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Cerró el programa 8, con el que se atenderá a los sectores más críticos que no se reactivaron

La séptima etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores. Así se destacó durante el encuentro de gabinete económico que se desarrolló este miércoles en la Casa de Gobierno, que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la que se volvió a destacar la recuperación en los niveles de actividad económica que se viene registrando en los últimos meses.

Con respecto al ATP 8, que permitirá continuar con la asistencia a las empresas que se desempeñan en sectores críticos para el pago de la nómina salarial devengada en noviembre, la inscripción se encuentra abierta hasta este jueves 26 de noviembre, a través de la página web de AFIP.

Al igual que en el ATP 7, podrán ser asistidas a través del pago de los salarios complementarios, los préstamos o el Repro II, teniendo en cuenta las diferencias sectoriales y los niveles de facturación observado en cada caso.

Al término de la reunión del gabinete económico, Kulfas destacó que se advierte «un escenario de recuperación económica que es heterogénea, que tiene que ver con sectores que están funcionando mucho mejor» y que en el caso de la industria reflejó en septiembre 10 de 16 ramas en crecimiento respecto de 2019.

«Esto también se ve en octubre y primeras semanas de noviembre pero conviviendo con sectores que están con un grado de dificultad no menor, caso gastronomía, hotelería que se están recuperando mucho más lentamente afectadas por las medidas de distanciamiento», dijo el ministro. En ese análisis de la evolución de la actividad de las empresas a la par de la paulatina apertura de la actividad económica, el Gobierno había decidido para este mes destinar el esfuerzo del Estado en el ATP a los sectores críticos.

Así, el ATP7 permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores.

En base a los números oficiales, en octubre también se inscribieron 11.400 empresas con una nómina de 175.000 trabajadores para acceder al crédito a tasa subsidiada, con tres meses de gracia y que deben ser abonados por las compañías en doce cuotas fijas. Estos préstamos pueden convertirse en subsidios si, al finalizar los mismos, las empresas demuestran un incremento en la cantidad en su plantilla de trabajadores.

Para el Gobierno, estos resultados demuestran que el número de empresas beneficiadas por el programa disminuyó considerablemente en virtud de la reactivación del entramado productivo que ya puede observarse en indicadores varios vinculados con el nivel de actividad.

Kulfas se refirió, en particular, al sector de la construcción, en el que dijo se observa «un crecimiento muy fuerte y que permitió ver en el mes pasado el mejor octubre de los últimos 20 años, en términos de venta de materiales para la construcción».

«Esto tiene que ver con que se reactivó una parte de las obras que habían quedado en alguna medida paralizadas por la pandemia y porque venimos de tres años con una reducción (de la actividad) del sector que está recuperándose fuertemente y en mejores condiciones», enfatizó. No obstante, destacó que «la producción no está al nivel de la demanda» por las restricciones de personal en las empresas pero también por «algunas prácticas especulativas que estamos controlando con la Ley de Abastecimiento para reprimir esas maniobras».

En la reunión también se expusieron diferentes ejes en desarrollo en el Ministerio de Salud para la transformación del sistema de salud, basados en la gobernanza y la asignación estratégica de recursos.

Más allá de la coyuntura, se analizó el fortalecimiento de la red prestacional asistencial, la promoción y extensión de la salud digital, el incremento de la articulación federal y la mayor interacción entre los subsistemas.

De la reunión también participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; de Salud, Ginés González García; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
También asistieron el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la jefa de Gabinete de la cartera de Economía, Melina Mallamace; el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini y el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso.

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La Lista 26 de Julio busca conducir la CTA de los Trabajadores en San Juan

La Lista 26 de Julio buscará disputar el próximo 3 de noviembre la conducción de la CTA de los Trabajadores en San Juan con una propuesta que combina renovación organizativa, autonomía sindical y reivindicaciones laborales. Encabezada por Carla Costabile, secretaria adjunta de ASIJEMIN, la lista incluye a representantes de una decena de gremios, agrupaciones y organizaciones sociales.

