La séptima etapa del ATP asistió a mas de 55000 trabajadores
Cerró el programa 8, con el que se atenderá a los sectores más críticos que no se reactivaron

La séptima etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores. Así se destacó durante el encuentro de gabinete económico que se desarrolló este miércoles en la Casa de Gobierno, que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la que se volvió a destacar la recuperación en los niveles de actividad económica que se viene registrando en los últimos meses.
Con respecto al ATP 8, que permitirá continuar con la asistencia a las empresas que se desempeñan en sectores críticos para el pago de la nómina salarial devengada en noviembre, la inscripción se encuentra abierta hasta este jueves 26 de noviembre, a través de la página web de AFIP.
Al igual que en el ATP 7, podrán ser asistidas a través del pago de los salarios complementarios, los préstamos o el Repro II, teniendo en cuenta las diferencias sectoriales y los niveles de facturación observado en cada caso.
Al término de la reunión del gabinete económico, Kulfas destacó que se advierte «un escenario de recuperación económica que es heterogénea, que tiene que ver con sectores que están funcionando mucho mejor» y que en el caso de la industria reflejó en septiembre 10 de 16 ramas en crecimiento respecto de 2019.
«Esto también se ve en octubre y primeras semanas de noviembre pero conviviendo con sectores que están con un grado de dificultad no menor, caso gastronomía, hotelería que se están recuperando mucho más lentamente afectadas por las medidas de distanciamiento», dijo el ministro. En ese análisis de la evolución de la actividad de las empresas a la par de la paulatina apertura de la actividad económica, el Gobierno había decidido para este mes destinar el esfuerzo del Estado en el ATP a los sectores críticos.
Así, el ATP7 permitió en las primeras semanas de noviembre el pago del salario complementario correspondiente a octubre de 38.400 empresas, lo que representó un universo de 551.000 trabajadores.
En base a los números oficiales, en octubre también se inscribieron 11.400 empresas con una nómina de 175.000 trabajadores para acceder al crédito a tasa subsidiada, con tres meses de gracia y que deben ser abonados por las compañías en doce cuotas fijas. Estos préstamos pueden convertirse en subsidios si, al finalizar los mismos, las empresas demuestran un incremento en la cantidad en su plantilla de trabajadores.
Para el Gobierno, estos resultados demuestran que el número de empresas beneficiadas por el programa disminuyó considerablemente en virtud de la reactivación del entramado productivo que ya puede observarse en indicadores varios vinculados con el nivel de actividad.
Kulfas se refirió, en particular, al sector de la construcción, en el que dijo se observa «un crecimiento muy fuerte y que permitió ver en el mes pasado el mejor octubre de los últimos 20 años, en términos de venta de materiales para la construcción».
«Esto tiene que ver con que se reactivó una parte de las obras que habían quedado en alguna medida paralizadas por la pandemia y porque venimos de tres años con una reducción (de la actividad) del sector que está recuperándose fuertemente y en mejores condiciones», enfatizó. No obstante, destacó que «la producción no está al nivel de la demanda» por las restricciones de personal en las empresas pero también por «algunas prácticas especulativas que estamos controlando con la Ley de Abastecimiento para reprimir esas maniobras».
En la reunión también se expusieron diferentes ejes en desarrollo en el Ministerio de Salud para la transformación del sistema de salud, basados en la gobernanza y la asignación estratégica de recursos.
Más allá de la coyuntura, se analizó el fortalecimiento de la red prestacional asistencial, la promoción y extensión de la salud digital, el incremento de la articulación federal y la mayor interacción entre los subsistemas.
De la reunión también participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; de Salud, Ginés González García; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
También asistieron el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la jefa de Gabinete de la cartera de Economía, Melina Mallamace; el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini y el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso.
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Unidad sindical en San Juan: la CGT y la CTA se movilizan contra la reforma laboral
La CGT y la CTA se movilizarán este miércoles 11 de febrero desde las 18 horas en el microcentro sanjuanino, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que comenzará a debatirse ese mismo día en el Senado.
