ruta Nacional 40 Norte.

La disponibilidad de fondos, sin embargo, deberá traducirse en obras capaces de responder a las necesidades de transporte que acompañarán el crecimiento minero. La conectividad vial y el abastecimiento energético aparecen entre las condiciones necesarias para sostener nuevas inversiones y ampliar las cadenas de proveedores locales.

Trámites más rápidos y emergencia hídrica

Orrego también defendió la digitalización de la administración pública como una herramienta para acortar plazos sin resignar controles. Según explicó, la simplificación de procedimientos busca agilizar las gestiones vinculadas con proyectos productivos y reducir tiempos administrativos.

A esa agenda sumó la emergencia hídrica provincial. San Juan cuenta con unos 3.000 kilómetros de canales primarios que requieren obras de intervención y mantenimiento, una infraestructura relevante para sostener la producción agrícola en una provincia condicionada por la disponibilidad de agua.

Al referirse a la relación entre minería y sociedad, el gobernador planteó que el desarrollo no puede limitarse a la construcción de caminos y redes eléctricas. “Ya no hablo más de licencia social, sino de compromiso social”, afirmó, al señalar la importancia de que la población confíe en los proyectos y en sus beneficios.

La cumbre, convocada bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, reunió a gobernadores, funcionarios, empresarios y especialistas para analizar las necesidades de transporte y conectividad de las provincias.

La expansión cuprífera plantea un desafío logístico prioritario para San Juan: sincronizar el flujo de capitales, el desarrollo de infraestructura y el compromiso social de manera preventiva ante el inminente aumento del transporte de carga. De la resolución estratégica de estas variables dependerá el encadenamiento productivo y el crecimiento industrial de la región.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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