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Cerró el programa 8, con el que se atenderá a los sectores más críticos que no se reactivaron

La séptima etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores. Así se destacó durante el encuentro de gabinete económico que se desarrolló este miércoles en la Casa de Gobierno, que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la que se volvió a destacar la recuperación en los niveles de actividad económica que se viene registrando en los últimos meses.

Con respecto al ATP 8, que permitirá continuar con la asistencia a las empresas que se desempeñan en sectores críticos para el pago de la nómina salarial devengada en noviembre, la inscripción se encuentra abierta hasta este jueves 26 de noviembre, a través de la página web de AFIP.

Al igual que en el ATP 7, podrán ser asistidas a través del pago de los salarios complementarios, los préstamos o el Repro II, teniendo en cuenta las diferencias sectoriales y los niveles de facturación observado en cada caso.

Al término de la reunión del gabinete económico, Kulfas destacó que se advierte «un escenario de recuperación económica que es heterogénea, que tiene que ver con sectores que están funcionando mucho mejor» y que en el caso de la industria reflejó en septiembre 10 de 16 ramas en crecimiento respecto de 2019.

«Esto también se ve en octubre y primeras semanas de noviembre pero conviviendo con sectores que están con un grado de dificultad no menor, caso gastronomía, hotelería que se están recuperando mucho más lentamente afectadas por las medidas de distanciamiento», dijo el ministro. En ese análisis de la evolución de la actividad de las empresas a la par de la paulatina apertura de la actividad económica, el Gobierno había decidido para este mes destinar el esfuerzo del Estado en el ATP a los sectores críticos.

Así, el ATP7 permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores.

En base a los números oficiales, en octubre también se inscribieron 11.400 empresas con una nómina de 175.000 trabajadores para acceder al crédito a tasa subsidiada, con tres meses de gracia y que deben ser abonados por las compañías en doce cuotas fijas. Estos préstamos pueden convertirse en subsidios si, al finalizar los mismos, las empresas demuestran un incremento en la cantidad en su plantilla de trabajadores.

Para el Gobierno, estos resultados demuestran que el número de empresas beneficiadas por el programa disminuyó considerablemente en virtud de la reactivación del entramado productivo que ya puede observarse en indicadores varios vinculados con el nivel de actividad.

Kulfas se refirió, en particular, al sector de la construcción, en el que dijo se observa «un crecimiento muy fuerte y que permitió ver en el mes pasado el mejor octubre de los últimos 20 años, en términos de venta de materiales para la construcción».

«Esto tiene que ver con que se reactivó una parte de las obras que habían quedado en alguna medida paralizadas por la pandemia y porque venimos de tres años con una reducción (de la actividad) del sector que está recuperándose fuertemente y en mejores condiciones», enfatizó. No obstante, destacó que «la producción no está al nivel de la demanda» por las restricciones de personal en las empresas pero también por «algunas prácticas especulativas que estamos controlando con la Ley de Abastecimiento para reprimir esas maniobras».

En la reunión también se expusieron diferentes ejes en desarrollo en el Ministerio de Salud para la transformación del sistema de salud, basados en la gobernanza y la asignación estratégica de recursos.

Más allá de la coyuntura, se analizó el fortalecimiento de la red prestacional asistencial, la promoción y extensión de la salud digital, el incremento de la articulación federal y la mayor interacción entre los subsistemas.

De la reunión también participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; de Salud, Ginés González García; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
También asistieron el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la jefa de Gabinete de la cartera de Economía, Melina Mallamace; el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini y el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso.

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Conflicto universitario: FATUN repudió el aumento del 2% y rechazó el ajuste unilateral del Gobierno

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales cuestionó el bono de $50.000 y el aumento del 2% dispuesto por la Secretaría de Políticas Universitarias sin negociación previa. Denunció una nueva avanzada contra el salario NODOCENTE y advirtió sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto salarial en el sistema universitario nacional sumó un nuevo episodio de tirantez. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) rechazó de manera categórica el aumento salarial dispuesto de forma unilateral por el Gobierno nacional y reclamó la reapertura urgente de la negociación paritaria para las y los trabajadores NODOCENTES.