Las centrales obreras con representación en San Juan —la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)— confirmaron una movilización conjunta para este miércoles en rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno de Javier Milei, que ingresará formalmente al debate en el Senado.
La decisión fue ratificada tras una reunión plenaria entre las centrales sindicales y confirmada por el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, y por el secretario general del gremio de Jerárquicos Mineros, Marcelo Mena. Ambos coincidieron en la necesidad de mostrar unidad y volumen político frente a una iniciativa que, según sostienen, afecta derechos laborales básicos y debilita la organización sindical.
La movilización comenzará a las 18 horas, con concentración en la sede de la CGT San Juan, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Santa Fe. Desde allí, las columnas marcharán por el centro de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará un acto central.
Jornada federal, paro y señal política.
La protesta se enmarca en una jornada federal de lucha, con movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria principal tendrá lugar frente al Congreso Nacional, mientras que en varias provincias se replicarán marchas y actos en rechazo al proyecto oficial.
Desde las centrales obreras advirtieron que la reforma laboral implica un retroceso en materia de estabilidad, negociación colectiva y derechos conquistados, y señalaron que la respuesta sindical busca incidir tanto en el debate legislativo como en la agenda política.
Documento y reclamos sociales
Durante el acto previsto en la Plaza 25 de Mayo, las centrales obreras darán lectura a un documento conjunto, que también será entregado al gobernador Orrego, con el objetivo de expresar formalmente el rechazo al proyecto y solicitar una posición clara frente al debate nacional.
A la marcha se sumarán además organizaciones sociales y colectivos que llevarán reclamos vinculados a la defensa del agua, los derechos de jubilados y jubiladas, la protección de los glaciares, la denuncia por los incendios forestales y el rechazo a la criminalización de infancias y adolescencias, además de expresiones contra el racismo y el genocidio.
Con la participación de la CGT y la CTA, la movilización de este miércoles se perfila como una de las expresiones sindicales más amplias de los últimos meses en la provincia. En un momento de fuerte debate legislativo y cuestionamientos al rol del movimiento obrero, la protesta buscará exhibir unidad, capacidad de movilización y una postura firme frente a una reforma que las centrales consideran regresiva.
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San Juan: Docentes universitarios se suman a la jornada nacional de protesta conta la reforma laboral
La medida de fuerza será por 24 horas e incluirá una movilización por el centro sanjuanino. El reclamo fue definido por CONADU y CONADU Histórica y se replicará en todas las universidades públicas del país, en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso Nacional.
Aún antes del inicio formal del ciclo lectivo, el conflicto universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Este miércoles 11 de febrero, las y los docentes universitarios llevarán adelante un paro total de actividades por 24 horas, acompañado por una movilización en distintas provincias, entre ellas San Juan.
La decisión fue tomada en el plenario de secretarios generales de CONADU y CONADU Histórica, donde ambas federaciones acordaron unificar el reclamo a nivel nacional frente al tratamiento legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El paro alcanzará a todas las universidades públicas del país y se enmarca en una jornada federal de protesta.
Convocatoria en San Juan
En el ámbito local, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ) convocó a sus afiliados y a la comunidad universitaria a sumarse a la protesta. La concentración está prevista para la tarde del miércoles en la sede de la CGT San Juan, desde donde se marchará en unidad hacia la Plaza 25 de Mayo.
La participación del sector universitario se integrará así a la movilización convocada por las centrales sindicales, reforzando el carácter multisectorial de la jornada de protesta.
Reclamo y contexto
Desde los gremios docentes advirtieron que la reforma laboral en debate representa un retroceso en materia de derechos, al promover condiciones de mayor inestabilidad, flexibilización del empleo y pérdida de garantías laborales. En ese sentido, señalaron que el impacto del proyecto no se limita al sector privado, sino que también afecta al conjunto del sistema educativo y científico.
El paro y la movilización se inscriben en un escenario de creciente preocupación por el futuro del sistema universitario público, atravesado por ajustes presupuestarios, salariales y laborales.
