Con el acompañamiento de la mayoría de los gobernadores “dialoguistas”, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. El texto introduce cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, limita el derecho de huelga, modifica el régimen indemnizatorio y otorga prevalencia a los convenios por empresa. La discusión se traslada ahora a la Cámara de Diputados.

Tras 14 horas de debate, el Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. La votación en general arrojó 42 votos afirmativos y 30 negativos, con el respaldo decisivo de los bloques alineados con gobernadores provinciales. El dato que atravesó la jornada —y que encendió críticas en la oposición— fue que el texto definitivo llegó a manos de los senadores minutos después de la votación, en un trámite que dejó interrogantes sobre la lectura fina de las modificaciones incorporadas a último momento.

La Libertad Avanza reunió sus 21 votos y sumó el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales vinculados a mandatarios locales. Con excepción del santacruceño Claudio Vidal, los gobernadores considerados “dialoguistas” aportaron respaldo político a la iniciativa. El interbloque peronista, en tanto, se mantuvo cohesionado y votó en contra, junto a dos representantes de Santa Cruz.

Un rediseño estructural del esquema laboral

Bajo el nombre de “Modernización Laboral”, el proyecto introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y en normas complementarias. El oficialismo lo presenta como una herramienta para promover empleo registrado y reducir litigiosidad. Para el sindicalismo y sectores de la oposición, en cambio, se trata de un cambio de paradigma que debilita la negociación colectiva y altera pilares históricos del modelo laboral argentino.

Uno de los ejes más controvertidos es la regulación del derecho de huelga. La iniciativa establece porcentajes mínimos de funcionamiento del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades consideradas trascendentales, ampliando el universo alcanzado. Además, fija nuevas condiciones para asambleas y medidas de fuerza. Para las centrales obreras, estos mecanismos implican en los hechos una restricción severa de la protesta sindical.

En este sentido, la norma otorga prevalencia al convenio por empresa por sobre los convenios de actividad y limita la ultraactividad de los acuerdos colectivos. Al vencerse un convenio, las cláusulas extraordinarias tendrán un año para renegociarse. En términos prácticos, la arquitectura de la negociación colectiva se desplaza hacia ámbitos más fragmentados, con menor capacidad de presión sectorial.

Indemnizaciones, fondo de capitalización y banco de horas

El capítulo indemnizatorio también introduce un giro significativo. La base de cálculo excluye conceptos no mensuales como aguinaldo o vacaciones y fija un tope de hasta tres salarios promedio del convenio aplicable. La indemnización pasa a definirse como la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico del empresariado orientado a reducir contingencias judiciales.

En ese aspecto se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización con aportes patronales obligatorios —1% para grandes empresas y 2,5% para pymes— destinado a cubrir obligaciones por desvinculación. Administrado bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores, el esquema modifica la lógica tradicional de financiamiento de despidos y abre un debate sobre el traslado de riesgos desde el empleador hacia mecanismos de ahorro previo.

La reforma incorpora además el denominado “banco de horas”, que permite compensar extensiones de jornada con francos en lugar de abonar horas extras, siempre bajo acuerdo escrito. La jornada diaria podrá ampliarse hasta 12 horas respetando descansos mínimos, y se habilitan contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal. Para el oficialismo, se trata de herramientas de flexibilidad adaptadas a nuevas dinámicas productivas; para sus detractores, una puerta a la extensión de la disponibilidad laboral.

Cambios en licencias, estatutos y estructura sindical

En materia de enfermedades no laborales, el texto distingue entre dolencias derivadas de conductas voluntarias y aquellas ajenas a decisiones del trabajador, reduciendo en ciertos supuestos el porcentaje salarial a percibir. También se fijan topes en honorarios judiciales y se equiparan acuerdos homologados a sentencia firme, con el objetivo declarado de acotar la litigiosidad.

El proyecto deroga estatutos profesionales históricos —entre ellos el del periodista— y establece un plazo de transición para su eliminación. Asimismo, mantiene el aporte patronal del 6% a obras sociales y fija un tope del 2% para cuotas sindicales compulsivas por un período determinado, además de un 0,5% para cámaras empresarias.

