Con el respaldo de más de dos tercios de las seccionales del país, el Consejo Directivo de la Unión Obrera Metalúrgica resolvió avanzar con una reorganización interna para sostener la actividad institucional y las negociaciones salariales tras la intervención judicial dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El sindicato declaró además el estado de alerta y movilización permanente.

La conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) endureció este martes su respuesta política y sindical frente a la intervención judicial que dejó sin efecto las autoridades electas del gremio y resolvió avanzar con una estructura transitoria destinada a preservar el funcionamiento institucional de la organización.

La definición surgió de una reunión extraordinaria del Consejo Directivo realizada en la sede central del sindicato, donde participaron representantes de más de dos tercios de las seccionales metalúrgicas del país. Allí, la organización resolvió rechazar formalmente la decisión adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y declaró el “estado de alerta, movilización y sesión permanente” en todo el territorio nacional.

La central metalúrgica sostuvo que las medidas adoptadas apuntan a garantizar la continuidad administrativa, gremial y convencional de la entidad mientras se desarrolla la disputa judicial abierta tras el fallo que anuló los comicios de la seccional Campana y extendió sus efectos sobre la conducción nacional encabezada por Abel Furlán.

En ese punto, el Consejo Directivo designó a Daniel Daporta —actual secretario general adjunto y dirigente de la seccional Avellaneda— como Delegado Administrador nacional de la organización. La resolución le otorga facultades para asegurar el desenvolvimiento institucional del sindicato y coordinar las tareas necesarias hasta tanto se resuelva la situación de fondo.

La estructura transitoria también incluyó la designación de Emiliano Gallo, titular de la seccional Vicente López, como Delegado Administrador en Campana, distrito donde se originó la controversia judicial que derivó en la intervención del gremio.

La reorganización interna no se limitó al plano administrativo. En un contexto de marcada tensión económica y negociación salarial compleja para el sector industrial, la UOM resolvió además conformar un nuevo esquema de representación paritaria con el objetivo de impedir una paralización de las discusiones salariales.

Para esa tarea fueron designados Daniel Daporta, Emiliano Gallo, Óscar Anselmo Martínez, Osvaldo Lobato, Esteban Cabello, Diego Sebastián Espeche, Rubén Urbano, Pablo Molina, Roberto Daniel Gómez y Antonio Ricardo Donello, quienes tendrán la responsabilidad de sostener las negociaciones convencionales y representar al gremio frente a las cámaras empresarias.

Desde la organización remarcaron que la disputa excede una cuestión interna y se vincula directamente con la defensa de la autonomía sindical y la legitimidad de las organizaciones gremiales para elegir a sus autoridades sin interferencias externas.

Como parte del plan de acción, el sindicato también resolvió convocar a asambleas en fábricas, talleres y establecimientos metalúrgicos de todo el país para informar a los trabajadores sobre los alcances de la resolución judicial y debatir los próximos pasos del conflicto.

Con este panorama, la UOM intenta preservar capacidad operativa, sostener la representación paritaria y evitar un vacío institucional que afecte tanto la negociación salarial como el funcionamiento cotidiano de una de las organizaciones industriales más importantes del país.

El gobernador sanjuanino encabezó la adjudicación de las viviendas del barrio Sierra de la Invernada, en Ullum. La obra fue sostenida con financiamiento provincial en medio de la paralización de partidas nacionales y forma parte de una estrategia orientada a garantizar acceso habitacional, empleo y desarrollo urbano.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este fin de semana la entrega de 105 viviendas correspondientes al barrio Sierra de la Invernada, en el departamento Ullum, en una jornada cargada de fuerte contenido social para decenas de familias que accedieron por primera vez a un hogar propio.

La inauguración del nuevo complejo habitacional se inscribe dentro del esquema de continuidad de obra pública impulsado por la administración provincial, que decidió sostener con recursos propios distintos proyectos residenciales que habían quedado afectados tras la interrupción del financiamiento nacional.

Acompañado por el intendente departamental David Domínguez y por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, el mandatario provincial destacó el valor social de la política habitacional y remarcó que la construcción de viviendas continúa siendo una herramienta clave para generar empleo, dinamizar la economía y fortalecer el arraigo comunitario.

“Hoy entregamos 105 viviendas, cumpliendo el sueño de muchas familias y generando empleo digno. Todo esto se logra con recursos provinciales y esfuerzo conjunto; San Juan está fiscalmente fuerte y seguimos apostando a obras que mejoran la vida de la gente”, expresó Orrego durante el acto oficial.