Con paro y movilización, la docencia universitaria se suma este miércoles a una jornada nacional de protesta que vuelve a poner en primer plano el rechazo sindical a la reforma laboral. En San Juan, la presencia del sector académico refuerza el alcance político de la convocatoria y amplía el frente de resistencia frente a un proyecto que genera un fuerte rechazo en amplios sectores del mundo del trabajo.
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Protesta sindical y conflicto policial en Rosario en una jornada de máxima tensión
La movilización contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desarrollada en Rosario fue atravesada por un escenario de extrema tensión institucional, marcado por el reclamo salarial y el autoacuartelamiento de la policía provincial y del Servicio Penitenciario. La simultaneidad de los conflictos expone el impacto del ajuste sobre distintos sectores del Estado y del mundo del trabajo.
La ciudad de Rosario vivió este martes una de las jornadas más complejas de los últimos años. A la movilización convocada por el Frente de Sindicatos Unidos contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se superpuso un conflicto de alto voltaje institucional: el reclamo salarial de efectivos de la policía provincial y del Servicio Penitenciario, que derivó en acuartelamientos, enfrentamientos internos y episodios de represión protagonizados por las propias fuerzas de seguridad.
Desde la noche de este lunes, efectivos en actividad, retirados y familiares se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario para exigir recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. La protesta escaló con quema de cubiertas, disturbios y una situación inédita: un sector de uniformados reprimió a sus propios compañeros por orden de la superioridad.
Lejos de descomprimirse, el conflicto continuó durante la mañana de este martes con “sirenazos”, patrulleros cortando calles y un fuerte despliegue policial en torno a la jefatura, mientras los manifestantes advirtieron que no se retirarían sin respuestas concretas.
Un conflicto que se expande
Las protestas no se limitaron a Rosario. También se registraron concentraciones y acuartelamientos en la ciudad de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno, y en localidades como Reconquista, Rafaela, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, configurando un escenario de tensión extendida en toda la provincia.
El reclamo central de los efectivos apunta a salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, luego de aumentos cercanos al 1% mensual, en un contexto de jornadas extenuantes y con apenas 24 horas semanales de descanso, lo que obliga a completar ingresos mediante adicionales.
Testimonios de policías dieron cuenta de una situación extrema. Una agente relató que, por orden de la jefatura, se avanzó con gas pimienta contra los manifestantes, incluso cuando en la primera línea había mujeres, y que algunos efectivos se negaron a cumplir la orden.
Respuesta oficial y advertencias
Tras los incidentes, el gobierno provincial anunció que al menos 20 agentes serían pasados a disponibilidad. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo salarial, advirtió sobre el “abandono de servicio” y remarcó los límites legales de la protesta dentro de las fuerzas de seguridad.
La decisión estuvo lejos de cerrar el conflicto y sumó un nuevo foco de tensión en una provincia atravesada por problemas estructurales de seguridad, crisis económica y un marcado deterioro del poder adquisitivo.
La protesta sindical en un contexto explosivo
En ese marco, la movilización sindical contra la reforma laboral adquirió un significado político más amplio. Las columnas gremiales marchaban contra el proyecto que el oficialismo busca aprobar en el Senado mientras Rosario permanece virtualmente en estado de alerta, con sirenas encendidas, edificios públicos custodiados y una creciente sensación de incertidumbre.
Para los sindicatos, la simultaneidad de los conflictos no es casual. Sostienen que la misma política de ajuste que impulsa una reforma regresiva para los trabajadores formales impacta también sobre quienes cumplen funciones esenciales del Estado, precarizando salarios y deteriorando condiciones laborales.
Rosario se convirtió en un espejo nítido de la crisis social que atraviesan la provincia y el país. Mientras el Gobierno nacional avanza con una reforma laboral que promete mayor flexibilización y pérdida de derechos, y las administraciones provinciales trasladan el recorte de recursos a sus trabajadores, el malestar se expande y desborda los carriles tradicionales.
La protesta sindical y el conflicto policial, cada uno con su propia lógica y límites, confluyen en una misma señal de alarma: sin salarios que alcancen y sin derechos laborales garantizados, la conflictividad social no solo persiste, sino que tiende a profundizarse.
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