En la antesala del debate, el Ejecutivo cedió ante reclamos provinciales y retiró la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades que afectaba la coparticipación. También incorporó modificaciones solicitadas por bloques aliados, en un delicado equilibrio entre disciplina fiscal y sostenimiento político.

Una discusión que recién comienza

El oficialismo celebró la media sanción como un paso decisivo en su programa de reformas estructurales. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un escenario complejo en Diputados, donde los números son más ajustados y la presión sindical anticipa un clima de alta conflictividad.

Más allá de los ajustes técnicos incorporados en el trámite legislativo, la reforma abre un debate de fondo: si el nuevo esquema laboral favorecerá la creación de empleo formal o si, por el contrario, implicará un corrimiento de derechos consolidados durante décadas. En ese dilema se juega no solo la arquitectura jurídica del trabajo, sino también el modelo de relaciones laborales que definirá la Argentina de los próximos años.

Convocadas por la CGT y las dos CTA, columnas gremiales, sociales y políticas se movilizaron en el centro sanjuanino en simultáneo con el debate en el Senado. El acto central frente a la Catedral dejó un mensaje unificado de rechazo a una iniciativa que, sostienen, “vulnera derechos históricos” y pone en riesgo el modelo laboral vigente.

Mientras en el Senado de la Nación se debatía la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en San Juan las calles del microcentro se transformaron en escenario de una contundente demostración sindical. Miles de personas marcharon desde la sede de la CGT hasta la Plaza 25 de Mayo para expresar un rechazo “rotundo y categórico” al proyecto que redefine el esquema de relaciones laborales en el país.

La movilización comenzó pasadas las 18 en la intersección de España y Mitre. Desde allí, las columnas avanzaron hacia avenida Ignacio de la Roza, continuaron por Mendoza y rodearon la plaza principal hasta confluir en las escalinatas de la Catedral, donde se realizó el acto central.

La desconcentración se produjo sin incidentes y bajo un operativo policial preventivo. A diferencia de lo ocurrido en las inmediaciones del Congreso, donde se aplicó el protocolo antipiquetes y hubo detenidos, en la capital sanjuanina la jornada transcurrió sin altercados.

Unidad sindical y respaldo político

La imagen dominante fue la de cohesión. La CGT y las dos vertientes de la CTA encabezaron la marcha acompañadas por una amplia nómina de gremios: UOM, LUZ Y FUERZA, ASIJEMIN, ADICUS, Estaciones de Servico, UDA, ATSA, UPCN, UTA, Camioneros, SIDUNSJ, STOTAC, AOMA, UOCRA entre otros. También participaron organizaciones sociales, agrupaciones políticas y referentes del justicialismo provincial.

Al frente de la columna se desplegó una bandera argentina de más de diez metros, seguida por estandartes sindicales y pancartas con consignas contra la reforma. Bombos, pirotecnia y cánticos marcaron el pulso de una protesta que combinó liturgia sindical y mensaje político.

Sonaron la Marcha Peronista y “La Marcha de la Bronca”, en un clima que osciló entre la mística histórica del movimiento obrero y el malestar frente a las reformas estructurales promovidas por la Casa Rosada.

El secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, sostuvo que la movilización refleja un cambio en el humor social. “La gente está entendiendo que esta mentira que nos dijeron, que iba a haber un cambio y una modernización, no era cierto. Los que ya tenemos algunos años no la creemos”, afirmó. Y agregó: “Esta reforma laboral nunca va a ser beneficiosa para los trabajadores. Estamos mostrando la fuerza del sindicalismo y llevando aliento para que sepan que sus instituciones los van a seguir defendiendo”.

“No es modernización, es precarización”

El documento conjunto fue leído en las escalinatas de la Catedral por el secretario general de APUNSJ, Daniel Durán, quien definió el proyecto como un retroceso histórico. “El Gobierno intenta disfrazar la reforma bajo la palabra modernización. Pero una modernización no implica quitar derechos adquiridos ni debilitar derechos colectivos e individuales”, expresó ante la multitud.

El grmialista fue más allá al advertir que la iniciativa impactará no solo en las condiciones laborales sino también en la estructura productiva y financiera de las provincias. “Esto no es modernización, es precarización. Es volver al siglo XIX”, sostuvo. Desde las centrales obreras también se cuestionó el eventual efecto sobre la coparticipación y el financiamiento de áreas sensibles como obra pública, educación, jubilaciones docentes y seguridad.