El espacio se presenta como una coalición multisectorial que procura ampliar la representación de la central, con participación de trabajadores de la minería, la industria, los servicios, la administración pública, la docencia, la seguridad social y la economía popular. Entre las organizaciones y espacios mencionados figuran SUTEPA, ASIJEMIN, AMMAR, Alternativa Docente, FETIA y referentes de ATE, además de agrupaciones territoriales vinculadas con trabajadores informales.

La propuesta plantea construir una central con mayor presencia cotidiana en los lugares de trabajo y los barrios, recuperar el vínculo con los afiliados y fortalecer la participación de las bases. “Buscamos un proyecto colectivo, al servicio de la unidad de todas las luchas de las y los trabajadores”, expresaron desde la lista, que también reivindica la independencia de los gobiernos nacional y provincial.

La agenda gremial incluye reclamos por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, más presupuesto para salud y educación, generación de empleo genuino y defensa del derecho de huelga y de protesta. En su pronunciamiento, la nómina cuestionó además la reforma laboral impulsada a nivel nacional y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

Junto con esas definiciones, la agrupación reclamó que se publiquen los padrones electorales y los lugares de votación, para que los afiliados puedan verificar si están habilitados y organizar su participación en los comicios.

La fórmula se completa con María Alejandra Báez y Raúl Eduardo Carrizo como secretarios adjuntos. La propuesta de Consejo Ejecutivo incluye, entre otros, a Humberto Miguel Coria en el área gremial, Cristian Jurado en Comunicación, Mariano Chousal en Acción Política, Jorge Vargas en Seguridad Social, Eliana Funes en Derechos Humanos y Soraya Anabel Ramírez en Géneros. La nómina incorpora además representantes para las áreas de juventud, formación, discapacidad, ambiente, cultura y economía social, junto con doce vocales titulares.

Con las elecciones del 3 de noviembre como próximo objetivo, la Lista 26 de Julio buscará convertir esa diversidad gremial y social en una propuesta común para conducir la CTA sanjuanina. La disputa estará condicionado por dos factores determinantes: la verdadera dimensión de la democracia interna y el poder de la central para nuclear las protestas salariales, laborales y sociales en una coyuntura de fuerte rechazo a las políticas vigentes.

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El Gobierno postergó a diciembre los Fondos de Asistencia Laboral

El Gobierno nacional postergó hasta el 1 de diciembre la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y duplicó el período mínimo de carencia, que pasó de seis a doce meses. La modificación quedó formalizada mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El régimen debía comenzar a funcionar el 1 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, el aplazamiento responde a la necesidad de completar adecuaciones operativas, administrativas y tecnológicas para su implementación integral.

La extensión de la carencia implica que los fondos deberán acumular recursos durante doce períodos completos y consecutivos de devengamiento y pago antes de quedar habilitados para atender las obligaciones previstas. El cómputo comenzará en el mes calendario en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre la integración efectiva de la primera contribución del empleador.

Más tiempo para reunir recursos

Los FAL fueron creados por la Ley de Modernización Laboral 27.802 como instrumentos destinados a cubrir determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de los contratos de trabajo. El Poder Ejecutivo sostuvo que el plazo original de seis meses resultaba insuficiente para constituir un patrimonio inicial adecuado.

La prórroga busca, de acuerdo con los argumentos oficiales, ampliar el tiempo disponible para acumular fondos antes de que puedan utilizarse. La medida modifica los plazos de implementación y de carencia, pero no elimina las obligaciones laborales que el régimen procura financiar.

La postergación había sido solicitada por entidades vinculadas con fondos comunes de inversión, fideicomisos e inversión directa, además de agentes de Bolsa, mediante presentaciones canalizadas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cómo se instrumentará el régimen

Los recursos deberán administrarse mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros sujetos al control de la CNV. El esquema está dirigido a empleadores privados, con las exclusiones establecidas en la ley, y no alcanza a las relaciones laborales del sector público.