El barrio Sierra de la Invernada representa una respuesta concreta a una demanda histórica vinculada al acceso habitacional en uno de los departamentos con mayor crecimiento residencial de los últimos años. Buena parte de los adjudicatarios atravesaba situaciones de alquiler, convivencia familiar o condiciones de vulnerabilidad, mientras que las unidades fueron destinadas principalmente a matrimonios, parejas con hijos y hogares monoparentales.

La urbanización cuenta con 105 casas, incluidas dos unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz, en línea con criterios de accesibilidad e inclusión. Cada vivienda posee dos dormitorios, baño, cocina-comedor integrada y sector de lavado, con una superficie aproximada de 61 metros cuadrados.

Desde el punto de vista constructivo, el complejo fue desarrollado con sistema tradicional y estructura sismorresistente, incorporando muros cerámicos, hormigón armado y cubiertas con aislamiento térmico. Las unidades fueron entregadas con equipamiento esencial, entre ellos cocina eléctrica, termotanque, campana de ventilación, placares y carpintería de aluminio.

Además del componente habitacional, la obra incluyó infraestructura urbana integral: alumbrado público, red de agua potable, tendido eléctrico, desagües cloacales, veredas, calles enripiadas, forestación y espacios verdes destinados al uso comunitario.

La continuidad de este tipo de desarrollos quedó en el centro de la estrategia provincial luego del freno de numerosos programas financiados anteriormente por Nación. Al asumir la gestión, el Ejecutivo sanjuanino se encontró con más de 4.000 viviendas ya sorteadas y con distintos niveles de ejecución, muchas de ellas atadas a fondos nacionales posteriormente discontinuados.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial resolvió sostener las obras con partidas propias para evitar la paralización de proyectos y garantizar que las familias adjudicatarias pudieran concretar finalmente el acceso a una vivienda.

La entrega en Ullum volvió a exhibir el peso político y social que la gestión provincial le asigna a la obra pública habitacional como mecanismo de contención social, generación de empleo y planificación urbana. En un presente económico limitado por restricciones presupuestarias y retracción de inversiones estatales, la continuidad de los barrios se transformó además en uno de los principales ejes de gestión del Ejecutivo sanjuanino.

La administración nacional dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas destinado a las empresas de larga distancia por la emisión de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con patologías oncológicas. Aunque el beneficio continuará vigente para los usuarios alcanzados por la normativa, el costo quedará íntegramente bajo responsabilidad de las compañías del sector.

En una nueva señal de profundización del proceso de desregulación del sistema de transporte, el Gobierno nacional resolvió eliminar el mecanismo mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de ómnibus de larga distancia por los boletos gratuitos otorgados a sectores protegidos por ley.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y representa el cierre definitivo de un esquema implementado en 2018 para cubrir parcialmente el impacto financiero derivado de la entrega de pasajes sin cargo a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, ciudadanos en lista de espera para trasplantes y menores con enfermedades oncológicas.

Desde la administración libertaria aclararon que el derecho de acceso gratuito al transporte continuará plenamente vigente y que las empresas seguirán obligadas a garantizar esos viajes. Sin embargo, el costo operativo ya no contará con respaldo presupuestario estatal, en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por la gestión de Javier Milei.

La Secretaría de Transporte argumentó que el régimen de compensaciones había perdido razonabilidad tras las modificaciones introducidas por el Decreto 883/2024, normativa que avanzó sobre una fuerte flexibilización del transporte automotor interjurisdiccional. A partir de ese esquema, las compañías adquirieron mayores márgenes de autonomía para definir recorridos, frecuencias, modalidades de servicio y estructuras tarifarias.

En ese aspecto, el Ejecutivo consideró que las empresas ya cuentan con herramientas suficientes para absorber internamente el costo derivado de los pasajes gratuitos establecidos por ley.

“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señalaron oficialmente desde el área de Transporte, intentando despejar cuestionamientos respecto de una eventual pérdida de derechos para los beneficiarios del sistema.

La disposición también ratificó el rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como organismo encargado de supervisar el cumplimiento efectivo de la normativa y controlar que las compañías continúen entregando los boletos correspondientes.

Al mismo tiempo, el texto incorporó una cláusula transitoria destinada a garantizar la continuidad administrativa de trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición, evitando interrupciones en solicitudes ya gestionadas por los usuarios.

Aunque el Gobierno sostiene que la eliminación de estas compensaciones responde a criterios de eficiencia y equilibrio fiscal, desde distintos sectores advierten que el traslado total del costo hacia las empresas podría derivar en futuras tensiones operativas, reclamos judiciales o eventuales restricciones indirectas en la disponibilidad de pasajes gratuitos.

Con esta resolución, la administración nacional consolida otro paso dentro de un modelo económico orientado a reducir la participación financiera del Estado en actividades reguladas, trasladando progresivamente responsabilidades al sector privado bajo una lógica de mercado y autosustentabilidad empresarial.