El documento incluyó además un señalamiento político directo: se responsabilizó al Gobierno provincial, a los legisladores nacionales por San Juan y a sus aliados por las consecuencias sociales que, a juicio del sindicalismo, acarreará la aprobación de la norma.

Una disputa que excede lo laboral

La protesta sanjuanina se inscribe en un escenario nacional atravesado por la tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. La reforma laboral —que obtuvo media sanción en el Senado— introduce cambios en indemnizaciones, negociación colectiva, derecho de huelga y estatutos profesionales, entre otros puntos sensibles. Para el oficialismo, se trata de una actualización necesaria para generar empleo y reducir litigiosidad; para las centrales obreras, implica un debilitamiento estructural del modelo sindical argentino.

En San Juan, el mensaje fue inequívoco: el sindicalismo local se declaró en estado de alerta y movilización permanente a la espera de la discusión en Diputados. La masividad de la convocatoria y la amplitud del arco gremial presente exhibieron una capacidad de articulación que trasciende a un sector específico y proyecta la disputa hacia el plano político.

La jornada concluyó sin disturbios, pero con un posicionamiento claro. “Los trabajadores no somos variables de ajuste”, afirmó el documento final. En esa consigna se condensó el sentido de la movilización: una advertencia frente a un cambio normativo que, para una parte sustantiva del mundo del trabajo, redefine no solo reglas contractuales, sino también el equilibrio de poder en las relaciones laborales argentinas.

San Juan y diversas provincias argentinas replican la protesta que la CGT encabezará frente al Congreso. Con foco en la posición de los gobernadores y sus legisladores, centrales obreras y trabajadores autoconvocados advierten sobre el impacto social de la reforma impulsada por Javier Milei. El oficialismo afirma que cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

Las calles del interior del país vuelven a ser escenario de protesta en la antesala del tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) realiza una movilización masiva frente al Congreso, en distintas provincias se organizan marchas y actos para expresar el rechazo a un proyecto que, según denuncian los gremios, implica un retroceso en derechos adquiridos y una profundización del esquema de ajuste.

En este sentido, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, trabajadores autoconvocados y jubilados confluyen en un mismo objetivo: visibilizar el malestar y enviar una señal directa a los gobernadores y a los senadores que deberán votar la iniciativa en la Cámara alta. La estrategia sindical combina presión institucional y demostración de fuerza en la calle, en un escenario donde el resultado legislativo aparece, al menos en los números preliminares, favorable al oficialismo.

Desde el Gobierno nacional y desde la propia CGT coinciden en que La Libertad Avanza tendría los votos necesarios para avanzar con la reforma en el marco de las sesiones extraordinarias. El ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo públicamente que el oficialismo “va a tener los votos”, y destacó el trabajo parlamentario de Patricia Bullrich en el Senado y de Martín Menem en Diputados. En paralelo, el Ejecutivo introdujo “correcciones” al texto, entre ellas modificaciones vinculadas al impuesto a las Ganancias, en respuesta a planteos de mandatarios provinciales.

El núcleo del conflicto, sin embargo, permanece intacto. La iniciativa plantea nuevos esquemas de contratación, mayor flexibilidad en las condiciones laborales y cambios sustanciales en materia de indemnizaciones, vacaciones y derecho a huelga. Uno de los puntos que generó mayor controversia es el referido a las licencias por enfermedad o accidentes no vinculados a la prestación laboral, que establecería una percepción del 50% del salario en determinados casos. Para las centrales obreras, se trata de un cambio que debilita la protección del trabajador frente a contingencias personales y sanitarias.

En San Juan La movilización comenzará a las 18 horas, con concentración en la sede de la CGT San Juan, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Santa Fe. Desde allí, las columnas marcharán por el centro de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará un acto central.

Mientras el Congreso lleva adelante una sesión que promete alta tensión, las calles del interior comienzan a marcar el pulso de una discusión que ya dejó de ser exclusivamente parlamentaria. La magnitud de las movilizaciones y la capacidad de articulación de las centrales obreras serán un factor central en la lectura política de las próximas horas. En ese cruce entre números legislativos y termómetro social, se definirá no sólo el destino de la reforma, sino también el alcance del conflicto que puede abrirse en el corto plazo.