La polémica se desató luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias enviara un instructivo que establece, sin acuerdo previo con los gremios, un bono remunerativo no bonificable de $50.000 por única vez, a pagar desde diciembre, y un incremento del 2% en los salarios a partir de diciembre de 2025. Desde FATUN calificaron la medida como una decisión “intempestiva, autoritaria y carente de toda instancia de diálogo”.

La federación, que conduce Walter Merkis, sostuvo que la política salarial del Ejecutivo vuelve a desconocer el ámbito paritario, vulnerando no solo los derechos de los trabajadores sino también las reglas básicas del sistema democrático de negociación colectiva.

“No vamos a aceptar aumentos impuestos”

Desde la organización sindical fueron enfáticos al advertir que no convalidarán nuevas imposiciones salariales sin debate ni fundamentos económicos reales.
“No vamos a aceptar nuevamente aumentos sin paritarias y sin argumentos lógicos, cuyo único objetivo es ajustar a las y los trabajadores universitarios para seguir pagando la fiesta de la timba financiera para unos pocos”, señalaron en un duro comunicado.

Para el colectivo NODOCENTE, el deterioro del salario no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de ajuste más amplia que impacta de lleno sobre el sistema universitario público, afectando tanto las condiciones laborales como el normal funcionamiento de las instituciones.

Universidades públicas, un valor social irrenunciable

En su pronunciamiento, FATUN recordó que las Universidades Nacionales constituyen un valor estratégico e irrenunciable para la sociedad argentina, algo que —según remarcaron— quedó demostrado en las masivas Marchas Universitarias Federales realizadas en todo el país durante el último tiempo.

En ese marco, el gremio subrayó que la defensa del salario NODOCENTE forma parte de una defensa más amplia de la universidad pública, gratuita y de calidad. “La Argentina es un país democrático, con instituciones que deben ser respetadas, valoradas y financiadas”, enfatizaron, al tiempo que reiteraron la exigencia de reabrir de inmediato las paritarias.

Denuncia por violación de la Ley de Financiamiento Universitario

La federación sindical también advirtió que el Gobierno nacional está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, una norma consensuada en el Congreso que establece criterios claros para garantizar el sostenimiento del sistema.

Desde FATUN señalaron que esta conducta se inscribe en una lógica más amplia que incluye el impulso de una reforma laboral que, de aprobarse, “significaría un retroceso a épocas coloniales y de surgimiento del Estado-Nación”, con una pérdida sustancial de derechos laborales.

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Caída del consumo y ajuste laboral: supermercados en alerta por nuevos despidos

La retracción del consumo y el aumento de los costos operativos profundizan la crisis del sector supermercadista. Hiper Libertad avanza con despidos, reducción de su formato comercial y evalúa la venta de sucursales, mientras crece la preocupación gremial por el impacto laboral en varias provincias.

La crisis del consumo volvió a encender luces de alarma en el sector supermercadista argentino. En distintas provincias, especialmente del norte del país, crece la preocupación por la posibilidad de nuevos despidos y un ajuste más profundo en cadenas de alcance nacional, en una coyuntura económica que golpea incluso al comercio de alimentos.

El foco de mayor inquietud está puesto en Hipermercados Libertad, cuya situación se agravó durante 2025 con recortes de personal, reducción de operaciones y cambios en su formato comercial. La combinación de despidos ya concretados y versiones sobre la eventual venta de sucursales activó el estado de alerta en los sindicatos, que advierten por el riesgo que enfrentan cientos de puestos de trabajo.

La problemática de Libertad no aparece aislada. Otras firmas del rubro como Vea, Easy, y Yaguar atraviesan dificultades similares, afectadas por la caída sostenida del consumo, el incremento de los costos operativos y un escenario macroeconómico que presiona los márgenes del comercio minorista.

Despidos, hermetismo y temor sindical

Durante el último año, el ajuste en la cadena Libertad se hizo sentir con fuerza en distintas provincias. En San Juan, la empresa recortó 29 puestos de trabajo a lo largo de 2025 y sumó otros 30 despidos en el primer mes de este año, lo que encendió la alarma en el Sindicato de Empleados de Comercio.