El decreto fue firmado el lunes y entró en vigor con su publicación. Con el nuevo calendario, el Gobierno dispone de un mes adicional para completar los mecanismos necesarios, mientras que la carencia de doce períodos establece un requisito más prolongado para la acumulación inicial de recursos.

La implementación de los FAL constituye una de las herramientas previstas en la reforma laboral para organizar la cobertura de determinadas obligaciones ante la finalización de vínculos de trabajo. La viabilidad del sistema estará sujeta a la optimización de los mecanismos financieros y a la liquidez previa de los fondos para cumplir con las obligaciones del régimen.

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El consumo de carne vacuna perdió 23 kilos por habitante desde su máximo de 2008

La carne vacuna, históricamente central en la alimentación argentina, perdió terreno en la mesa familiar y alcanzó en septiembre su menor nivel de consumo en más de dos décadas. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el promedio de los últimos doce meses descendió a 45,4 kilos por habitante al año, un retroceso del 10,5% frente al mismo período de 2025.

La caída equivale a 5,3 kilos menos por persona respecto de los 50,7 kilos registrados un año antes. La comparación histórica dimensiona el cambio: en 2008, el consumo había llegado a 68,9 kilos por habitante. Desde aquel máximo, se redujo 23,5 kilos, una contracción cercana al 34%.

El encarecimiento de los cortes vacunos aparece entre los factores centrales de la retracción. Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC citados en el informe indican que, en los últimos doce meses, la carne vacuna aumentó 50,1%, frente al 33,5% de inflación general. El pollo entero, en cambio, subió 28,6%, lo que amplió la diferencia de precios entre ambas alternativas.

Más exportaciones y menor oferta para el mercado interno

La contracción de la demanda interna se ve contrarrestada por el mayor dinamismo de las exportaciones dentro de la producción nacional. Según datos de Ciccra, los despachos internacionales aumentaron un 7,7% en el período analizado y alcanzaron las 667.300 toneladas res con hueso, unas 47.600 toneladas más que un año antes.

La cámara atribuyó parte del impulso exportador a la ampliación de la cuota otorgada por Estados Unidos a la Argentina a fines de 2025. Al mismo tiempo, señaló que la menor disponibilidad de hacienda y el aumento de los precios ganaderos presionaron sobre los valores que llegan a carnicerías y supermercados.

La distribución de la producción también cambió: el mercado interno absorbió el 69,7%, cuatro puntos porcentuales menos que en 2025, mientras que la participación exportadora subió del 26,3% al 30,3%.

La combinación de una oferta limitada, mejores oportunidades comerciales en el exterior y una demanda doméstica condicionada por los ingresos plantea un desafío para los frigoríficos orientados al consumo local. Mientras la ganadería encuentra incentivos en los mercados internacionales, las familias tienen cada vez menos margen para sostener el nivel de compra habitual.

Pollo y cerdo ganan espacio por precio

El desplazamiento hacia otras carnes responde, principalmente, a razones económicas. Raúl Milano, presidente del mercado ganadero Rosgan, sostuvo que el avance del pollo y el cerdo no refleja necesariamente un cambio cultural en las preferencias alimentarias, sino una adaptación al presupuesto disponible. “Es un problema exclusivamente del bolsillo, no un cambio cultural”, afirmó.

La sustitución permite a los hogares mantener el consumo de proteínas animales con opciones relativamente más accesibles, aunque modifica una tradición alimentaria fuertemente asociada con la carne vacuna.

El retroceso del consumo no implica por sí mismo una caída de la producción ganadera ni de los ingresos exportadores. Expone, en cambio, una brecha cada vez mayor entre las oportunidades comerciales de la cadena y la capacidad de compra del mercado interno.

Con el consumo en su menor registro desde 2005 y los cortes vacunos aumentando por encima de la inflación, la evolución de los precios y de los ingresos familiares será determinante para establecer si la carne recupera espacio en la dieta argentina o si continúa el reemplazo por alternativas más económicas.

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