“Necesitamos saber qué va a pasar para darle tranquilidad a los trabajadores”, expresó Mirna Moral, secretaria general del SEC, quien además cuestionó el hermetismo de la empresa frente a los reclamos gremiales. “Desde Libertad no dicen nada, y eso es lo que más preocupa. En su momento se habló de que los dueños querían quedarse con la parte inmobiliaria y alquilar los locales”, señaló la dirigente.

El impacto fue aún más profundo en Misiones, donde la sucursal local pasó de contar con 200 empleados a apenas 60, dejando de operar como hipermercado para reconvertirse en un formato comercial más reducido. Según explicó Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, la empresa busca “ajustar la cantidad de personal como una especie de salvataje, porque dicen que los números les dan en rojo”.

Venta de sucursales e incertidumbre

A este escenario se suma la versión de una posible venta de sucursales, que habría despertado el interés de un grupo financiero vinculado a La Anónima. Aunque no hubo confirmaciones oficiales, la falta de información por parte de la empresa alimenta la incertidumbre sobre el futuro de la cadena y refuerza el temor de que el ajuste continúe y se extienda a otras provincias.

Los gremios advierten que el sector supermercadista atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, con márgenes cada vez más ajustados y un consumo que no logra recuperarse. En ese marco, reclaman respuestas urgentes y garantías concretas para preservar las fuentes laborales y evitar una nueva ola de despidos en un rubro clave para el empleo formal.

La situación que atraviesa Hiper Libertad sintetiza una problemática más amplia que afecta al comercio argentino. La caída del consumo, el encarecimiento de los costos y la incertidumbre económica empujan a las grandes cadenas a redefinir su estructura, muchas veces a costa del empleo. Sin señales claras de reactivación, el riesgo de nuevos despidos en el sector supermercadista se mantiene latente y amenaza con profundizar el impacto social de la crisis en distintas regiones del país.

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La paritaria bancaria consolida aumentos mensuales y fija el básico por encima de $2 millones

Tras la actualización salarial de diciembre, el salario inicial de los trabajadores bancarios alcanzó los $2.124.876,13. El aumento del 2,8% acumuló una suba anual del 31,5% y mantiene vigente en 2026 el esquema de ajustes mensuales según la inflación del INDEC.

El monto surge de un salario básico de $2.065.178,27, al que se adiciona la participación en ganancias (ROE) por $59.697,86, consolidando así uno de los pisos salariales más altos dentro del empleo registrado en el país.

Ajuste de diciembre y alcance del incremento

La actualización salarial de diciembre fue del 2,8% y se aplica sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. El acuerdo contempla tanto los conceptos remunerativos como no remunerativos, e incluye adicionales convencionales y no convencionales, garantizando una cobertura integral del aumento en toda la escala salarial.

Este mecanismo de actualización forma parte del esquema paritario acordado para el año 2025, basado en ajustes periódicos en función de la evolución de los precios.

Un aumento anual alineado con la inflación

Con la suba de diciembre, el incremento acumulado durante 2025 alcanza el 31,5% respecto de los salarios vigentes a diciembre de 2024. De este modo, las recomposiciones salariales del sector bancario empardan los índices oficiales de inflación difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), preservando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde el gremio destacaron que el esquema permitió evitar desfasajes significativos entre salarios y precios, en un contexto económico marcado por la volatilidad inflacionaria.

Continuidad del esquema en 2026

De acuerdo con lo establecido en los acuerdos vigentes, durante los meses de enero y febrero de 2026 continuará aplicándose el mismo mecanismo de actualización mensual, tomando como referencia los datos de inflación publicados por el INDEC. La negociación paritaria será retomada en la segunda quincena de marzo de 2026, instancia en la que se evaluará la evolución del escenario económico y salarial.

Una política salarial de referencia

La política salarial del sector bancario se enmarca en una estrategia sostenida de recomposición mediante ajustes periódicos, bajo la referencia nacional del sindicato que conducen Sergio Palazzo y Carlos Cisneros. En un contexto de negociación colectiva fragmentada en otros sectores, la paritaria bancaria vuelve a consolidarse como un modelo de seguimiento mensual de la inflación y de defensa del salario real.

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